Más de 1400 niños, niñas y adolescentes, junto con líderes del cantón de Santa Bárbara de Heredia, construyeron la Política Local para las Personas Menores de Edad para el periodo 2024-2029, con el propósito de garantizar el derecho pleno de las personas menores de edad a un entorno justo y equitativo que promueva su bienestar y desarrollo integral. La propuesta se presentó el 6 de agosto ante unos 400 docentes de instituciones públicas.

Esta política se elaboró con la colaboración la Oficina Social y Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También participaron el Ministerio de Educación Pública (MEP), con la aplicación de encuestas en centros educativos públicos, y un equipo de académicos del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA), conformado por Ronald Rivera (coordinador), Kattia Rojas Acevedo, Graciela Herrera y Stiven Gómez.

En noviembre de 2023 la UNA aplicó dos encuestas dirigidas a niños y niñas de centros educativos públicos y a estudiantes de colegio. De acuerdo con la académica Graciela Herrera, cerca del 50% de las personas encuestadas consideran que no se les toma en cuenta en la toma de decisiones. Además, cerca de un 9% percibió insultos por su procedencia o nacionalidad.

El diagnóstico también señala que la gran mayoría de personas menores de edad conviven con familias reconstituidas, ya que el 91% dice vivir con la madre, pero solo el 66% con el padre. En menor medida, solo el 58% vive o convive con sus hermanos y hermanas.

Falta apoyo

La investigadora también mencionó problemas como el consumo de drogas, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud y educación como algunos de los retos que deben abordarse con políticas que fortalezcan las capacidades de los padres y madres, y promuevan la educación sobre los derechos y deberes familiares.

En cuanto a la obligación de las familias de velar por el derecho a la educación, solamente el 65% de las personas menores de edad reciben ayuda en el cumplimiento de los deberes escolares, y el 13% de los niños y niñas dice que su familia ni siquiera conoce su horario de clases, mientras que un 12% no se siente apoyado por su entorno familiar.

El 74.6% de los adolescentes de Santa Bárbara encuestados afirmaró haber vivido situaciones de abandono por parte de sus padres o cuidadores, y un 85.5% considera que en su comunidad las personas menores de edad están expuestas al consumo de sustancias adictivas y perjudiciales para la salud, mientras que un 70% percibe problemas vinculados con la delincuencia.

En cuanto a la violencia sexual, cita Herrera, había 10 PME embarazadas, y el 65% de las personas consultadas no saben que existen programas de atención para adolescentes embarazadas. Según la percepción de los adolescentes, la comunidad, los parques, las instalaciones deportivas y la familia representan los entornos con mayor riesgo de sufrir abuso sexual, especialmente cuando se consideran otros factores como la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. “Esto refuerza la idea de que los entornos comunitarios en el cantón de Santa Bárbara son los lugares donde los derechos se ven más vulnerados, según lo percibido por las personas participantes de la encuesta”.

Red de trabajo

En la política se definieron siete ejes de intervención: institucionalidad democrática; vida en familia y comunidad; protección especial; salud; educación; cultura, juego, deporte, recreación y actividad física; y medio ambiente.

“Con respecto al eje de Educación, se pretende promover el acceso, la incorporación, la permanencia, la pertinencia, el desarrollo, el aprendizaje, el avance, el logro, la inclusión, la participación y la calidad de la educación de las personas menores de edad matriculadas en los centros educativos del cantón mediante acciones que potencien su desarrollo integral”, dice la propuesta.

Además, se establece que la Municipalidad, junto con el PANI, liderará el análisis, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política por medio de la articulación institucional a través del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia, el cual se pretende establecer en el primer año de implementación de la política.

“Una municipalidad no es solamente infraestructura, calles, aguas o aceras. Este es un insumo muy importante, porque marca nuestra línea de acción para los próximos cinco años”, dijo Víctor Hidalgo Solís, alcalde de Santa Bárbara.

Para Alejandra Gutiérrez Vargas, directora regional de Educación de Heredia, esta es una oportunidad para crecer, aprender y actualizarse. “Estos niños y jóvenes necesitan más de nosotros, necesitan ser escuchados. Tenemos el compromiso de renovarnos porque el futuro de la educación está en nuestras manos”.

En la actividad, los directores y directoras de los distintos centros educativos, por medio de su firma en un banner, se comprometieron apoyar las acciones impulsadas por la Municipalidad para cumplir con los lineamientos de la política cantonal.

Gracias a la colaboración del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), este encuentro culminó con un concierto a cargo del Coro Universitario de la UNA, fundado en 1981, que est{a conformado por estudiantes de las distintas carreras de la Escuela de Música. En la actualidad lo dirige el académico Josué Ramírez Palmer, con el apoyo del también docente Franklin Aguilar Montero en el piano.

Costa Rica suma múltiples casos de desfalcos financieros que afectaron a miles de ahorrantes. Las financieras de la década de los 80, el cierre del Banco Anglo, Bancrédito, Aldesa y recientemente Coopeservidores, forman parte de la lista negra de entidades en las que los consumidores confiaron y no recibieron los réditos prometidos.

Estas entidades custodiaron e invirtieron el dinero de terceras personas pero los ahorrantes perdieron sus recursos debido a malos manejos, corrupción o faltas al debido proceso. Especialistas en finanzas aseguran que el mercado siempre da señales de alerta de las que los consumidores no se percatan por falta de interés o de educación financiera.

“¿Quién debiera velar por mi salud física? No mi médico, si no yo. Si no me alimento bien, si no hago ejercicio, soy yo el primer obligado a velar por eso”, comparó Danilo Montero Rodríguez, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). En su criterio, los ahorrantes e inversionistas deben asumir la responsabilidad de velar por su dinero y prestar más atención a las señales, por ejemplo informes, estados financieros y de resultados. Para esto el consumidor debe educarse y preguntar.

Fernando Montero Cordero, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA), coincidió con el representante de la OCF en el programa de televisión UNA Mirada, y recomendó a los ahorrantes llevarle el pulso a esa entidad financiera en la que decidieron ahorrar. “Si soy ahorrante, accionista o miembro de una cooperativa, tengo que estar empapado, tengo que ir a las asambleas y preguntar por los rendimientos, por la operación de la empresa, por el grado de endeudamiento; esas consultas nos brindan la información que necesitamos de estas empresas”, recalcó el académico.

El consumidor financiero debe asumir su responsabilidad, comprender los riesgos que toma y plantearse objetivos claros para tomar las decisiones que respondan a sus necesitades específicas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, recomendaron los especialistas. Desde la perspectiva de la OCF, estamos ante un problema “porque hoy vemos personas invirtiendo en criptomonedas, no saben cómo son, cómo funcionan, pero invierten en eso”, ejemplificó el director Montero Rodríguez. También ilustró con el caso de las inversiones inmobiliarias, “en una cosa que se hace llamar un puesto de bolsa, que en realidad no es de la bolsa de valores, que le ofrece a la gente hacerse inversionista en bienes inmuebles de $50.000 en adelante y la gente le entra sin mayor entendimiento”.

Ante este tipo de propuestas de ahorro o inversión, los expertos recomendaron cautela y malicia, ya que “cuando a usted le están pagando más que a todo mundo, debe haber algo que no es tan cierto”, advirtió Juan Diego Sánchez Sánchez, analista financiero, abogado e investigador de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. También alertó a los ahorrantes sobre la importancia de consumir información financiera verás, pues actualmente hay muchos influencers financieros en redes sociales que manipulan la información a su favor y confunden a los consumidores.

Otro elemento que destacaron los panelistas en el programa de televisión, es la idoneidad de las personas encargadas de invertir el dinero de los ahorrantes en las entidades bancarias. Gustavo Vallejo Esquivel, académico de la Escuela de Administración UNA, considera vital que a nivel institucional y de las organizaciones se contrate para esta labor a alguien que entienda todos los parámetros e indicadores financieros. En este caso, Vallejo recomendó “un oficial de cumplimiento, que es como una extensión de la Superintendencia General de Entidades Financieras en todas las instituciones de intermediación y que manejan dinero de terceros”.

En el mismo sentido, Michael Muñoz, académico de la Escuela de Administración de la UNA, aportó que la cautela debería prevalecer en cualquier operación financiera, especialmente en cooperativas y asociaciones solidaristas, puesto que invierten el dinero de sus ahorrantes y, por ende, deben maximizar los cuidados y controles sobre las operaciones a realizar.

“Cuando usted representa a un grupo de personas, con dineros que no son suyos, lo primero que tiene que hacer, como una entidad responsable, es tener el equipo de personas idóneas que evalúen a la entidad en la cual se va a hacer algún tipo de inversión”, recomendó Muñoz. El académico agregó que hay muchas entidades que cuentan con unidades de riesgo y personal especializado en evaluar el riesgo de crédito e inversiones. Estas personas estudian y establecen parámetros de alerta y seguimiento que les permite cuidar las inversiones hechas con el dinero de los ahorrantes.

Sánchez sostuvo que tanto el sistema financiero como los bancos costarricenses se consideran entre los más robustos de la región, por su nivel de solidez; lo mismo sucede con las cooperativas que son muy amplias en materia de activos y en materia patrimonial. “Sin embargo, siempre estamos en obligación, como consumidores, de poner atención y de ver las señales que el sistema nos pueda dar”, recomendó.

Actualmente existe en la corriente legislativa un proyecto ley para la protección del consumidor financiero. Danilo Montero, recordó que la ley para proteger al consumidor mercantil y financiero se le debe a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el momento que Costa Rica se adscribió a la organización.

La lucha por evitar la explotación de bauxita en Pérez Zeledón, que la Asamblea Legislativa había aprobado, en 1970, a la empresa Aluminum Company of America (Alcoa), marcó, para muchos, el despertar de la protesta del movimiento estudiantil en Costa Rica.

Desde entonces, el protagonismo de este sector por reivindicar derechos ha sido notorio en varios casos, pero también se le ha invisibilizado o combatido en otros. Hay coincidencia, sin embargo, entre quienes alguna vez ejercieron puestos de liderazgo, que es gracias a este activismo que despuntaron algunas conquistas, de que las que hoy se ufana la democracia costarricense.

Fue el movimiento estudiantil de las universidades públicas, según recordó el historiador Carlos Hernández Rodríguez, entonces dirigente de la Universidad Nacional (UNA), el que organizó y lideró, en los años 80, la mayor manifestación por la paz que hubo en el país, en momentos en que Centroamérica se desangraba en guerras internas. Tal iniciativa tuvo una gran repercusión en la juventud universitaria de entonces.

También fueron los estudiantes quienes empujaron con fuerza principios democráticos como el acceso a la educación superior para toda la población. En las universidades públicas se libraron (y se ganaron) batallas para ampliar la cobertura de carreras en todo el país y para ajustar el costo de los créditos. La lucha fue en favor de sectores de la población que, de otra forma, no hubieran tenido acceso a la educación superior, según recordó Jaime Gamboa Goldemberg, expresidente de la Federación de Estudiantes de la UNA en los periodos 1986-87 y 1987-88, en el podcast Cuentas y cuentos.

Algo importante de la organización estudiantil de entonces, recuerda Gamboa, fue “que logramos tener victorias”, aunque en algunos casos no quedaron registradas. Y si bien reconoce que en su época no entraban tópicos como las luchas por el cambio climático, ni la perspectiva de género, ni los derechos de la población LGTBI, estos son temas recientes que la lucha estudiantil ha incorporado, con éxito, en sus demandas.

Otra ventaja que el entonces presidente de la FEUNA ve en la actual dirigencia es su formación académica, que le permite debatir, con argumentos sólidos, temas de actualidad, gracias al continuo debate alimentado en las redes sociales y medios digitales. “De manera que el movimiento no es solo testimonial, si no que ha permitido lograr cambios”, sentenció.

La herencia de las luchas estudiantiles históricas va mucho más allá de la lejana referencia a las Reformas Universitaria de Córdoba (1918) o la Matanza de Tlatelolco (1968), con la que se suele relacionar la protesta universitaria. En el caso costarricense, también fue emblemática la participación estudiantil en protestas como la del combo del ICE (2000) y la del TLC (2007), sin dejar de mencionar otras actividades menos mediáticas, como los manifiestos en pro de causas humanitarias o las campañas de solidaridad por desastres causados por eventos naturales en nuestro país u otros.

Franky González Conejo, quien ejerció, la presidencia de la Feuna entre 2006-2008, recuerda que la organización estudiantil siempre ha estado asociada con las mismas luchas históricas de las comunidades nacionales y, en algunos casos, latinoamericanas.

Más allá del FEES

Los intentos por reprimir o descalificar las manifestaciones estudiantiles no son nuevos. Durante las últimas negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), estudiantes de las universidades públicas se manifestaron contra las autoridades del MEP, tras la propuesta del Ejecutivo, de solo reconocer un 1% de crecimiento del presupuesto universitario. Las Universidades habían planteado una asignación del 4.06%, que el Gobierno rechazó, lo cual obligó a trasladar la decisión a la Asamblea Legislativa, ante la falta de acuerdo en la Comisión de Enlace.

Tras las manifestaciones estudiantiles del 18 de julio, en la Asamblea Legislativa se propusieron dos mociones de orden: una para “condenar los hechos violentos denunciados por la ministra de Educación, Ana Katharina Müller” y otra para “condenar todas las expresiones de discursos de odio y formas de violencia que se han visto en el país durante los últimos años…”. Ninguna de las dos propuestas se vio en plenario.

Pero las reivindicaciones del movimiento estudiantil actual no se limitan solo a los espacios donde se negocia el FEES. Raquel Loría Quesada, presidente de la Federación de Estudiantes (FEUNA), abogó, el pasado 24 de abril ante los diputados de la Asamblea Legislativa, reunidos en la Sede Regional Chorotega de la UNA, en Nicoya, para que “reaccionen” ante la peor crisis del sistema educativo de los últimos 40 años, y reiteró la propuesta estudiantil de impulsar un nuevo pacto por la educación. En concordancia con esta reivindicación, días después las federaciones estudiantiles de las universidades públicas presentaron un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación por transgredir los derechos a la educación, a la igualdad y no discriminación, al desarrollo y el principio de no retroactividad.

Congruentes con el derecho de participar en las actividades políticas del país, durante las celebraciones de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio, una representación de estudiantes intentó manifestarse contra el Gobierno, durante las actividades oficiales, sin embargo, fueron agredidos, según denunciaron, por un grupo de pescadores, que les impidió manifestarse. De inmediato las autoridades de la UNA condenaron el hecho.

Para el diputado Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio, tales reacciones no son nuevas; recordó que alrededor del movimiento estudiantil siempre ha habido una tendencia autoritaria y un intento permanente por silenciarlo, cuando sus posiciones difieren de las oficiales. Pero lejos de debilitarlo, asegura que tales intentos solo lo han fortalecido; de hecho, destacó que son varias las contribuciones que, desde sus posiciones autónomas, los estudiantes han aportado en la construcción del estado costarricense.