Una buena defensa en ciberseguridad
para países en desarrollo
Edgar Vega Briceño*
edgar.vega.briceno@una.cr
En los últimos años, los países en vías de desarrollo han experimentado un aumento significativo en su conectividad digital, lo cual es un motor clave para el crecimiento económico, la competitividad y la inclusión social. Sin embargo, este avance también trae consigo nuevos desafíos, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.
Una adecuada gestión de la ciberseguridad es como la defensa en un partido de fútbol. Imaginen a un equipo que, sin una defensa sólida, está expuesto a los ataques feroces del equipo rival. Asimismo, estos países enfrentan constantes amenazas de ciberataques que pueden desestabilizar sus propias economías y sociedades.
En el 2022 Costa Rica experimentó una crisis cibernética notable debido a una serie de ciberataques que afectaron diversas instituciones públicas. Estos incidentes pusieron de manifiesto las vulnerabilidades en la infraestructura digital del país.
En este contexto, la inversión en ciberseguridad es como entrenar a una defensa fuerte y coordinada. Es crucial fortalecer las redes y sistemas digitales con equipos especializados robustos, actualizaciones regulares de software y concienciación sobre la seguridad digital.
De manera similar, los países en desarrollo deben adoptar una estrategia integral de ciberseguridad, actualizar sus leyes, fomentar la investigación y desarrollo en ciberseguridad para protegerse contra las amenazas digitales y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología.
Las estadísticas son claras en cuanto al aumento de los ciberataques en estos países. De acuerdo con el reporte CyberInsights de Mastercard, de diciembre de 2023, Brasil, México y Costa Rica registraron el mayor número de intentos de ciberataques durante el año pasado en América Latina. En Costa Rica, los sectores públicos (24%), de tecnología (16%), salud (13%) y financiero (12%) fueron los más expuestos a intentos de ciberataques, según el mismo reporte.
En primer lugar, los gobiernos deben establecer marcos regulatorios robustos que promuevan estándares de ciberseguridad adecuados para todos los sectores. Además, es crucial invertir en programas de capacitación y concienciación para educar a los usuarios sobre prácticas seguras en línea y cómo identificar posibles amenazas.
Por otro lado, las industrias deben priorizar la ciberseguridad como una parte integral de sus estrategias empresariales, asignar recursos adecuados para implementar medidas de protección avanzadas y contratar expertos en seguridad informática. La colaboración entre el sector privado, academia y el Gobierno es fundamental para establecer un ecosistema digital seguro y resistente.
Finalmente, desde la cooperación internacional se deben fortalecer las alianzas regionales e internacionales para compartir información sobre amenazas y mejores prácticas, así como para colaborar en la respuesta conjunta a incidentes cibernéticos transfronterizos.
En resumen, proteger el juego digital en países en vías de desarrollo requiere un enfoque integral y colaborativo. Solo mediante la adopción de medidas preventivas y la cooperación efectiva entre gobierno, industria y academia se podrá asegurar un entorno digital seguro que fomente un desarrollo sostenible en la era digital.
* Académico del Laboratorio LabCIBE, Sede Regional Chorotega-UNA
Microempresas en Costa Rica: una realidad llena de desafíos
Jorge Solano Ruiz*
jorge.solano.ruiz@una.cr
Es importante reconocer el valioso aporte que hacen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a las economías de los países y del mundo. No se trata de un grupo menor, ya que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas representan, a escala mundial, el 90% de las compañías y generan entre el 60% y 70% del empleo formal.
Si bien todas las mipymes enfrentan grandes retos en cuanto a la formalización, especialización y competitividad, estas son las más susceptibles a las condiciones de mercado por ser las unidades económicas más pequeñas, en su mayoría unipersonales y que nacen como forma de subsistencia de quienes trabajan en ellas.
Para el caso de Costa Rica, la clasificación la realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con una fórmula que contempla la cantidad de personas empleadas, las ventas y los activos. No obstante, se puede afirmar que una microempresa que no está inscrita en el Registro Nacional con cédula jurídica, no cuenta con registros contables formales y carecen de un salario fijo asignado a la persona propietaria, mientras que sus actividades se llevan a cabo desde un local, hasta la misma vivienda o las calles.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2023, resalta que son una fuente importante de empleo, donde se ubica el 26,5% de la población ocupada del país, especialmente en el autoempleo.
Sus actividades comerciales se concentran en el sector servicios con un 48,1%, seguido del comercio e industria con un 20,1 y 19,4% respectivamente y con menor presencia en el agropecuario con 12,3%. El 56,5% son jefatura de hogar y la razón principal para iniciar la actividad fue “la necesidad”, como lo indicó el 49% de las personas.
El 81,2% no cuentan con cédula jurídica, ni registros contables formales y las personas no tienen un salario fijo asignado. Además, el 56,3% de los dueños de las empresas no posee seguro social.
Se puede decir que un porcentaje alto de microempresas son casi invisibles para el Gobierno porque el 55,7% no están inscritas en ningún tipo de instancia pública y el 68,6% no posee local; incluso el 70,1% no brinda ni factura electrónica ni física.
Ante ello, es claro que la prioridad es la formalización de las microempresas, en vista de que afecta directamente la posibilidad de solventar aquellas necesidades para las que requieren más atención.
El problema es que, ante la escasez de oportunidades de empleo a nivel nacional, estas unidades económicas representan la alternativa de generación de ingresos para quienes por edad o educación no pueden encontrar empleos en otras empresas. Sin embargo, como lo señala el INEC, la cantidad de microempresas se ha reducido desde el 2021 a niveles similares a los de la prepandemia; es decir, no están sobreviviendo, y por deducción, son fuentes de empleos que están desapareciendo.
* Aacadémico Escuela de Economía-UNA
Luz y sombra
Venezuela:
¿solo una crisis electoral?
Abelardo Morales Gamboa
abelardo.morales.gamboa@una.cr
La situación de Venezuela es cada vez más compleja, pero esta es una complejidad heredada. La actual crisis electoral no hace más que agravar los complejos factores que caracterizan a ese país. Si esta se resolviera con solo ponerle fin a la confrontación en torno al fraude o no fraude, todo sería más fácil. Pero reducir la crisis al fraude, demostrado o no, es resolver solo un problema técnico.
La complejidad histórica de la crisis venezolana tiene que ver con sus enormes recursos petroleros, su relación con Estados Unidos y con la polarización de fuerzas políticas y sociales que se ha agudizado en las últimas décadas.
El ascenso del chavismo fue el resultado de todo esto; no fue la solución a esos problemas, pero tampoco la causa. El grupo de Nicolás Maduro los agravó, pero la polarización de fuerzas también es expresión de otras condiciones extremas como la desigualdad y la corrupción, no de ahora solamente. Un país construido sobre grandes pozos de petróleo y riqueza ha mantenido excluida a masas de su población.
Las élites tradicionales no se han caracterizado por su adhesión a la democracia, aún menos a la transparencia y al impulso de políticas en favor de la igualdad. La revolución bolivariana ha buscado asegurarse el apoyo popular bajo frente a la injusticia. Algo ganó Venezuela en la lucha contra la pobreza durante los tiempos de Chávez, pero el bloqueo de los Estados Unidos, la corrupción del régimen y la vulnerabilidad en los mercados del petróleo prácticamente han anulado esos logros.
Es paradójico que mientras las elecciones demuestran que en algunos países éstas se han convertido en la vía para corromper y debilitar la democracia, Venezuela se convierta en algo así como la prueba con la que se intenta demostrar lo contrario.
Lo que debemos hacer nosotros, mientras tanto, es aprender de Venezuela, tanto como de Argentina, El Salvador o de Nicaragua o, incluso, de Estados Unidos. Muchos pueblos están siendo arrastrados por el fanatismo, la manipulación y el engaño por parte de líderes o de sectas mesiánicas, que hoy representan a los populismos extremos, ya no importa si son de izquierda o de derecha, si son capitalistas o “anti-elitistas”.
Lo de Venezuela no pinta bien, no importa quien se quede con el botín de los votos.
Entrelíneas
FEES: el peligro de negociar el futuro
Laura Ortiz C.
lortiz@una.cr
Históricamente, Costa Rica ha sido admirada por su estabilidad política, su respeto por los derechos humanos y su compromiso con la democracia. Sin embargo, en años recientes experimentamos una creciente polarización, que socava las bases para construir consensos y avanzar hacia políticas públicas que impulsen nuestro desarrollo.
La fragmentación que vive el país genera un ambiente de desconfianza en la política tradicional, que sirvió y sigue sirviendo como caldo de cultivo para líderes populistas y autoritarios, quienes, ante la falta de destrezas para la negociación y su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas, buscan incitar la confrontación.
Negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido un proceso complejo, desde que se instauró la Comisión de Enlace, en 1988, y ha estado marcado por tensiones y amplios debates en la sociedad.
A medida que los recursos se vuelven limitados, resulta más difícil acordar el presupuesto, y en un contexto de crisis económica instaurado desde el gobierno, la estrategia ha sido desatar una competencia feroz con otras necesidades como la salud, la seguridad y la infraestructura, bajo el argumento de que es necesario priorizar otros sectores.
Si bien se entiende que otorgar el 8% del PIB a la educación, como lo establece la Constitución Política, es prácticamente imposible, el debate abierto y el diálogo constructivo (apoyado por alguna manifestación pacífica de las comunidades universitarias y sectores aliados) fueron, hasta este 2024, la ruta para definir el presupuesto.
La negociación del FEES no es solo una cuestión de números, sino de visión de país. Poner en riesgo la calidad de la educación afectaría, a largo plazo, la competitividad del país a nivel global, limitaría el acceso a los sectores más vulnerables, y profundizaría la desigualdad social. Garantizarle el financiamiento adecuado es, sin duda, una responsabilidad compartida, de la que el gobierno, demostrando su incapacidad para liderar, se ha desligado por completo.
Invertir en educación no solo garantiza la formación de profesionales capacitados, sino que también impulsa la investigación, la innovación y el desarrollo del país. Bien haríamos en dudar de quienes, con falsos argumentos y falta de liderazgo, buscan dar un golpe directo al futuro del país.
La subvaloración de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos en zonas costeras
Mary Luz Moreno Díaz *
mary.moreno.diaz@una.ac.cr
Los cantones costeros y las zonas marinas en Costa Rica albergan algunas actividades socioeconómicas relacionadas con los recursos naturales, como el turismo, la pesca, las portuarias y la agricultura, que son relevantes para el país y generan beneficios, no solamente a los actores que las desarrollan directamente sino a otros a nivel nacional e internacional. Para determinar esos beneficios se debería contar, inicialmente, con información cantonal y de las diferentes cadenas de productos y servicios que se generan desde la zona costera hacia los diferentes destinos. Esto permitirá mejores bases para la toma de decisiones de política sectorial relacionada con los recursos naturales y sus servicios.
A pesar de que no se cuenta con mucha información por cantón para obtener estas aproximaciones, sí hay algunos esfuerzos que deben ser complementados para aproximar de una manera más real estos datos. En una revisión, se encuentran algunos datos generales como los del ICT o los de la cuenta satélite de turismo, generada por el Banco Central. Otros datos cantonales se pueden obtener del informe del Banco Central relacionado con el Valor Agregado (VA) por actividad económica, que es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.
Empleando la anterior información y el mapa del Mideplan, se puede indicar que en Costa Rica existen 22 cantones costeros que al 2019, antes de la pandemia, contribuyeron con un VA aproximado del 2% a nivel nacional. Aunque esta cifra no pareciera significativa, en la realidad cantones como Liberia, Limón y Quepos generan gran dinamismo y aportes socioeconómicos importantísimos para la economía local, regional y nacional en actividades como el turismo. En este sentido el dato que aparece en las estadísticas que se podría emplear como aproximado para la contribución, por ejemplo, del turismo en Liberia es el de alojamiento y servicio de comidas que es de 7.46% para el Cantón y 4.49% a nivel nacional. Esta cifra debería ser complementada por las contribuciones a otras actividades recreativas como los tours.
En la actividad pesquera, aunque es posible generar un estimado teniendo en cuenta los datos de capturas por regiones y los precios promedio que publica Incopesca, es necesario generar información adicional cantonal que permita identificar a qué actividades realmente van estos beneficios. Si se realiza el análisis de la pesca en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, se obtiene, al analizar los datos que presenta la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que la captura de atún en el periodo 2012-2022 fue de 177.532 toneladas y que los países que más realizaron capturas fueron Venezuela (58%), Nicaragua (14%), Ecuador (12%) y Panamá (10%). Sería importante también identificar y cuantificar los beneficios que la zona Marina de Costa Rica brinda a actores externos.
* Académica CINPE
