Oficina de Comunicación, Universidad Nacional. ABRIL 2026
Oficina de Comunicación, Universidad Nacional. ABRIL 2026
Un 42% de las mujeres que deben cuidar a otras personas o hacerse cargo de labores domésticas han tenido que renunciar a sus trabajar o reducir su jornada laboral.
Una aproximación a la realidad que viven las mujeres en Costa Rica en materia del cuidado no remunerado en los hogares se extrae de una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), en asocio con el proyecto Trabajo y Crisis: aportes desde una economía política crítica heterodoxa para la vida, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
La muestra estuvo constituida por mujeres. Cuando se les consultó si alguna vez habían tenido que reducir su jornada o dejar de trabajar para hacerse cargo de labores domésticas, un 42% dijo que sí (un 25% disminuyó su jornada y un 17% lo abandonó).
A mayor edad, más propensas están las mujeres a tomar este tipo de decisiones. Mientras quienes tiene 35 años y más han disminuido o dejado su empleo en un 42% de los casos, el porcentaje asciende a un 60% para las de 60 años y más.
La tendencia es más recurrente entre mujeres en unión (casadas o unidas) y con menor nivel educativo: 46% cuentan con estudios universitarios completos y 60% sí poseen secundaria incompleta o menos. De las que dejaron de trabajar, un 9% no volvió a buscar empleo y a la mitad le resultó muy difícil recolocarse en otro puesto.
Para este estudio se realizaron 761 entrevistas vía telefónica a mujeres costarricenses o extranjeras con al menos dos años de residir en Costa Rica. La recolección de datos se realizó en mayo de 2025.
La encuesta clasificó a las mujeres en tres categorías, según su condición: las que residen en hogares con alguna persona que requiere cuidados (personas dependientes), quienes viven con otras personas que no requieren cuidados y las que viven solas.
Los grupos más numerosos son aquellos donde “no hay dependientes”, con un 49% y “sí hay dependientes” (41%). Las que viven solas representan el 10% de la muestra.
Del subgrupo donde residen con personas con dependencia, la gran mayoría, atienden a niños y niñas con edades entre seis y 11 años, en un 43.49%. Le siguen, con 18.41%, los hogares donde solo hay menores de cinco años y un 12.7% donde se combinan ambos rangos de edad.
Con respecto al trabajo no remunerado en los hogares, se dividió en dos dimensiones: la directa, donde el cuidado de personas implica realizar tareas de asistencia personal, funciones educativas o apoyo emocional; y la indirecta, relacionada con actividades como limpieza de la vivienda o realizar las compras.
En la primera dimensión, se establece que la participación de la mujer es mayoritaria, de una forma abrumadora. Un 73% indicó que “ella misma” realiza las funciones, un 12% “otra mujer del hogar” y solo un 3% declaró que “un hombre del hogar”.
Las horas dedicadas a la semana a esta labor suman 44, pero aumenta a 46 si ella es la responsable o comparte con otra persona del hogar. Y si en la vivienda hay niños y personas dependientes que requieren cuidados especiales, la dedicación sube a 53 horas semanales por parte de las mujeres.
En cuanto a la segunda dimensión (indirecta), las horas dedicadas por las mujeres entrevistadas fue de 22, en promedio. La cifra es 1,5 veces mayor a las horas que se dedican en hogares donde no conviven personas dependientes y el doble de quienes viven solas.
Uno de los elementos llamativos de esta encuesta señala que dos de cada 10 entrevistadas incluso brindan cuidados a personas de otros hogares, “sobre todo de madre y padre o hijos e hijas, seguido de personas con segundo grado de consanguinidad como nietos, abuelos, así como a personas con grados de afinidad como los suegros o sin ningún parentesco, como vecinos o amigos”, destaca el informe.
Las recargas laborales de cuidado no remunerado pueden derivar en la aparición de algunas cargas emocionales en quienes las ejercen.
Las mujeres con cuidado infantil de personas de 12 años y más totalmente dependientes y que requieren atenciones especiales aseguran presentar una carga física y emocional “muy alta” en un 42.4% de los casos. Solo un 6.1% se identificó con una valoración “muy baja”.
La tendencia se revierte en aquellos hogares de mujeres donde no hay personas dependientes. Un 21.5% siente una carga emocional “muy baja”, valoración mayor al 19.1% de quienes manifestaron “muy alta”.
Se consultó a las entrevistadas por su nivel de aceptación o no de algunas afirmaciones que tienden a ser estereotipadas. Por ejemplo, ante la frase “las mujeres, por naturaleza, cuidan mejor a otras personas”, hay opiniones divididas: un 40.4% dijo estar “muy de acuerdo o de acuerdo” y un 43% “en desacuerdo o muy en desacuerdo”.
La balanza se inclina hacia un lado ante la consulta “cuando en una familia se requiere cuidar a otras personas, se espera que sean las mujeres quienes lo hagan”: un 76% está “muy de acuerdo o de acuerdo” y apenas un 22% manifestó estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo”.
Finalmente, se les preguntó si sienten algún grado de culpa por no asumir ellas el cuidado directo de sus hijos. Un 84% aseguró estar “muy de acuerdo o de acuerdo” y solo un 12% estuvo “en desacuerdo o muy en desacuerdo”.
Francesc Pedró, experto de la UNESCO, dictó la lección inaugural del año académico 2026, sobre el tema transformación digital y el reto de la IA en la UNA.
Cuando Francesc Pedró entró al campus de la Universidad Nacional (UNA), su teléfono se conectó automáticamente a la red institucional. Para él, ese gesto cotidiano es un símbolo de algo mucho más complejo: la transformación digital que hoy desafía a las universidades.
El pasado 10 de marzo, en el auditorio Clodomiro Picado, Pedró, experto de la UNESCO, tuvo a cargo la lección inaugural del año académico 2026, bajo el título La transformación digital y el reto de la inteligencia artificial en la UNA: perspectivas internacionales, donde expuso un panorama sobre las oportunidades institucionales, académicas, tecnológicas y los dilemas éticos que acompañan la transformación digital.
“Cuando digo digitalización no me refiero a pasar documentos a PDF… me refiero a rediseñar servicios para estudiantes y docentes, las prácticas docentes y la forma en que gestionamos la institución”, detalló.
Para ilustrar hasta dónde puede llegar esa transformación, el experto citó experiencias internacionales que muestran el alcance de las tecnologías emergentes. Por ejemplo, comentó que en una universidad de China las aulas están equipadas con sistemas de reconocimiento facial capaces de monitorear la atención de los estudiantes durante la clase. El sistema identifica si ellos miran al profesor o si tienen los ojos cerrados, y esa información se traduce en indicadores que el docente puede consultar posteriormente.
Pedró mismo reconoció que el ejemplo puede generar incomodidad. “¿Quién decide qué es estar atento? ¿Qué pasa con la privacidad de un estudiante que tiene un mal día? ¿No hay algo profundamente infantilizante en vigilar la expresión facial de un adulto para medir si está aprendiendo?”, planteó.
Para el experto, la tecnología puede ampliar las capacidades de gestión y análisis, pero también puede convertir la vida universitaria en un espacio de vigilancia permanente. “Corremos el riesgo de adoptar tecnologías porque son posibles, sin preguntarnos si son deseables desde el punto de vista pedagógico o ético”.
Pedró sostuvo que el cambio es inevitable y responde a tendencias estructurales que están transformando el sistema universitario a escala global. Entre esas tendencias mencionó la aceleración tecnológica posterior a la pandemia y el crecimiento del aprendizaje en línea.
El mercado de educación superior en línea, por ejemplo, ya mueve cerca de 300 mil millones de dólares en el mundo. Ese crecimiento—agregó—no siempre está liderado por universidades tradicionales. “Cuando estas no responden con suficiente rapidez, el espacio lo ocupan empresas tecnológicas y plataformas educativas privadas”.
La expansión de la inteligencia artificial agrega un nuevo nivel de complejidad. Según el especialista, las aplicaciones más inmediatas incluyen evaluación automatizada, sistemas de predicción del abandono estudiantil, asistentes virtuales y tutorías inteligentes. Sin embargo, indicó que menos del 8% de los estudios sobre inteligencia artificial en educación superior analizan sus implicaciones éticas, un dato que revela la brecha entre el avance tecnológico y la reflexión institucional.
En América Latina y el Caribe, el 32% de la población aún no tiene acceso a internet, lo que equivale a cerca de 78 millones de personas. “Para una universidad pública con vocación social como la UNA, ese dato tiene implicaciones directas. La digitalización bien hecha puede democratizar el acceso al conocimiento… pero la mal hecha o la no digitalización acentuará la brecha”, dijo Pedró.
El especialista insistió en que el acceso a la conectividad debería considerarse un derecho fundamental. “Hay dos maneras de vivir hoy: con conectividad o sin ella”, afirmó en una entrevista posterior. Ese reconocimiento implica también una responsabilidad pública: “Tenemos una deuda con las personas que se están quedando atrás… allí donde no pueda llegar su bolsillo, tenemos que llegar los demás”, agregó.
Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, planteó la transformación digital como un desafío estratégico para la educación superior pública. “La transformación no se trata solamente de usar tecnología para hacer mejor lo que ya hacemos, sino de repensar lo que hacemos. Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de asumir este proceso con pensamiento crítico, compromiso social y una clara orientación hacia el bien común” comentó.
El debate sobre el futuro de la universidad no puede reducirse, dijo, a una discusión tecnológica. “Por encima de cualquier transformación, debemos resguardar la visión social y cultural que la sociedad ha confiado históricamente a las universidades públicas”, puntualizó el rector.
Mientras tanto, el experto de la UNESCO considera que el verdadero desafío de la digitalización no es tecnológico, sino cultural. “La transformación digital tendría que apuntar a darnos más espacio para ser humanos”. Para él, la universidad enfrenta un problema que ninguna plataforma puede resolver por sí sola: la pérdida de vida universitaria.
“El valor de la formación profesional no está solo en el contenido académico, que cada vez circula más libremente en internet, sino en la experiencia humana que ofrece: la interacción entre estudiantes, docentes y comunidad.” Ese es, a su juicio, uno de los puntos que muchas instituciones todavía no han resuelto.
“La UNA puede ser la universidad que digitaliza para su estudiantado, para acompañar a sus administrativos y docentes, no para vigilar. La que adopta la inteligencia artificial como criterio ético, la que construye su transformación digital desde la confianza y la inclusión”. “¿Quién decide los términos?”, preguntó Pedró. Para él, la respuesta no vendrá de las grandes empresas tecnológicas, sino de las propias universidades. Fue claro en enfatizar que la UNA tiene el compromiso histórico, el mandato público y la capacidad intelectual para dictar sus propios términos de la transformación digital.
Estudio aplicado a docentes de primaria revela debilidades en dominio de un segundo idioma, condiciones laborales y signos de desgaste profesional.
Natalia Salas GómezUna investigación de la Universidad Nacional (UNA) identificó brechas en el conocimiento pedagógico del personal docente de primaria, a pesar de que el profesorado presenta estabilidad laboral y amplia experiencia en el sistema educativo público. El hallazgo surge de la Encuesta sobre Conocimiento Profesional Docente, aplicada a 398 docentes de I y II ciclo de la Dirección Regional de Educación de Heredia, entre junio y agosto de 2025.
El puntaje más bajo se registró en el Índice de Conocimiento Profesional Docente, con un promedio de 2,2 en una escala de 1 a 5. A partir de estos resultados, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) impulsa cuatro proyectos académicos en el 2026 que aporten evidencia para la toma de decisiones en política pública y, al mismo tiempo, sirvan para atender desafíos del sistema educativo costarricense que atenúen el momento crítico que pasa la educación.
Estas iniciativas se inscriben dentro del Programa Perfiles: Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense (2025-2029), orientado al análisis del perfil profesional docente, las prácticas pedagógicas, las condiciones laborales y el conocimiento disciplinar en educación primaria.
El Índice de Conocimiento Profesional Docente integra saber disciplinar, saber pedagógico y experiencia de aula. Según la encuesta, existen brechas en dominios pedagógico-didácticos vinculados con evaluación para el aprendizaje, mediación pedagógica con tecnologías y formación en bilingüismo.
Además, se evidenció la ausencia de participación en procesos de formación reciente (tres de cada 10 docentes no asistieron a programas de capacitación durante los últimos cinco años) de un profesorado que presenta extensa trayectoria laboral en la que predominan nombramientos en propiedad, más de la mitad supera los 15 años de trabajar en el sector público, y el mayor porcentaje (72%) se ubica entre los 36 y los 55 años
El Índice de Prácticas Pedagógicas en el aula registró un promedio de 3,66 en una escala de 1 a 5. Algunas de estas prácticas son: uso de tecnologías en clase, trabajo colaborativo en grupos, uso de pizarra y adaptaciones curriculares y la mayoría del profesorado indicó que cuenta con equipo tecnológico personal para el desarrollo de actividades educativas.
En cuanto a indicadores sobre condiciones de trabajo en los centros educativos, el índice de infraestructura registró una media de 3,1. Este indicador sintetiza la percepción docente sobre las condiciones físicas y condiciones funcionales de los centros educativos y los resultados confirman las necesidades de mantenimiento y adecuación de espacios.
El índice de recursos tecnológicos registró 3,22 y revela que hay disponibilidad de equipamiento y conectividad institucional en un rango medio. En el mismo rango se ubica la gestión administrativa y carga laboral (42,4%).
El bienestar laboral también forma parte del análisis y se registró una media de 3,12. Este valor describe una situación de desgaste laboral y necesidades de apoyo psicosocial y organizacional.
David González Sánchez, coordinador del Programa Perfiles, señaló que “Este estudio aporta una línea base con indicadores validados sobre conocimiento profesional docente. La información orienta decisiones en formación continua y acompañamiento pedagógico”.
Los resultados de esta encuesta constituyen la base para el desarrollo de cuatro proyectos que impulsa el Cide en 2026. Las iniciativas abordan bienestar docente, enseñanza de la matemática, convivencia escolar y transición vocacional hacia la educación superior.
Retratando el bienestar docente costarricense. Este proyecto se hará en alianza con el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro) y contempla el diseño de un instrumento nacional para medir condiciones laborales, salariales y bienestar integral del profesorado.
Según una consulta nacional de Colypro sobre situación laboral docente de 2025, el 85% del profesorado no tiene tiempo suficiente para cumplir con responsabilidades laborales, el 93% indica que la carga administrativa interfiere con el trabajo pedagógico y el 61% señala que dedica entre cuatro y diez horas semanales fuera del horario contractual.
En el ámbito emocional, el 87% del profesorado reporta desgaste y el 91% percibe ausencia de apoyo psicológico institucional; además, 25% registra diagnósticos formales de agotamiento laboral.
Resultados del estudio TALIS 2024, divulgado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 2025, también registran niveles de estrés en el sector docente: 19% reporta niveles altos de estrés en su trabajo y más del 30% niveles elevados de tensión laboral. El trabajo administrativo aparece como la fuente de estrés con mayor frecuencia.
Fortalecimiento de competencias matemáticas en docentes de I y II ciclo. Esta iniciativa surge en el contexto de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, según la cual el 96% del estudiantado de colegios públicos en Costa Rica se ubicó en niveles insuficientes. El país ocupó el puesto 60 entre 81 participantes.
El proyecto incluye un diagnóstico específico sobre conocimientos matemáticos docentes, el diseño de un libro didáctico especializado y su validación en centros educativos.
Escuelas por la Paz. Este programa surge de una alianza entre el Cide y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la UNA y contempla el diseño de un modelo de convivencia escolar y su validación en seis centros educativos de tres direcciones regionales del MEP. Datos de este ministerio confirman aumento de situaciones de violencia escolar en primaria (6.596 casos en 2022 y 8.513 en 2023).
Rutas Vocacionales. La UNA nos acerca. Incluye un diagnóstico sobre factores que influyen en la elección de carrera universitaria y la construcción de un modelo de acompañamiento vocacional. Datos institucionales muestran que el 84,62% del estudiantado de primer ingreso de la UNA proviene de colegios públicos, y que el 67,8% de las personas graduadas entre 2017 y 2019 corresponde a primera generación universitaria.
Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros, el acompañamiento legal y a la asesoría técnica de la UNA.
La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.
A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.
Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.
En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.
El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.
Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.
Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.
El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.
En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.
También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.
Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.
La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.
La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.
El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.
No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.
El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.
Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.
Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.
Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.
Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.
Imposibilidad de que un diputado independiente pierda su curul facilita este tipo de decisiones, aunque se vean perjudicados en la dinámica parlamentaria. Históricamente 43 se han separado de sus fracciones.
Guillermo Solano Gutiérrez / CAMPUSPor motivaciones diversas, como el simple hecho de renunciar al partido político con el que llegaron al Congreso o para sumarse a una nueva agrupación, 43 diputados se han declarado independientes desde 1982 hasta el actual periodo constitucional que finaliza el 30 de abril.
La información se desprende de un análisis solicitado por CAMPUS al Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa. El tema cobra relevancia si se considera que desde la legislatura 2002-2006 y hasta la actual se han presentado renuncias de manera ininterrumpida. La situación abre el debate con una pregunta crucial: ahora que los nuevos 57 diputados se aprestan a tomar su cargo a partir del 1º de mayo, ¿se repetirá la historia?
Antes de responder la pregunta es necesario considerar algunos datos e incluso situaciones curiosas. Los primeros en declararse independientes fueron Juan José Trejos y Ricardo Rodríguez, quienes lo hicieron de manera conjunta el 1º de febrero de 1983. Ambos eran parte de la Coalición Unidad, que antecedió a uno de los partidos más tradicionales de la historia reciente de la política en el país: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Junto con ellos, dos meses después, dio un paso al costado el legislador Oscar Aguilar Bulgarelli, también de la Coalición Unidad. Lo llamativo es que, desde ese momento, tuvieron que pasar 16 años para que se diera una nueva emancipación, cuando un bloque de ocho diputados del emergente Partido Acción Ciudadana (PAC) se desligara de esta agrupación para unirse al Bloque Patriótico.
Allí comenzaron a darse situaciones particulares. Ejemplo de ello, fueron los casos de Elvia Navarro y Juan José Fallas. Ellos renuncian en una primera instancia al PAC para unirse al Bloque Patriótico, pero luego renunciaron a este grupo.
También están los casos de Edwin Patterson y Daisy Quesada, quienes también renunciaron al PAC, se unieron al Bloque Patriótico y luego se separaron del grupo, para retornar de nuevo a su casa original: Acción Ciudadana.
Los movimientos fueron menos recurrentes en el periodo 2010-2014, cuando el más perjudicado fue el Movimiento Libertario, con la salida de tres de sus nueve legisladores.
El periodo 2018-2022 volvió a generar otro cisma parlamentario; el afectado fue el partido Restauración Nacional, de Fabricio Alvarado. Bajo su liderazgo fundó en ese lapso el partido Nueva República, al cual se plegaron siete congresistas. Sin embargo, también se dieron los casos particulares de Floria Segreda (renunció a Restauración Nacional, se unió a Nueva República y luego, volvió al partido) o el de Ivonne Acuña (renunció a Restauración Nacional, se unió a Nueva República y, finalmente, se separó de esa agrupación).
En ese cuatrienio se dio un hecho insólito. Erick Rodríguez Steller fue electo diputado por Alajuela por el Partido Integración Nacional (PIN). No obstante, se declaró independiente antes de asumir su curul el 1º de mayo del 2018.
Para el periodo actual (2022-2026), el transfuguismo afectó en mayor proporción al Partido Liberal Progresista (PLP). De seis legisladores con los que iniciaron la gestión parlamentaria, cuatro presentaron su renuncia por distintos motivos.
Para el investigador José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), “el transfuguismo parlamentario es algo relativamente común en Costa Rica. Esto se facilita porque la legislación nacional no hace que el diputado pierda su curul si renuncia a su partido”.
En el caso del PLN, hay que remontarse al 2002, cuando se dio la renuncia de José Miguel Corrales y ahora hasta el actual periodo con la dimisión de Gilbert Jiménez. A pesar de que han existido fuertes desavenencias entre miembros de la agrupación política, generalmente estas no se traducen en actos de rebelión concreta.
Para José Andrés Díaz, pesa mucho qué tan cercanos puedan ser los legisladores con los temas o lineamientos ideológicos de sus fracciones. “También porque a los partidos se les dificulta generar procesos para formar a sus bases y que de ahí puedan salir sus representantes populares”, explicó.
La decisión de declararse independientes está lejos de ser algo simbólico y tiene su impacto en la labor del diputado. Por ejemplo, no pueden hacer uso del tiempo de control político salvo que otro legislador se lo ceda y tampoco pueden ser parte de las reuniones de las jefaturas de fracción, donde se determina cada semana la agenda temática que verán los diputados.
“Además, no se les concede tiempo para hacer un análisis del discurso presidencial de cada 1º de mayo o 2 de mayo y pierden la asignación de plazas de asesores en sus despachos”, detalló Díaz. Esto puede afectar la voz del diputado en el debate legislativo y afectar la negociación en el Congreso ante la multiplicidad de voces.
De cara a este nuevo periodo 2026-2030, Díaz no considera que los partidos estén tomando acciones que conduzcan a disminuir el riesgo del transfuguismo. El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) inicia con 31 diputados en sus filas, aunque el proceso de elección de candidatos no estuvo exento de polémicas.
“Vimos que se generaron conflictos por la manera en que se direccionó la discusión para que se eligieran a determinadas personas y también los enojos que se produjeron. Lo mismo ocurrió con el PLN y aunque uno lo puede encasillar como una situación normal en un proceso democrático, pone en tela de duda también la capacidad de cohesión interna que puedan tener a partir del momento en que asuman”, agregó Díaz.
Y Nogui Acosta, futuro jefe de fracción, lo anticipó al decir que quien se declare independiente debería renunciar a su curul; sin embargo, no hay ninguna norma que así lo obligue. Lo que se empiece a escribir a partir del próximo mes dictará el camino de si la historia de las últimas legislaturas se repetirá o si más bien se revertirá la tendencia.
En el lenguaje cotidiano, fuera del ámbito científico, predicción y anticipación suelen confundirse, aunque en realidad describen capacidades muy distintas; en virtud de lo anterior, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA), aclara que el uso del concepto anticipación es el correcto a la hora de referirse al periodo de ruptura de una falla o área sísmica.
Esteban Chaves, director de Ovsicori-UNA explicó que predecir un terremoto significaría indicar con precisión dónde, cuándo y con qué magnitud ocurrirá; además, implicaría demostrar que esa capacidad es verificable, repetible y operativa en distintos contextos tectónicos, tipos de fallamiento y magnitudes. Sin embargo, dicho nivel de nivel de certeza no es algo que la ciencia y la sismología ofrezcan.
En cambio, la anticipación—aclaró Chaves—se realiza con rigor científico y consiste en estimar, de forma responsable, probabilidades, posibles escenarios e identificación de zonas con mayor nivel de amenaza, dado que este conocimiento se traduce en divulgación científica orientada a fortalecer la preparación y capacidad de respuesta del país ante la posible ocurrencia de este tipo de eventos.
Agregó que anticipar no es adivinar; es acotar el espacio de lo posible con base en evidencia. Es decir, aceptar que aún la sismología no permite asignar un día y hora del próximo sismo. “Sí podemos responder preguntas que son más útiles para la sociedad: ¿qué tipo de terremotos son propensos en una región?, ¿qué magnitudes podrían generarse?, ¿qué intensidades se experimentarían en distintos lugares? ¿y qué tan rápido detectaríamos un evento grande? Para después, emitir información confiable”, agregó Chaves.
Afirmó que cuando en Ovsicori se refieren a anticipación, se alude a un proceso continuo de vigilancia y evaluación, donde no solo se cuentan los sismos, sino que se interpreta un sistema que está en movimiento permanente.
En el caso del sur de Costa Rica, el especialista dijo que, en el escenario de un terremoto en Osa, la anticipación responsable consiste en reconocer dos aspectos: que el contexto tectónico hace posible un evento fuerte, y que no se puede convertir esa posibilidad en una fecha ni en una magnitud exacta.
En cambio, se puede preparar a la población para un rango de escenarios razonables: cómo se sentiría un sismo grande según sea su ubicación y profundidad, qué zonas podrían experimentar intensidades mayores por condiciones locales, qué elementos no estructurales tienden a fallar, incluso en edificaciones bien diseñadas; qué esperar de las réplicas y por qué la preparación doméstica, escolar e institucional reduce drásticamente las consecuencias.
La noche del 25 de abril de 1986 técnicos de la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, territorio que hoy es parte de Ucrania (antigua Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, URSS), comenzaron una serie de pruebas de seguridad.
A la 1:23 a.m. del 26 de abril ocurrió lo impensado: una súbita explosión del reactor 4 desató una alarma cuyas consecuencias se palpan hoy, 40 años después del suceso, en lo que se configuró como la tragedia nuclear más grande en la historia de la humanidad.
“Uno de los mecanismos en una planta nuclear es el enfriamiento del núcleo; o sea, del rector en sí, para que pudiera operar y generarse todo el proceso químico del uranio que diera paso a la energía nuclear. Entonces, se termina atribuyendo a una secuencia de errores humanos lo que provoca este desastre, y aunque acababa de pasar una prueba de seguridad, no se previó cómo se debía reaccionar ante un evento de esta naturaleza”, relató Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).
Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 liberando grandes cantidades de material radiactivo. Una primera ola acabó con la vida del personal que trabajaba en la planta y en zonas aledañas. Pero su efecto comenzó a propagarse; la pesadilla apenas estaba iniciando.
La segunda ola expandió los efectos del hongo nuclear en toda la región. ¿Cómo podía un país asegurar la evacuación inmediata de hasta 300 mil habitantes en el radio inmediato?
A la fecha no hay un conteo oficial de las personas fallecidas por causa directa de la explosión, pero se habla de miles de víctimas. Lo que siguió años después fue un cambio abrupto del entorno natural hacia un espacio “muerto” y que se ha encerrado en un domo de hormigón por el riesgo perdurable de la presencia radiactiva.
El caso Chernóbil puso de frente el hermetismo de un régimen soviético que daba sus primeros asomos hacia una apertura, de la mano de su presidente Mijaíl Gorbachov. Carlos Murillo asegura que no necesariamente hay una causalidad directa entre el accidente nuclear y la glasnost, como eje fundamental de la transparencia que promovió Gorbachov, pero sí contribuyó a acelerar ese cambio.
“¿Dónde estaban las medidas políticas, militares y sociales para la población civil en ese momento, ante este tipo de desastres? Si las habían, nunca fueron comunicadas por una cuestión de secretismo del régimen soviético. Este fue un elemento que aceleró la transición y la caída de la URSS años después”, indicó Murillo.
A partir de aquel momento y con un efecto relevante ante la opinión pública, comenzaron a aplicarse cambios a nivel de seguridad en el manejo de reactores nucleares. Por ejemplo, se rediseñaron las estructuras de contención, y se fortaleció el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por medio de inspecciones y auditorías rigurosas.
Un hongo reportado por primera vez en Costa Rica y en Centroamérica está provocando pudrición de la corona en plantas de fresa y podría representar un riesgo para la producción nacional. Se trata de Neopestalotiopsis rosae un patógeno asociado con marchitez progresiva y muerte de la planta.
José Calvo, coordinador del Laboratorio de Fitopatología de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA-UNA), explicó el hallazgo: “La enfermedad se detectó en plantaciones de fresa de zonas productoras de Alajuela, Cartago y San José, donde se observaron síntomas como clorosis en los bordes de las hojas, lesiones circulares, necrosis generalizada, oscurecimiento de la corona y marchitez gradual. En las plantas afectadas, la enfermedad puede progresar hasta provocar su colapso total”.
Las evaluaciones de campo, realizadas por Calvo y Abelardo Arroyo Vargas, ex técnico académico de la Escuela de Ciencias Agrarias desde 2022, registraron una incidencia cercana al 25% en plantaciones jóvenes, lo que evidencia su capacidad de propagación. “Para confirmar la identidad del patógeno se realizaron análisis moleculares mediante la amplificación de regiones genéticas específicas. Las secuencias parciales de los genes tef1 y tub2, obtenidas de los aislamientos, mostraron un 99,90% de identidad mediante análisis BLASTn con secuencias de referencia de Neopestalotiopsis rosae depositadas en GenBank.
El análisis filogenético confirmó la identidad taxonómica de los aislamientos. “Posteriormente, las pruebas de patogenicidad realizadas en plantas sanas de fresa reprodujeron los síntomas característicos observados en campo, y el patógeno fue reisolado, cumpliendo los postulados de Koch”, detalló el coordinador.
Según Calvo, este hongo pertenece al phylum de los ascomicetes, y puede causar pérdidas significativas en la producción. “Aunque es la primera vez que se documenta oficialmente en Costa Rica, la enfermedad ha sido reportada en Estados Unidos y México, donde se ha investigado su comportamiento y manejo. En algunos casos, las pérdidas son superiores al 40%”.
En el país, la fresa es un cultivo agrícola permanente que se concentra en pequeños productores de zonas altas como Poás, Coronado y Cartago. “Este es un cultivo orientado al consumo local”.
Debido a que este es el primer reporte que se tiene del hongo en el país, no existen productos registrados de forma específica para su control ante las autoridades fitosanitarias. Por esta razón, las estrategias actuales se enfocan en métodos sostenibles. “Lo más recomendable es utilizar estrategias de control biológico”, dijo el investigador.
Entre las opciones evaluadas se incluyen microorganismos benéficos como especies de Trichoderma y bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus, capaces de inhibir el crecimiento del patógeno, estimular el desarrollo vegetal y reducir los efectos de la enfermedad.
“Este patógeno sobrevive en restos de las plantas, en hojas, en foliolos, en diferentes tejidos y actúa como saprofito; es decir, también se alimenta de materia orgánica en descomposición. Hay que enriquecer la microbiota, eliminar residuos de cosecha y aplicar microorganismos benéficos”, detalló Calvo.
El especialista hizo énfasis en que este reporte no pretende generar alarma, sino aportar información precisa para mejorar el manejo del cultivo. “Los productores asociaban los síntomas con otra enfermedad; ahora se logra una identificación correcta y se podrá dar un manejo adecuado”.
Además de afectar fresas, este patógeno podría adaptarse a otros cultivos de importancia económica, entre ellos arándanos, mango y especies ornamentales. Su detección temprana permite orientar medidas de prevención y manejo antes de que su impacto sea mayor. “Nosotros trabajamos muy de la mano con el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, y estamos anuentes a colaborar para preparar talleres de capacitación y manejo de esta enfermedad dirigidos a encargados de la parte técnica y al sector productivo del país”.
La UNA reafirma su compromiso con el territorio Norte-Norte de Costa Rica para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en los ámbitos ambiental, turístico y económico.
Johnny Núñez Z./CAMPUSDe forma articulada con las alcaldías que integran la Federación de Municipalidades del territorio Norte-Norte (Upala, Guatuso y Los Chiles), el Centro de Desarrollo Gerencial de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA) formuló una propuesta para la ejecución de una política territorial con visión al año 2050. Esta iniciativa complementa otros esfuerzos en temas de ordenamiento territorial, turismo regional e idiomas que ya la universidad dispone en la región.
La presentación de esta propuesta se efectuó el pasado 6 de marzo en las instalaciones de la sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Los Chiles de Alajuela, y participaron alcaldes, alcaldesa y funcionarios de los municipios, así como autoridades y docentes de la UNA, entre otros.
Jorge Herrera, rector de la UNA, explicó que en torno a esa política se articulan 10 proyectos estratégicos, en donde académicos de distintas escuelas aportarán su conocimiento en temas críticos como gestión de las Administradoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Asadas), migraciones, restauración de corredores biológicos para la biodiversidad, seguridad alimentaria y activación económica mediante agronegocios. “La UNA apoya estos territorios fronterizos, al cumplir con su vocación de ser una universidad necesaria, que tiende la mano a los sectores sociales más vulnerables, como es el caso del territorio Norte-Norte”.
Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión de la UNA, indicó que la institución asume su liderazgo, en cuanto al fortalecimiento de cada uno de los territorios, con la participación de especialistas en cada uno de los temas identificados en la región. “Logramos priorizar cada uno de los ejes temáticos, desde la visión de las autoridades políticas, profesionales y técnicas; pero, también con el aporte de las personas que enfrentan las problemáticas reales del territorio”, dijo.
Yamileth López, alcaldesa de Upala, comentó que en el marco de la política territorial, la UNA podría contribuir en formación educativa, ya que el territorio urge de empoderar más a sus habitantes; también en áreas relacionadas con el emprendimiento de mujeres, jóvenes y agricultores para que se conviertan en pequeños empresarios, dada la falta de oportunidades de empleo en el cantón.
Como parte de las iniciativas de desarrollo planteadas por la Federación Municipal del Norte-Norte, López señaló la necesidad de estructurar un proyecto que asegure el acceso al agua potable a los habitantes de Los Chiles.
Carlos Sequeira, alcalde de Guatuso, manifestó que urge trabajar en temas de competencias, identificar oportunidades en turismo, fomentar el bilingüismo y operar emprendimientos formales y no desde la informalidad, como históricamente se han consolidado. “La iniciativa de conformar la Federación Municipal se identifica como un proyecto crucial y urgente para los tres cantones, pues es el instrumento apropiado para impulsar la política de desarrollo.”
Abel Beteta, alcalde de Los Chiles, señaló que es importante resolver el tratamiento de residuos sólidos, la pavimentación de la Ruta 138 y el abastecimiento de agua potable para Los Chiles, pues la que hoy se consume tiene alto grado de contaminación.
Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, adelantó que la Escuela de Planificación Social contribuiría en la gestión de los procesos migratorios en la región, mediante un programa para mejorar las capacidades de los actores municipales. Además, se incorporará la articulación de la población migrante en la construcción de la memoria del territorio para promover la integración y la pertenencia, así como impulsar estrategias para movilizar recursos destinados a fortalecer el emprendimiento y actividades económicas de la población migrante.
Cristian Golcher, investigador del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), explicó que se colabora en proyectos de monitoreo de la calidad del agua y fortalecimiento de acueductos rurales, para garantizar el líquido. “Estamos comprometidos a desarrollar estudios para asegurar la disponibilidad del recurso, como en el caso de la propuesta de Agua para Los Chiles, en el que tanto Hidrocec como la carrera de Ingeniería Hidrológica contribuirán con sus investigaciones y manejo de aguas residuales por parte de las Asadas”.
Luis Diego Alfaro, académico de la Escuela de Ciencias Ambientales, detalló que esta unidad se concentraría en la evaluación de la conectividad funcional dentro de los corredores biológicos, mediante indicadores para determinar el cumplimiento de las funciones ecológicas. Esto implica evaluar el movimiento de especies (fauna y flora silvestre), lo cual es un indicador del éxito de los corredores biológicos.
La UNA acogió, por segunda ocasión, la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU); la próxima sede será la UNED.
La antropóloga y poeta Shirley Campbell Barr alertó sobre la escasa participación de autores afrodescendientes en la producción editorial costarricense y recordó la importancia de incorporarlos tanto para reinterpretar nuestro pasado, como para completar la realidad nacional, la cual “no se consigue sin la voz afro”. Así lo manifestó durante la charla inaugural de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), que se desarrolló en la Universidad Nacional (UNA) del 12 al 14 de marzo.
Aunque defendió las ferias de libros, también enfatizó que la escasa presencia de la literatura afrodescendiente en estos espacios responde a una combinación de factores que van desde elementos asociados con el canon hegemónico cultural, hasta barreras estructurales en la industria editorial y la invisibilización histórica de la experiencia africana y afrodescendiente.
Atribuye lo anterior, entre otras razones, al hecho de que la literatura dominante ha tendido a priorizar narrativas que no desafían los códigos culturales establecidos, con la consecuente marginación de contenidos. “Las experiencias negras y afrodescendientes son vistas a menudo como menos comerciales o relevantes en el mercado masivo, lo que limita su difusión”, agregó.
Otra barrera estructural que ha contribuido a silenciar las voces afrodescendientes, recordó Campbell, es la menor representación en los catálogos editoriales que dominan los espacios feriales y cuestionó cuántos de estos autores hemos leído durante nuestra formación académica profesional, cuántos han sido protagonistas de las ferias del libro universitarias, cuántos están en los programas de estudio de nuestras carreras o cuántas de sus investigaciones académicas circulan como parte del conocimiento nacional.
La importancia de garantizar el acceso y la lectura de autores y autoras afro—enfatizó la escritora—es que resulta una herramienta fundamental para reinterpretar el pasado, entender el presente y construir un futuro más equitativo, así como “desmantelar el racismo sistémico, recreando y conociendo los contextos históricos, los temas estructurales que explican la desigualdad y la ausencia”.
Agregó, parafraseando a Pierre Bourdeau, que el campo editorial no es un espacio neutral de intercambio comercial, sino un campo de poder donde se disputa la autoridad cultural, de ahí que estos espacios se consagren como las instancias donde se valida qué autores y obras merecen reconocimiento.
Recordó que uno de los elementos cruciales de las luchas de la cultura afrodescendiente ha sido la recuperación de la identidad y el auto reconocimiento. Por esta razón, desde su perspectiva, como literata afrodescendiente, “la literatura y el conocimiento de la historia permiten que niños, niñas y jóvenes se auto reconozcan con dignidad y orgullo, viendo su pasado no sólo a través de la tragedia que implicó la llegada de sus antepasados a este continente, sino a través de la resistencia, la creatividad y la dignidad”.
Dado que una feria libros no es solo una decisión comercial o un mercado de libros, sino un acto político y cultural y un espacio de visibilidad, Campbell Barr propuso, al final de su presentación, implementar curadurías inclusivas y políticas afirmativas en la programación cultural que desafíen las estructuras tradicionales, y que cuestionen qué autores y estéticas representan lo nacional y otras periferias. De ahí su invitación a las universidades a transformar el ecosistema editorial, como un acto de justicia epistémica, democratización del conocimiento y espacio para reparar exclusiones.
Autoridades de la UNA, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses (Edupuc), de la Editorial de la Universidad Nacional (EUNA) y la invitada de honor, la Universidad de Guanajuato y su editorial, condujeron el acto oficial de inauguración de la III Feria Internacional del Libro Universitario Costa Rica (FilU).
Este espacio sirvió para reiteró la importancia de la producción editorial como un recurso para construir comunidad. Se destacó, asimismo, la oportunidad que implica para las universidades participantes el fomento de un diálogo a través del libro, así como el aporte que las alianzas editoriales generan en la construcción de la crítica para la diversidad.
En el evento participaron las cinco editoriales de las universidades públicas costarricenses, el Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad del Valle de Colombia y el sello mexicano especializado en literatura Dogma Editorial, así como 46 librerías-distribuidoras y editoriales. Entre las más de 50 actividades programadas hubo presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, foros, eventos de promoción de la lectura, actividades infantiles y juveniles, exhibiciones de proyectos universitarios y presentaciones artísticas.
En el marco de la declaratoria nacional 2026 “Universidades Públicas por la Niñez y la Adolescencia”, promovida por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Campus Nicoya de la Universidad Nacional (UNA) impartió el taller introductorio Imaginá, Diseñá y Creá: Explorando la Impresión 3D, dirigido a niñas y niños entre los 8 y 11 años.
En la actividad participaron 21 menores de edad, quienes recibieron una inducción sobre el funcionamiento de la tecnología de impresión 3D. El taller se llevó a cabo en las instalaciones del campus y se inscribe dentro de las acciones institucionales orientadas a promover el acceso temprano a herramientas tecnológicas en la región Chorotega.
Durante la jornada, los niños conocieron el proceso básico de diseño digital y observaron la producción de piezas elaboradas con este sistema. Pero de manera simultánea, madres, padres y personas encargadas participaron en actividades organizadas por personal académico y estudiantes de la carrera de Pedagogía con Énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica.
Durante la actividad también se presentaron proyectos académicos como el Aula TINI y la Escuela Deportiva Pedagógica, además de un recorrido por uno de los senderos universitarios. Según información del campus, estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad.
Este taller lo coordinaron la Vicedecanatura de la Sede Regional Chorotega y el equipo de Impresión 3D del Departamento de Gestión Tecnológica. También participaron estudiantes asistentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, quienes brindaron acompañamiento técnico durante el proceso de diseño.
Edgar Vega Briceño, vicedecano del campus, señaló que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia institucional para acercar la universidad pública a la niñez de la región. “Abrir las puertas de la universidad pública a la niñez es sembrar futuro. Cuando una niña o un niño entra a un laboratorio y conoce una impresora 3D, amplía su perspectiva sobre lo que puede aprender y desarrollar”, indicó.
El Campus Nicoya informó que seguirá desarrollando actividades dirigidas a población infantil y adolescente durante el 2026, en el contexto de la declaratoria nacional, con énfasis en áreas como ciencia, tecnología y formación integral.
Letras vivas, con historias de resiliencia, trayectorias que han marcado la pauta en la investigación y la docencia y un reflejo del aporte de distinguidas mujeres de la Universidad Nacional (UNA): así es el libro Mujeres que dejan huella, una iniciativa de la Red de Mujeres Académicas e Investigadoras.
En total, son 47 historias que comparten no solo un espacio en el libro, sino la visión intergeneracional y la perspectiva desde distintas disciplinas universitarias. Hay desde académicas de larga trayectoria en la UNA, hasta otras de reciente incorporación, así como personas jubiladas e incluso estudiantes.
En el podcast Cuentas y cuentos, de la Oficina de Comunicación de la UNA, la académica Jinnette Ugalde relató cómo fue el proceso de elaboración del libro, que tuvo su génesis en julio de 2024 y culminó el 13 de febrero con la presentación pública de la obra.
El liderazgo femenino y la apertura de espacios en el ámbito de la investigación es una lucha en marcha. En este podcast, Ugalde también comenta acerca de los retos que enfrentan las mujeres actualmente y la visión que desde la Red se promueve para amplificar su poder de influencia.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este podcast refleja una de tantas luchas que deben visibilizarse para aspirar hacia una equidad e igualdad plena en la sociedad. Puede ver y escuchar este episodio ingresando al código QR.
En Costa Rica la población Guaymí o Ngäbe está compuesta por 5.643 individuos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Dentro de este grupo coexisten tres lenguas originarias: el buglere, el guaymí y el español. Sin embargo, solo en el caso del español se presentan variaciones lingüísticas etnolectales (pertenecientes a una etnia específica).
Un proyecto de investigación a cargo de la académica Rebeca Marín, de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional (UNA), se adentró en esas diferencias, que impactan de manera directa en la forma como se comunican los guaymíes en los territorios de Coto Brus y Conte Burica, en la Región Brunca del país.
Conocer estas diferencias es también un tema de equidad, inclusión y respeto a los derechos de esta población. “El estudio del español de los indígenas debe tener un impacto en su educación, en su formación en primaria y secundaria. Actualmente, no está siendo considerado como una variante o una posibilidad. Se trata de un español etnolectal, diferente, que debería ser tomado en cuenta en los planes de estudio”, detalló la investigadora.
El proyecto de Marín constó de dos etapas. En la primera, se realizó un trabajo de campo: recolección de datos y entrevistas. La segunda ahondó más en las propiedades morfosintácticas del español que hablan los indígenas guaymíes costarricenses.
Frente a ello, existe una realidad irrefutable: el desplazamiento de las lenguas originarias por el uso cada vez más intensivo y común del español. “Debemos recordar que las lenguas indígenas están en un nivel de sobrevivencia. Me atrevo a decir que casi el 99% de las personas hablan español, algunos como primera lengua, otros como segunda”, manifestó la académica Rebeca Marín.
Asociada con este proyecto de investigación, Marín, junto con los académicos José Manuel Murillo y Yurliana Castillo, de la UNA, publicaron en la revista Letras el artículo “Bilingüismo femenino en Conte Burica”. Allí, dieron cuenta que en el país cohabitan ocho pueblos costarricenses en la actualidad: bribris, cabécares, huetares, borucas, chorotegas, térrabas, malekus, bocotás o buglé y guaymíes o gnöbes.
No obstante, solo cinco de ellos mantienen el uso de su lengua originaria hoy día (el bribri, el cabécar, el maleku, el bocotá y el guaymí). Con respecto, al guaymí y citando la investigación El español en América: contactos lingüísticos en Hispanoamérica, se determinó que “se encuentra en estado de resistencia”.
En el artículo “Bilingüismo femenino en Conte Burica”, se determinó, por ejemplo, que, en esta comunidad, entre la población infantil siete individuos identificaron el guaymí como su primera lengua aprendida, frente a cinco que citaron el español. La tendencia se revierte en la etapa de la adultez, cuando nueve personas señalaron al español como primera lengua aprendida y solo tres al guaymí.
La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegó a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición El Arte de Tierra Fértil, que se inauguró el 12 de marzo y estuvo expuesta el resto del mes en la Biblioteca Joaquín García Monge.
La muestra reunió 80 obras elaboradas durante 2025 por niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.
“El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller”, comentó Gulliana Ugalde Villegas, profesora de arte.
Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí, mediante talleres formativos en arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. Pata los adolescentes se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.
La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.
Puede seguir sus presentaciones en redes sociales: @tallerdeartetierrafertil / @tierrafertil.cr
Este viaje, mi vida, lo hacemos todos los días desde sitios distintos./ Partimos, llegamos incompletos, pero llegamos. Así se escuchó, este 19 de marzo, en el Centro para las Artes, el extracto de un poema en la presentación de Sonidos migrantes, una propuesta que integra investigación, creación artística y trabajo académico para abordar las movilidades humanas desde el cuerpo, la memoria y la experiencia.
El proyecto se desarrolla desde el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) con participación de distintas unidades académicas como las escuelas de Música y Arte Escénico. Uno de sus objetivos principales es convertir textos literarios sobre migración en piezas sonoras. El resultado son paisajes auditivos donde la voz, el silencio y el diseño sonoro construyen imágenes que no se ven, pero se sienten.
“Un trabajo como el que presentamos aquí busca crear imágenes sonoras”, explicó Daniel Solano, responsable del diseño sonoro, quien dijo que el proceso implicó traducir relatos escritos a un lenguaje auditivo que permitiera “construir un diálogo entre el diseño y la narrativa migrante”.
Desde la dirección vocal, el académico Reinaldo Amien, junto con la académica Mabel Marín, planteó el proceso como una cadena de desplazamientos: “La migración no es solo una, es diversa, pasa por distintos lugares, por distintas personas, por distintos caminos”, dijo, al describir cómo un texto atraviesa al actor, se transforma y vuelve a reconstruirse en la voz.
Para Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, el valor del proyecto está en su capacidad de movilizar: “Si no nos pasan por el cuerpo, no tenemos la capacidad de acompañar”, e insistió en la necesidad de comprender la migración más allá de cifras, desde la experiencia humana.
Daliana Vargas, representante de la Dirección Regional de Educación de Heredia y académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idea-UNA), destacó que el material abre un espacio distinto en lo educativo: “Hoy no venimos a analizar flujos migratorios ni estadísticas, venimos a escuchar vidas”. Además, destacó el potencial de estos productos para trabajar la interculturalidad desde la escucha.
El director del Idespo-UNA, Norman Solórzano, comentó que la iniciativa articula investigación y extensión, y que sus productos, entre ellos podcasts y piezas sonoras, estarán disponibles en acceso abierto en el sitio web. “Es un material dirigido a espacios académicos, educativos, culturales y comunitarios”, puntualizó.
El 17 de marzo productores, saberes y prácticas sostenibles convergieron en la Feria de Agroecología y Buen Vivir, un espacio de encuentro convocado por la Universidad Nacional (UNA) en la explanada 11 de abril del campus Omar Dengo.
La actividad reunió a cerca de 20 agricultores de distintas regiones del país, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos ecológicos y compartieron experiencias en torno a formas de producción alternativas.
La iniciativa surgió como parte del proyecto de promoción de una agricultura saludable y sostenible en fincas hortícolas de Zarcero, impulsado junto con la Vicerrectoría de Extensión, con el propósito de posicionar la agroecología como práctica productiva y como movimiento social.
“Tuvimos la participación de unas 20 personas, agricultoras de todo el país, desde el norte hasta el sur, trayéndonos una enorme variedad de productos, porque queremos mostrarles que la producción ecológica no es poca, está por todo el país” dijo Martha Orozco Aceves, coordinadora del proyecto y académica del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA).
Durante la actividad también se desarrollaron talleres abiertos al público sobre terapias alternativas, huertas urbanas, baños de bosque y construcción de comunidades en torno al buen vivir, así como espacios de reflexión sobre alimentación sostenible. Orozco comentó que estas actividades complementaron la experiencia de la feria.
El encuentro permitió visibilizar iniciativas individuales y colectivas. Leticia Quirós Mendoza, participante indígena del proyecto Dän Nüare, explicó su labor: “Yo principalmente me dedico a costura y hago vestido tradicional Ngäbe basado en camisa, blusa, sombrero”.
Por su parte, Rafael Ángel Cabraca, representante de la Asociación Centro de Investigación y Educación Biocultural para Territorios Indígenas, en Bribri de Talamanca, explicó su trabajo: “Nos dedicamos a la investigación biocultural y la promoción de la educación como tal, en el sentido de la relación del hombre con la madre naturaleza”. Asimismo, comentó el vínculo entre producción y sostenibilidad: “Producir de forma económica es garantizar la vida, no solamente nuestra, sino también de las personas que nos rodean”. También destacó otros temas como el turismo y la seguridad alimentaria y nutricional.
El proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 inició, de forma anticipada, con la primera sesión de la Comisión de Enlace, el pasado17 de marzo en la sede del Ministerio de Educación Pública. Este fondo, amparado en la Constitución Política, es el principal mecanismo de financiamiento estatal de las universidades públicas.
El Gobierno expuso los acuerdos y compromisos alcanzados durante 2025, junto con un balance sobre su evolución. Según explicó Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, este seguimiento permite “valorar con claridad cómo han ido avanzando los compromisos asumidos entre las partes y cuáles requieren ajustes o mayor impulso”.
Las universidades públicas, por su parte, reafirmaron que el financiamiento del FEES es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las propias instituciones. “Tenemos el compromiso de hacer un uso efectivo de los recursos y de rendir cuentas como lo hemos hecho históricamente”, dijo Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Conare. Precisó que en materia de becas, uno de los compromisos asumidos en la pasada negociación, las universidades han cumplido con la meta establecida; en el caso de la UNA, el compromiso era presupuestar ₡988 millones para este rubro; sin embargo, la inversión en becas alcanzó ₡1.174 millones.
En la primera sesión también se abordó la posición del Gobierno con respecto al FEES. “Se mantiene la visión de una mejor distribución del financiamiento, con énfasis en más becas, reducción de los tiempos de graduación y mayor inversión en las regiones”, detalló Sánchez, así como el interés de fortalecer la oferta académica en áreas con mayor demanda laboral.
Otro de los ejes de la conversación fue el contexto macroeconómico del país, particularmente el comportamiento de la inflación en los últimos años, variable fundamental en el proceso de negociación, pues impacta directamente en la planificación y sostenibilidad del financiamiento universitario. Por parte del Ministerio de Hacienda se expusieron los avances vinculados con la Ley Marco de Empleo Público y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, así como las líneas de trabajo en curso y su impacto en la gestión institucional.
Autoridades del Conare reiteraron que la redistribución de los recursos, un tema exclusivo de las universidades, también es uno de los temas prioritarios. Herrera indicó que ya existe una hoja de ruta y una propuesta en discusión para avanzar en dicho proceso. Además, recordó que “el FEES no puede ser visto como un gasto, sino como una inversión social”, al destacar su impacto en la formación de talento humano, la investigación y el desarrollo científico del país.
En la reunión también se definieron aspectos logísticos y de contenido para la próxima sesión, programada para el 7 de abril a las 2 p.m. en el Conare, fecha en la que se espera conocer las propuestas de financiamiento del FEES tanto del Gobierno como de las universidades.
La Universidad Nacional (UNA) y la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma) suscribieron el pasado 19 de febrero un convenio de cooperación, con el propósito de promover acciones conjuntas en temas de interés común, en las áreas de investigación, acción social, extensión, docencia, producción y vida estudiantil, de cara a la fundación de un nuevo campus universitario en el cantón de Grecia.
El acuerdo establece mecanismos de colaboración para gestionar proyectos de acción social, extensión e investigación científica, técnica y tecnológica, así como para realizar actividades de capacitación y formación en áreas prioritarias para ambas instituciones. Además, contempla la ejecución de prácticas profesionales supervisadas, trabajos finales de graduación, pasantías y otras modalidades académicas, con el fin de complementar la formación del estudiantado mediante su vinculación con instituciones, empresas, organizaciones y grupos afines a su campo de acción.
La firma del convenio se llevó a cabo en las oficinas de Fedoma, en Grecia, y estuvo a cargo de Jorge Herrera, rector de la UNA, y Donald Quesada, presidente de la federación. En la actividad también participaron Jorge Barth, director de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (AICE) de la UNA; Gustavo Vallejo, subdirector de la Sección Regional Central Occidente de la Sede Interuniversitaria de Alajuela (Siua) y munícipes del occidente de Alajuela, miembros de Fedoma.
Herrera destacó que el convenio más el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Grecia, para donar un terreno a la UNA, permitirá fundar el Campus Grecia de la UNA y así ofrecer a los habitantes de todos los cantones de Occidente una formación y oferta académica alineada con las necesidades de las empresas ubicadas en este sector.
“El terreno donado, detrás de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), en Rincón de Salas, en el distrito de Puente de Piedra de Grecia, tiene un área de 25 mil metros cuadrados y dentro de su plan de infraestructura la universidad tiene una inversión cercana a los $9 millones que implica la construcción de aulas, laboratorios especializados en STEM, residencias estudiantiles y otros servicios de vida estudiantil asociados”, enfatizó el rector de la UNA.
Andrés Vargas, alcalde de Palmares y miembro de Fedoma, enfatizó que la firma del convenio entre ambas entidades, es el punto de partida para la construcción de un campus universitario en Grecia, que se convertirá en un centro de educación superior para todos los cantones circundantes (Palmares, San Ramón, Atenas, Grecia y Sarchí, entre otros).
Subrayó, además, la relevancia del nuevo recinto universitario, en relación con el impulso económico y crecimiento regional, ya que responderá a la creciente necesidad de talento humano capacitado en la zona.
Vallejo comentó que el acuerdo entre la UNA y Fedoma rescata el "ADN de la UNA, especialmente en su enfoque de transformación social”.
A partir del 1º de mayo, los nombres de Abril Gordienko, Sigrid Segura, Claudia Dobles e Iztarú Alfaro serán protagonistas en la Asamblea Legislativa. Ellas forman parte del grupo de 30 diputadas del nuevo Congreso. De hecho, se trata de la cifra más grande de mujeres parlamentarias en la historia del país, y para el periodo 2026-2030 serán mayoría.
Si algo tienen claro ellas es la necesidad de que la discusión de proyectos de ley y la formulación de política pública considere la perspectiva de género. Esta, dicen, es una deuda del país y coinciden en que, históricamente, la construcción de política pública ha tenido una perspectiva masculinizada.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), expresó que en temas de seguridad no son los mismos riesgos que enfrentan los hombres y las mujeres. En el caso de ellas, sufren en mayor proporción casos de acoso sexual, tanto callejero como en espacios privados, violencia física y femicidios.
Los datos oficiales reflejan esa preocupación. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, al 2024 ingresaron al Ministerio Público 15.562 (87%) de denuncias por delitos sexuales, donde las ofendidas fueron mujeres. En el caso de los hombres, los casos fueron 2.381 para un 13% del total.
Otra área donde el sesgo de género está presente es en las políticas públicas relacionadas con infraestructura. Para Dobles, quien es arquitecta de profesión, la realidad de las mujeres que utilizan el transporte público es muy distinta con respecto a la de los hombres. “Ellas son las que suelen viajar con las bolsas del supermercado, cargar el choche del bebé, entonces los diseños debe considerar estos elementos distintivos”, señaló.
Para Sigrid Segura, diputada electa por el Frente Amplio, “existe una relación directa entre la mayor participación de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia. Por eso, debemos avanzar en temas de movilidad, de la economía del cuidado y de la atención de las brechas territoriales”, indicó.
De acuerdo con Gordienko, uno de los riesgos que asumen las mujeres es enfrentar los “techos de Nirvana”, frase que hace referencia al límite máximo que se cree haber cumplido cuando se trata de conquistas relacionadas con la equidad de género.
La diputada electa del PUSC señaló, además, que las brechas de género también son de datos. La falta de información fidedigna hace que la propuesta de soluciones en temas puntuales sea discriminatoria y favorable al “hombre blanco tradicional”. Entonces, condiciones como la menopausia o patologías como los infartos en población femenina se abordan sin los datos requeridos.
Un total de 151 familias del Pacífico Central cambiaron sus dinámicas de convivencia y crianza tras un proceso de formación impulsado por la Universidad Nacional (UNA) y el Comité Intersectorial Regional Social (CIR Social). La iniciativa concluyó en noviembre de 2025 en Puntarenas y capacitó a profesionales de varias instituciones públicas para atender conflictos familiares y prevenir violencia en los hogares.
La formación surgió de una solicitud de la Asesoría de Orientación de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de Puntarenas. La petición planteó la necesidad de un enfoque común para abordar conflictos familiares, violencia intrafamiliar y tensiones en la convivencia en comunidades del Pacífico Central.
El curso Puntarenas fortalece el bienestar de las familias capacitó a 23 profesionales de instituciones públicas, quienes desarrollaron nueve proyectos socioeducativos en comunidades de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Parrita y Quepos. Las iniciativas incluyeron encuentros con madres, padres y otros integrantes del hogar para abordar comunicación familiar, corresponsabilidad y relaciones de cuidado.
La formación integró a personal del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Educación Pública ( MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Seguridad Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
El programa utilizó un enfoque sistémico que analiza la familia como un conjunto de relaciones y vínculos. Bajo ese marco, los facilitadores trabajaron temas como autovaloración, comunicación y reconocimiento de patrones familiares heredados que inciden en la convivencia.
Denia Murillo Arias, coordinadora del CIR Social, señaló la importancia de la formación para quienes atienden a familias en la región. “Este proyecto representa un plus que no teníamos en la región. La formación debe ir en todas las vías: hacia los padres y los jóvenes, pero también hacia los profesionales. Es necesario un cambio cognitivo en ellos para transformar la forma en que abordamos a las familias de hoy, que son diversas y enfrentan retos actuales distintos”.
Durante los encuentros comunitarios, las familias analizaron situaciones cotidianas relacionadas con la convivencia en el hogar. Testimonios recogidos en las sesiones reflejan cambios en la dinámica familiar. Una madre indicó: “Antes gritaba cuando algo no me gustaba, ahora intento dialogar primero”. Otra persona expresó: “Me di cuenta de que no solo yo debo hacer todo, todos en la casa podemos ayudar”.
El proceso forma parte de la Fase V del Proyecto Orientando Familias (2024-2026), una iniciativa de extensión de la UNA que opera desde 2002 y que capacita a profesionales en el desarrollo de procesos socioeducativos dirigidos a familias costarricenses.
Las personas que enfrentan o han superado algún tipo de cáncer pueden mejorar su calidad de vida mediante el Centro de Rehabilitación Oncológica de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA). El programa desarrolla rutinas de ejercicio aeróbico y fortalecimiento muscular orientadas a mejorar el estado físico y emocional de pacientes con patología oncológica.
La iniciativa está dirigida a pacientes desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento o una vez concluido, cuando buscan prevenir o reducir las secuelas derivadas de la enfermedad y sus terapias.
Jean Carlo Gamboa, coordinador del Centro, explicó que el proyecto nació hace ocho años para atender a pacientes en remisión que presentaban secuelas físicas y emocionales, en un contexto donde este tipo de rehabilitación no se ofrecía en el país.
El especialista señaló que el ejercicio es una herramienta respaldada por evidencia científica que ayuda a contrarrestar los efectos secundarios del cáncer y de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Aunque el objetivo es atender a personas con tipo de cáncer, la mayoría de participantes son mujeres con cáncer de mama y hombres con cáncer de próstata, debido a su mayor prevalencia en el país.
Antes de ingresar al programa, cada persona debe someterse a una valoración inicial para conocer su estado general de salud, el tipo de cáncer y los tratamientos recibidos, con el fin de diseñar un plan de ejercicio individualizado y seguro.
Las sesiones se realizan los lunes y miércoles de 1 a 5 p.m., con actividades complementarias los sábados de 8 a.m. a 12 m. Se recomienda permanecer entre tres y seis meses en el programa, aunque algunos pacientes continúan por más tiempo.
Las personas interesadas pueden solicitar información al correo jean.gamboa.salas@una.cr o al teléfono 2562-6930.
Voces de esperanza
Tres vecinas de Heredia sobrevivieron al cáncer de mama y se refieren a los beneficios de la rehabilitación oncológica.
Kattia Corella: Destacó la dedicación y el apoyo del equipo humano de Ciemhcavi. “Las rutinas se adaptan a las necesidades individuales y se modifican si el paciente siente dolor, lo que evidencia una atención personalizada”.
Janet Suárez: Valoró la importancia de la atención integral para pacientes con cáncer, donde el ejercicio y el acompañamiento de los expertos son determinantes para mejorar la calidad de vida y mitigar los efectos secundarios del tratamiento.
Marjorie González: describió su experiencia como satisfactoria, dado que el Centro le ha ayudado a mejorar su bienestar general y recomienda a otros pacientes aprovechar esta oportunidad.
Una serie de factores se han combinado para que la ideación suicida pase del riesgo a un problema comunitario. El estudio Percepción sobre salud mental y riesgo suicida en población adolescente del cantón central de Heredia, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), se adentró en las causas de este fenómeno.
El diagnóstico, a cargo de las investigadoras Helga Arroyo, Beatriz Gómez y Lineth Cubero, lo determina con claridad: la pandemia, el debilitamiento de las relaciones sociales, la falta de espacios de escucha, el deterioro de los entornos familiares, las debilidades en el sistema educativo y la saturación en los servicios de asistencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), arman un rompecabezas que representa un desafío del Estado en la atención de la salud mental adolescente.
En el caso de los centros educativos, aunque existe un alto compromiso de los funcionarios, incluso con campañas sobre salud mental, se indica que “los efectos de estas estrategias deben tener un impacto social, que vaya más allá de los muros de la escuela”.
Al respecto, la literatura confirma que en Costa Rica suelen predominar los enfoques clínicos y psicopatológicos, mientras que los de corte más psicosocial están limitados.
La situación con la CCSS no es la más propicia para atender esta coyuntura. Al 2024, la institución reportaba hasta 2.000 casos de estrés por semana, que derivan en hospitalizaciones y consultas. En los dos últimos años, se registraron más de 25 mil casos de atención en la población de 1 a 14 años.
“Estamos atravesando un debilitamiento sistémico frente a un contexto neoliberal de la Caja y donde la atención, en el caso del riesgo suicida, debe ser distinta”, advirtió Arroyo, una de las investigadoras.
En cuanto a los casos de riesgo suicida, la cantidad ha venido en aumento; solo en el cantón de Heredia, en 2018 se reportaron 51, en el 2019 fueron 69, subió a 74 en el 2020 (año de la pandemia), hasta que crecieron a 182 y 208 en los años 2021 y 2022 respectivamente. Lo anterior indica que el crecimiento fue de un 307% en un lapso de cinco años.
Esta realidad motivó a la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS), que se creó con el decreto ejecutivo 40881-S Normativa nacional para la articulación interinstitucional en el abordaje integral del comportamiento suicida, a tocar las puertas de la UNA para desarrollar un diagnóstico en el cantón.
La Universidad Nacional (UNA) impartirá, del 8 de abril al 27 de mayo, el curso Introducción al Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, una propuesta dirigida a personas vinculadas con educación, trabajo social, acción comunitaria y atención de población menor de edad. La iniciativa forma parte de la agenda del sistema universitario estatal y se enmarca dentro de la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores (Conare), 2026 Año de las Universidades Públicas por la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica.
El programa se desarrollará durante ocho semanas en modalidad virtual con sesiones sincrónicas los miércoles de 9 a.m. a 12 m.d. La propuesta integra las acciones que las universidades públicas impulsan durante este año con el fin de colocar el enfoque de derechos de niñas, niños y personas adolescentes en la discusión académica y social.
Pablo Chaverri Chaves, académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA), explicó la relación entre esta iniciativa académica y el trabajo que las universidades públicas desarrollan durante este año. “La formación en derechos de la niñez y la adolescencia constituye un eje de trabajo estratégico para el sistema universitario público en el 2026 y este curso aporta herramientas para integrar ese enfoque en espacios laborales y comunitarios; por ejemplo, no podemos tener estudiantes universitarios exitosos, si no han tenido una buena experiencia a nivel de prescolar, primaria y secundaria”, recordó.
El plan académico examina el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia desde su origen en instrumentos internacionales hasta su incorporación en legislación en Costa Rica. También incluye revisión de antecedentes históricos y filosóficos de los derechos humanos y análisis de normas jurídicas vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes.
El curso también incluye un componente de aplicación práctica. Cada participante elaborará una propuesta de incorporación del enfoque de derechos humanos de la niñez en su ámbito laboral o en proyectos comunitarios. Este ejercicio traslada los principios del enfoque de derechos hacia acciones en espacios educativos, instituciones públicas, organizaciones sociales o iniciativas comunitarias vinculadas con la atención de población menor de edad.
Las personas interesadas en participar debe de contar con el bachillerato de secundaria aprobado y compromiso de participación durante el proceso formativo. La modalidad virtual con sesiones sincrónicas establece encuentros en línea con participación del equipo docente y del grupo de estudiantes, lo que amplía el acceso a la formación desde distintas regiones del país. Más información se puede solicitar al correo ineina@una.cr
La Universidad Nacional (UNA) recibió el 2 de marzo, y hasta el 2029, la reacreditación de carreras en primera infancia, ordenamiento del territorio y comercio internacional, por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Con esto aumenta a 45 el número de programas con acreditación vigente en la institución.
Las carreras reacreditadas son bachillerato en Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia con salida lateral al diplomado y licenciatura en Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia. Este programa obtuvo su acreditación inicial el 3 de mayo de 2002. Ambos programas alcanzan su quinta reacreditación.
Kattia María Rojas Acevedo, directora de la División de Educación Básica(DEB), explicó que la permanencia de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia “3s el resultado de una cultura académica que asume la autoevaluación como práctica sistemática de revisión y mejora”, indicó.
El bachillerato y la licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio, también cuentan con una trayectoria dentro del sistema nacional de acreditación. La carrera obtuvo su acreditación inicial el 1 de julio de 2010.
“La reacreditación es una rendición de cuentas ante la sociedad costarricense, de que nuestros profesionales tienen un sello de garantía de entes externos, lo que permite a los estudiantes insertarse en los procesos de demanda tanto en el sector público como en el privado”, expresó Francisco Rodríguez Soto, director de la Escuela de Ciencias Geográficas.
Al grupo se suma el bachillerato en Comercio y Negocios Internacionales y la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales con énfasis en Mercadeo Internacional, Calidad y Buenas Prácticas, que obtienen su segunda reacreditación. Este programa obtuvo su acreditación inicial el 7 de mayo de 2021 y la primera reacreditación el 4 de noviembre de 2025.
“Esta segunda acreditación es un compromiso con la calidad y una responsabilidad que tenemos con que los procesos académicos y los diferentes elementos a los que la población estudiantil se encuentra expuesta, tanto en el entorno laboral como en el de habilidades, para que puedan contar con los mayores estándares de calidad”, expresó Marco Méndez Coto, director de la Escuela de Relaciones Internacionales.
Durante la ceremonia de entrega de certificados, Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, señaló que este proceso forma parte de la responsabilidad pública de las universidades. “Acreditar o reacreditar carreras no es un trámite, es una declaración de principios, pues representa una manifestación de que creemos en la rendición de cuentas, en la evaluación rigurosa y en la mejora continua como parte sustantiva de nuestra identidad académica”, afirmó y recordó que la universidad pública enfrenta una exigencia permanente frente al país: “se legitima todos los días con resultados, con pertinencia y con impacto social”.
Un panorama muy amplio y diverso de la realidad nacional y mundial fue el que ofrecieron, en diferentes campus y aulas, dos especialistas internacionales y dos de la Universidad Nacional (UNA), con motivo de la lección inaugural del primer periodo lectivo 2026.
La sentencia es clara: cualquier transformación estructural del mundo tal y como se conoce hoy, requerirá el abandono y la sustitución de los combustibles fósiles. Este paso es indispensable, si se quiere “mantener un mundo habitable”. Así de elocuente fue Murat Arsel, académico del International Institute of Social Studies, de la Universidad Erasmus Rotterdam de Países Bajos.
El profesor brindó la lección inaugural de la Escuela de Relaciones Internacionales titulada From the Truman Doctrine to the Trump Doctrine: Development under the Shadows of a Rising China and Climate Change.
Ante el desafío global vinculado con el cambio climático, Arsel comparó la “imprevisibilidad, la rareza y la volatilidad” de la administración de Donald Trump en Estados Unidos frente a la construcción de una nueva China. “Hace 15 años anunciaron que se convertirían en líderes mundiales de carros eléctricos y en la producción de paneles solares. Y ahora lo han hecho; ya todo está escrito, planeado y diseñado por el capitalismo del Estado chino. Y Estados Unidos se ha dado cuenta de esto y por eso es que el orden internacional ya no les funciona”, describió el experto.
Si países como Costa Rica, Uganda, Ecuador, Indonesia y Turquía se industrializan como China, tendrán que encontrar un espacio en el mundo donde puedan crear empleos bien remunerados en las áreas de manufactura o servicios, pero sin destruir el clima global, dijo.
En la Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón, el investigador y docente Carlos Cascante Segura, de la Escuela de Relaciones Internacionales, impartió la conferencia magistral “La geopolítica actual y sus repercusiones en Costa Rica”, el pasado 3 de marzo en el auditorio Leonel Calvo Aguilar.
Según explicó Cascante, ante unos 150 estudiantes, las nuevas generaciones de profesionales deberán desenvolverse en un entorno internacional caracterizado por rivalidades estratégicas, tensiones regionales y una creciente disputa por recursos. “Enfrentarán un escenario global acentuado en un contexto propenso a enfrentamientos tanto a nivel global como regional”.
María José Valverde, estudiante de la carrera de Enseñanza del Inglés, calificó la conferencia como “interesante y esclarecedora”, por el análisis de los cambios globales actuales. Destacó que la exposición le permitió comprender con mayor claridad las transformaciones geopolíticas que inciden en la realidad mundial.
Erika Daniela Ríos, estudiante de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, subrayó la importancia de que la juventud comprenda el contexto internacional antes de incorporarse al mercado laboral. “La situación global actual es como un avión en turbulencia: surgen nuevos problemas y escenarios de manera constante”, expresó.
La Escuela de Ciencias Geográficas inauguró el ciclo lectivo con una conferencia dedicada a analizar la relación entre sociedad y naturaleza en comunidades afrodescendientes. La actividad contó con la participación de la investigadora brasileña Rita Montezuma, y se realizó el 2 de marzo en la Biblioteca Joaquín García Monge.
La investigadora planteó su posición dentro del campo académico. “Soy una profesora negra en Brasil. Es muy fuerte este posicionamiento, sobre todo en la academia donde está permeada por un grupo que pensó en una formación para los hijos de los colonizadores”, afirmó. Desde esa perspectiva, explicó que su trabajo forma parte de un enfoque que busca replantear la producción del conocimiento geográfico. “Estamos haciendo una geografía negra, otro paradigma donde ya no somos objetos de estudio”, comentó.
Montezuma abordó la historia social de la población afrodescendiente en Brasil y los procesos que han marcado la ocupación del territorio. Comentó que la historia de la esclavitud, las migraciones forzadas y la exclusión social influyeron en la forma en que estos grupos se relacionan con el espacio. “Somos fruto de esta realidad”, dijo al referirse a la continuidad de esas condiciones en el presente.
Elecciones 2026: de la fragmentación a la polarización política fue la conferencia que dictó, en Nicoya, el 3 de marzo, José Andrés Díaz González, investigador y académico del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo).
Al parecer la polarización política que se percibe en Costa Rica hoy, se vincula más con lo afectivo; es decir, la antipatía hacia el adversario, lo que dificulta la capacidad de enfrentar ideas o posiciones políticas distintas a las de otros.
El analista considera que, desde las universidades públicas, es vital colaborar en un proceso denominado: “politización positiva de la sociedad”, que se basa en incentivar a las personas a volver a conversar, articular y gestionar sobre política; de manera que sus diferencias no sean para apartar o menospreciar otras posiciones o personas.
De esa forma, afirmó, se facilitará la generación de acuerdos y consensos, así como aquellas decisiones para mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios.
En la actualidad, Díaz coordina el Programa Umbral Político, donde participa en actividades de investigación vinculadas con el análisis de la coyuntura política, el comportamiento político y la cultura política.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) convocó al Congreso Estudiantil de la Universidad Nacional (Ceuna2026), para definir acuerdos y prioridades del movimiento estudiantil en el periodo 2026-2028. El proceso incluye jornadas de discusión en sedes universitarias durante abril y culminará con dos sesiones plenarias el 2 de junio en modalidad virtual y el 6 de junio de forma presencial en el Campus Omar Dengo, en Heredia. La inscripción se mantendrá abierta hasta el 30 de abril.
El Ceuna constituye la máxima instancia de segundo nivel del movimiento estudiantil. En este espacio se discuten lineamientos y acuerdos que orientan la acción política de la Federación durante los dos años siguientes y sus resoluciones marcan su agenda en temas vinculados con vida universitaria, educación pública y relación universidad-sociedad.
Las personas interesadas deben inscribirse a través de un formulario electrónico habilitado por la Comisión Organizadora del Congreso Estudiantil. Solo a través de este se podrá participar en las discusiones y votaciones, según explicó Antonio Araya Ríos, coordinador general.
Además del registro, las representaciones estudiantiles deberán acreditar su condición ante el Tribunal de Elecciones Estudiantiles de la Universidad Nacional (Teeuna), órgano responsable de verificar la legitimidad dichas representaciones dentro del movimiento estudiantil.
Previo a las sesiones plenarias, el proceso incluye una etapa de consulta conocida como precongreso. Durante esta fase se recogen propuestas, planteamientos y preocupaciones del estudiantado en distintas sedes y campus universitarios y estos insumos alimentan el documento base que se discutirá durante el congreso.
Las jornadas de consulta y espacios de discusión programadas para abril recorrerán las diferentes sedes: Campus Nicoya, 14 de abril; Campus Liberia, 15 de abril; Campus Pérez Zeledón, 20 de abril; Campus Coto, 21 de abril. El recorrido concluirá el 29 de abril con una jornada en el Campus Omar Dengo. Las propuestas que surjan de la consulta y de las sesiones plenarias integrarán la agenda estudiantil que guiará el trabajo de la Federación durante los próximos dos años.
En el congreso se abordará cuatro ejes temáticos: democracia interna y gobernanza universitaria; realidad nacional y relación entre la universidad pública y los debates del país; vida estudiantil y permanencia universitaria; y regionalización, extensión universitaria y vínculo con el país.
La primera sesión plenaria será el martes 2 de junio en modalidad virtual y en jornada continua. En esta sesión se presentará el documento base construido a partir de los insumos recogidos durante el precongreso, así como las propuestas que se someterán a discusión. La segunda sesión se efectuará el sábado 6 de junio en modalidad presencial en el Campus Omar Dengo. Las consultas sobre el Congreso Estudiantil se atienden a través del correo congresoestudiantil@una.cr y mediante los canales oficiales de comunicación de la Feuna.
Estudiantes UNA cuentan con apoyo económico para participar en congresos, pasantías, seminarios e intercambios. Foto Randall Hernández
En la Estación Biológica La Selva, en Sarapiquí, un estudio documenta cómo la danta (Tapirus bairdii) es una aliada en la regeneración del bosque húmedo tropical. La investigación se centra en las interacciones entre la fauna y los procesos de restauración en un contexto de fragmentación del paisaje por actividades agrícolas y ganaderas.
La investigación la desarrolló, entre junio y noviembre de 2025, Daniel Arias Chavarría, estudiante de la Escuela de Ciencias Ambientales, como parte de su Práctica Profesional Supervisada en la carrera de Ingeniería en Ciencias Forestales.
Arias registró la presencia de la especie mediante huellas, rastros, excretas y cámaras trampa. En total fueron 33 evidencias, entre ellas 26 huellas, tres pasos y cuatro muestras de heces. Uno de los objetivos del estudio fue analizar las heces para determinar el papel de la danta en la dispersión de semillas
Los registros se ubicaron principalmente cerca de los ríos Sarapiquí y Puerto Viejo y las muestras se procesaron en laboratorio y se evaluó la viabilidad mediante pruebas químicas. El 85% de las semillas resultó viable, lo que confirmó, de acuerdo con Arias, que la especie transporta y deposita semillas con capacidad de germinar.
La investigación también calculó un índice de abundancia relativo, a partir de los rastros detectados. El resultado fue de 2.30 huellas por kilómetro recorrido. “Este dato permite estimar la frecuencia de uso del hábitat dentro del área evaluada”, indica el análisis.
Los resultados incluyen variaciones en la dieta según la época del año. En temporada lluviosa se registró mayor consumo de frutos, mientras que en época seca predominó la ingesta de material fibroso. Este patrón influye en el tipo de semillas que la especie dispersa.
De acuerdo con Arias, la información que se obtuvo se basa en métodos indirectos de observación y en el uso de cámaras trampa para confirmar la presencia de individuos. El estudio se desarrolló en un área que combina bosque maduro y secundario, con condiciones que permiten analizar procesos de regeneración en curso.
Las personas inscritas en el proceso de admisión 2026-2027 de la Universidad Nacional (UNA) deberán verificar su registro entre el 27 y el 29 de abril de 2026, en el Sistema de Admisión Universitaria (SAU). Este es un paso obligatorio para continuar en el concurso de ingreso a las universidades públicas del país y presentar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), programada para octubre.
Cada aspirante deberá ingresar al sistema de admisión para revisar la información consignada durante el proceso de inscripción y confirmar que los datos personales, académicos y de contacto anotados en el expediente digital son correctos.
El trámite se gestiona en el portal del SAU, plataforma que concentra la información de estudiantes que buscan un cupo en instituciones estatales de educación superior. Cada aspirante accede con el usuario creado durante la inscripción y revisa la información registrada en el expediente.
El Departamento de Registro indicó que con esta revisión se busca detectar inconsistencias en los datos consignados durante la inscripción, antes de elaborar el padrón que utilizarán las universidades para aplicar el examen de admisión.
Tras la verificación, el proceso continuará con la publicación del padrón con la cita asignada para presentar la prueba de admisión. Este padrón se divulgará el 12 de junio de 2026 en el sitio web del Departamento de Registro de la Universidad Nacional. El documento incluirá la sede, la fecha y el horario en el que cada aspirante deberá presentar la evaluación.
Las apelaciones relacionadas con el padrón se recibirán del 15 al 17 de junio mediante el correo admisiones@una.cr. La universidad comunicará la respuesta a esas solicitudes el 23 de julio de 2026.
La PAA, conocida como examen de admisión, se aplicará el 3 y el 4 de octubre de 2026. La evaluación se desarrollará en campus de la Universidad Nacional, en instalaciones de la Universidad de Costa Rica y en centros educativos ubicados en distintas regiones del país.
El instrumento de evaluación mide habilidades relacionadas con comprensión de lectura, razonamiento y resolución de problemas. Los resultados del examen se integran al proceso de selección que cada universidad utiliza para asignar los cupos en las carreras y sedes académicas.
El concurso de ingreso a la educación superior estatal se dirige a estudiantes que cursan el último año de secundaria y a egresados de Educación Diversificada que buscan iniciar estudios universitarios en 2027.
Quienes participen en el concurso de ingreso deberán contar con el título de Bachiller en Educación Media al cierre del curso lectivo. Las personas que no obtengan ese título quedarán fuera del proceso de admisión.
El Departamento de Registro insta a las personas aspirantes a revisar su información dentro de las fechas establecidas para asegurar la continuidad en el concurso de ingreso a la educación superior pública.
Estudiantes concursan por ingreso a la Universidad Nacional. Foto José Pablo Sibaja
José Alexander Moya Valverde, de 23 años, es de trato directo, sin excesos. Por eso su trabajo con la naturaleza —especialmente con anfibios y reptiles—tiene algo de respeto silencioso: observa, espera, se acerca con paciencia y dispara la cámara, no para invadir, sino para revelar.
Este vecino de Paraíso de Cartago recorre, desde hace algunos años, el trayecto hacia Heredia para cumplir con su meta: estudiar Biología en la Universidad Nacional. “Son viajes complicados”, admite entre risas, como quien ya aprendió que la vocación también se mide en buses, madrugadas y cansancio.
Concluyó su bachillerato y de seguido inició la licenciatura en Gestión de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, un nombre tan largo como el camino que separa su casa del campus.
Pero su historia no se reduce a la carrera: Alexander —Alex para los cercanos— es figura reconocible en redes sociales por su proyecto fotográfico Alex Bichos en Instagram, donde documenta con precisión y estética el mundo herpetológico de Costa Rica.
Su vínculo con la naturaleza no inició en laboratorios ni aulas universitarias; surgió con su familia. Los paseos eran a parques nacionales, una forma de aprender. A eso se suma una influencia clave: su abuela materna, profesora de Biología, sembró en él la idea de que la ciencia puede ser cercana, bonita, posible.
En Costa Rica, la palabra “bicho” significa muchas cosas. En el caso de Alex, su significado específico es anfibios y reptiles, “mi pasión está en la herpetología, campo que estudia ambos grupos, aunque no están relacionados evolutivamente”.
Empezó antes de la universidad con cursos sobre serpientes y, poco a poco, entró a ese universo que combina fascinación, belleza y miedo. Luego vino algo que hoy parece normal: salir al campo, encontrarlos, fotografiarlos y compartirlos.
Tiene una ventaja inicial: su papá ya estaba metido en la fotografía como pasatiempo. Esto le generó ganas de tener una cámara en mano. Una DSLR vieja, básica, “de las baratas”, como la describe, pero suficiente para aprender.
También así nació el nombre. Alex Bichos no fue una marca planeada: fue una sugerencia de alguien en redes sociales. Le sonó bien y la dejó.
Quien ve sus fotos podría pensar que detrás hay un equipo costoso, lentes macro de alta gama y flashes de estudio. Alexander rompe esa idea con una frase que resume su filosofía: la calidad la da la luz, no la cámara.
Y eso comparte ahora: no solo produce fotos y videos, también imparte talleres de foto básica de anfibios y reptiles e insiste: “se puede empezar con un celular”.
De hecho, muchas de sus producciones recientes ya no son con cámara, sino con un teléfono inteligente de gama media. Lo que cambia no es el aparato: es la mirada, la técnica, la experiencia.
A medida que la tecnología avanza, los medios para cometer ilícitos se tornan diversos y esto se evidencia en un incremento de las estafas y fraudes bancarios, los cuales parecen no estar cubiertos por la responsabilidad de la entidad bancaria.
En este contexto es que se presenta el proyecto de ley 23.908, referente a la amplitud y generación de un mayor contenido proteccionista al usuario del sistema financiero formal en el país. Sin embargo, es una propuesta que contiene ambigüedades que pueden ser lesivas para las instituciones e incluso incentivar otras formas organizadas de la perpetración de actos ilícitos.
En un primer abordaje se introduce el concepto de la responsabilidad objetiva y solidaria de la entidad financiera, concepto que señala el resguardo del dinero y de los contratos de cuentas bancarias, para ahorros o su naturaleza corriente.
En este punto cabe definir la responsabilidad objetiva como aquella derivada del daño evidente ocasionado a una víctima por la estafa o fraude, al cual se responde por la totalidad del perjuicio. Esta precisión jurídica parece ser positiva para la persona usuaria, pues implicaría que la institución debe hacerse responsable en caso de acontecer un evento lesivo; no obstante, la norma propuesta no es clara en señalar si la responsabilidad es aplicable, aún cuando sea culpa del cliente.
Hacerse responsable por una afectación en los sistemas de seguridad bancaria es un deber legal y moral. Sin embargo, al extrapolarse este deber, aun cuando es el cliente quien facilita sus datos, ya sea por descuido o negligencia, es cuestionable, pues genera un desbalance contractual.
Otro punto de interés en el proyecto radica en la incorporación del concepto de la reversión de la carga de la prueba. Al respecto, la propuesta la incorpora en favor de la persona afectada, lo que indica que debe tomarse como cierto lo indicado por el cliente en su denuncia y, más bien, obliga a la entidad a probar lo contrario.
El punto anterior refuerza la hipótesis de la estafa autogestionada, pues es viable presentar la denuncia de la sustracción del dinero; sin embargo, no parece requerirse prueba alguna, y se presume como veraz el argumento del dueño de la cuenta bancaria. Esto da paso a un costo procesal y a la creación de una contingencia riesgosa muy alta para la empresa financiera.
Si bien es cierto el proyecto beneficia a la parte más débil de la relación (el cliente), genera a su vez un desbalance contractual de gran amplitud, lo que constituye un incremento en los costos de contratación y operación, y abre el portillo hacia una nueva modalidad de fraudes o estafas en complicidad y bajo una evidente mala fe por parte de quien las ejecutan.
Analista financiero, abogado, profesor e investigador de la Sección Regional Central-Occidente, Campus Alajuela, UNA.
El debate en torno al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha adquirido una intensidad creciente en la discusión pública costarricense. Costa Rica ha transitado aceleradamente hacia una sociedad envejecida; la esperanza de vida supera los 80 años y la tasa de fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. Esta transformación demográfica tiene efectos directos sobre un régimen de reparto como el IVM.
La relación cotizantes/pensionados ha disminuido de manera sostenida. Donde antes existían seis o siete trabajadores activos por cada pensionado, hoy esa proporción se acerca a tres, con tendencia descendente. Este cambio estructural altera el equilibrio financiero del sistema y genera presiones crecientes sobre su sostenibilidad intertemporal.
El sistema todavía cumple con sus obligaciones corrientes, gracias a la combinación de cotizaciones y rendimientos financieros. Sin embargo, los escenarios actuariales han advertido que, de mantenerse las tendencias actuales, el régimen podría comenzar a utilizar reservas de manera sostenida hacia mediados de la década de 2030.
Esas tendencias se enmarcan en un desbalance histórico entre ciertos beneficios otorgados y las cotizaciones efectivamente acumuladas en algunas cohortes, la deuda del Estado dentro del esquema tripartito y una concentración considerable del portafolio de inversiones en títulos del gobierno central, lo que reduce la diversificación del riesgo.
Las opciones de política pública están ampliamente documentadas: aumentar la edad de retiro, ajustar tasas de reemplazo, incrementar cotizaciones, fortalecer la contribución estatal y asignar fuentes extraordinarias de financiamiento. Sin embargo, cada opción implica costos distributivos y decisiones políticas complejas. La discusión, por tanto, no es únicamente actuarial; es profundamente social y ética.
El reto consiste en diseñar un paquete integral de reformas que combine al menos los siguientes elementos: gradualidad, protección a pensiones bajas, diversificación financiera, responsabilidad fiscal estatal y transparencia informativa.
El IVM no enfrenta una crisis inmediata de pago. Enfrenta, sí, un desafío estructural de sostenibilidad que requiere liderazgo técnico y diálogo social informado. Reducir el debate a consignas o a simplificaciones ideológicas debilita la posibilidad de construir soluciones duraderas. La evidencia actuarial existe. Los escenarios están proyectados. Las decisiones, inevitablemente, serán políticas, pero deben estar ancladas en fundamentos técnicos sólidos.
La sostenibilidad del IVM no es únicamente un asunto financiero. Es un componente esencial del contrato social costarricense y uno de los pilares del Estado Social de Derecho. Actuar con responsabilidad hoy es proteger la dignidad de quienes ya se pensionaron y de quienes aspiran a hacerlo en el futuro.
* Académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), UNA.
Según la III Encuesta Nacional de Endeudamiento 2025, elaborada por la Oficina del Consumidor Financiero, en Costa Rica las mujeres tienden a ser más prudentes que los hombres al asumir obligaciones financieras. En promedio, solicitan montos menores, lo que reduce su carga financiera; además, un 53% de las mujeres no posee tarjetas de crédito ni préstamos formales, frente al 44% de los hombres. Su participación en financiamientos hipotecarios también es menor, y sus compromisos se concentran principalmente en préstamos de consumo y créditos adquiridos en comercios.
Sin embargo, esta aparente cautela no se explica únicamente por decisiones individuales, sino que refleja en gran medida condiciones estructurales que limitan la estabilidad económica de muchas mujeres y restringen su acceso al sistema financiero formal.
Las brechas observadas en el acceso al crédito están estrechamente vinculadas con desigualdades en el mercado laboral. En Costa Rica, la tasa neta de participación de los hombres ronda el 66%, mientras que en las mujeres es de apenas 42,5%. De manera similar, la tasa de ocupación alcanza el 61,8% en los hombres y solo el 39,6% en las mujeres, lo que evidencia una menor inserción laboral femenina.
Parte de esta desigualdad se relaciona con la distribución del trabajo de cuidados. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, lo que limita su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa. Un estudio reciente de la Universidad Nacional indica que el 42% de las mujeres ha reducido su jornada laboral o incluso abandonado el empleo para atender responsabilidades de cuido en el hogar.
Además, las mujeres tienen una mayor presencia en empleos informales, de jornada parcial o con menor estabilidad. Estas condiciones restringen el acceso a beneficios laborales, reducen los ingresos y limitan su acceso al crédito formal, especialmente a financiamientos de mayor plazo que facilitan la acumulación de patrimonio.
En síntesis, aunque las mujeres tienden a administrar la deuda con mayor prudencia, lo hacen en un contexto de menores ingresos, mayor precariedad laboral y acceso más limitado al sistema financiero. Reducir estas brechas —mediante una mayor participación laboral femenina, mejoras en la calidad del empleo y ampliación de los servicios de cuido— es clave para fortalecer la inclusión financiera y ampliar las oportunidades económicas de las mujeres.
“De algo hay que morirse”, decía mi abuela, como lo hacen muchas personas cuando se les cuestiona sobre el cuidado de su salud, algo fundamental para asegurar la mejor calidad de vida posible conforme pasan los años y, en especial, al llegar a la tercera edad.
Esto es de literal importancia si tomamos en cuenta los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud:
Esta situación compromete cada día más la salud de la población y lleva al colapso los servicios de la CCSS. ¿Qué hacer? La respuesta está en manos de cada persona y la recomendación del especialista en medicina es una: prevención y detección temprana.
La prevención comprende una dieta balanceada, dormir bien, hacer actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, controlar el consumo de azúcares y carbohidratos refinados, entre otras que ya conocemos.
No obstante, lo más importante es tomar conciencia de lo fundamental que resulta conocer y escuchar a nuestro cuerpo. Hemos vivido en él desde el primer latido, nos ha acompañado cada segundo de nuestra existencia, por lo tanto es de vital importancia conocerlo palmo a palmo. Hay que dejar de lado los prejuicios y tabúes y animarse a estudiarlo, conocer cada peca, cada curva, cada movimiento, cómo se siente esto o aquello, verificar si funciona cada sistema que lo mantienen con vida. De hacerlo así, seremos capaces de detectar cualquier cambio y atender esas señales que nos indican que algo no está bien.
Pero, la clave de la prevención para atajar males a tiempo está en la atención temprana; o sea, acudir al profesional en salud en cuanto sospechemos que algo diferente pasa en nuestro cuerpo. Solo así podremos asegurarnos de tomar medidas a tiempo para frenar cualquier mal en incubación y atenderlo en el momento justo, para garantizar la mejor recuperación y la mejor calidad de vida posible.
No lo dejemos para mañana. La vida se vive y se cuida hoy.
En estos tiempos -posmodernos y decoloniales- en que Bad Bunny se erige como el símbolo latino y antitrumpista de moda, basta con haber echado un ojo al show de medio tiempo del Super Tazón del 2026 para advertir la sutil estrategia que posee el capital en mudar sus signos y, en nombre de una aparente emancipación política (ya saben ustedes del “sabor latino” que reinó en este espectáculo), no ser y no poder ser más que otro ingrediente en el tazón del fetichismo y el imperialismo.
Moraleja: desconfiar de los conejos que saltan en el Coliseo Romano y del cuento Alicia en el país de las maravillas.
Como buen anfitrión que es, Míster President recibió con simpatía a los doce delegados. Les obsequió bolígrafos, una palmadita en el hombro y hasta ofreció un coctel de bienvenida que sentó muy bien ante el trópico calor de Florida.
Para dar más realce a la ocasión, quiso pronunciar algunas palabras en español, pero comprendió de inmediato que era completamente innecesario. (He was right!) Ante el sol imponente de Mar a Lago, todos ya habían comprendido de su enorme habilidad en el manejo del idioma y continuaron hablando, como si nada, acerca de la buena comunicación que debía persistir entre sus gobiernos.
* Docente e investigador de la Universidad Nacional. Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
