Oficina de Comunicación, Universidad Nacional. MAYO 2026
Oficina de Comunicación, Universidad Nacional. MAYO 2026
Propuesta para el nuevo Reglamento de la Ley de Vida Silvestre genera críticas ante la posibilidad de permitir la tenencia de fauna silvestre en cautiverio, la dificultad de controlarla y las limitaciones en el manejo institucional.
La posibilidad de permitir la tenencia de algunas aves silvestres como las lapas, vuelve a la discusión pública con el nuevo borrador del Reglamento de Vida Silvestre. Este tema, reaparece como uno de los puntos más cuestionados dentro de la propuesta impulsada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
El Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), en conjunto con la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Aprefloflas), organizaron, el pasado 18 de marzo, un conversatorio sobre la propuesta de nuevo Reglamento de la Ley de Vida Silvestre; también participaron representantes del Sinac y de Rescate Wildlife Rescue Center.
La nueva redacción mantiene la opción de conservar en cautiverio aves adquiridas antes de 2017, incluso sin mecanismos claros de verificación. Para quienes trabajan en rescate y manejo de fauna, esto representa un riesgo para su conservación.
“El SINAC no tiene forma de hacer control de que yo tengo la lapa antes de 2017, puedo falsificar una factura y decir que la compré antes, y en el extranjero porque aquí está prohibida la venta”, dijo Laura Porras, directora del Icomvis-UNA. El problema, entonces, no es solo legal, sino operativo. Si no se puede comprobar el origen de los animales, la norma podría terminar facilitando la tenencia ilegal.
Porras comentó el caso de las lapas híbridas. “Algunas personas trajeron lapas azules de Brasil, luego de tenerlas en cautiverio les dio lástima y las liberaron allá en San Carlos. Estas lapas empezaron a reproducirse con las lapas rojas del país, esto causa desórdenes en el ecosistema y en la genética de las especies. Me preocupa que se permita o se siga incentivando de alguna manera la tenencia de animales exóticos, cuando tenemos un ecosistema frágil del cual vivimos”.
Para la veterinaria Isabel Hauguer, de Rescate Wildlife Rescue Center, su principal preocupación es la posible flexibilización de la tenencia de animales silvestres, especialmente aves, una práctica que, según explicó, sigue siendo una de las principales causas de ingreso a los centros de rescate. “Más del 50% de los ingresos se dan por tenencia, por decomisos, por gente que los llega a entregar”, comentó, al tiempo que advirtió que muchos de estos animales llegan en condiciones críticas, con problemas de salud y comportamiento derivados del cautiverio.
Hauguer también cuestionó la falta de claridad en los criterios técnicos que respaldan algunas decisiones del borrador. “¿Cuál es el criterio técnico por el cual se están autorizando nuevamente la tenencia de algunas especies?”.
Ambas investigadoras criticaron la forma en que el reglamento reorganiza el manejo de fauna en cautiverio. La propuesta mezcla categorías como centros de rescate, zoológicos y otros espacios, lo que para ambas puede desdibujar los objetivos de cada uno. Desde el ámbito técnico, advirtieron que no es lo mismo rehabilitar un animal para liberarlo que mantenerlo en exhibición, y que esa diferencia requiere criterios claros de manejo.
En cuanto al contenido, Porras indicó que el borrador prioriza el manejo en cautiverio por encima de la conservación en el medio natural. “Este reglamento no incluye nada de conservación in situ, es todo conservación ex situ y comercialización”, dijo. También cuestionó la capacidad operativa del Sinac para asumir más funciones: “¿Cómo le van a centralizar la toma de decisión a una institución que ha estado desmantelada por años?” Para la experta, el reglamento tienen elementos rescatables, pero requiere una revisión para evitar que se debilite el enfoque de conservación.
La norma también incorpora el control letal de fauna. Esta se puede aplicar en cocodrilos, por ejemplo, “aunque existen protocolos para el manejo de animales peligrosos, se abre un portillo para que cualquier persona mate un animal si se siente en riesgo… y no hablamos solo de eutanasia, que toma en cuenta los principios de bienestar animal, sino que si yo me siento amenazada y me encuentro un palo cerca, puedo matar a palos al animal”, precisó Porras.
La experta también habló del proceso de redacción del reglamento y su orientación general. “No hubo participación ciudadana en la elaboración”, y agregó que la propuesta elimina espacios formales de consulta dentro del mismo reglamento.
Arturo Carballo, presidente de Aprefloflas, cuestionó la necesidad de sustituir completamente el reglamento vigente, si varios de sus elementos se mantienen. En su criterio, una reforma parcial habría permitido corregir debilidades sin abrir nuevos frentes de discusión. Mencionó que el documento y la cantidad de anexos técnicos que contiene dificultó un análisis detallado en el tiempo disponible.
En medio de las críticas, el Sinac sostiene una posición distinta. José Manuel Quirós, coordinador del proceso, explicó que la propuesta se construye desde hace varios años y que incorpora observaciones de distintos sectores. “Creemos que construimos una propuesta con aportes de la sociedad civil, y que hemos logrado mejorar el decreto vigente”.
El funcionario defendió que el nuevo reglamento busca mejorar la aplicación mediante herramientas técnicas más flexibles, como anexos que pueden actualizarse sin necesidad de reformar todo el decreto. También comentó que se introducen mejoras en la estandarización de procesos y en la regulación de actividades que antes no estaban claramente definidas.
La mayoría de las extinciones de ranas, sapos y salamandras está asociada con enfermedades infecciosas que provocan mortalidades masivas, detalló el investigador Josimar Estrella.
Johnny Núñez Z./CAMPUS
Costa Rica alberga una extraordinaria diversidad de anfibios; sin embargo, casi la mitad de sus especies enfrenta una amenaza silenciosa: enfermedades infecciosas, junto con presiones ambientales cada vez más intensas, aceleran su declive y elevan el riesgo de extinciones locales. En Mesoamérica, se estima que cerca del 48% de las especies de anfibios está en riesgo, mientras que a escala global, 41% está en peligro de extinción.
Lo anterior según investigaciones del laboratorio de Patología de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV) de la Universidad Nacional (UNA), que analiza las afecciones que inciden en la población actual de sapos, ranas y salamandras.
El declive de estas especies en Costa Rica comenzó a finales de la década de 1980 y alcanzó su punto más crítico en los años 90. Entre los grupos más afectados destacan los sapos arlequines (Atelopus) y las ranas de quebrada (Isthmohyla y Craugastor).
Josimar Estrella, veterinario de la EMV y especialista en anfibios, explicó que las principales enfermedades infecciosas que afectan a ranas, sapos y salamandras son la quitridiomicosis —causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis— y el ranavirus, un patógeno que también afecta reptiles y peces. “El cambio climático agrava este panorama, ya que modifica las condiciones ambientales y el hábitat, y hace que las enfermedades se vuelvan multifactoriales y más difíciles de controlar”, señaló Estrella.
La investigación en curso busca comprender la dinámica de estos agentes infecciosos, identificar las especies más vulnerables y analizar el microbioma de la piel de los anfibios, una barrera natural clave contra patógenos. Además, pretende aportar insumos para la conservación in situ a nivel nacional.
La quitridiomicosis afecta directamente la piel de los anfibios, órgano vital para su supervivencia. “Las ranas respiran a través de la piel y dependen de ella para el intercambio de agua e iones. Cuando esta función se altera, se producen desequilibrios osmóticos que pueden ser letales”, explicó el especialista.
Aunque estas enfermedades no representan riesgo para los humanos, sí pueden impactar a múltiples especies dentro del grupo de anfibios. En salamandras, por ejemplo, se ha identificado el hongo Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), mientras que cerca del 60% de estas especies enfrenta algún nivel de amenaza en el mundo. A esto se suman factores como la pérdida y fragmentación del hábitat, la urbanización y el uso de agroquímicos —incluso en zonas protegidas por dispersión aérea—, así como el aumento de temperaturas y cambios en los patrones de humedad. “Estos factores debilitan el sistema inmunológico de los anfibios, haciéndolos más vulnerables a infecciones”, agregó Estrella.
En Costa Rica, las zonas medias y altas del país han sido las más impactadas, especialmente en ecosistemas de quebradas en bosques. Regiones como Monteverde, la Cordillera Volcánica Central, el Cerro de la Muerte, el volcán Barva y otras áreas como cerros Chompipe, Danta y Las Tablas en Coto Brus evidencian fuertes reducciones poblacionales.
Costa Rica cuenta con aproximadamente 160 especies de ranas y sapos, 58 de salamandras y cerca de 8 especies de cecilias, anfibios sin patas poco conocidos.
Los sapos y ranas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas y ofrecen múltiples beneficios como bioindicadores de salud ambiental, ya que son sensibles a cambios en el ambiente, la salud de los ecosistemas, la presencia de contaminantes (agroquímicos) o alteraciones en la calidad del agua.
En el control de plagas actúan como depredadores de invertebrados y pequeños vertebrados, controlando poblaciones de plagas como cucarachas, moscas, zancudos y pequeños roedores. Además, se encargan de estabilizar la cadena trófica, pues funcionan como depredadores y presas, siendo una fuente de alimento para animales de mayor tamaño y contribuyendo a la estabilidad del ecosistema.
Estrella aseveró que ante el aumento en la desaparición de anfibios es necesario proteger los ambientes conservados y crear zonas de amortiguamiento, ya que los anfibios son extremadamente sensibles a pequeños cambios ambientales; investigar los microbiomas cutáneos y los factores que influyen en ellos para identificar mecanismos de protección. Asimismo, monitorear agentes infecciosos en poblaciones de anfibios para entender las enfermedades, además, la resistencia y resiliencia de estos animales.
En cuanto al uso de plaguicidas es vital reducir su uso y controlar su dispersión, ya que pueden acumularse incluso en áreas remotas. También, es fundamental abordar el calentamiento global.
Investigador del Cinpe-UNA critica la visión reduccionista y neoliberal de los planteamientos recientes y la falta de visión sobre lo que el Estado requiere.
Guillermo Solano Gutiérrez/CAMPUSHablar de reforma del Estado en Costa Rica es sinónimo de limitar la discusión a términos como “cerrar” o “fusionar” instituciones. Sin embargo, la falta de un norte claro en la materia ha arrastrado al país a un debate infinito que arriesga la competitividad y la propuesta real de soluciones a problemas económicos y sociales de larga data.
El tema retoma sus focos de atención con el renovado interés del nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández por promover la venta del Banco de Costa Rica (BCR). Pero, por sí solo, este proyecto representa esa falta de visión estratégica sobre qué quiere hacer el Estado con sus instituciones; mientras que el gobierno de Rodrigo Chaves lo propuso como una forma de aliviar las finanzas públicas, la nueva administración procura con la eventual venta los recursos para fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Fernando Sáenz, académico y director de Investigación del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), considera que el origen del problema radica en un paradigma neoliberal que rige la discusión, “la cual busca reducir el tamaño del Estado solo porque hay que reducirlo. Y eso significa cerrar, privatizar o fundir instituciones, cuando lo que deberíamos tener es una discusión seria, técnica y bien pensada, sobre cuál es el tamaño del Estado que necesitamos”.
Esa falta de profundidad hace que las propuestas se centren en “el qué” y no en el “para qué”. Un ejemplo de ello son las reiteradas iniciativas para concentrar en un solo ente las funciones del Ministerio de Vivienda (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi), de las que se habla desde hace años.
Para Sáenz, antes de tomar una postura al respecto, el país y los tomadores de decisión deben sopesar si una u otra ruta resolverá realmente el problema de la vivienda para la clase media costarricense. “Hacer de las tres instituciones una sola, ¿reactiva la inversión de vivienda de interés social que más bien se deprimió en los últimos cuatro años o da soluciones para esa clase media que debe endeudarse por 30 años para tener acceso a una casa?”, cuestionó el investigador.
La ruta equivocada es plantear propuestas que vean la reforma del Estado solo como un ahorro contable, en la supresión de plazas o en menos dietas que se pagan a juntas directivas. Para Sáenz, la discusión debe ir más allá: colocar en el centro del debate los principales retos del país en materia de competitividad y desarrollo humano.
En línea con lo que ha alertado el Programa Estado de la Nación en sus informes anuales y con esa “luz larga que Costa Rica olvidó poner” al formular política pública, Fernando Sáenz estima que la reforma del Estado debe propiciar un diálogo que permita al ciudadano vivir con mayor seguridad, le garantice al agricultor canales de transporte eficientes para su producción y evite que los trabajadores pasen largas horas en presas vehiculares.
CAMPUS solicitó al Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa la lista de proyectos sobre reforma del Estado presentados por los diputados desde 2014 hasta la fecha. Se contabilizan 157 expedientes; sin embargo, la mayoría corresponde a reformas de leyes ya existentes, algunas a derogatorias y otras de mayor calado que no lograron aprobarse.
Uno de los más recordados lo propuso Ottón Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), por medio del expediente 19.834 bajo el nombre de Ley CERRAR (cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza), relacionado con las instituciones del sector social costarricense. Este proyecto se archivó.
Otras iniciativas en el radar legislativo son el proyecto 23.114, incluido en el discurso de 100 días del presidente Chaves para reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y eliminar la figura de desconcentración de cuatro de sus seis órganos: el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Sobre el agrupamiento del sector vivienda destaca el expediente 23.450, que daría paso al Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat), actualmente en discusión en la Comisión Especial de Reforma del Estado. En ese mismo foro se analiza el proyecto 24.776, que promueve el cierre del Consejo Nacional de Producción (CNP) y la transformación del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
“Es más fácil decir ‘cerremos o fusionemos’ sin pensar en las consecuencias de eso. Es como muy perezoso políticamente pensar en algo más integral, que plantear una discusión seria acerca de cuál es el tamaño de Estado que el país necesita para resolver sus problemas”.
Mientras esto ocurre, otros países avanzan en su agenda de competitividad y desarrollo. Al respecto, Sáenz sugirió prestar atención a casos como el de Irlanda, con una población similar a la costarricense (5,4 millones), que ha avanzado en la materia. No obstante, el académico es receloso al hacer comparaciones con otras naciones latinoamericanas que avanzan en infraestructura, como Colombia, pero enfrentan problemáticas sociales de mayor gravedad.
Un punto de inflexión en el tema fue el ingreso de Costa Rica, en mayo de 2021, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que requirió la aprobación de 14 leyes específicas para alinear el marco jurídico nacional con los estándares internacionales en temas de competencia, regulación, mercado financiero, transparencia fiscal y datos.
Hoy, Costa Rica está compuesta por 337 instituciones en el sector público, de acuerdo con el registro actualizado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Para usted pueden ser muchas o pocas, en función de sus expectativas. Lo cierto es que la discusión se mantiene en aguas superficiales y su falta de profundidad afecta las soluciones de los principales desafíos que enfrentan los costarricenses día a día.
Un estudio del Cinpe-UNA evidencia una fuerte concentración territorial de cotizantes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, lo que expone brechas económicas entre cantones y plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad del sistema.
Diez cantones, ocho de ellos ubicados en la gran área metropolitana (GAM), son los que mayor participación de cotizantes tienen en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se trata de San José, Heredia, Alajuela, Escazú, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, San Carlos y Pérez Zeledón. En conjunto, aportan el 60.19% del total de cotizantes.
Sin embargo, de manera desagregada, las brechas saltan a la vista. Mientras San José aporta un 25.59%, el porcentaje baja a 7.35% en Heredia y a 5.47% en Alajuela. En San Carlos es de un 2.8% y en Pérez Zeledón, de 2.35%.
El IVM de la Caja enfrenta presiones estructurales ante el aumento del envejecimiento poblacional, la alta informalidad laboral, la baja en la natalidad y las presiones fiscales del Estado. Generalmente, los análisis del sistema abarcan parámetros financiero-actuariales. Sin embargo, antes no se había considerado un estudio del impacto territorial sobre el régimen.
Esta tarea la realizó el Centro de Investigación en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), como parte del primer informe del Programa Macroeconómico 2026, con datos oficiales de la CCSS.
Para los investigadores del Cinpe-UNA, existe una asimetría territorial entre cantones con mayor actividad económica, empleo formal y masa salarial cotizante, frente a otros —principalmente en zonas rurales o costeras— con menor desarrollo relativo.
Esta situación expone un nuevo frente de vulnerabilidad de cara a los esfuerzos por procurar la solidez del principal régimen de pensiones del país. “La creciente divergencia entre territorios que generan cotizaciones y aquellos que concentran el gasto, podría intensificar tensiones distributivas, especialmente en un contexto de transición demográfica y cambios en la estructura del empleo”. Asimismo, “la falta de integración explícita del enfoque territorial en el análisis actuarial limita la comprensión completa de los riesgos y oportunidades del sistema”, enfatiza la investigación del Cinpe-UNA.
Entre 2009 y 2025, el gasto del IVM como proporción del producto interno bruto (PIB) subió de 1.63% a 3%. Su peso en la economía se evidencia al compararlo con otros regímenes, cuyos porcentajes son más bajos, como el Régimen No Contributivo (0.36% del PIB), el Magisterio Nacional (0.106% del PIB) y el del Poder Judicial (0.20% del PIB).
Este gasto en pensiones tiene una dimensión social como “estabilizador económico territorial”, según el Cinpe-UNA. De acuerdo con el informe, “cumple un rol clave como mecanismo de estabilización económica en territorios con menor dinamismo productivo, donde constituye una fuente relevante de ingreso para los hogares”.
Los resultados de la investigación establecen que la concentración del sistema contributivo del IVM está vinculada con la geografía económica del país. Por ello, cantones como Belén, San José, Escazú y Montes de Oca presentan tasas de intensidad de cotización mucho más altas, del 206%, 191%, 142% y 139%, respectivamente. Estos territorios concentran sedes corporativas, oficinas administrativas, parques empresariales, instituciones públicas y privadas, así como servicios intensivos en capital y conocimiento, lo cual favorece relaciones laborales asalariadas, formales y registradas.
En contraste, cantones con menores tasas de cotización reflejan una baja cantidad de empleos formales. Tal es el caso de Río Cuarto (3%), Puerto Jiménez (4%) y Monteverde (11%), que ocupan las posiciones más bajas del ranking.
La suma de las remuneraciones brutas por cantón ubica a San José (245 mil millones de colones), Alajuela (95 mil millones de colones), Heredia (61 mil millones de colones) y Santa Ana (54 mil millones de colones) como los principales cantones según masa salarial. Para el Cinpe-UNA, esto “confirma que la mayor parte de las cotizaciones al IVM proviene de un grupo reducido de cantones con alta actividad económica y niveles de ingresos elevados”.
En cuanto a los sectores laborales y su impacto en la cotización, el estudio arroja indicios relevantes. Por ejemplo, la mayor concentración de empleo cotizante corresponde a la industria manufacturera, con un 5.72, seguida de transporte y comunicaciones, con 4.21, y servicios inmobiliarios y empresariales, con 4.07. Por el contrario, sectores como agricultura (0.52), pesca (0.48) y electricidad (0.60) tienen un menor aporte al sistema.
El informe detalla una serie de recomendaciones de política pública ante el desafío de garantizar la sostenibilidad financiera del régimen del IVM. Propone, por ejemplo, fortalecer la base contributiva mediante la formalización del empleo, con esquemas simplificados de cotización para trabajadores independientes y microempresas, incentivos fiscales y mayor fiscalización en sectores con alta evasión contributiva.
Asimismo, y en sintonía con el enfoque de la investigación, advierte la necesidad de incorporar el enfoque territorial, de manera que se desarrollen sistemas de información que monitoreen cotizaciones, masa salarial y beneficios por cantón, así como diversificar la base contributiva.
Otras medidas sugeridas por el Cinpe-UNA son una mayor articulación entre política productiva y sostenibilidad previsional y fortalecer la gobernanza del sistema tripartito y de los sistemas de información y análisis, para una “mejor rendición de cuentas”.
Finalmente, el informe es claro en que la sostenibilidad del IVM no debe basarse únicamente en ajustes paramétricos, como la edad de retiro o las tasas de cotización, sino contemplar una combinación que incluya el desarrollo del empleo formal, la gobernanza del sistema, ajustes actuariales responsables, la visión territorial y la protección de la función social del régimen.
En ocho semanas, estudiantes con rezago en lectura mejoraron su comprensión gracias a un modelo de tutorías remotas aplicado en cuatro regiones del país.
Natalia Salas Gómez / CAMPUSTrescientos ochenta y cinco estudiantes de cuarto año elevaron su comprensión lectora del 21% al 65% tras ocho semanas de tutorías telefónicas en cuatro regiones del país. El pilotaje lo ejecutaron el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad Nacional (UNA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con dos llamadas semanales enfocadas en habilidades de lectoescritura. La iniciativa se dirigió a escolares con rezago en lectura, en zonas en condición de vulnerabilidad.
El aumento de 44 puntos porcentuales en el nivel superior de lectura constituye el principal resultado del programa. Antes del proceso, dos de cada diez estudiantes identificaban la idea central de un texto; al cierre del ciclo, seis de cada diez alcanzaron ese nivel de comprensión.
La intervención se centró en el nivel III de lectura, categoría que evalúa la comprensión profunda de textos informativos. Parte del grupo atendido presentaba dificultades para identificar sílabas o palabras aisladas al inicio del proceso. Tras el ciclo de tutorías, el grupo avanzó hacia la interpretación de contenidos escritos.
Los resultados también muestran cambios en los niveles iniciales de lectura. Al inicio del programa, el 13% de los estudiantes permanecía en el nivel I. Esa proporción descendió al 2% tras la conclusión del acompañamiento académico.
El pilotaje se aplicó en Aguirre, Sulá, zona Norte-Norte y San José Oeste. La región de Aguirre registró el mayor incremento en comprensión lectora, con 51 puntos porcentuales; Sulá sumó 46 puntos, Zona Norte-Norte alcanzó 40 puntos y San José Oeste registró 39 puntos en los indicadores.
El análisis por sexo mostró diferencias en el avance del nivel III. Los hombres alcanzaron un aumento de 47 puntos y las mujeres registraron 39. El grupo participante incluyó un 54% de hombres y un 46% de mujeres. Los docentes seleccionaron a los estudiantes mediante pruebas estandarizadas y sistemas de evaluación aplicados en los centros educativos.
Dora Hernández Vargas, coordinadora del proyecto en la UNA, explicó el enfoque del proyecto: “El objetivo consistió en acelerar el aprendizaje en lectura de estudiantes de cuarto grado mediante tutorías dirigidas a poblaciones con bajos niveles de comprensión lectora en distintas regiones del país”.
Hernández Vargas añadió que “las tutorías estuvieron a cargo de estudiantes de pedagogía de la UNA, de las carreras de Educación Preescolar, Educación Especial y I y II ciclo, acompañados por académicas que supervisaban el trabajo”.
El modelo de tutorías remotas consiste en sesiones de instrucción individual o en grupos pequeños, con un enfoque en habilidades fundacionales de lectura y escritura. Cada estudiante recibió dos llamadas semanales de 30 minutos y mensajes de texto para el seguimiento de tareas.
La medición del progreso lector se efectuó mediante pruebas estandarizadas aplicadas antes y después del programa, elaboradas con el acompañamiento del proyecto MIA de la Universidad Veracruzana de México, cuyos especialistas participaron en la validación de los instrumentos.
Adriana Carmona, tutora en la región de Aguirre, describe el cambio observado durante las sesiones de trabajo: “en poco tiempo he logrado ver avances significativos y el desarrollo de habilidades en la lectoescritura del estudiantado”. Otros tutores, como Diego Hernández Hidalgo, de la región de Sulá, también experimentaron otros beneficios: “el proyecto me ha permitido conocer y trabajar con dos poblaciones completamente diferentes”.
Asimismo, las familias reportaron cambios en el proceso de aprendizaje. Marian, estudiante participante, solicitó continuar con las lecciones tras notar avances en lectura. Su madre comentó: “yo siento que el proyecto es una gran herramienta y una gran ayuda, Marian ha progresado en la lectura porque le costaba poquito”.
Daniel Herrera Vega, tutor del programa, destaca el vínculo que se genera durante el acompañamiento: “ayudo a los estudiantes con su proceso de lectura y yo también he aprendido muchísimo”.
Uno de los estudiantes atendidos por Herrera describe la dinámica del proceso: “Él me ayuda, me escucha y también hacemos cosas juntos, como cuando leemos las lecturas. Si me equivoco él nunca me dice cosas ofensivas y siempre me está prestando atención a mí”.
La intervención responde a los rezagos en habilidades lectoras que registran estudios educativos en el país. Los resultados de PISA 2018 indican que el 45% de los estudiantes de 15 años en Costa Rica carece de habilidades básicas en lectura. El Informe Estado de la Educación 2021 señala que el 60% del estudiantado de primaria no interpreta el contenido de los textos que lee.
El Estudio Regional Comparativo y Explicativo también documenta una alta proporción de estudiantes sin capacidad para comprender información implícita en textos.
Costa Rica forma parte de una red de 17 países de América Latina y el Caribe que aplican este modelo de tutorías con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 2021, la iniciativa regional ha atendido a más de 50.000 estudiantes en más de 300.000 sesiones de tutoría en países como El Salvador, México, Brasil y República Dominicana.
Las evaluaciones del programa muestran que el grupo que recibió tutorías alcanzó resultados superiores en lectura frente al grupo de control en los países donde se aplicó el modelo.
El pilotaje ejecutado en Costa Rica corresponde a la primera fase de un plan de tres etapas. El Ministerio de Educación Pública y sus socios técnicos preparan la fase de escalamiento para ampliar la cobertura hacia más estudiantes en condición de vulnerabilidad. La estrategia plantea incorporar el acompañamiento personalizado como política pública con el fin de reducir el rezago en habilidades de lectura en el sistema educativo nacional.
Más de 2.000 estudiantes de escuelas unidocentes acceden a clases de inglés por primera vez desde 2026 en 100 centros educativos rurales del país, tras varios años sin acceso a esta materia, gracias al proyecto Hummingbird Learning, que surgió de una alianza entre la Universidad Nacional (UNA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). La iniciativa busca cerrar la brecha educativa que afecta a estudiantes de territorios rurales.
El programa introduce clases de inglés por videoconferencia, impartidas por docentes especializados, mientras el maestro unidocente acompaña el proceso en el aula.
Según datos citados por Carolina Carillo Artavia, coordinadora del proyecto, en Costa Rica existen cerca de 1.200 escuelas unidocentes. En estos centros, un solo docente atiende todos los niveles de primaria, lo cual limita la incorporación de materias como inglés y marca una diferencia frente a estudiantes de zonas urbanas, que sí reciben esta formación desde edades tempranas.
Durante cada sesión, un docente especializado imparte la clase en tiempo real mediante plataformas digitales. El educador de la escuela organiza el grupo, responde consultas y guía las actividades, pero el contenido también integra herramientas tecnológicas con el aprendizaje del idioma.
Oldemar Zúñiga Duarte, director de la Escuela El Jardín, de Pérez Zeledón, describió el impacto del proyecto en su centro educativo. “Fue una innovación en todo sentido por la oportunidad que le están dando a los estudiantes de tener acceso a la enseñanza del inglés en estas escuelas”, mencionó.
Las lecciones integran actividades que relacionan el idioma con experiencias cotidianas. Cada aula cuenta con espacios denominados Hummingbird Corners, donde el grupo mantiene contacto con materiales visuales y recursos en inglés durante la jornada escolar.
Carillo Artavia explicó que la iniciativa contribuye a reducir la desigualdad. “Nuestro pilotaje busca disminuir una brecha educativa histórica que ha habido en la educación, ya que las escuelas unidocentes quedan en zonas geográficas cuya condición del camino y su lejanía no permiten que docentes de materias complementarias asistan”, indicó. La académica añadió que el estudiantado también adquiere habilidades tecnológicas mediante el uso de tabletas y pizarras interactivas.
Dami Ainara Rojas Mora, estudiante de quinto año de la Escuela El Jardín, contó parte de su aprendizaje: “Lo disfruto más (las clases virtuales), aveces usamos las tabletas, escaneamos los códigos y empezamos a jugar en inglés”. La estudiante destacó actividades como el aprendizaje de números y los bailes que forman parte de las sesiones.
El proyecto avanza en dos etapas: la primera inició en 2024 con 35 escuelas, con el fin de evaluar condiciones pedagógicas y tecnológicas. La segunda etapa amplió la cobertura a 100 centros educativos desde finales de 2025.
Las instituciones participantes mantienen seguimiento sobre la conectividad, el uso de equipos y los cambios en el personal docente de cada escuela, acciones con las cuales se procura sostener el funcionamiento del modelo en las comunidades participantes.
El acceso al idioma representa un desafío en zonas rurales del país. Según datos del proyecto, solo un 3% de la población rural cuenta con un nivel aceptable de inglés.
Se suele asociar la imagen de un niño con los juegos, las risas y el aprendizaje de un mundo por descubrir. Sin embargo, la realidad esconde una faceta de la cual poco se habla: la depresión en edades infantiles.
Para la académica Tamara Fuster, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), “la depresión puede suceder en todas las etapas de la vida; lo que ocurre es que va a tener manifestaciones distintas”. Una de las diferencias es que sus síntomas no se reflejan de manera tan directa en la tristeza, sino más bien en actos de irritación. “Son chiquillos que, de repente, van a tener rabietas fuertes o que van a explotar por cualquier cosa”, expresó.
Otra sintomatología a la que deben prestar atención los padres son los cambios repentinos en el comportamiento, que los lleven a no disfrutar de las mismas actividades que antes les llamaban la atención. Al tratarse de personas que, por su edad, son más dadas al juego, una forma posible de identificar dichos cambios es cuando están faltos de energía, sin deseos de socializar y tienden más bien al aislamiento.
Otro factor está relacionado con cambios fisiológicos que evidencian patrones alterados del sueño o de la alimentación. Por ejemplo, si el niño o niña duerme en exceso o muy poco.
La depresión en niños tiene una característica que la diferencia de este tipo de afecciones en otros grupos etarios: la posibilidad de comunicar emociones. “Los adultos tienen más capacidad de expresar lo que sienten, tienen un desarrollo del lenguaje diferente e incluso una comprensión de su realidad muy distinta con respecto a un niño”, explicó Fuster.
Sin embargo, la especialista también indicó que los padres de familia deben identificar cuándo se podría estar ante un sentimiento de tristeza o un cuadro depresivo. “La tristeza es una emoción básica que experimentamos todas las personas y que, hasta cierto punto, es normal o incluso adaptativa. Uno puede sentirse triste ante la pérdida de un ser querido”.
Las causas de la depresión en edad infantil son diversas. Se originan a partir de predisposiciones genéticas o de situaciones en la crianza, donde no se crea un vínculo de seguridad entre la persona menor de edad y sus padres. La presión académica, las cargas y horarios extenuantes, así como factores internos en las escuelas relacionados con acoso o bullying, son otros elementos que pueden propiciar este tipo de situaciones.
La académica Tamara Fuster dio algunas recomendaciones ante estos casos. Una de ellas es dejarlos expresar sus emociones sin juzgarlos ni regañarlos de entrada. Es importante, además, manifestarles afecto mediante el contacto físico, por medio de abrazos o chineos. Por otra parte, se debe tener más paciencia y entender qué les está afectando cuando se presentan actitudes de irritabilidad.
La vulnerabilidad está en la fatiga atencional y en los sesgos de confianza, donde los ciberdelincuentes imitan instituciones, bancos y familiares con niveles de sofisticación crecientes.
Johnny Núñez Z. / CAMPUS
El 84% de los delitos cibernéticos se concentran en dos modalidades: estafa informática (62.1%) y suplantación de identidad (21.7%), lo que confirma que la principal vulnerabilidad no radica en la tecnología, sino en el factor humano. En este, los delincuentes digitales se aprovechan de la confianza y la fatiga mental de las personas como la estrategia más efectiva de ataque.
Así lo reveló el tercer informe del Estado de la Ciberseguridad en Costa Rica 2025, elaborado por el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad (LabCIBE) de la Universidad Nacional (UNA), en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación.
Roberto Lemaitre, investigador de LabCIBE-UNA, detalló que el informe incorpora datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), correspondientes al período 2018-2025. Entre enero de 2018 y agosto de 2025, se registraron 40.457 denuncias por delitos informáticos en Costa Rica, con un crecimiento que multiplica por 6.4 el volumen inicial de la serie.
Lemaitre agregó que el crecimiento ha sido exponencial: entre 2023 y 2024, las denuncias aumentaron un 96.7%: pasaron de 5.287 a 10.398 casos. “En 2025, con datos hasta agosto, se superó el total del año anterior con 10.598 denuncias”, explicó el investigador.
En cuanto a las regiones más perjudicadas por la ciberdelincuencia, el 79% de los casos se concentra en la gran área metropolitana (GAM), encabezado por San José (38.2%), seguido de Alajuela (19.2%), Heredia (11.4%) y Cartago (10.4%). Esta concentración refleja la densidad de población y la mayor actividad económica y digital de la región central.
En relación con el perfil de las víctimas, el 86% de las personas tiene entre 18 y 64 años, con incidencia en el grupo de 30 a 39 años (25.2%), precisamente la población económicamente activa con mayor exposición a servicios financieros digitales. A la vez, la distribución por sexo muestra una afectación al 49.9% de mujeres y 45,7% de hombres, lo que confirma que la vulnerabilidad no está ligada con el género ni al nivel de alfabetización digital.
Lemaitre indicó que, en materia de controles técnicos, el informe identifica niveles de adopción que varían según la herramienta. Los controles con mayor implementación son la autenticación multifactorial o MFA (84.5%), la gestión de identidades mediante Active Directory/IAM (84.5%) y los firewalls de nueva generación/NGFW (83.8%).
En un segundo nivel se ubican el filtrado web y DNS (76.8%), las soluciones VPN/SD-WAN (71.1%) y las herramientas de detección y respuesta extendida EDR/XDR (64.8%). El antivirus y antimalware tradicional, percibido como control básico universal, alcanza apenas el 55.6%, lo que evidencia que algunas instituciones han adoptado tecnologías avanzadas sin haber consolidado los fundamentos.
La adopción de inteligencia artificial en ciberseguridad muestra avances incipientes, pero con resultados prometedores. El 20% de las instituciones ya usa o aplica IA en sus procesos de ciberseguridad: 12.59% en producción y 7.69% en fase piloto. Entre quienes la implementan, el 64% la valora como efectiva o muy efectiva. Sin embargo, solo el 7% cuenta con un equipo dedicado con capacidades específicas en IA.
En esta edición, los principales desafíos para implementar o escalar soluciones de IA en ciberseguridad presentan una distribución más diversificada que en 2024. Mientras en la medición anterior la preocupación central era la falta de personal especializado (100%), en 2025 los retos prioritarios son: integración con herramientas y plataformas existentes (46.6%), costos de implementación (39.7%) y calidad y gobernanza de los datos (36.2%). Adicionalmente, cobran peso la seguridad de los modelos de IA (29.3%) y la gobernanza de su uso (31%).
En cuanto a formación en IA, el 38.98% de las instituciones no invierte actualmente en capacitación en IA aplicada a ciberseguridad, cifra superior al 37.5% de 2024. Solo el 10.17% asigna presupuesto dedicado y el 22.03% lo hace de manera puntual.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu cargan en sus espaldas la presión política de revalidar su poder en un segundo semestre que determinará su futuro.
De manera conjunta, Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán el 28 de febrero, en una guerra que ha generado desestabilización geopolítica y consecuencias humanitarias y económicas. Aunque con fines distintos, ambos países comparten en este 2026 una causa común: la realización de elecciones que son trascendentales para el futuro político de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
Por un lado, en la nación norteamericana se llevarán a cabo las elecciones legislativas de medio período, que determinarán si el Partido Republicano conservará el dominio bicameral o, por el contrario, pierde fuelle político frente al Partido Demócrata. Por otro lado, están las pretensiones de Netanyahu de enquistarse aún más en el poder israelí y despejar cualquier amenaza de castigo ante las acusaciones por crímenes de guerra y corrupción.
Dos realidades distintas y dos desafíos que determinarán el futuro político de ambos líderes: uno global y otro con más influencia regional.
En un inicio, se pensó en la estrategia de la guerra como una mirada de reojo pensando en estas elecciones. Sin embargo, las posiciones oficiales, tanto de Estados Unidos como de Israel muestran otras versiones: el riesgo del desarrollo de armamento balístico por parte de Irán, su programa nuclear, la caída del régimen islámico y la desaparición de las milicias que lo apoyan, como Hizbulá.
El 3 de noviembre se realizarán las elecciones intermedias en Estados Unidos. Se elegirá una nueva composición del Congreso, que incluye los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado.
Actualmente, los republicanos ostentan una leve mayoría en ambas cámaras. Preservar o perder ese estatus es lo que está en juego de cara a esta elección. La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) invitó al académico Zidane Zeraoui, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para referirse a los aspectos fundamentales de la guerra y sus efectos colaterales.
Desde su perspectiva, antes del estallido militar, Donald Trump venía enfrentando cuatro situaciones adversas para su imagen y a su proyecto MAGA (Make American Great Again). Uno de ellos fue el fallo de la Corte Suprema contra el paquete de aranceles que el mandatario impuso a socios comerciales, al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Casi de manera simultánea, estallaron las revueltas populares por las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que conllevó al fallecimiento de dos ciudadanos norteamericanos en el estado de Minnesota. Por otra parte, la revelación de nuevos archivos del caso Epstein y un debilitamiento del dólar, sumados a una persistente inflación, pudieron generar un interés por parte de Trump de reimpulsar su imagen por medio de una incursión militar.
“Existe una fuerte crítica hacia su administración (la de Trump). Hoy día, hay un 36% de aprobación de sus actividades. Si se dan elecciones en el contexto actual, tendría serios problemas para mantener una mayoría republicana en el Congreso”, indicó Zeraoui.
No obstante, la realidad superó las expectativas en cuanto a la incursión militar. Las oscilaciones en los precios mundiales del petróleo, que tienen como trasfondo la inestabilidad en el estrecho de Ormuz (por donde transita el 20% de la producción mundial), no solo han inquietado a los mercados, sino también a los propios ciudadanos estadounidenses, que ven con preocupación cómo su condición financiera se ha ido deteriorando.
El mes anterior, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos reducir la velocidad para consumir menos gasolina y optar por el teletrabajo, mientras los precios globales han superado en varias ocasiones los 110 dólares por barril de crudo, siempre al vaivén de las declaraciones de los protagonistas de una guerra cuya tregua se sostiene con alfileres.
En una transmisión en vivo sobre el tema, que se realizó desde UNA Comunica, el académico Luis Diego Segura, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, enfatizó que actuales congresistas republicanos optarían por no someter su nombre a una posible reelección, ante el pesimismo que les genera la imagen de Trump de cara a las elecciones.
“Ya hay entre 35 y 36 miembros del Partido Republicano que dijeron: ‘no vamos a postularnos’. Una de las razones principales es que saben que van a perder. Eso significa que los republicanos deben buscar nuevos candidatos para ir a esos distritos a competir en un momento de poca popularidad”, indicó Segura.
La posición israelí no desentona con la de su aliado estadounidense, en un contexto donde la imagen del presidente se ha deteriorado. “Netanyahu ha buscado adelantar las elecciones para junio aprovechando el calor de este enfrentamiento con Irán y de haber asesinado al líder supremo Alí Jamenei, pero no lo va a lograr, porque hay un gran rechazo a esa propuesta”, detalló Zidane Zeraoui.
El primer ministro de Israel enfrenta hoy un desgaste político y críticas continuas por su intervención en Gaza (en octubre se cumplen tres años del inicio de la intervención), que ha provocado el deceso de más de 73 mil palestinos y de 2 mil israelíes, sumados a miles de desplazados. Este es el centro principal del conflicto, en procura de eliminar todo vestigio relacionado con la milicia de Hamás.
Si bien la mayoría (80%) de la opinión pública israelí respalda las operaciones militares en Irán y Líbano, esta posición no se traduce en un apoyo infranqueable en favor de Netanyahu. Sondeos realizados en marzo detallan que su partido, Likud, perdería escaños en el Congreso, lo que afectaría a la coalición para mantener una mayoría absoluta.
Una derrota de Netanyahu pondría fin a 16 años de mandato, repartidos en tres periodos no consecutivos, y lo expondría a enfrentar eventuales juicios por presuntos actos de corrupción a lo interno del país, así como a la acusación y orden de arresto planteadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos en Gaza.
La dramaturgia parte de la vida de Julio Escámez como un territorio de rupturas, donde la persecución política, el desplazamiento, la creación artística y la memoria dialogan con el presente.
Laura Ortiz C. / CAMPUSEl próximo sábado 9 de mayo se estrena Fragmentos de Julio, una propuesta del proyecto Teatro UNA, con los aportes del Taller de dramaturgia y el Laboratorio escénico digital de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (EAE-UNA). “Lejos de proponer una reconstrucción biográfica lineal, la obra activa el legado del pintor y muralista chileno Julio Escámez, mediante una dramaturgia fragmentaria que articula memoria, archivo, testimonio y experimentación estética”, dijo Ailyn Morera, académica de la EAE-UNA, quien trabajó la propuesta dramatúrgica y quien codirige la puesta en escena.
Fragmentos de Julio es una propuesta escénica que reconstruye la vida del muralista a través de imágenes, memorias y testimonios. La puesta en escena recorre su infancia, su compromiso artístico, la violencia política en Chile y su exilio en Costa Rica.
Más que narrar una biografía, la obra activa su legado como experiencia: el arte aparece como resistencia, memoria y acto político. En escena, el pasado no se representa, se vuelve presente e invita al espectador a completar los fragmentos y repensar el lugar del arte en la historia y en la vida.
Antes de su llegada a Costa Rica, en 1974, Escámez, nacido en Chillán en 1925, ya era una figura relevante dentro del muralismo chileno y latinoamericano. Fue discípulo de Laureano Guevara y se vinculó con los movimientos artísticos de izquierda que promovían un arte comprometido socialmente.
De acuerdo con Morera, la obra “es una propuesta de teatro documental que incluye ficción y rinde homenaje a don Julio Escámez por su trayectoria universitaria y su aporte a la cultura y el arte de este país”.
Este proyecto articula a estudiantes y académicos de Teatro UNA, del Taller de Dramaturgia y del Laboratorio Escénico Digital. “Hemos tenido acompañamiento por parte de la profesora Marta Rosa Cardoso, en colaboración con el Centro de Gestión del Acervo Artístico (CGAA-UNA) y la Escuela de Arte y Comunicación Visual, custodios de la obra y el archivo de Escámez”, comentó Mario Blanco, coordinador de Teatro UNA y codirector de la obra.
La puesta mezcla archivos, testimonios, escenas dramatizadas y lenguajes contemporáneos asociados con el Laboratorio Escénico Digital. En la puesta en escena participan los estudiantes Kevin Leiva Salazar, Daniel Calvo Fernández, Fiorella Castillo Calvo y Kendall Rojas González.
Fragmentos de Julio se estrenará el sábado 9 de mayo a las 7 p.m. en el Teatro Atahualpa del Cioppo, en el marco de la inauguración del Festival Conexiones Escénicas, y continuará su temporada el domingo 10 de mayo a las 5 p.m. La entrada es gratuita; debe llenar un formulario que pronto estará disponible en las redes sociales de la EAE-UNA. Más información por WhatsApp: 2277-3531 .
Del 9 al 16 de mayo, la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (EAE-UNA) realizará la tercera edición de Conexiones Escénicas 2026. Durante ocho días, el campus Omar Dengo, en Heredia, concentrará talleres, funciones y espacios de intercambio con artistas de Argentina, Chile, México, Brasil y Costa Rica.
La programación incluye talleres de Biodrama, dramaturgia, técnica vocal y técnica actoral Kathakali, así como presentaciones escénicas abiertas al público. Las actividades se desarrollarán en la Escuela de Arte Escénico, el Teatro Atahualpa del Cioppo y el Centro para las Artes.
La edición 2026 incorpora a cuatro creadoras con trayectorias ligadas a procesos pedagógicos y de investigación escénica.
La argentina Vivi Tellas es reconocida por desarrollar el Biodrama, una línea de trabajo que explora materiales documentales y relatos de vida en escena. Ha dirigido proyectos en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires y su enfoque vincula teatro y memoria a partir de experiencias reales.
Desde Chile participa Coca Duarte, dramaturga y docente con trabajo en escritura escénica contemporánea. Su práctica se centra en procesos de creación colectiva y en el desarrollo de lenguajes dramatúrgicos vinculados a contextos sociales.
La mexicana Eugenia Cano llega con formación en técnica actoral Kathakali, disciplina originaria del sur de India que integra cuerpo, gesto y entrenamiento físico riguroso. Su trabajo conecta teatro intercultural y prácticas tradicionales, con énfasis en el entrenamiento del intérprete.
También se suma Gina Monge, costarricense radicada en Brasil, investigadora en técnica vocal. Su trabajo aborda la voz como herramienta expresiva y corporal, con énfasis en procesos de formación actoral y exploración sonora.
La presencia de estas artistas busca generar diálogo entre metodologías diversas y contextos de producción escénica en América Latina, en un formato que combina docencia y práctica artística.
Además de los espacios formativos, la agenda incluye el estreno de Fragmentos de Julio, propuesta del proyecto Teatro UNA que integra el Taller de Dramaturgia y el Laboratorio Escénico Digital el 9 de mayo a las 7 p.m. en el Teatro Atahualpa del Cioppo, presentaciones de la Compañía Danza UNA y muestras de estudiantes de dramaturgia y dirección.
El cierre estará a cargo de Eugenia Cano con la obra IXTAB: caminando por los aires. La obra es un ensayo sobre la naturaleza humana que narra dos historias paralelas: la historia de Ixtab, diosa maya del suicidio, y la historia de Barbaciana, una mujer que, siendo niña, es testigo del suicidio de su madre. El espectador presencia pesadillas que se repiten como una maldición heredada por las mujeres de la familia de Barbaciana.
Todas las actividades serán gratuitas. La convocatoria está dirigida a estudiantes, personas vinculadas al teatro y público general. Debido al cupo limitado en talleres y funciones, se recomienda realizar reservas previas mediante los formularios que se publicarán en las redes sociales de la Escuela de Arte Escénico. Para más información, puede escribir al WhatsApp: 2277-3531
El 18 de abril de 1996, seis parejas de estudiantes se presentaron en la explanada 11 de abril del campus, con tres coreografías basadas en ritmos populares latinoamericanos.
El 18 de abril de 1996, seis parejas de estudiantes se presentaron en la explanada 11 de abril del campus, con tres coreografías basadas en ritmos populares latinoamericanos. Aquella presentación marcó el nacimiento del grupo de baile popular Querube, una agrupación que tres décadas después, suma cerca de 700 estudiantes en su historia.
El grupo nació a partir de talleres de baile que comenzaron a impartirse en la universidad a mediados de los años noventa. El interés estudiantil creció rápidamente y dio paso a la creación de una agrupación representativa que combina formación artística con participación cultural dentro y fuera del campus.
Su repertorio incluye salsa, merengue, bolero y swing criollo —declarado patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica en 2011—, además de otros ritmos que se incorporaron con el paso del tiempo, como bachata, tango y estilos urbanos.
Más que un espacio de baile, la agrupación se convirtió en un punto de encuentro para estudiantes de distintas carreras. En sus filas participan jóvenes de educación, economía, biología, química e incluso física aplicada.
Entre quienes integran actualmente la agrupación se encuentra Kiany Arce Carvajal, estudiante de cuarto año de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, quien llegó al grupo desde su primer año, motivada por su interés por el baile. “Desde el colegio sabía que quería seguir bailando. Un amigo me habló de las audiciones de Querube y decidimos intentarlo. Había muchísima gente y pensé que no iba a pasar, pero por dicha sí lo logré. Entré desde mi primer año en la universidad y ha sido una experiencia muy bonita”, comentó.
A lo largo de los años, la experiencia también trascendió las fronteras universitarias. Desde su primera gira internacional en Nicaragua, en 1999, el grupo ha representado a Costa Rica en 28 países, en festivales y encuentros culturales en América Latina y otras regiones.
Con cada generación de estudiantes que se gradúa inicia un nuevo proceso: audiciones, ensayos y la formación de bailarines que, con el tiempo, se convierten en embajadores culturales de la universidad.
Para quienes han formado parte del grupo, el proceso deja huellas que van más allá del escenario. “Uno empieza con muchachos de distintas carreras que apenas están entrando a la universidad y años después, los ve graduarse y seguir siendo amigos. Eso es de lo más gratificante que deja el grupo”, comentó Gerald Salazar Gómez, su director.
Por su parte, José Andrés Camacho, estudiante de cuarto año de la carrera de Administración, cuenta cómo es su experiencia al ser parte del grupo de baile: “Formar parte de Querube ha sido muy importante para mí. Cuando entré a la universidad no tenía tanta facilidad para relacionarme con otras personas y el grupo me ayudó a crecer, a comunicarme mejor y a desarrollarme en el baile. Llegué sin saber nada y aquí encontré compañeros que me enseñaron y me ayudaron a mejorar. Ha sido un proceso de crecimiento personal, artístico y también profesional”.
Tres décadas después de aquella primera presentación, el grupo celebró su aniversario con un espectáculo que reunió a nuevas generaciones de bailarines universitarios. La actividad se realizó el 18 de abril en el Auditorio Cora Ferro Calabrese e incluyó nuevas coreografías, entre ellas un montaje de rueda de casino cubano, además de otros ritmos latinoamericanos que forman parte de su repertorio.
Para quienes asistieron, fue una oportunidad para ver cómo el arte que nació entre pasillos universitarios, guitarras improvisadas y pasos de baile durante los años noventa continúa reuniendo generaciones de estudiantes en un mismo escenario.
A la hora del almuerzo, cuando el movimiento de estudiantes suele concentrarse en las sodas, pasillos y zonas verdes, la música empieza a escucharse en la explanada ubicada frente a la soda-comedor Padre Royo, en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA). Algunos pasan de largo, otros se detienen. Poco a poco se forma un público frente a un escenario improvisado para las guitarras, el canto, la poesía, el baile, la danza o el teatro. Lo que para muchos es solo una pausa en medio del día, para otros es un ritual que se repite cada jueves desde hace más de dos décadas.
Ese momento forma parte de Encuentros Meridianos, un espacio cultural que nació el 25 de abril de 2001 en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE), con el objetivo de abrir un lugar gratuito para la manifestación artística dentro del campus universitario.
La actividad se inauguró con la participación de Teatro Gestus, Trova UNA y el cuentacuentos Reinaldo Amién, durante un acto que contó con las palabras de la entonces rectora Sonia Marta Mora Escalante, el vicerrector de Vida Estudiantil, Heriberto Valverde Castro, y la directora del departamento, Rocío Carvajal Sánchez.
Desde entonces, el espacio se transforma semanalmente en un escenario abierto donde estudiantes, agrupaciones y artistas invitados comparten su trabajo frente a la comunidad universitaria. “Hoy sigue siendo un espacio que visibiliza el talento estudiantil y que ofrece una pausa cultural dentro de la rutina académica”, recordó Jimena Valverde Chacón, coordinadora del proyecto.
A lo largo de este cuarto de siglo, han pasado por este escenario artistas como Dionisio Cabal, Hugo Castillo, Alex Piedra, Óscar Espinoza, Esteban Chavarría, Antonio Alvarado, Johnny Man y LuisGa Loría.
En los últimos años, el proyecto mantiene una programación constante. Durante 2023 se realizaron 43 actividades, con la participación de 331 artistas y una asistencia de 1.976 personas. En 2024 se registraron 32 actividades presenciales, con 295 artistas y 1.701 asistentes. Para 2025 se contabilizaron 31 actividades, 338 artistas participantes y 1.659 personas. En lo que va de 2026 ya se han realizado ocho presentaciones, con 29 artistas y 414 personas de público.
Para María Isabel Castro Morales, estudiante de la Escuela de Música, este escenario se convirtió en una oportunidad para compartir su trabajo artístico con la comunidad universitaria. “Entré a la Rondalla UNA en mi primer año de carrera y ahí empecé a participar en Encuentros Meridianos. Luego me invitaron como solista. Es un espacio muy bonito porque se siente el apoyo de los estudiantes”, comentó.
Además, para Castro estas presentaciones han sido parte de su formación artística. “Me ha permitido compartir mi música, conocer colegas y ganar experiencia frente al público”, afirmó.
Para Josué Naranjo Gamboa, estudiante de Enseñanza de Estudios Sociales e integrante de Barbac Danza Folclórica, el proyecto representa un espacio de encuentro cultural dentro del campus. “Es un espacio donde se comparte cultura y donde los estudiantes pueden mostrar su talento mientras otros disfrutan un momento diferente durante el almuerzo”, expresó.
Cada jueves, mientras el reloj marca el mediodía, el campus vuelve a transformarse por unos minutos en un escenario abierto donde el arte comoplementa la rutina universitaria. Lo que comenzó como una pausa cultural en la jornada académica se convirtió, con el paso de los años, en una tradición.
Durante el 25 y 26 de abril, el Teatro Atahualpa del Cioppo fue el escenario de la obra La mula que me parió, un unipersonal dirigido y protagonizado por el creador escénico costarricense Andy Gamboa Arguedas, que llevó a la escena universitaria el proyecto Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (UNA).
Esta propuesta teatral se adentra en los territorios íntimos de la memoria familiar, el linaje y las huellas invisibles que atraviesan generaciones. A través de una dramaturgia que combina humor, crudeza y poesía escénica, la obra exploró la figura de la madre, la genealogía y las marcas que la familia imprime en los cuerpos y las identidades.
En escena, el cuerpo del intérprete se convirtió en un archivo vivo donde emergieron recuerdos, fantasmas y preguntas sobre el origen y la herencia. La pieza forma parte de una investigación escénica más amplia, desarrollada por el artista en torno al cuerpo como archivo, eje central de varios de sus proyectos teatrales.
La mula que me parió se inscribe dentro de la tetralogía Archivo de sangre, un conjunto de obras que indagan en la memoria familiar y las marcas de la violencia íntima, y proponen una poética donde lo autobiográfico dialoga con lo político y lo ritual.
Gamboa Arguedas es creador e intérprete de la tetralogía Archivo de sangre, integrada por los unipersonales Memoria de Pichón, Autopsia de una Sirena, Señor de Señores y La mula que me parió. Su obra Memoria de Pichón ha recibido tres reconocimientos en Cuba, mientras que Autopsia de una Sirena fue galardonada con el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de actuación.
Durante una reciente jornada de trabajo se definieron las áreas estratégicas y el acompañamiento de la Universidad Nacional (UNA).
Como parte del proceso de ejecución de la política territorial Norte–Norte con visión al 2050, la Vicerrectoría de Extensión, diversas unidades académicas de la Universidad Nacional (UNA) y líderes comunales de Upala, Guatuso y Los Chiles realizaron un segundo encuentro de trabajo, en el que se analizaron seis de las diez iniciativas estratégicas planteadas en una fase inicial.
El encuentro, que se organizó en Guatuso, se centró en definir posibles vías de acompañamiento académico en áreas clave como gobernanza del agua y gestión del riesgo, turismo con identidad cultural, desarrollo agroproductivo, titulación de tierras en asentamientos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), capacitación municipal, y protección de corredores biológicos.
La vicerrectora de Extensión de la UNA, Yolanda Pérez, destacó que la academia aportará su capacidad docente, infraestructura y experiencia técnica para fortalecer las acciones en los territorios. En ese marco, anunció la puesta en marcha de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Pública en el Territorio, mediante la cual personal académico y jubilado se desplazará a las comunidades para compartir conocimientos y promover el diálogo de saberes con actores locales.
Asimismo, se prevé la articulación con diversas instituciones para atender problemáticas como el turismo y la gestión del recurso hídrico. Pérez añadió que, tras la identificación de proyectos, la siguiente etapa consistirá en la formulación de programas y acciones académicas específicas, las cuales se presentarán en un tercer encuentro en Upala.
En materia de corredores biológicos, Omar Barrantes, académico de la Escuela de Ciencias Geográficas, explicó que se priorizaron proyectos urgentes para atender la vulnerabilidad de estos sistemas y su relación con actividades productivas. Entre ellos destacan: monitoreo de humedales, inventarios de fauna y flora, evaluación de la degradación de ecosistemas y análisis de la ausencia de pasos de fauna silvestre. A la vez, se definieron los ejes transversales para la ejecución de un programa o proyecto de investigación en colaboración con la UNA.
Respecto al turismo con identidad cultural, se busca posicionar la región Norte–Norte como un destino que genere empleo e ingresos, y contribuya a reducir la migración. Claudia Silva, presidenta de la Cámara de Turismo de Río Celeste y Bijagua (Caturi), subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector empresarial, instituciones y academia para comercializar la oferta turística. Señaló que, aunque territorios como Upala, Aguas Claras, Dos Ríos y Gavilán presentan mayor desarrollo, aún requieren de mayor auge. Y en el caso de Los Chiles se necesita un impulso más decidido.
En el ámbito agroproductivo, el catedrático jubilado Manuel Barahona indicó que el principal reto identificado es la comercialización. “Se trata del eslabón crítico de la cadena productiva, donde se requiere apoyo inmediato y estrategias sostenidas a partir de 2027”.
En esa misma línea, Kenneth Serrano, del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, coincidió en que, pese a la capacidad productiva existente, el principal obstáculo es la colocación de los productos en el mercado. “Los productores son capaces de producir y contar con diversos sistemas y productos, pero el ´cuello de botella´ principal es la venta de sus cosechas. En áreas como producción, siembra, mercadeo, estrategias y valor agregado, el acompañamiento de la UNA sería de gran ayuda al sector”, afirmó.
En cuanto a la formación comunitaria y municipal, Adilia Reyes, presidenta del Concejo Municipal de Upala, destacó la necesidad de capacitación en procesos presupuestarios y gestión de recursos humanos. “La UNA es un aliado clave para fortalecer las capacidades institucionales en la región”, indicó.
Sobre la titulación de tierras, el académico Steven Oreamuno enfatizó la importancia de reactivar y fortalecer el convenio con el Inder para mejorar la titulación de tierras en los tres cantones involucrados, dado que esto impide la generación de recursos para los gobiernos locales.
En gobernanza del agua y gestión del riesgo, la académica Nely López advirtió que se trata de desafíos complejos que exigen un abordaje sostenido y de largo plazo. Señaló que el proceso debe iniciar con actividades académicas y evolucionar hacia proyectos o programas que atiendan de forma integral las necesidades de los tres cantones. Además, subrayó la importancia de incorporar la percepción de riesgos y amenazas naturales —como eventos hidrometeorológicos, actividad volcánica y contaminación— que afectan las fuentes de agua.
La Universidad Nacional (UNA) puso en marcha la primera riobarda e islas regenerativas de la provincia de Heredia, una infraestructura de bajo costo diseñada para la recuperación mecánica y biológica del río Pirro.
Este hito tecnológico, desarrollado en conjunto con la iniciativa Río Urbano y el programa Transición hacia una economía verde urbana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca transformar los cauces urbanos de depósitos de residuos en ecosistemas resilientes, al integrar un enfoque de justicia social y equidad de género en la gestión del recurso hídrico.
La infraestructura instalada opera mediante un sistema complementario: la riobarda realiza la captura física de plásticos y residuos sólidos de gran tamaño, mientras que las islas regenerativas—bloques de vegetación nativa como el rabo de zorro—filtran contaminantes mediante absorción biológica a través de sus raíces.
Para validar la eficacia de este sistema, la UNA estableció una línea base científica mediante el monitoreo de 13 indicadores físico-químicos de calidad del agua, procesados en laboratorios especializados.
Durante la presentación del proyecto, Jaime Mora Arias, decano del Centro de Estudios Generales (Ceg-UNA), afirmó que la institución no es un observador pasivo de la crisis ambiental, sino un laboratorio vivo de resiliencia. “Nuestra relevancia no reside únicamente en la generación de conocimiento teórico, sino en la capacidad de transformar ese saber en soluciones tangibles que se ensucien las manos en el cauce de nuestros ríos”, mencionó Mora.
Esta visión fue respaldada por la Vicerrectora de Investigación, Silvia Argüello Vargas, quien enfatizó que el acceso al agua es un eje central de la justicia ambiental que interpela directamente la responsabilidad de las universidades públicas.
La urgencia de estas innovaciones se sustenta en datos críticos sobre la gestión hídrica nacional. Según Mauren Ballestero Vargas, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el modelo tarifario actual del país está colapsado, con un precio promedio del metro cúbico de agua de apenas cinco centavos de dólar, lo que impide inversiones en infraestructura moderna.
A esta crisis financiera se suma una pérdida del 60% del agua potable en las redes de distribución antes de llegar a los hogares, una ineficiencia que compromete la continuidad del servicio para las poblaciones más vulnerables.
Por su parte, la experta Ana María Soto Blanco, académica del IEM, advirtió que la organización social del agua nunca es neutral y requiere un pensamiento crítico que reconozca las desigualdades estructurales y la violencia que enfrentan las mujeres en el acceso a la tierra y los recursos.
Durante tres días, la Universidad Nacional (UNA) reunió a investigadores, productores y especialistas para discutir el impacto del cambio climático en el sector cafetalero y las decisiones que ya no se pueden postergar.
“Este taller es un ejemplo de articulación entre instituciones nacionales e internacionales, donde también participan productores y estudiantes. Lo que buscamos es que ese intercambio se traduzca en decisiones concretas en las fincas”, dijo José Alonso Calvo Araya, director de la Escuela de Ciencias Agrarias (ECA-UNA).
El taller Inteligencia climática para la resiliencia del café, convocó actores nacionales e internacionales en un espacio que combinó análisis técnico, intercambio de experiencias y construcción conjunta de propuestas.
“Estamos aquí con un objetivo común: fortalecer las bases científicas y tecnológicas que permitan orientar uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en la agricultura, que es el cambio climático, específicamente su impacto en la caficultura costarricense”, comentó el académico Alejandro Zamora Meléndez, coordinador del Laboratorio de Fisiología Vegetal y Genómica Funcional, de la Escuela de Ciencias Agrarias.
La discusión se centró en cómo traducir ese conocimiento en decisiones concretas. “El conocimiento por sí solo no va a transformar las realidades productivas; es necesario articular esfuerzos y promover espacios donde exista un diálogo entre la ciencia del clima, la agronomía y otras disciplinas, para llevar esas decisiones a nivel de finca”, añadió Zamora.
Desde la cooperación internacional, el enfoque coincidió en la necesidad de integrar saberes. “Nos esforzamos por tender puentes entre diferentes campos de conocimiento con el fin de promover soluciones prácticas a problemas del mundo real”, explicó Francisco Pereira, investigador del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO), en Bélgica, una organización aliada de la UNA dedicada a la investigación en tecnologías sostenibles.
Este taller se desarrolla en el marco del proyecto PANCAFE, iniciativa internacional que articula a la UNA con centros de investigación europeos, con el objetivo de fortalecer la respuesta del sector cafetalero ante el cambio climático. “Es un proyecto multidisciplinario donde nos unimos expertos en climatología, genética, inteligencia artificial y sostenibilidad social, económica y ambiental”, explicó Zamora.
El proyecto plantea trabajar en sistemas productivos más resilientes, con apoyo en investigación aplicada y tecnologías que permitan mejorar la toma de decisiones. “El objetivo es implementar una estrategia de adaptación al cambio climático que aumente la resiliencia de las fincas, utilizando tecnologías digitales y transformándolas en sistemas agrícolas precisos y regenerativos”, detalló el investigador.
Las universidades públicas defendieron la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que, según sostienen, fue interrumpida de manera precipitada y sin voluntad real de diálogo por parte del Poder Ejecutivo. Desde su perspectiva, la discusión no puede darse bajo la lógica de congelar los recursos de la educación superior ni mucho menos bajo amenazas de recorte o presiones para modificar de forma abrupta la redistribución interna del fondo, particularmente en perjuicio de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Jorge Herrera Murillo, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), y rector de la UNA, explicó que ofrecieron al Gobierno la posibilidad de ampliar oportunidades de formación técnica en áreas STEM en distintas regiones del país, contribuir a la construcción de un sistema nacional de empleabilidad, desarrollar un sistema de microcredenciales para personas que no han podido acceder a la educación superior, impulsar iniciativas de emprendimiento e innovación regional, y fortalecer la capacitación y actualización de docentes de primaria y secundaria. Sin embargo, “simple y sencillamente al gobierno no le interesó los proyectos que les presentamos”.
En la parte económica, Herrera la propuesta universitaria fue un aumento de 2,94% Destacó que ese porcentaje no era arbitrario, sino un promedio basado en proyecciones de inflación provenientes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y los informes macroeconómicos del Banco Central de Costa Rica.
El jerarca sostuvo además, que lo solicitado por las universidades responde al artículo 85 de la Constitución Política, el cual, según su interpretación, obliga a resguardar como mínimo el poder adquisitivo del financiamiento universitario. En esa línea, rechazó la idea de negociar el FEES 2027 sobre la base de una inflación negativa pues afirma que el financiamiento debe considerar que los indicadores económicos ya muestran una inflación positiva y una tendencia de crecimiento en los meses siguientes”.
Herrera insistió en que el proceso no puede darse por cerrado, y recordó que en el convenio firmado para la negociación del FEES 2026 quedó establecido que en junio de este año debía realizarse una revisión del comportamiento de la inflación, de modo que, si esta superaba el 1%, las universidades pudieran recibir la diferencia hasta un 1,5%. Según explicó, ese eventual 0,5% adicional pasaría a formar parte de la base presupuestaria del FEES 2027. Por eso cuestionó “la forma tan precipitada” en que el Gobierno quiso clausurar la negociación antes de julio, pues hacerlo impediría consolidar esa base y, en criterio universitario, no garantizaría el cumplimiento del marco constitucional.
El Ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, dijo en conferencia de prensa que el Ejecutivo rompió la negociación en la Comisión de Enlace al considerar que la solicitud universitaria era “abusiva”, “irracional” y financieramente inaceptable. Mencionó que la propuesta universitaria implicaría un incremento cercano a los 30 mil millones de colones, en un contexto de restricción fiscal, y se cuestiona además que las universidades no atendieran temas estructurales como la redistribución interna del FEES, las anualidades en el marco de la Ley de Empleo Público, el crecimiento de carreras STEM y la matrícula.
La Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) otorgó el aval al programa de Educación y Formación Técnica en Electrónica Básica Aplicada (nivel I), propuesto por la Sede Regional Chorotega, el pasado 4 de marzo de 2026.
El programa, que está proyectado para iniciar en el segundo ciclo de este año, tendrá una duración de 480 horas, distribuidas en aproximadamente 10 meses, y responde a la ruta temática institucional para programas técnicos. Además, se ejecuta en el marco del proyecto ARE-VER (013351-0000), que busca consolidar una oferta formativa orientada a las demandas del entorno productivo regional.
El académico Óscar Caravaca Mora, de la Sede Regional Chorotega de la UNA, responsable de desarrollar esta propuesta, destacó que “este aval representa un reconocimiento a la calidad académica, la pertinencia y el rigor con el que fue formulado el programa”. Asimismo, subrayó que este respaldo confirma la alineación con el modelo de educación permanente de la UNA y su compromiso con el desarrollo territorial.
La implementación del programa—se plantea en el aval—deberá responder al Marco Nacional de Cualificaciones de Costa Rica, para garantizar su pertinencia y su vínculo con las necesidades del mercado laboral. En ese sentido, Caravaca explicó que uno de los pilares de la propuesta es su enfoque práctico: “se valoró que el programa promueva procesos de formación técnica con un fuerte componente práctico, orientado al desarrollo de competencias laborales”.
Entre los aprendizajes esperados, el programa busca que las personas participantes adquieran habilidades en interpretación de diagramas eléctricos, uso de instrumentos de medición, montaje de circuitos y diagnóstico de fallas. “Estas competencias constituyen una base clave para continuar en áreas más avanzadas, ya que la electrónica es esencial en sectores como la automatización y los sistemas digitales”, añadió el académico.
El documento también establece lineamientos operativos para su ejecución, como la implementación de un sistema integrado de información para la gestión académica, el aseguramiento de la calidad docente y la evaluación integral del programa al finalizar su desarrollo. Estos procesos permitirán medir indicadores como el desempeño docente, la satisfacción estudiantil y el cumplimiento de resultados de aprendizaje.
Una vez concluido el proceso académico, la Sede Regional Chorotega deberá remitir un informe a la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa, con los resultados académicos, indicadores de gestión y datos financieros, como parte del seguimiento institucional.
Este nuevo programa técnico forma parte de las acciones impulsadas por la Universidad Nacional para ampliar las oportunidades de capacitación en áreas tecnológicas estratégicas, fortaleciendo la empleabilidad y el desarrollo regional en zonas fuera del Gran Área Metropolitana.
La Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA) posicionó a Centroamérica en uno de los espacios científicos más influyentes del mundo, tras lograr que seis especialistas de la región fueran seleccionados como autores del Séptimo Informe de Evaluación (AR7) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), lo cual triplica la participación respecto al ciclo anterior.
El resultado forma parte del proyecto Red Centroamericana de Ciencias sobre Cambio Climático (RC4), que impulsó la formación, divulgación y acompañamiento de investigadores para fortalecer su participación en procesos científicos globales.
En el informe previo (AR6), la región contó con dos autores. Para el AR7, el número aumentó a seis, en un proceso altamente competitivo que seleccionó a 664 expertos de 111 países entre 3.771 nominaciones, bajo criterios de excelencia académica, equilibrio regional y diversidad.
El avance evidencia un mayor posicionamiento de la ciencia regional en escenarios internacionales. Para la investigadora Tania Guillén, de Climate Service Center de Alemania, este avance permite que la evidencia científica sobre los impactos del cambio climático en Centroamérica y sus posibles soluciones esté mejor representada en los informes del IPCC, considerados base para la toma de decisiones globales.
Por su parte, el investigador Miguel Cifuentes Jara, del Smithsonian Environmental Research Center de Estados Unidos, destacó que este logro también visibiliza las capacidades científicas de la región, históricamente limitadas por brechas de reconocimiento internacional. Comentó que Centroamérica combina una alta diversidad social, cultural y ambiental con una fuerte vulnerabilidad climática, lo que la convierte en un actor clave en el debate global.
El proceso fue acompañado por estrategias como identificación de brechas de conocimiento del informe anterior, realización de conferencias, webinars y un curso regional para promover publicaciones científicas, así como asesorías individuales a postulantes.
Para el académico Adolfo Quesada, de la Escuela de Geografía de la UCR, la selección representa una oportunidad para que Centroamérica tenga una voz directa en el principal informe científico del mundo sobre cambio climático y para que sus experiencias se contemplen en decisiones internacionales.
Pavel Bautista, académico de la Sede Regional Chorotega de la UNA, explicó que uno de los principales desafíos fue comprender los mecanismos de nominación y coordinar con los puntos focales nacionales del IPCC para promover estos procesos.
Como respuesta, la RC4 promovió acciones para democratizar el acceso a la información, que incluyen la divulgación del proceso de selección, el funcionamiento del IPCC y el contacto con actores clave en cada país, lo que facilita una mayor participación regional.
Este informe se desarrollará entre 2025 y 2029, se espera que se consolide como una herramienta clave para orientar las políticas globales frente al cambio climático.
Alrededor de 30 niños de tres escuelas unidocentes de Pérez Zeledón iniciaron el aprendizaje de un segundo idioma gracias a la iniciativa académica Mis Primeros Pasos. La iniciativa está destinada a escolares de zonas rurales mediante el acompañamiento práctico de futuros docentes de la carrera de Enseñanza del Inglés, que imparte la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA), en el Campus Pérez Zeledón.
Leslie Zúñiga, académica de la sede, explicó que el proyecto se enfoca en brindar enseñanza básica del idioma a niños de estas escuelas, a través de la experiencia práctica de estudiantes universitarios, para propiciar un contacto positivo con el inglés.
El objetivo principal es garantizar que esos “primeros pasos” de los niños con el inglés sean agradables y que lo disfruten. Se busca, además, promover el aprendizaje de vocabulario básico y la participación activa, fomentar la curiosidad y la exploración, especialmente con la adquisición de nuevas tecnologías, y crear una experiencia positiva que recuerden al avanzar en su formación académica. En cuanto a los estudiantes de la carrera, el proyecto les permite aplicar sus conocimientos en un entorno real y ejecutar tareas que van planificar y diseñar materiales hasta impartir clases, lo que los prepara para su futura labor docente.
Zúñiga comentó que la idea del proyecto surgió a raíz de la solicitud de un maestro de una escuela rural que buscaba talleres para su centro educativo. Inicialmente, con el apoyo de estudiantes voluntarios del bachillerato en Enseñanza del Inglés, se impartieron algunos cursos de manera informal. Tal fue el éxito que, tiempo después, la Sede Brunca de la UNA lo formalizó como actividad académica oficial.
En la actualidad, se trabaja con las escuelas unidocentes del cantón de Montezú, del distrito de La Amistad; Bajo Las Brisas, de Cajón; y Santa Cruz, de General Viejo. Las lecciones se imparten los martes y jueves, de 9 a.m. a 12 m.
El proyecto ofrece 10 talleres de inglés al año por escuela, divididos en dos semestres (cinco en cada ciclo universitario). En su segunda etapa, el proyecto amplió su enfoque para incluir escuelas unidocentes, lo que representa un desafío adicional, ya que muchos de estos niños no tienen experiencia previa con el inglés, detalló Zúñiga.
En 2026 se incorporaron visores de realidad virtual para enriquecer el proceso de enseñanza y evaluar su impacto en el aprendizaje y la curiosidad de los niños. En la actualidad, el equipo docente lo conforman Zúñiga y dos estudiantes asistentes, quienes son responsables de la planificación, el diseño de materiales y la impartición de clases.
Especialistas en educación digital, tecnología educativa e innovación académica se reunirán el 17 y 18 de junio de 2026 para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, durante el encuentro académico MoodleMoot Costa Rica 2026. La actividad tendrá como sede la Universidad Nacional (UNA) y convocará a docentes, investigadores, desarrolladores y gestores de plataformas educativas de la región.
El encuentro abrirá un espacio de discusión sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en entornos educativos, así como sobre los cambios que estas tecnologías generan en la enseñanza virtual, la evaluación académica y la gestión de plataformas digitales de aprendizaje.
Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis del uso de inteligencia artificial generativa en la educación. Las discusiones incluirán temas como automatización de contenidos educativos, tutoría virtual mediante sistemas inteligentes, generación de materiales de aprendizaje y análisis de datos para personalizar procesos formativos.
Otro de los temas que se abordarán corresponde a las experiencias pedagógicas desarrolladas mediante la plataforma Moodle. Investigadores y docentes presentarán estudios sobre aprendizaje híbrido, gamificación, metodologías basadas en retos y herramientas interactivas aplicadas en cursos virtuales.
El programa contempla, además, discusiones sobre la experiencia de usuario en entornos virtuales de aprendizaje. Las investigaciones examinarán el diseño de campus virtuales, la organización de contenidos educativos y el impacto de las interfaces tecnológicas en la participación del estudiantado.
El encuentro también abordará el tema del bienestar digital en los procesos educativos. Este eje examina el impacto del aprendizaje en línea en la salud mental del estudiantado y analiza metodologías de diseño instruccional centradas en el equilibrio entre actividades académicas y bienestar.
La actividad forma parte de una serie de eventos internacionales organizados por la comunidad que trabaja con la plataforma Moodle en distintos países. Estas actividades reúnen a especialistas en educación digital interesados en analizar tendencias tecnológicas y compartir experiencias académicas.
Asimismo, la organización del MoodleMoot Costa Rica abrió una convocatoria dirigida a docentes, investigadores y profesionales del ámbito educativo que deseen presentar investigaciones o experiencias relacionadas con el uso de tecnología en la educación.
Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas hasta el 11 de mayo. Las postulaciones deberán incluir un resumen de hasta 300 palabras y la descripción del enfoque del trabajo.
Estudiantes, jóvenes, emprendedores y habitantes de Nicoya, así como de comunidades vecinas, contarán con nuevas oportunidades para fortalecer su conocimiento y creatividad en el desarrollo de soluciones innovadoras. Esto, gracias a la reciente apertura del Laboratorio de Innovación Comunitaria (LINC), ubicado en el Colegio Humanístico, dentro del Campus Nicoya de la Universidad Nacional (UNA). La inauguración se efectuó el pasado 26 de marzo.
Más allá del aprendizaje técnico, el objetivo principal es que los usuarios desarrollen soluciones a los desafíos de sus propias comunidades.
Edgar Vega, vicedecano del Campus Nicoya de la UNA, destacó que este laboratorio ofrecerá múltiples beneficios a la niñez, la juventud y las personas adultas, quienes podrán acceder a equipo especializado para fomentar la innovación mediante tecnologías avanzadas, como la impresión 3D.
Carlos Martínez, alcalde de Nicoya, señaló que para el gobierno local es fundamental contar con un espacio de innovación abierto a la comunidad, donde personas de todas las edades puedan aprovechar los servicios que brinda el LINC.
Silvia Argüello, vicerrectora de Investigación de la UNA, indicó que estos laboratorios representan un mecanismo clave para impulsar la innovación en regiones como la Chorotega, reconocida por su aporte al desarrollo nacional en los ámbitos cultural, económico y turístico.
Este LINC es el segundo que se abre en la UNA en colaboración con el Micitt; el primero se inauguró en 2025 en el Campus Coto.
El fortalecimiento del sector agropecuario y la generación de conocimiento aplicado se consolidan como pilares del desarrollo regional. En ese marco, el Observatorio Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA) y la empresa CoopeMontecillos R.L. efectuaron un encuentro entre productores y actores clave para intercambiar experiencias y analizar la situación actual de la ganadería en la región.
Adrián Carmona, coordinador del Observatorio, explicó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es tender puentes entre el conocimiento académico y las necesidades reales del sector productivo. “La jornada evidenció la importancia de generar espacios colaborativos donde la información fluya en ambas direcciones: desde la academia hacia el campo y desde la experiencia de los productores hacia la investigación universitaria”, afirmó Carmona.
A la vez, se dictó la charla Producción de ganado extra para el verano y virtudes de un manejo sanitario, la cual despertó interés entre los asistentes, en vista de que profundizó en temas fundamentales para la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad ganadera, en un contexto donde los desafíos climáticos y sanitarios requieren respuestas más estratégicas y fundamentadas.
Carmona acotó que dicha actividad se consolidó como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, donde los participantes compartieron información relevante sobre la realidad de la producción ganadera.
Un total de 406 estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) participan, desde 2022, en entrenamientos sobre manejo de ansiedad, estrés, convivencia familiar y habilidades para la vida, organizados por el Departamento de Orientación y Psicología (DOP-UNA) de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE). El programa incluye sesiones presenciales y virtuales durante el año académico y abre nuevos grupos entre marzo y noviembre, con cupos para la comunidad estudiantil.
La iniciativa forma parte de la estrategia de acompañamiento al estudiantado que impulsa la universidad ante consultas relacionadas con ansiedad, presión académica, conflictos familiares y manejo de emociones en la vida universitaria.
Uno de los espacios con mayor participación es el entrenamiento en manejo de ansiedad, que aborda habilidades de afrontamiento emocional y cognitivo ante episodios vinculados con la vida académica. Este proceso se desarrolla en cuatro ciclos durante el año. Las sesiones de mayo se realizan los martes 7, 14, 21 y 28, además del 4 y 11 de junio. El tercer grupo se reúne los martes 4, 11, 18 y 25 de agosto, así como el 1 y 8 de setiembre. El último grupo se desarrolla los martes 22 y 29 de setiembre y el 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 2 a 4 p.m.
Otro espacio corresponde al entrenamiento en manejo del estrés, que aborda presión académica, organización del tiempo y estrategias de regulación emocional. En el primer ciclo se abren dos grupos. El siguiente se reunirá los martes 7 y 14 de mayo, de 10 a.m. a 12 m. d. En el segundo ciclo, las sesiones se realizan los jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto y el 3 y 10 de setiembre, de 9:30 a 11:30 a.m.
El programa también incluye el entrenamiento en habilidades para la vida, enfocado en toma de decisiones, relaciones interpersonales y resolución de conflictos. Este espacio se desarrolla en agosto y setiembre, en el mismo horario del entrenamiento anterior.
El área de convivencia familiar aborda dinámicas de comunicación y manejo de conflictos en el hogar. Este proceso se organiza en dos ciclos. El primero inicia el viernes 8 de mayo y continúa los viernes 15, 22 y 29 de mayo y el 5, 12 y 19 de junio. El segundo ciclo se desarrolla entre agosto y noviembre, en horario de 9 a 11 a.m.
El programa incluye además el espacio Empodera-T, con sesiones en mayo y un segundo bloque entre agosto y septiembre. También se ofrecen capacitaciones de psicoterapia individual en fechas programadas a lo largo del año, en horario de 8 a 10 a.m.
Estudiantes reciben entrenamientos de salud mental de forma gratuita. Foto Randall Hernández W.
Foto: Natalia Salas Gómez
La Universidad Nacional (UNA) aumentó a ₡40 mil el aporte mensual para el cuido de hijos de estudiantes con niñas y niños menores de seis años durante 2026. El monto duplica el beneficio que la institución otorgó en años anteriores y busca atender a estudiantes madres y padres que combinan responsabilidades de crianza con su formación universitaria.
El beneficio se financia con recursos del Fondo de Becas que administra la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y aportes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. El apoyo cubre parte de los gastos asociados con el cuidado infantil mientras la persona estudiante asiste a clases o desarrolla actividades académicas.
Para acceder al beneficio se requiere matrícula mínima de nueve créditos por ciclo lectivo, tener hijos o hijas menores de seis años y contar con una condición socioeconómica que respalde el apoyo.
Paula Vargas Segnini, directora del Departamento de Bienestar Estudiantil, explicó que el aumento responde a las necesidades de esta población. “La medida busca reducir las dificultades que enfrentan estas personas para continuar con su formación universitaria”.
La universidad también mantiene coordinación con los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral para referir a estudiantes a servicios de cuidado infantil cercanos a sus comunidades.
El martes 21 de abril, federaciones estudiantiles y sindicatos de las cinco universidades públicas se concentraron en las afueras de Casa Presidencial en un plantón convocado como un frente común en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la educación pública costarricense.
La movilización, tuvo como eje central el rechazo a los recortes presupuestarios y a la propuesta de incremento del 0% planteada por el Gobierno en el marco de la negociación del FEES.
“El llamado primero es a la unidad”, expresó Belkis Ugalde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn), quien advirtió sobre los riesgos de fragmentación del sistema universitario. “El gobierno lo que busca es hacer una división, divide y vencerás… el llamado nuestro es a la unión, a venir a defender el FEES, que es un derecho constitucional y que cada vez ha sido atropellado y recortado”, afirmó.
Desde el ámbito académico, José Pablo Solís, decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA), calificó el momento como crítico para el país y para el desarrollo cultural. “Hoy es sumamente importante el pensamiento crítico ante este gobierno, es un momento histórico porque los recortes han sido muchos”, indicó.
Solís defendió el impacto de las universidades públicas en la construcción cultural del país: “Este país solfea gracias a las universidades públicas”, dijo, al referirse a la formación artística y al aporte sostenido en áreas como la música, el teatro y la danza.
Por su parte, el representante estudiantil Marco Víquez, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), hizo un llamado directo a la comunidad estudiantil a mantenerse activa en la defensa del modelo educativo. “Sin educación no hay progreso”, afirmó, al recordar que la inversión en educación ha sido clave en la historia del país.
Víquez también cuestionó la postura del Ejecutivo en la negociación presupuestaria: “Tenemos una propuesta del 0% de incremento que rechazamos rotundamente. Esperamos que se respete la propuesta construida desde el sistema de educación pública universitaria”.
En esa misma línea, Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA), mencionó la importancia de que la comunidad universitaria comprenda y defienda el FEES desde distintos espacios. “Es muy importante que comprendamos qué es el Fondo de Educación Superior y que aprendamos a defenderlo con argumentos”, indicó.
Jiménez enfatizó además el impacto territorial de las universidades públicas, especialmente en comunidades rurales y costeras: “Se da acceso a educación superior a personas que tienen una familia constituida, y eso no solo aporta a sus comunidades, sino también a sus familias”, explicó.
A partir del miércoles 13 de mayo, a las 9 a.m., inician las ceremonias correspondientes a las primeras graduaciones de la Universidad Nacional (UNA) de 2026, en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí.
En total, serán 2.518 nuevos profesionales de la UNA quienes recibirán su título entre el 13 y el 30 de mayo, según la facultad o sede que corresponda. Las personas graduandas de carreras impartidas en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, en Heredia, así como de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, recibirán su título profesional en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, en Heredia. Por su parte, quienes culminan su carrera en las sedes regionales recibirán su título académico en actos de graduación organizados en sus respectivos campus.
Jeannette Valverde, vicerrectora de Docencia, explicó que la graduación refleja el impacto social de la institución y el compromiso con la formación de profesionales que respondan a las necesidades del país.
“Una vez más la Universidad Nacional (UNA) se engalana entregando a la sociedad costarricense la integración de más de 2.500 personas graduadas en las diferentes disciplinas, quienes prontamente se insertarán en el mercado laboral, lo cual representa para nuestra institución el cumplimiento de su misión social y, a la vez, un indicador clave de su impacto en el desarrollo humano del país”, indicó la vicerrectora.
Del 18 al 26 de mayo, en el Auditorio Cora Ferro, se gradúan 232 estudiantes de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras; 157 de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar; 279 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 84 de la Facultad de Ciencias de la Salud; 130 del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea); 551 de la Facultad de Ciencias Sociales y 233 del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide).
En la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, 91 nuevos profesionales se suman al desarrollo equitativo y sostenible de la zona una vez que reciban su título, el 13 de mayo.
La Sede Regional Chorotega programó las ceremonias de sus 373 graduandos de la siguiente manera: 191 del Campus Nicoya y 182 del Campus Liberia, el 14 y el 15 de mayo, respectivamente.
En la Sede Regional Brunca se entregarán 185 nuevos títulos profesionales con sello UNA, de los cuales 127 corresponden a las carreras del Campus Pérez Zeledón y 58 al Campus Coto. Estos actos de graduación se programaron para el 28 y el 29 de mayo, respectivamente.
El 20 de mayo se graduarán 122 personas de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, en una ceremonia que se efectuará en el Campus Omar Dengo.
A este grupo de profesionales en las regiones se suman 81 nuevos graduados en Educación Rural, quienes obtendrán su diploma en la ceremonia que tendrá lugar el 16 de mayo en Santa María de Dota y el 30 del mismo mes en La Cruz.
En el 2026, serán 2.518 estudiantes quienes obtengan su título con sello UNA. Foto archivo, Natalia Salas G.
Son muchas las opiniones sobre qué hacer con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); sin embargo, desde el punto de vista técnico, se deben considerar algunos elementos importantes.
Según la Ley de Protección del Trabajador, el ROP es un fondo de “ahorro” obligatorio que se forma con un aporte del 4.25% del salario reportado por los trabajadores (1% lo aporta el trabajador y el restante 3.25% el patrono), para complementar la pensión básica.
Una de sus finalidades es generar mayor estabilidad financiera entre los jubilados, de manera que puedan recibir una renta mensual que les permita mantener, en la medida de lo posible, su calidad de vida. No se trata entonces de un ahorro tradicional ni un dinero que se pueda retirar en cualquier momento, como si fuese una inversión a la vista.
Debido a la complejidad financiera, el ROP administra recursos significativos de los trabajadores. Por esta razón, debe gestionarse por Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), que cuentan con profesionales especializados en finanzas, economía, ciencias actuariales y estadística, entre otras áreas.
Estos gestionan las inversiones de los recursos y estructuran portafolios, que se destinan, en su mayoría, a inversiones en títulos del sector público costarricense (54%). Por tanto, el ROP es uno de los principales financistas del gobierno de Costa Rica.
Más del 45% de estas inversiones se hacen a plazos mayores de 15 años, periodo en el cual un portafolio de inversión experimenta fluctuaciones normales en sus rendimientos, propio de una cartera de largo plazo que enfrenta momentos de rentabilidad y pérdida.
Estos portafolios, conforme pasa el tiempo, se van ajustando a instrumentos de más corto plazo, para cumplir con los pagos periódicos del ROP. Las propuestas que se discuten actualmente consideran el retiro total del fondo, y si bien son iniciativas nobles, pueden generar a su vez afectaciones considerables.
Por ejemplo, muchos proyectos que se financian por deuda pública provienen del ROP, que debería retirar los recursos invertidos antes de su vencimiento, y afectarían proyectos sociales, así como el rendimiento de las inversiones actuales que aún pueden estar en un proceso de maduración.
Hacer un retiro masivo o liquidar inversiones antes de tiempo, implica vender bonos de forma masiva, por lo que sus precios tienden a subir. Este aumento en las tasas se traslada posteriormente al resto del sistema financiero, y esto encarece créditos para empresas y familias. Además, si fuese necesario liquidar parte de las inversiones del ROP en el exterior, se produciría un mayor ingreso de dólares al mercado cambiario local, lo cual podría generar presiones moderadas a la baja sobre el tipo de cambio.
El debate sobre el ROP, donde muchas familias requieren de recursos para atender sus obligaciones financieras, es legítimo; no obstante, cualquier decisión debe considerar las implicaciones financieras, económicas y sociales de largo plazo.
En 2018 Centroamérica contribuía con el 13.4% a la producción mundial de café, con lo que ocuparía el segundo lugar después de Brasil (33%) y por encima de Vietnam (12%) y Colombia (10%), en el acumulado entre 1990-2018. Además, se observa que los países centroamericanos de mayor producción son Guatemala y Honduras, y a menores niveles Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, con una fuerte participación de la variedad arábiga (40% aproximadamente del total).
Es posible asegurar que Centroamérica tiene un posicionamiento fuerte entre los productores de café oro de mayor calidad del mundo. La apropiación del valor se aproxima con el valor unitario de las exportaciones, como un reconocimiento en los mercados internacionales de la calidad del café vendido.
En cuanto al valor unitario de las exportaciones de café tostado, Centroamérica supera a países productores agrícolas de café, pero es inferior al de los países industrializadores no productores de café verde. Esto se debe al poder de las marcas de estos países y la organización de sus cadenas de valor, a través de empresas multinacionales (Starbucks) y de otras que no solo están enfocadas en el mercado del café, sino en la producción agroalimentaria en general (Nestlé y Coca Cola).
Otro aspecto importante es el consumo interno, que muestra el nivel de desarrollo de la actividad más allá de la producción agrícola. Europa y Norteamérica históricamente han sido los grandes consumidores de café del mundo, a partir de que sus empresas han desarrollado la tecnología industrial y han determinado los patrones de consumo. En regiones con agricultura de café los niveles de consumo per cápita son inferiores al promedio mundial, con la excepción de Centroamérica, por la participación de Costa Rica.
El consumo per cápita de los países productores de café, en el cual resalta Centroamérica, está asociado con el consumo per cápita de la industria de tostado, que en Costa Rica es muy dinámica con el creciente consumo en cafeterías y el barismo.
Esto configura una oportunidad para la caficultura, aprovechada por tostadores locales, y productores (asociaciones, cooperativas y micro beneficios). Lo anterior contrasta con los bajos niveles de consumo de los otros países productores de la región, donde incluso hay un alto consumo de café soluble, intensivo en variedad robusta y dominado por empresas internacionales.
Para mantener esta industria, se sugiere que las políticas del sector cafetalero se orienten hacia:
Empecemos por esto: en nuestros días, con mucha frecuencia echo de menos el debate directo, de persona a persona; por decirlo como antes: el cara a cara. Me ocurre en nuestra universidad y en otros tantos foros académicos e institucionales. La comodidad de la actual vía telemática me parece engañosa o, al menos, ilusoria. Se charla, claro, se argumenta, se responde, se replica y contrarreplica, pero cada cual en su sitio (oficina, dormitorio, cafetería o dentro de un vehículo incluso) y con una separación de kilómetros y a veces desde fuera del país.
Al igual que otros en procesos análogos para elegir a nuestros dirigentes institucionales (me incomoda un poco eso de «autoridades»), hace escasas semanas «presencié» por vía virtual dos sesiones de presentación de candidatos: una para el decanato de mi Facultad, la otra para la dirección de mi Escuela. El mismo ritual: una apretadísima exposición de propuestas, por parte de los aspirantes, seguida de una fase de preguntas o comentarios, enviados con anticipación al comité electoral (el TEUNA, en nuestro medio), y atenidos al programa de trabajo ofrecido. Además, un programa comprimido en cuatro o cinco columnas de un plegado en formato menor. Los candidatos, claro, respondieron como pudieron, en el mismo brevísimo plazo de dos o tres minutos por pregunta. Y nosotros la audiencia, como desde abajo (de profundis, diría el salmista), convertida en pequeños recuadros en las pantallas de las computadoras o celulares, respetuosos y resignados a la normativa institucional establecida para estos episodios.
El cara a cara tiene sus rituales y sus ventajas: alguien expresa su opinión, se le oye, se aducen razones, tesis alternativas o contrarias, no tanto en busca de consenso sino de un espacio al cotejo de pareceres e ideas, lo más lejos posible de creencias y de dogmas. Solo muy, muy luego, se pasa a la votación; porque la gracia de las prácticas democráticas está en atender razones, no en la insustancial captura de votos. A como están las cosas hoy día: ¿y el debate?
Tras 14 años de ejercer el periodismo, aprendí que esta profesión no se construye con títulos o credenciales, sino con la empatía necesaria para entender que detrás de cada noticia hay una historia humana que merece ser escuchada y protegida. Mi paso por distintos sectores me permitió ver realidades diversas: desde comunidades que luchan por oportunidades hasta instituciones que buscan responder a necesidades sociales. En todos esos escenarios nuestra labor solo trasciende cuando se convierte en una reserva moral auténtica, sensible a los problemas de la gente y comprometida con la verdad. Ser periodista es, en esencia, un acto de compromiso profundo con la dignidad del otro.
El periodismo también implica aprender a mirar más allá del titular; significa detenerse en los silencios, escuchar con atención y entender que cada dato representa una vida concreta. Muchas veces las historias más importantes no son las más ruidosas, sino las que revelan luchas cotidianas: una madre que defiende el futuro de sus hijos, un estudiante que rompe barreras para llegar a la universidad, una comunidad que se organiza para enfrentar el olvido. En esos momentos, el periodista no solo informa; también acompaña, documenta y ayuda a que esas voces encuentren un lugar en la conversación pública.
Sin embargo, ejercer este oficio con un enfoque humano implica también reconocer el dolor de quienes han tenido que dejar una vida entera para defender la verdad. En América Latina, muchos periodistas enfrentan amenazas, censura o violencia al cumplir con su trabajo y cada día hay más desiertos informativos.
La libertad de prensa no es un concepto abstracto reservado para debates académicos; es el oxígeno que evita que nuestras sociedades caminen a ciegas, la posibilidad de hacer preguntas incómodas, de investigar lo que otros ocultan y de mantener viva la memoria colectiva. Por eso, cada historia publicada es un acto de resistencia.
El 30 de mayo se conmemora el Día Nacional del Periodista y es un buen momento para unirse al homenaje a las víctimas y sobrevivientes del atentado de La Penca, una página dolorosa de nuestra historia que nos recuerda el alto costo que a veces implica contar lo que ocurre. Recordar ese episodio es también una forma de reafirmar que el periodismo no puede rendirse frente al miedo.
Cuando el periodismo se ejerce con humanidad, no solo informa; también contribuye a reconstruir el tejido social y a recordarnos que, incluso en los momentos más difíciles, la verdad sigue siendo un camino posible.
El panorama de la seguridad digital en Costa Rica ha dejado de ser un tema meramente técnico para consolidarse como un problema estructural que afecta la seguridad pública, económica y social del país.
Los hallazgos del III Informe del Estado de la Ciberseguridad 2025, elaborado por el Laboratorio de Investigación e Innovación en Ciberseguridad (LABCIBE) de la Universidad Nacional (UNA), presentan una radiografía que nos obliga a una reflexión profunda sobre la resiliencia del tejido productivo y social del país.
Uno de los puntos más críticos que revela este informe es la persistente brecha en el capital humano. Según los datos del diagnóstico 2025, la escasez de talento calificado sigue representando un reto sistémico para el país: un alarmante 32,2% de las organizaciones encuestadas carece por completo de personal calificado en áreas de vanguardia, como la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la ciberseguridad. Esta cifra se vuelve más preocupante si consideramos que un 38,98% de las instituciones no invierte actualmente en formación en esta materia, lo que limita severamente la capacidad de respuesta ante amenazas cada vez más sofisticadas.
En el ámbito industrial, esta carencia de especialistas es todavía más sensible. La convergencia entre las tecnologías de la información (TI) y las tecnologías de operación (OT) ha expuesto infraestructuras críticas —como plantas de energía, sistemas de agua y cadenas de manufactura— a riesgos para los que el personal técnico tradicional no siempre está preparado. La ciberseguridad industrial no solo demanda conocimientos de redes y firewalls; exige comprender los protocolos específicos de los sistemas de control industrial (ICS) y la criticidad de mantener la disponibilidad de los procesos físicos.
Es en este escenario de vulnerabilidad donde la Maestría en Ciberseguridad Industrial (MACIBI) de la Universidad Nacional adquiere una importancia estratégica incuestionable. Como academia, la UNA ha identificado que la solución no radica únicamente en adquirir herramientas tecnológicas, sino en formar líderes capaces de gestionar el riesgo desde una visión integral. La MACIBI se posiciona como el puente necesario para cerrar esa brecha de talento que el informe de LABCIBE señala como un “reto prioritario”.
Contar con profesionales especializados en entornos industriales permite a las empresas no solo reaccionar ante incidentes, sino diseñar arquitecturas seguras desde su concepción. Si el país aspira a consolidarse como un hub tecnológico y atraer inversión extranjera de alto valor, debe garantizar que sus operaciones industriales sean resilientes.
La ciberseguridad es una carrera de resistencia, no de velocidad. El informe de 2025 nos da una advertencia clara: no podemos permitir que el avance tecnológico supere nuestra capacidad de formar a quienes deben protegerlo. Fortalecer programas de posgrado especializados como la MACIBI es, hoy más que nunca, una inversión obligatoria para el desarrollo y la soberanía de Costa Rica.
