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El Plan Nacional de Frontera en Brasil: ¿Un nuevo proceso de militarización?

The National Plan of Borders in Brazil: A New Militarization Process?

O Plano Nacional de Fronteiras no Brasil: Um novo processo de militarização?

Gislene Santos*

Resumen

El final del siglo XX registró en el escenario internacional la emergencia de los discursos fronterizos del espacio. Por un lado, apologistas de la globalización proclamaron una nueva era caracterizada por el fin de los Estados nacionales y la porosidad de las fronteras internacionales; por otro, en la década de 1980, asistimos al surgimiento de las técnicas de vigilancia dispuestas a lo largo de los límites fronterizos. En Brasil la frontera geopolítica también se hace presente. En efecto, la franja de frontera, que en el territorio nacional es colindante con diez países de América del Sur, será reconsiderada en la década de 1990 como área de estrategia nacional, interés económico y seguridad pública. En este artículo nos detendremos en analizar el “Plano Nacional de Fronteira” (PNF), implementado por el gobierno brasileño en 2011, con la descripción de un conjunto de sistemas técnicos y de vigilancia instalados a lo largo de la frontera entre Brasil y Paraguay. Para abordar el PNF examinaremos el conjunto de dispositivos (normas, discursos, procedimientos, leyes, recursos, sistemas de información y objetos técnicos) instalados en este segmento fronterizo.

Palabras clave: Brasil; sistemas técnicos de vigilancia; Plan Nacional de Fronteira.

Abstract

By the end of 20th century, border-related discourses of the space emerged in the international scene. On the one hand, globalization apologists proclaimed a new era characterized by the end of the national states and the porosity of international borders. On the other hand, during the 1980s, surveillance techniques started to be used all along the borders. In Brazil, the geopolitics of borders is also present. Actually, its borders are shared with ten countries and were considered as an area of national strategy, economic interest and public security during the 1990s. In this article, we analyze the “Plano Nacional de Fronteira” (PNF) [National Plan of Borders] implemented by the Bazilian government in 2011 with the installation of a set of technical and surveillance systems all along the border between Brazil and Paraguay. To approach the plan, we will examine the set of devices (rules, discourses, procedures, laws, resources, information systems, and technical objects) installed in this border area.

Keywords: Brazil, technical systems of surveillance, National Plan of Borders.

Resumo

No final do século XX os discursos fronteiriços sobre espaço foram temas emergentes no cenário internacional. De um lado, defensores da globalização proclamaram uma nova era marcada pelo fim dos estados nacionais e a porosidade das fronteiras internacionais, por outro, na década de 1980, testemunhamos o surgimento de técnicas de vigilância dispostas ao longo das fronteiras. No Brasil, a fronteira geopolítica também está presente. Na verdade, a faixa fronteiriça na qual o território nacional está delimitado por dez países da América do Sul, foi reconsiderada, na década de 1990, como uma área de estratégia nacional, de interesse econômico e segurança pública. Neste artigo, vamos analisar o “Plano Nacional de Fronteira” (PNF), implementado pelo Governo brasileiro em 2011, com a descrição de um conjunto de sistemas técnicos e de vigilância instaladas ao longo da fronteira entre Brasil e Paraguai. Para abordar o PNF examinaremos o conjunto de objetos técnicos (normas, discursos, procedimentos, leis, sistemas de informação) instalados nesta região fronteiriça.

Palavras-chave: Brasil, sistemas técnicos de vigilância, Plano Nacional de Fronteira.

Introducción

El final del siglo XX registró, en el escenario internacional, el surgimiento de discursos y acciones para los espacios internacionales fronterizos. Para los grupos apologistas de la globalización, la porosidad de las fronteras internacionales significaba el fin de los Estados nacionales. El elemento más evocado para atribuir materialidad a esta nueva configuración política fue dado por la migración: un intenso flujo de personas que se desplazan para países diferentes de los de su origen y que utilizan la frontera como uno de los locales de conexión. El ejemplo más emblemático de este proceso tendría lugar a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos de América (EUA). Basta señalar que, en los EUA, uno de los países con el mayor flujo de entrada de migrantes del extranjero fue inaugurado en los años ochenta, durante la gestión del Presidente Donald Reagan, el Secure Border Inititiative. Para ese programa gubernamental, cerca de 400 empresas del sector privado desarrollaron un sistema integrado de infraestructura, tecnología de información y vigilancia, instalado a lo largo de la frontera con México con el objetivo de reducir la entrada de migrantes irregulares en los EUA. En Ciudad Juárez, una de las principales ciudades fronterizas de México, ubicada en la provincia de Chihuahua, en la línea divisoria con la ciudad de El Paso (Estado de Texas en los EUA), una extensa pasarela cubierta lateralmente de alambre de espino, equipada con un conjunto de objetos de vigilancia y una austera presencia policial, controlan el ir y venir de la población mexicana en tránsito para los EUA. Aquí, con frecuencia, los sujetos transeúntes pasan por una ofensiva inspección. En este local de paso también están instalados varios puestos de atención para retirar el “Permiso”, un documento que habitantes mexicanos necesitan presentar para entrar en los EUA a través de la frontera. En Brasil, un dispositivo semejante al permiso apenas mencionado es el “Documento Fronteiriço” (DF) que consiste en una autorización dada por la Policía Federal a la población extranjera limítrofe a Brasil para entrar al territorio nacional hasta la demarcación de los municipios contiguos. Todo este conjunto de dispositivos técnicos de vigilancia, extendidos a lo largo de la frontera, tienen el objetivo de retener y controlar la circulación de migrantes en el espacio internacional. Así, aunque para los grupos apologistas de la globalización, la frontera internacional se presentaba cada vez más porosa, les faltó reconocer que el ir y venir en la frontera internacional, específicamente en el contexto espacial de América del Norte y de América del Sur, requiere el consentimiento de los Estados nacionales.

Para el presente artículo tomamos en consideración el “Plano Nacional da Fronteira”, implementado por el Gobierno brasileño en 2011 y sus efectos en el Estado de Paraná, localizado en la franja fronteriza entre Brasil y Paraguay. Con este fin, metodológicamente examinamos el conjunto de dispositivos (normas, discursos, procedimientos, leyes, recursos, sistemas de información y objetos técnicos) instalados en este segmento fronterizo y el discurso del lanzamiento del PNF.

El Plan Nacional de Frontera y su aplicación en el Estado de Paraná

En América del Sur, la efervescencia fronteriza también es una realidad. A diferencia de los Estados Unidos, donde los dispositivos de vigilancia a lo largo de la frontera con México se extienden desde el siglo XIX, en Brasil la frontera como espacio y abrigo de las técnicas de control y vigilancia de la población es una realidad reciente. En el transcurso de siglo XX varios momentos determinaron la prioridad estratégica de la frontera en el plano gubernamental: en 1979, durante el régimen militar, la promulgación de la Ley 6.634 demarcó los 150 km de la franja fronteriza como área de seguridad nacional. En 1988, durante la transición para el régimen democrático, el texto de la Constitución Federal en el segundo párrafo del artículo 20 avala la franja fronteriza de 1979, considerada “fundamental para la defensa del territorio” y establece que tanto su ocupación como su utilización serán reguladas por ley. De esta forma, los 15.719 kilómetros de extensión territorial fronteriza que cubren 588 municipios brasileños y que son linderos a 10 países de América del Sur, serán concebidos como área de interés estratégico nacional. En 1991, la Ley 8.183 define que los usos de la franja de frontera serán otorgados por el “Conselho de Defesa Nacional”. A finales del siglo XX, específicamente en 1999, fue lanzado el “Programa de Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira” (PDSFF), en la última parte del segundo gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso. Se trata de un programa orientado para el desarrollo de la infraestructura material en las ciudades fronterizas. Lo relevante, en este programa, es que la frontera se presenta como un asunto de estrategia económica y como parte de las responsabilidades del “Ministério da Integração Nacional” y, no solamente, como área de operación del “Ministério da Defesa”. Aunque aquí no negamos que en el siglo XX la frontera haya sido contemplada en los proyectos nacionales, queremos subrayar que durante el siglo XXI la frontera emerge como una doble problemática nacional: 1) espacio priorizado en la agenda de las políticas económicas; 2) escenario para la instalación de sistemas técnicos de vigilancia justificada por una política nacional de seguridad pública.

En el 2005, dando continuidad al PDSFF, el “Ministério da Integraçao Nacional” elabora la “Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira” (PRPDFF) en la cual existen orientaciones sobre las potencialidades económicas de los municipios fronterizos. La publicación de este trabajo remite a una nueva concepción para la gestión de la franja de frontera internacional, cuando en la misma introducción, el ministro de esta cartera del Estado, Ciro Gomes, escribe:

A perspectiva desta publicação é oferecer as várias instâncias governamentais e à sociedade brasileira uma base conceitual e uma agenda concreta de intervenção que permita superar a visão da fronteira em “espaço-problema” em favor de uma concepção que privilegia a região como espaço pleno de oportunidades de desenvolvimento, de união com os nossos vizinhos e de valorização da cidadania. (PRPDFF, 2005, p. 6)

Si hasta entonces, en el contexto de la política nacional, la frontera era vista como un espacio-problema, a partir de este nuevo programa anhela reestructurarse como un espacio pleno de oportunidades de desarrollo. Así, por ejemplo, en 2007 se crea el “Comitê de Articulação Federativa” (CAF) y en 2008 dicho comité instituye el “Grupo de Trabalho Interfederativo sobre Integração Fronteiriça” (GTIIF), que estableció propuestas para el espacio fronterizo entre Brasil y los países vecinos. Entre 2009 y 2010 tuvieron lugar siete reuniones de trabajo con el GTIIF y, en 2010, se creó la “Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira” (CDIF). En síntesis, una conjunción de actos gubernamentales ocurridos en la primera década del siglo XXI. No obstante, a diferencia de las acciones anteriores, se trata ahora de un documento institucional que define el proyecto de gestión de políticas en la articulación entre diferentes escalas de poder: municipios, estados, Gobierno federal, sociedad civil y países vecinos, en concreto, los miembros del Acuerdo Mercosur1. Sin embargo, enfatizamos que, a pesar de todo este andamiaje institucional, lo que se verifica en la praxis cotidiana es la poca o casi ninguna representatividad y participación de la sociedad civil fronteriza en la elaboración y desarrollo de estos planes políticos. Retomaremos esta discusión en las consideraciones finales de este trabajo.

Volviendo a las políticas gubernamentales, como corolario de los programas para la región de la frontera internacional, el 8 de junio de 2011, 6 meses después de haber tomado posesión de su cargo en su primer mandato presidencial, la presidenta Dilma Rousseff pronuncia, en un acto oficial, el lanzamiento del “Plano Nacional de Fronteiras” (PNF). A continuación, citamos las palabras proferidas por la mandataria en aquella ocasión:

Srs. e Sras. é muito importante que nós estejamos aqui hoje reunidos, para que eu dê seguimento a um compromisso que eu assumi durante a minha campanha, de dar prioridade à questão da segurança pública. Nada é mais justo que, dentro da segurança pública eu inicie essa prioridade, a realização de um plano de Segurança Pública pela questão das fronteiras [subrayado añadido], uma vez que essa questão é uma obrigação incondicional da União.2 (LPNF)3.

En el Palacio del Planalto, donde discursaba la presidenta, al fondo había un gran mural del mapa de Brasil, donde se destacaban las palabras: “Nación, control, ciudadanía, frontera, unión, brasileños, seguridad, protección, forçação”.4 Durante el discurso, Dilma Rousseff elencaba, para el éxito del PNF, la participación fundamental del “Ministério da Justiça” (a través de la Policía Federal de Carreteras, la Policía Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública) y del “Ministério da Defesa” (a través del Ejército, Marina, Aeronáutica y de la acción del comando conjunto de las Fuerzas Armadas).

Y más adelante continúa señalando que:

Até agora os dispositivos legais que permitiam essa coordenação e essa unidade de ação, eles não existiam. Eles começaram a ser formatados a partir de 2004 e foram concluídos em 2010. Assim sendo, o que permite hoje que nós tenhamos nesta solenidade a oportunidade de criar um comitê de ação conjunta é justamente a modificação destes dispositivos legais que permitem agora que as forças armadas tenham uma ação muito mais efetiva na região de fronteira. Permite também que elas possam ter ações chamadas ações de polícia que antes não estavam contempladas na nossa legislação [Subrayado añadido). (LPNF)

Los fragmentos del discurso aquí presentado inciden en el tema de la seguridad pública, sobre todo en el combate al crimen organizado “que escoge a las fronteras como regiones más frágiles y, por lo tanto, más propias para su actuación” (LPNF). El punto de inflexión que aquí merece la pena destacar no es la mención de la frontera como área estratégica de seguridad nacional. Esta posición ya está presente en las primeras demarcaciones institucionales fronterizas. De esta manera, hasta ahora no hay nada nuevo. Pero, lo que llama la atención es la legalización del ejercicio del poder de policía dado a las Fuerzas Armadas en la región de frontera. La Constitución de 1988 define las diferencias entre la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública. En el primer caso, en el artículo 142, se establece que la defensa de la Seguridad Nacional cabe a las Fuerzas Armadas “… constituidas por la Marina, por el Ejército y por la Aeronáutica … se destinan a la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y del orden”. En el artículo 144 se establece, por otro lado, que: “La Seguridad Pública, deber del Estado, derecho y responsabilidad de todos, es ejercida para la preservación de las personas y del patrimonio a través de los siguientes órganos: I. Policía Federal; II. Policía Federal de Carreteras (Polícia Rodoviária Federal); III. Policía Ferroviaria Federal; IV. Policía Civil, V. Policía Militar y Cuerpos de Bomberos militares”.

Un poco antes de esta legalidad policial concedida a las Fuerzas Armadas, ya existía en la Cámara de los Diputados el proyecto de Ley 527/2009, presentado por el diputado federal Major Fábio (del Partido Democratas del Estado de Paraíba- DEM/PB), en el cual propone el aumento del efectivo de las Fuerzas Armadas en la franja fronteriza y les confiere el poder de policía5. El PNF, al proponer una acción conjunta para los servicios de seguridad pública en la frontera, extiende este poder a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como señalamos anteriormente, en la Constitución de 1988 esta operación estaba restringida a las acciones de las Policías Federal y Civil. No se utiliza, siguiendo el discurso de la Presidenta en 2011, el tema de la seguridad nacional, sino el de la seguridad pública. Es decir, el Ministerio de Defensa, hasta entonces reservado para las acciones de Seguridad Nacional, pasa ahora a desempeñar funciones de seguridad pública en núcleos de población fronterizos. Para ilustrar la mención que hace el PNF al tema de la seguridad pública, destacamos otra parte del discurso de la presidenta:

O que nós vamos fazer é utilizar a nossa capacidade de ação combinada com a inteligência, combinada com o conhecimento e com o uso da tecnologia que vai nos permitir uma ação que seja de um lado de permanência e, de outro lado, uma ação que tenha, na sua característica de surpresa, de rapidez e de prontidão uma forte presença nossa no combate ao tráfico de armas, o que vai permitir que tudo isso contribua bastante para a segurança pública em cada região do país e especialmente nos centros urbanos. (LPNF)

La frontera como espacio-problema aparece nuevamente en el discurso. Pese a ello, la problemática aquí se extiende para la seguridad pública de los centros urbanos. Es de la frontera que emana, hacia los centros urbanos nacionales, la inseguridad pública; considerada como el eje de las políticas públicas en las escalas municipal, regional y federal. El tema de la seguridad internacional, como veremos más adelante, en el campo de la geopolítica internacional se transforma en un asunto de seguridad pública. Es interesante reconocer que, en este juego de escalas espaciales, la frontera en el LPNF refuerza en su discurso su presentación como el lugar del problema nacional. Dicho de otra manera, la frontera como recorte espacial donde convergen los límites de la soberanía nacional se adentra ahora hacia el centro del país como una de las causantes del desorden urbano nacional, provocado por la inseguridad pública en los centros urbanos.

Es importante señalar que, en Brasil, a lo largo de los 16 mil kilómetros de frontera internacional, se localiza la ciudad de Foz do Iguaçu, ubicada en el oeste del estado de Paraná (PR), en la frontera internacional con Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), considerada una de las ciudades más permeables de la frontera brasileña, debido al gran movimiento y circulación de personas y capital. Esta triada de ciudades, concebida como una de las áreas de la Triple Frontera (TF), es una de las más urbanizadas y de más fácil acceso terrestre y aéreo en el conjunto de las fronteras de América del Sur6. En 2010, Foz do Iguaçu, en el Estado de Paraná, tenía un total de 256.088 habitantes y una población extranjera proveniente de 34 nacionalidades, representada sobre todo, por nacionalidades paraguayas, libanesas, argentinas y chinas (Censo Demográfico, 2010, IBGE).

Poco después del atentado de 2001, los Estados Unidos denuncian que la región de la Triple Frontera abrigaba grupos terroristas. Ferreira (2010) presenta analíticamente un conjunto de documentos del Congreso y del Departamento de Defensa de los EUA y demuestra que, a pesar de ningún dato concreto relativo a la operación de grupos terroristas en la región, “los EUA ven una correlación entre el crimen transnacional y el terrorismo en la región” (p. 118). Cabe señalar, con todo, que después del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, el Gobierno de los Estados Unidos formula en 1992 el documento Patterns of Global Terrorism, en el cual ya se establece una política de securitización para América del Sur vinculada al terrorismo internacional. Un análisis minucioso sobre la política de seguridad internacional de los EUA en América del Sur y en la Triple Frontera puede verse en Amaral (2010).

A pesar de la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en negar la presencia de grupos terroristas en la Triple Frontera, tanto en los gobiernos del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 y 1999-2003) como en los de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007 y 2007-2011), en 2002 los EUA ingresaron al “Grupo 3+1” conformado por Brasil, Argentina, Paraguay. El “3+1” trata, por medios diplomáticos, el fenómeno de la criminalidad transnacional en la región de la Triple Frontera. En 2008, junto a los EUA, se crea un Centro Regional de Inteligencia en Foz do Iguaçu cuyo objetivo, como señala Ferreira (2010), es “controlar y vigilar la sospecha de terrorismo en la región de la TF (p. 134-135). Con anterioridad a este evento, en noviembre de 2001, en Asunción (Paraguay) se había celebrado el seminario “Prevención del terrorismo Internacional del Crimen Organizado en la Zona de la Triple Frontera”, organizado por el coordinador de Antiterrorismo del Departamento de Defensa de los EUA.

La cuestión de la extensión del crimen organizado es un tema de seguridad internacional desde los años 2000, como efecto de la agenda de seguridad nacional de los EUA7. A pesar de que Brasil, durante el gobierno Lula, se distanció de la política exterior estadounidense, la cuestión del tráfico de ilícitos se presentó reiteradamente en la agenda diplomática entre Brasil y los EUA. De hecho, de los 38 acuerdos bilaterales establecidos, el 28,95% está directamente relacionado al control de estupefacientes. Y, de los 163 acuerdos bilaterales firmados por Brasil y los países de América del Sur, el 23,3% se refiere directamente al crimen organizado internacional y al tráfico de ilícitos (Brigola, 2012, p. 66-68). Vale la pena recalcar que estos acuerdos firmados no contemplan el fenómeno del terrorismo internacional en la franja fronteriza. No obstante, si este posicionamiento de la Agenda de Seguridad aparentemente niega el terrorismo, por otro lado, el hecho de la incorporación del poder de policía a las fuerzas armadas en la Triple Frontera indica la existencia de la problemática del terrorismo en la definición de las acciones gubernamentales en el área transfronteriza.

En este contexto, en diciembre de 2011, el Gobierno Federal firmó el acuerdo de adhesión de 11 Estados brasileños al Plan Nacional de Frontera con la relativa destinación de R$ 37 millones para inversiones en el área de seguridad pública. Es necesario un ejercicio analítico contable para que entendamos los recursos públicos distribuidos para el tema de la seguridad en la franja de frontera nacional. Así, si según el Ministerio de Justicia (MJ) existe un importe de R$ 37 millones destinados a este fin en el periodo 2009-2012, otros R$ 288,4 millones fueron designados a los programas de seguridad pública en la frontera internacional brasileña. En la región sur del país, los tres Estados fronterizos, Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, recibieron respectivamente 26, 33 y 20 millones de reales. En 2014 el Ministerio de Justicia destinó R$ 134 millones para la implementación de un sistema de radiocomunicación digital en los órganos de seguridad. Esos recursos estuvieron especialmente dirigidos a la instalación de dispositivos técnicos de vigilancia a lo largo de los Estados en la franja fronteriza. Según el pronunciamiento de la presidenta Dilma Rousseff, las tácticas de control y vigilancia se sirven de la “capacidade de ação combinada com a inteligência, o conhecimiento e o uso da tecnología” (LPNF).

En el Estado de Paraná esos planes de control y vigilancia a lo largo de la franja fronteriza estatal han estado presentes, sobre todo con las acciones concentradas en la ciudad de Foz do Iguaçu que, desde 2012, cuenta con un núcleo de inteligencia exclusivo para su área de influencia: el “Gabinete de Gestão Integrada” (GGI). Además de esto, hay un sistema local de seguridad y una “Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico” (CAPE). Este último órgano tiene la función de producir informaciones georreferenciadas y estadísticas acerca de la criminalidad. Si el CAPE busca producir información, el GGI persigue una mayor interacción con las políticas de seguridad de Paraguay y Argentina. El GGI fue creado originalmente en Paraná y, posteriormente, en el Estado de Rio Grande do Sul. En 2011, el “Ministério da Integração Nacional” instaló oficialmente en Foz do Iguaçu, en las dependencias de la Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, el “Núcleo Regional para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira”

Según la Agencia de Noticias del Gobierno del Estado de Paraná, esta política de seguridad pública procura actuar en el combate a los principales crímenes que ocurren en la frontera paranaense, tales como: el “tráfico de drogas, o tráfico internacional de armas, explosivos e munições, o contrabando, a exportação ilegal, o roubo e sequestro de veículos, a imigração ilegal de pessoas, os crimes ambientais e a deflorestação”.

En fin, en este corto tiempo, el primer decenio del siglo XXI, una serie de dispositivos técnicos de vigilancia fue y está siendo instalada progresivamente en partes de la franja fronteriza brasileña. En 2001, la “Receita Federal” (Ministerio de Hacienda) instaló 28 cámaras de vídeo en el Puente de la Amistad, pero los locales de instalación se mantuvieron en sigilo. Las imágenes, que operan 24 horas al día, son transmitidas simultáneamente para los fiscales de la “Receita Federal” y los de la “Policía Federal” (Gazeta do Povo, 2001, p. 23). En 2009 fue el turno de São Miguel do Iguaçu, un municipio de la región oeste con cerca de 27.061 habitantes donde se realizaron los primeros tests con el vehículo aéreo no tripulado (VANT) y su operación en el espacio aéreo de la región en 2010. El Estado de Paraná fue también sede las operaciones que servirían de apoyo a la Policía Federal en el combate a los crímenes de frontera (Gazeta do Povo, 28 de julho de 2009, p. 08). En julio de 2012 fue creado el “Batalhão de Polícia da Fronteira” (BPFron), en la ciudad de Marechal Cândido Rondon. Entre los proyectos y acciones para enfrentar el contrabando, el BPFron realiza también acciones educativas. Una de las acciones didácticas de esta entidad es, por ejemplo, la visita de sus miembros a las escuelas, así como la confección y distribución de materiales explicativos que tienen por fin incentivar y promover, entre estudiantes, la denuncia de los crímenes locales. Entre este conjunto de dispositivos lanzados en 2012 destacan también el “Comando Regional da Polícia Militar” en Cascavel; la Base de Helicópteros en Foz do Iguaçu; dos nuevas compañías de la Policía Militar – una en Guaíra y la otra en Santo Antônio do Sudoeste. Se propaga, así, en la región, una red formal e informal de dispositivos de vigilancia materializados tanto en objetivos técnicos como en acciones cotidianas en el conjunto de las relaciones sociales.

Consideraciones finales

A lo largo de esta sección evidenciamos una serie de proyectos institucionales y su extensión tecnicista para el desafío de una gestión fronteriza. Poco ha sido realizado a lo largo del periodo analizado (2000-2012) para una gestión y política democráticas en la franja internacional. Los proyectos y algunos de los acuerdos como el reciente “Trânsito Vicinal Fronteiriço” (TVF), lanzado en 2015 entre Brasil y Argentina, y el “Documento Fronteiriço” entre Brasil y Paraguay son acciones normativas deliberadas en los espacios de discusión entre las autoridades gubernamentales. Para ambos documentos, la población fronteriza que posee históricamente las tácticas de circulación y los usos de la frontera no fue consultada respecto a la obligatoriedad de su uso. Así, junto a la precariedad de los medios de información y comunicación del Estado, los mayores interesados en esta circulación -la población fronteriza- se encuentran inmersos en un conjunto de procedimientos burocráticos que poco o casi nada conocen de su lógica de implantación. Para completar, citamos aquí la organización, en 2012, de la “Conferência Nacional de Fronteiras”, realizada en Foz do Iguaçu. En el programa, en efecto, ninguna representación fue dada a la sociedad civil. El Mercosur, instancia política donde son tratados estos acuerdos fronterizos, se ha presentado desde su fundación en 1991 como un espacio que poco dialoga con la población y la sociedad civil. A pesar de que los documentos y las autorizaciones para el tránsito entre la población fronteriza son políticas de circulación celebradas a partir del Acuerdo Mercosur, es importante señalar que este espacio está limitado para las organizaciones gubernamentales y poco se hace para garantizar la participación de los movimientos sociales y otros colectivos.

En definitiva, en nuestro trabajo hemos prestado atención en el conjunto de dispositivos (técnicos y normativos) lanzados en un segmento de la frontera brasileña (en el Estado de Paraná), y se ha registrado que, a lo largo de este corto periodo de la mitad del siglo XXI, el espacio fronterizo internacional se presenta como un escenario de discursos e inversiones en aparatos de seguridad. Al mismo tiempo, en este mismo lugar, existen pocas políticas públicas efectivas para el cotidiano y la vida de la población que usa la frontera como su espacio de circulación y habitación.

Referencias

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