Introducción

En las últimas décadas, el estudio de las representaciones sociales ha tenido un fuerte despliegue en las ciencias sociales, debido a su carácter interdisciplinar en la construcción de los objetos de estudio y su disponibilidad como recurso metodológico. Su abordaje favorece la comprensión de las relaciones que establecen los seres humanos en los niveles cognitivo, emotivo y valorativo del sistema social. Además, tales representaciones permiten el acercamiento entre los discursos y las prácticas, conforme se instaura el pensamiento social como horizonte de la acción. Por ello, son útiles para conocer las dinámicas de las relaciones sociales y las regularidades en torno a las características de las interacciones.

El abordaje de las representaciones sociales sobre los derechos humanos y la cultura política posibilita un acercamiento a los modos en que las personas producen y ponen en circulación tanto los significados como los sentidos sobre la vida, la participación y el territorio. Con ellos, interpretan la realidad cotidiana, construyen el conocimiento social del mundo y establecen modalidades de pensamiento práctico orientadas a la comunicación, comprensión y dominio del entorno social (Jodelet, 2008; 2018). Lo anterior, debido a que los derechos humanos se constituyen en ideas afectantes, plegadas en el entramado simbólico mediante las prácticas sociales y culturales con incidencia en el sistema político. Por esto, el estudio de tales derechos no se reduce a la forma en que son positivizados, sino que incluyen los procesos de subjetivación política, formación del pensamiento crítico y movilizaciones personales y colectivas ante el abuso del poder.

En este orden de ideas, se plantea la siguiente hipótesis de trabajo, según la cual, la comprensión de los derechos humanos se ha visto atravesada por los contrastes de la historia social y política de América Latina. Ello, principalmente, porque la cultura política se ha configurado a través de la tradición de valores políticos heredados de la colonia, de tipo hacendatario y parroquial (González, 2014), y el establecimiento de regímenes democráticos con fuerte presencia de autoritarismo, así como de una despolitización orientada a la apatía e indiferencia, en la que predominan ciudadanías pasivas y prácticas como el clientelismo y la cleptocracia en la administración del poder político (Manrique, 2019). En consecuencia, las interacciones sociales alrededor de los derechos humanos contienen comportamientos en los que prevalece poco conocimiento del sistema normativo e institucional, así como cierto desinterés hacia los valores que estos representan en el sistema político. No obstante, ante este panorama, los derechos humanos son asumidos por las organizaciones sociales de base como praxis instituyentes de los territorios; favorecen procesos de subjetivación política que promueven valores democráticos cimentados en el uso público de la razón, el consenso entrecruzado y las emociones políticas. Todo lo dicho, debido a la capacidad de agenciamiento que desarrollan las iniciativas comunitarias, las cuales tienen como principios de la acción colectiva una libertad basada en la solidaridad; la promoción y el cuidado de la vida expresada en la preocupación por la naturaleza; la promoción de las artes, el deporte y la cultura; y el establecimiento de estrategias de economía solidaria que impulsan el desarrollo social de las comunidades.

La originalidad del estudio reside en la mirada crítica sobre los derechos humanos que asumen las organizaciones sociales, al tomar distancia del discurso hegemónico que tiende a reducirlos al ámbito de lo jurídico. Por el contrario, acercar los derechos a lecturas que amplían su comprensión como ideas afectantes permite vivenciarlos como fuerzas que incentivan el desarrollo del pensamiento crítico y cultivan las emociones morales como empatía, indignación y compasión. Además, se favorece la construcción de una subjetividad política que contribuye una idea de libertad basada en la solidaridad.

Aproximación conceptual

El estudio de las representaciones sociales en las organizaciones sociales de base

Las representaciones sociales se constituyen en un recurso teórico y metodológico que enriquece el entendimiento de las relaciones contextuales entre los derechos humanos y la cultura política, debido a que los sujetos sociales interactúan en el sistema social, a partir del conjunto de valores, ideas y prácticas que establecen en el ámbito de sus interacciones constituidas como guías para la acción. Para Moscovici (1975; 1986), estas cumplen una doble función: dan estructura al orden social y permiten la comunicación entre los integrantes de la comunidad, al contribuir con los códigos requeridos para el intercambio social, puesto que sirve para denominar y clasificar de manera inequívoca los aspectos del mundo social, así como de su historia individual y colectiva. En consecuencia, son una modalidad de conocimiento cuya función es elaborar las pautas que orientan el comportamiento y la comunicación de los individuos.

Según Lynch (2020), las representaciones se definen partiendo de un sistema de opiniones, conocimientos y creencias propias de una cultura, una categoría o grupo social. Sus características están determinadas por elementos cognitivos que son organizados, compartidos y producidos colectivamente en el proceso de comunicación, por ende, tienen un carácter histórico y de pertenencia al pensamiento social. Ello pone de manifiesto el vínculo estrecho entre la teoría de las representaciones alrededor del sujeto, la mente y las producciones simbólicas que intercambian los seres humanos (Jodelet, 2008). Este abordaje implica abrir un horizonte reflexivo que suscribe la teoría de las representaciones sociales con los aspectos de la imaginación humana inscritos en los sistemas ideacionales, los cuales permiten la formación de teorías del mundo social y de las teorías de conocimiento del mundo social. Jodelet (1986; 2018) considera que las representaciones encuentran una estrecha relación con las concepciones y abordajes teóricos de los fenómenos sociales que conciernen al ámbito de lo ideal. Por esto, en las ciencias sociales, aquellas se constituyen en operadores simbólicos y lógicos de la vida colectiva, ya sea porque facilitan un acceso a las dimensiones figurativas, culturales y prácticas de los fenómenos sociales o porque se despliegan como una herramienta para pensar el enlace entre lo mental y lo material, con el propósito de resignificar la cultura y destacar el lugar de los hechos sociales como objetos de conocimiento.

Por su parte, Abric (2001) piensa que las representaciones sociales funcionan como elementos que posibilitan entender y explicar la realidad, por ende, se construyen como un saber práctico con el que se hace posible asimilar de forma comprensiva un contexto, es decir, se constituye en el saber del sentido común. En razón a lo anterior, dichas representaciones se convierten en condición necesaria para la comunicación, ya que dejan transmitir y difundir el saber. Asimismo, fomentan la identidad de los grupos y sujetos, al establecer modos de significación que incrementan el sentido de pertenencia, hecho que las ubica como referente valórico y normativo en el que logran diferenciarse de los demás, por lo que aportan al control social con los procesos de socialización. A modo de movilizadoras de la orientación, las representaciones guían las conductas personales y colectivas de cada uno, estableciendo juicios de anticipación y determinación de las expectativas sobre los comportamientos, de ahí que se instauren como prescripciones de las prácticas sociales. Finalmente, funcionan como justificación, al favorecer la explicación a posteriori de la conducta y las posturas adoptadas; de esta manera, se refuerza la posición del grupo y se mantiene la diferenciación social, al promover la construcción de un sistema propio de referencias que dan sentido a los comportamientos y permiten entender la realidad.

El abordaje comprensivo de las organizaciones sociales de base, a partir del trabajo interpretativo que ofrece la teoría de las representaciones sociales, enriquece las miradas concernientes a la manera en que estas ponen en circulación sus saberes, actitudes, informaciones, valores y creencias en el entramado social. La acción que despliegan en los territorios conforma un caleidoscopio de significados que amplían el horizonte de sentidos y la producción simbólica determinante de sus pautas de orientación hacia el sistema político. Por ende, los procesos que desarrollan se construyen en medio de tensiones, luchas y conflictos, los cuales establecen con entes gubernamentales u otras organizaciones y actores sociales, para movilizar modos de acceder al conocimiento social del mundo.

Derechos humanos

La construcción discursiva de los derechos humanos como objeto de estudio ha tenido un despliegue en la historia de Occidente enraizada con la tradición filosófica, como lo señalan los trabajos de Beuchot (2011), Maldonado (2010), Menke y Polland (2010) y Feinmann (2019), quienes reflexionan sobre su naturaleza y positivación en la escena jurídica (Ibáñez, 2018), incluso, abordan su fundamentación desde los paradigmas iusnaturalista, iuspositivista, utilitarista, historicista y contractualista de corte kantiano (Papacchini, 2012). En estas lecturas, hay críticos y detractores que justifican su inserción en la existencia humana, recurriendo a elementos cohesionadores como la dignidad humana, la vida, la libertad, la hermenéutica analógica, el racionalismo, el universalismo; además, los tratan desde la perspectiva generacional que los conforma. Tales derechos también son fuente de controversia, al utilizarse como dispositivos ideológicos (Ignatief, 2003) con los que se justifican incursiones militares, por parte de algunas potencias que someten a pueblos a su violación y marginación; por ello, son acusados de ficciones morales (MacIntyre, 2013) o simbólicas distorsionadas de la ideología liberal capitalista, que sirven a la despolitización (Zizek, 2011).

En la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos han generado gran interés en las ciencias sociales, ampliando su margen comprensivo y multidisciplinar enriquecido por su confrontación empírica en la realidad contextual (Estévez y Vásquez, 2010). Su irrupción ha estado supeditada al devenir sociohistórico de cada época, el cual han conformado las condiciones de posibilidad para su articulación con el conjunto de prácticas sociales y culturales que amplían el campo deliberativo. Incluso, se han abierto a la construcción de nuevos objetos de estudio, mediante su inserción en problemáticas relacionadas con la interculturalidad (Beuchot, 2005), el género (Rald, 2010), el medio ambiente (Simón, 2012), las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Pérez de Acha, 2016), la literatura (Guaraglia, 2018), la formación (Magendzo, 2015; 2017) y la educación inclusiva (Azrak, 2017). Este interés se explica, según Hunt (2010), por la ampliación de la sensibilidad moral, ya que esta sirvió de horizonte de irrupción de los derechos humanos y coincidió con el predominio de prácticas sociales y culturales como las novelas epistolares, la pintura y el rechazo al uso del terror y la crueldad como mecanismo jurídico, ante lo cual se conformaron las bases para ejercer de forma diferente el ejercicio del gobierno. En este sentido, emociones sociales como la empatía cobraron mayor preponderancia en el panorama de aprehensión de los derechos.

En concordancia con lo anterior, las transformaciones culturales que condujeron a la emergencia de nuevos actores sociales —como mujeres; jóvenes; población lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual y queer (LGBTIQ); ambientalistas, entre otros (Touraine, 2016)— los convirtieron en portavoces de nuevas demandas por los derechos. De esta forma, la institucionalización de su discurso no se minimizó a la lista de proclamas y declaraciones que se hacían en el escenario normativo internacional, sino que se articuló con los cambios en las mentalidades de la época, a partir del uso crítico que esos nuevos actores les fueron impregnando (Medina, 2020). De esta forma, en el contexto latinoamericano, se desplegaron iniciativas de promoción, aseguramiento y protección de los derechos, que incluso llegaron a desbordar al Estado, mostrando que, ante su precariedad, no basta con el marco jurídico para su plena existencia, sino que es preciso un encuadre entre el entramado cultural, los sujetos colectivos y el conjunto de aspiraciones, oportunidades y preferencias que establecen en el marco de su existencia (Marín-Aranguren y González, 2020).

Para Habermas (2010), los derechos humanos tienen un alto contenido moral y legal cuya fuente es la dignidad humana, de ahí que esta sirva de fuerza política justificadora de la utopía concreta que los explica, a partir de su preponderancia, en proclamas, declaraciones y constituciones políticas, como parte del horizonte jurídico que los posibilita. Aquí la autonomía y el desarrollo de la conciencia moral desempeñan un papel destacado al convertirse en los fundamentos de la dignidad. Pese a ello, en el mundo actual, el discurso institucional de los derechos humanos no escapa a la paradoja de la retórica que los expande y divulga a través de las Naciones Unidas, pero, a su vez, sirven de instrumento para justificar el abuso del poder. Esto ha llevado a una relajación que los minimiza y soslaya de la fuerza moral que contienen; por ello, el mismo Habermas considera que es preciso recuperar el impulso político que moviliza tales derechos, mediante el fortalecimiento de su validez positiva en la comunidad. En este mismo sentido, Cortina (2010) considera que el recurso a la cualidad biológica de los seres humanos como fundamento de los derechos los conduce a la falacia naturalista. En consecuencia, se debe activar el circuito moral que favorece la ética discursiva, en el que el reconocimiento de las personas como seres capaces de comunicación beneficia la construcción de un sistema normativo que adquiere validez, gracias a que los participantes hacen uso de un discurso práctico. Debido a lo anterior, la ética discursiva proporciona una base racional de fundamentación de los derechos, en la que estos se ven no como simples aspiraciones, sino como exigencias racionales que requieren ser positivadas y satisfechas, pese a que no sean reconocidas por las respectivas instituciones encargadas de su promoción, divulgación y aseguramiento.

Amartya Sen (2019) opina que el corpus reflexivo de los derechos debe ser interpretado como imperativos globales con fuerte incidencia en los contextos locales. Esto, debido a su doble fuerza motivacional, ya que, por un lado, sirven de elementos disuasivos para la generación de leyes o normas que protegen la vida humana y, por otro, son disipadores de movilizaciones ciudadanas y agitación pública ante su posible vulneración. En consecuencia, los derechos no deben considerarse elementos acabados, sino que hacen parte de un movimiento social con gran fuerza contrahegemónica (Gallardo, 2009), en el que converge el pluriverso de las diversas luchas por la dignidad (Santos y Martins, 2019). Incluso, se propone que sean vistos como prácticas culturales de tipo instituyente, con capacidad para incidir en la construcción de una democracia radical y pluralista, que haga posible una vida digna de ser vivida y permita a los individuos constituirse como sujetos plurales y diferenciados (Sánchez, 2018).

Cultura política

El estudio de los derechos humanos, su divulgación, reivindicación y aseguramiento amplía el espectro sobre el cual se traza el conjunto de pautas que orientan los comportamientos políticos de los sujetos, especialmente, aquellos que se movilizan en redes de trabajo asociativo como las organizaciones sociales de base. Por ende, la cultura política como herramienta analítica favorece la comprensión de los derechos humanos, al indagar cómo estos, en sus aspectos cognitivos, emotivos y valorativos, afectan la conformación del sistema político (Almond y Verba, 2007). Esta lectura hermenéutica es enriquecida por los abordajes investigativos y reflexivos sobre el estudio de la cultura política, de autores como Mejía (2008; 2011), Schneider y Avenburg (2015) y Rodríguez (2017), quienes reconocen las posibilidades interpretativas en la comprensión de la historia social y política de América Latina. Lo anterior, desde una perspectiva que muestra las desigualdades, ambivalencias y complejidades, en la institucionalización de los derechos humanos en la región.

El abordaje de la cultura política pone de manifiesto las condiciones de posibilidad de algunas sociedades democráticas para explicar el interés del comportamiento político de los sujetos, al reconocer el sistema de creencias empíricas, símbolos, expresiones y valores que definen su situación en la acción política desarrollada y el modo mediante el cual la articulan a sus luchas y exigencias por una vida digna de ser vivida. Más allá de recurrir a los estudios tradicionales reducidos a la descripción del comportamiento cuantitativo del electorado, la cultura política hace manifiesto el vínculo entre la formación de ciudadanías críticas y los derechos humanos. Así lo han expresado Herrera et al. (2005), Henao y Álvarez (2015), Sabogal y Escobar (2022), a partir de las miradas a los procesos de socialización política e identidad nacional; construcción democrática escolar; subjetivación política y formación ciudadana; educación para la paz y pedagogía de la memoria en ecologías violentas (Herrera y Vélez, 2014). Esto muestra el potencial del tema para ser tratado como un eje metodológico y analítico de problematización de los derechos humanos.

Método

Se recurre a una investigación cualitativa en la que predomina el análisis interpretativo propio de las ciencias sociales para la comprensión del objeto de estudio. La indagación se desarrolló con 12 organizaciones sociales de base, las cuales fueron identificadas a partir del Atlas Social de Ciudad Bolívar que había realizado la Corporación Comunitaria Cuyeca A Obsun (Suárez et al. 2021), de amplia trayectoria en el territorio por su defensa en la promoción de los derechos humanos. Luego, se establecieron, junto con la Corporación Inti-Tekoa, como criterios de selección: que sus integrantes habitaran el territorio, provenientes de procesos comunitarios, que el trabajo organizativo girase alrededor de la defensa de los derechos humanos y que existiesen redes de cooperación con otras organizaciones. Se invitó al proceso y se aplicó un formulario de caracterización de la organización, el cual permitió recoger datos relacionados con su trayectoria, lo que moviliza sus procesos, los rasgos de sus iniciativas, así como el tipo de población beneficiada y las redes de trabajo de las que formaba parte. La sección final de esta ficha invitaba a la responder un cuestionario que indagaba sobre el conocimiento de los derechos humanos y la cultura política, tanto para integrantes como beneficiarios de la organización, igual que una pregunta abierta para escribir y organizar, de mayor a menor valor de relevancia, cinco palabras enlazadas a derechos humanos y cultura política, a modo de descriptor semántico. Este primer acercamiento posibilitó reconocer las organizaciones y su posición frente a los derechos humanos y la cultura política. Con dicha información se diseñó el trabajo con los grupos focales y, más adelante, ocurrió la aplicación de las entrevistas semiestructuradas.

El trabajo de los grupos focales se concentró en reconocer de qué manera los procesos y acciones desarrollados por las organizaciones en los territorios aportan a la comprensión o protección de los derechos humanos; en esta lectura, se identifican las relaciones establecidas con la cultura política, mediante el abordaje de los conocimientos, actitudes y creencias que circulan en los marcos de referencia semánticos de las organizaciones. Este acercamiento también favoreció indagar sobre los retos y posibilidades (proyecciones) que inciden en las iniciativas desenvueltas. Los datos recolectados permitieron plantear algunas entrevistas semiestructuradas con las organizaciones, para ahondar en los hallazgos preliminares identificados. El trabajo de campo finalizó con un encuentro con las organizaciones, con el fin de intercambiar los aprendizajes mediante un taller de cartografía social, en el que los participantes plasmaron sus perspectivas acerca del proceso y retroalimentaron los avances investigativos. La información se analizó a partir del modelo procesual centrado en la producción de sentidos y la forma en que estos circulan entre el núcleo de la representación y su periferia.

Hallazgos

La aplicación de la ficha de caracterización de las organizaciones permitió reconocer trayectorias en el territorio, la forma en que entienden los procesos de participación social y política, asociados a los derechos y los mecanismos orientados tanto a la promoción como a la reivindicación de estos. De este primer acercamiento, se destacan descriptores semánticos como vida, libertad de pensamiento, lucha social, territorio y dignificación, al momento de caracterizar los derechos humanos, mientras que al abordar la cultura política sobresalen participación, acción política, resistencia, partidos políticos y solidaridad.

La información recopilada posibilitó identificar algunas concepciones y posturas sobre las categorías abordadas y las relaciones que establecen entre estas. Al indagar sobre qué entendían por derechos humanos, prevalecen las miradas cercanas a considerarlos como bienes primarios que aseguran aspectos vitales para las personas (40 %), así como aquellas que los ubican en el sistema normativo universal, pero que se adecuan a la legislación de cada país (33,3 %); también, hay quienes los entienden como prácticas culturales que transforman las reivindicaciones primarias de cada época (20 %) y un pequeño grupo los cree exigencias realizadas al Estado solo por parte de los ciudadanos asegurados por el ordenamiento jurídico (6,7 %). Las actitudes que prevalecen al momento de promover los derechos son empatía (53,3 %), solidaridad (40 %) y agradecimiento (7 %). La violación y vulneración de estos derechos generan emociones como indignación (86,7 %) y apatía (13,3 %). Los valores que sobresalen en la comprensión de los derechos humanos son la solidaridad, la libertad y el respeto a las diferencias.

La cultura política es concebida como el conjunto de costumbres y prácticas en torno a la política que existe en al ámbito local, regional y nacional (46,7 %), seguida de los conocimientos, sentimientos y creencias que las personas tienen sobre el sistema político (26,7 %), así como, las prácticas relacionadas con la democracia y la ciudadanía dentro de un Estado (20 %) y un pequeño grupo la relaciona con los intercambios que facilitan el acceso a recursos estatales (6,7 %). Además, relacionan la cultura política con los procesos que dentro del Estado tienen que ver con alienación, emancipación y resistencia (40 %), así como con los rasgos de pertenencia a este como nación, patria e identidad (33,3 %) y, de forma minoritaria, incluyen aspectos propios del poder político como la burocracia, el elitismo y el poder hegemónico (13,3 %), más el autoritarismo, la dominación, el populismo y la democracia (13,3 %).

Finalmente, la relación entre derechos humanos y cultura política es justificada porque ambos aportan a la transformación social y política de los sujetos y las comunidades (73,3 %), mediante su enlace con el sistema democrático (20 %) y la interdependencia generada al compartir algunos valores ciudadanos (6,7 %). Aquí toma relevancia el tipo de acciones que se desarrollan en el territorio, cuyo eje de orientación puede ir desde la intervención a grupos sociales específicos y los procesos de articulación con otras organizaciones hasta la participación en procedimientos gestados por grupos sociales específicos; las iniciativas desplegadas en el conglomerado de procesos sociales se convierten en el epicentro de sentidos y significados que hacen posible el universo simbólico en el que circula la representación. Los resultados obtenidos en esta fase de la investigación se convirtieron en insumo para el diseño metodológico de los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas que completaron el trabajo de campo. Lo obtenido de este proceso enriquece la discusión.

Tabla 1. Síntesis de las representaciones sociales sobre derechos humanos y cultura política

Información	Actitud	Campo de la representación	Red semántica
Conocimientos sobre la organización y funcionamiento del sistema de derechos.	Posturas positivas o negativas respecto a los derechos humanos o el sistema político.	Imágenes compartidas sobre las relaciones entre derechos humanos y cultura política.	Expresiones reiteradas por los integrantes del grupo focal o la entrevista.
Circula información sobre el cuerpo de los derechos, se reconocen los fundamentales y los colectivos.	Miedo al momento de iniciar su participación en acciones de tipo colectivo.	Dignidad popular como estrategia ético-política para reivindicar y exigir los derechos.	Derechos humanos, luchas, desinformación, vulneración, territorio, vida, ambiente, participación, jóvenes, mujeres, comunidad, autonomía.
Escaso conocimiento sobre el sistema jurídico para activar reclamaciones hacia los derechos.	Inconformismo hacia la política tradicional, promueve movilizarse hacia la reivindicación de los derechos por fuera del Estado.	Libertad basada en la solidaridad.
Los derechos son exigencias o reclamaciones hacia el Estado; cuando este no funciona, la sociedad debe asegurarlos.	Emociones morales y políticas al trabajar por los derechos. Empatía, compasión y solidaridad.	Descontento ante la precariedad de Estado para movilizarse por los derechos humanos.
		Presencia de los derechos asociados a la libertad y la igualdad.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Las representaciones sociales sobre derechos humanos y cultura política en las organizaciones sociales de base se destacan por conformar un núcleo figurativo cuyo eje lo constituye la tríada vida, participación y territorio, materializado en prácticas discursivas realizadas en las interacciones cotidianas que comparten en la vida personal y colectiva. La circulación del conocimiento sobre los derechos humanos se expresa en pautas de comportamiento cognitivas, emotivas y valorativas sobre el sistema político. Esto significa que los saberes asociados a los derechos humanos no transitan de forma diáfana. Por el contrario, el contenido de las informaciones impregna los significados y sentidos de las prácticas colectivas que llevan a cabo los sujetos en los territorios. Los derechos humanos se conciben como exigencias ético-políticas que logran afectar las realidades contextuales; por ello, las iniciativas desarrolladas se convierten en modulaciones de los diversos agenciamientos que los hacen posibles. Así, las prácticas sociales y culturales que desarrollan se instauran como praxis transformadoras, las cuales afectan la subjetivación.

Los derechos humanos circulan más allá del sentido normativo que les imprime el discurso hegemónico, reconocido como un elemento necesario para su inserción y reivindicación, pero no suficiente para su vivencia. Se reconoce un buen número de derechos, pero encadenados entre sí. Por ejemplo, el derecho a la vida, asociado a la vivienda y la salud, o la libertad, inscrita en la educación, la expresión y la participación. Inclusive, en algunas organizaciones, la educación como derecho se convierte en la mejor manera para apropiar los demás derechos. Esto resulta significativo, en la medida en que existe preocupación por superar las lecturas tradicionales de los derechos, en las cuales las personas saben que existen, pero desconocen cómo profundizar en su reivindicación jurídica y vivencia colectiva. Los procesos comunitarios desarrollados se despliegan en el horizonte ético-político de los derechos humanos, aunque, en algunas ocasiones, no dan cuenta de dicho alcance; solo el trasegar de la experiencia va tejiendo los hilos para desbordar su comprensión legal y normativa. Su discurso origina algunas porosidades en las pautas y los comportamientos hacia el sistema político, las cuales incluyen el desenvolvimiento de iniciativas que logran desbordar el ámbito institucional. Esto ocurre a partir del conjunto de significaciones desplegadas entre el hacer, el sentir y el valorar el territorio.

Los elementos adyacentes están conformados por saberes, actitudes y creencias alrededor del bienestar, el libre pensamiento, la solidaridad, el liderazgo, el poder popular, el pensamiento crítico, la diversidad, el compromiso, la empatía y el cuidado tanto del mundo como de los otros. Las relaciones entre los derechos humanos y la cultura política adquieren un campo discursivo de tipo ético-político en el que se promueven y aseguran los aspectos vitales para las personas. Por eso, aportan a la transformación social y política de los sujetos y las comunidades, siempre y cuando se reconozca su importancia en la democracia. Si bien existe un reconocimiento de los derechos humanos como parte del sistema normativo universal que se adecua a la legislación de cada país, se considera que el proceso de implementarlos se ve afectado por la cultura política tradicional en la que es predominante la instrumentalización e indiferencia hacia la norma; por ello, se acatan, pero no se cumplen. En algunas organizaciones, se considera que las prácticas culturales y sociales promovidas permiten desnaturalizar ese sistema de creencias, mediante acciones colectivas que conjugan la promoción de la vida, la participación social y el cuidado del territorio.

La vida como fuerza instituyente de los derechos humanos

El predominio de la vida toma diversas formas para su defensa. Cuando las interacciones humanas buscan sobrevivir mediante luchas colectivas, la promoción de la vida se impregna de nuevos significados que transforman las prácticas sociales. La búsqueda de bienes primordiales en pro de la sobrevivencia, como alimento o vivienda, empieza a ser comprendida como insumo para afectar la comprensión de la vida. Así, pues, al recabar en el origen de algunas organizaciones, se reconoce la necesidad vital compartida, como el punto de quiebre para la conformación del vínculo asociativo. De esta manera, la lucha por la vida ha movilizado colectivamente a los integrantes de la organización. En razón a lo anterior, “Si no hay humanidad no hay por quién luchar (…) los derechos humanos van perdiendo sentido cuando no hay una vida digna que respetar y cuidar” (Erika Novoa, integrante de la Asociación de Mujeres Progresistas de la Cumbre, comunicación personal, 26 de septiembre de 2021).

La vida no se comprende como un elemento trascendente en los procesos desarrollados, sino que es inmanente al quehacer colectivo, lo realizado en los territorios es el despliegue de esta para seguir siendo posible. Por eso, entre su defensa y promoción, se tejen acciones compartidas que la sacralizan, como el Carnavalito por la Vida y el Amor, celebrado en el barrio Jerusalén y sus alrededores, cada año, desde 2006, donde organizaciones que trabajan en red participan junto a madres comunitarias en un encuentro intergeneracional festivo que promociona la vida, en una apuesta ético-política nutrida en el horizonte de la educación popular.

La preocupación por la vida empieza por una inquietud. Por ende, es recurrente en las narraciones la mención del desasosiego o la inconformidad como el punto de quiebre que incuba el despliegue de acciones que dan origen a la organización. “La protección de los derechos humanos empieza por cuestionar que algo no es normal. No es normal que estemos sin agua”; “(…) las pequeñas acciones empiezan como murmullos que van a capitalizarse en una organización” (James Cadena, integrante de la Junta de Acción comunal del barrio Paraíso, comunicación personal, 2 de septiembre de 2021). De ahí que la insatisfacción ante el mundo vivido crea un estado de conciencia que se incrementa al interactuar con los otros. No son las grandes reivindicaciones las que dan origen a las organizaciones, sino la inquietud por la vida, marcada por los avatares de las necesidades compartidas en los territorios. Surgen por la insatisfacción ante una vida que se potencia colectiva, donde las trayectorias personales se cruzan con reivindicaciones comunes.

Las organizaciones sociales de base desarrollan procesos sociales, culturales o ambientales en los territorios, a través de iniciativas cuyo contenido es una reivindicación de la promoción, protección y cuidado de la vida. Aunque pueden asumir varias características que los diferencian entre sí, el trasfondo de su accionar es la vida. De tal manera, existen organizaciones con procedimientos que comparten una preocupación por la vida personal, familiar o barrial, en un horizonte que moviliza recursos conducentes a la instauración de cambios favorecedores de una mejor vida para el planeta.

Los líderes en las organizaciones y sus integrantes vienen de procesos comunitarios en los que han aprendido la importancia de la vida. Los derechos han sido apropiados con un sentido crítico que ha transformado las miradas tradicionales alrededor de estos. Por ello, “Los derechos humanos son herramientas revolucionarias y desde procesos comunitarios y del buen vivir inciden en las comunidades” (Martha Ramírez, integrante del colectivo Dignidad Popular, comunicación personal, 6 de septiembre de 2021). Tienen la capacidad para transformar las comunidades, pero no desde la visión operativa y burocrática de los entes públicos (centrados en indicadores medibles que pueden resultar de buen provecho en ocasiones), sino desde el sentir colectivo que afecta a los sujetos en los territorios. En este sentido, la transformación de la vida se posibilita mediante la instauración de prácticas sociales y culturales que contienen ideas afectantes y se despliegan en el entramado social de forma intergeneracional (Torres, 2006). Los procesos desarrollados no se reducen a los resultados a corto plazo, realmente el trasfondo es la conformación de redes simbólicas que se mantienen durante el tiempo. En esta línea, los aprendizajes se incrustan como informaciones, actitudes y creencias que favorecen tanto la defensa como la lucha por los derechos humanos, la justicia social y la democracia. De ahí que las organizaciones reconozcan la importancia de trabajar en iniciativas que involucren diversas generaciones, para que dialoguen, establezcan puntos de encuentro e intercambien saberes y experiencias.

La vida se concibe más allá de los aspectos biológicos, por eso, en las comunidades la entienden como el útero social que vincula a los sujetos. En las organizaciones, se identifica con el conatus, es decir, por su preservación y mejora; así, las acciones realizadas la promueven y la cuidan. En sus reflexiones, son permanentes las lecturas que conciben la vida como un todo complejo que hace posibles las relaciones entre el ser humano y su mundo natural. Las acciones realizadas hacen énfasis en participar en iniciativas que impregnen a las personas para cuidar la vida en el planeta. Al no existir una separación radical entre el mundo natural y lo humano, las comunidades redoblan esfuerzos para desarrollar formas de conciencia cada vez más comprometidas con las transformaciones en los territorios, enfocadas en la preservación de la vida en todos sus aspectos. Por ejemplo, el trabajo de las organizaciones no se queda en la denuncia pública sobre los estragos de la minería en la periferia de la ciudad, sino que desarrollan acciones de educación ambiental a la niñez y la juventud, para que transmuten los modos en que se debe entender las uniones entre el ser humano y la naturaleza. Transmitir esta inquietud a las nuevas generaciones, ya sea a través del arte, la lectura, la lúdica, los deportes, la economía social, la agricultura urbana o el aprovechamiento de los residuos, se convierte en medio que forma la comprensión de los derechos humanos.

La acción colectiva realizada por las organizaciones sociales en los territorios afecta los procesos de subjetivación. Los aprendizajes colectivos vivenciados, tanto por integrantes como por sus beneficiarios, son interiorizados en la red de representaciones que circulan entre la vida personal y colectiva. La incidencia de estos aprendizajes amplía la comprensión de los derechos, pues no se reducen al sustrato tradicional, que los limita a la tensión entre deberes y derechos, sino que los impregna de interpretaciones que los desborda a través de una lectura contextual y crítica.

El territorio, la piel de las organizaciones

El territorio se constituye en el horizonte donde se despliega la vida y los derechos humanos en las distintas formas en que se pueden defender y promover. Las relaciones establecidas entre los sujetos en las organizaciones construyen dinámicas que fomentan interacciones, las cuales repercuten en la transformación de los contextos. El territorio se convierte en la piel de las organizaciones; las acciones que realizan nutren el cúmulo de repertorios en los que se movilizan los derechos e incluyen iniciativas que van desde su aprendizaje, la construcción de acciones que materializan su comprensión, hasta el establecimiento de redes de trabajo colectivo intra- organizativo, para fomentar procesos de concienciación de amplia resonancia en la ciudad.

El territorio se establece como núcleo figurativo de la representación, por la recurrencia constante que realizan las organizaciones cuando abordan los derechos humanos y la cultura política. Se estructura entre tensiones, dificultades y necesidades que atraviesan la conformación del orden social. Este se configura como un pequeño cosmos vital que da sentido, crea identidad y genera pertenencia en los sujetos. Por consiguiente, para las organizaciones hace parte de su memoria colectiva. Los relatos que recuperan en su historicidad la emergencia del proceso organizativo en los territorios reconocen la importancia del arraigo como el vínculo entre los sujetos y el barrio. “Recordar los procesos desarrollados por el colectivo en el territorio es hablar de la manera en qué hemos luchado por los derechos humanos en el barrio” (Martha Ramírez, integrante del colectivo Dignidad Popular, comunicación personal, 14 octubre de 2021). Hacer una genealogía del territorio permite reconocer que sus trayectorias han estado marcadas por tensiones, conflictos y complejidades, donde se reconocen los modos en que se desarrollaron los procesos de asentamiento en él. Las luchas del territorio han sido batallas políticas por los derechos humanos, porque desde allí se desplegaron iniciativas orientadas a la reivindicación de exigencias ante necesidades compartidas.

En el territorio, se materializan las acciones realizadas, convergen las producciones simbólicas que enriquecen la concepción de los derechos humanos, debido a que las prácticas sociales y culturales circulantes le imprimen nuevos significados, los cuales soslayan esa imagen descontextualizada y abstracta que prevalece en el discurso hegemónico. La formación de las representaciones entra en tensión, debido a que el contenido de las prácticas discursivas sobre los derechos está en continua disputa; el territorio amalgama dicha representación al contexto que la hace única y diferente. La vivencia de los derechos humanos adquiere en los territorios diversas formas de expresión y no se restringe únicamente al contenido normativo (Ambrosi, 2019). Su comprensión no se reduce a las formas con que son reivindicados ante el Estado, sino que el pragmatismo que distingue a las organizaciones da cuenta de los esfuerzos por movilizar iniciativas. Estas, desde la justicia social, el respeto a las diferencias y el cuidado de la vida, promueven tales derechos.

Los actores sociales se apropian del territorio a través de los procesos de asentamiento en los que este deviene a la memoria colectiva, como parte de la historicidad que los atraviesa. Aquí confluyen vidas humanas cuyo objetivo es asegurar la satisfacción de sus necesidades vitales. Por ende, las interacciones compartidas forman una conciencia favorecida por el flujo de la memoria, donde las voces de los actores transitan entre lo realizado y lo que está por hacer. En este sentido, el territorio se convierte en el horizonte que hace posible la comprensión de los derechos humanos, porque los materializa, al hacer evidentes las disputas que le dan sentido en el entramado social.

Participar en el territorio, la cartografía de la libertad

Las acciones desplegadas por las organizaciones en el territorio fomentan la participación social. La integración a un proceso organizativo ubica en el territorio a las personas, les da la posibilidad de reconocerse y ser parte del entramado social. Esto es posible porque las tensiones entre preferencias y oportunidades le exigen asumir la realidad contextual como parte de su propia cartografía de la libertad. De esta manera, se produce un encontrarse, que le facilita dar cuenta de sí mismo como autopoiesis, es decir, como un sujeto creador abierto a la oportunidad de transformarse y transformar su entorno. Las acciones desplegadas por los sujetos sociales estrechan los vínculos entre derechos humanos y cultura política. Lo previo se debe a que las iniciativas desarrolladas en los procesos comunitarios se encadenan con la promoción, los aprendizajes, la divulgación, la reivindicación, la resistencia y las luchas por los derechos; en consecuencia, afectan las pautas de orientación cognitivas, emotivas y valorativas de los sujetos hacia el sistema político.

La participación tiene unos rasgos característicos, pues no inicia con querer ser parte de... sino que se despliega como un aprendizaje. Esto se explica porque los integrantes de las organizaciones llegan a los procesos por invitación, motivados por algún incentivo o a cambio de una compensación. Allí se vinculan como espectadores al inicio, pero las dinámicas les hacen evidente la necesidad de querer colaborar e integrarse. Poco a poco, su vinculación genera compromisos en pequeñas tareas que fomentan la responsabilidad y el trabajo en equipo, surgen los conflictos y se aprende a vivir con ellos. No es un trabajo idílico, por el contrario, existen tensiones, inconformidades y cuestionamientos permanentes. Pero es precisamente dicho escenario el que favorece la construcción de los espacios participativos.

El sentido en que se interpreta la participación disloca las formas tradicionales de construcción de la ciudadanía democrática, hecho que afecta la cultura política. Por ejemplo, en algunas organizaciones es recurrente la lectura de las necesidades del territorio como punto determinante para movilizar acciones orientadas a su satisfacción, en medio de tensiones por gestionar preferencias y oportunidades. Esto implica establecer procesos democráticos basados en el conflicto y la deliberación, se invita a la discusión de las problemáticas y se establecen rutas de acción; luego, se eligen los encargados de llevar a cabo las tareas que benefician la consecución de los objetivos propuestos. En este transitar, algunos se involucran y ayudan, otros abandonan su quehacer o lo relegan. Pese a esto, la participación adquiere un sentido disruptivo que impregna con más significados la democracia. Esto es contrario a lo que suele ocurrir en el sistema político tradicional, en el que los políticos llegan a los territorios en busca de votos, a través de discursos en los que ofrecen soluciones al posible mercado de electores. Las organizaciones, más bien, movilizan procesos democráticos mucho más participativos, en los que el trabajo en redes colaborativas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel destacado. Esta orientación, en ocasiones, entra en choque cuando se trabaja con entes gubernamentales, debido a que los procesos institucionales tienden a ser un poco engorrosos, dado el desgaste burocrático. Uno de los retos que reconocen los integrantes de las organizaciones está en trabajar con la institucionalidad, mediante el establecimiento de redes de apoyo basadas en la participación y la comunicación.

Esta forma de participar instaura una práctica de la libertad respaldada en la solidaridad; sus elementos se convierten en los insumos periféricos que complementan la construcción representativa. Cuando se realizan las acciones en los territorios, la solidaridad se convierte en el móvil cohesionador de las voluntades para agenciar los procesos de ayuda y compromiso, especialmente, cuando se presentan situaciones difíciles. La solidaridad activa la capacidad interpretativa de la realidad contextual. Promover la comprensión de los derechos humanos en los integrantes de las organizaciones ha promovido que reconozcan en su trabajo la importancia de la solidaridad como baluarte de las iniciativas que emprenden. Igualmente, las iniciativas de economía social desplegadas se han convertido en insignia de identidad y pertenencia al colectivo. Los derechos humanos y la cultura política encuentran puntos en común, mediante las prácticas de la libertad basadas en la solidaridad; aquí prevalece una mirada positiva de la libertad, porque encuentra en su construcción la posibilidad de autorrealización e incremento de la autonomía. La voluntad que promueve reivindicar acciones de ayuda y transformación del territorio redunda en el mejoramiento de la calidad de vida, tanto en el nivel personal como en el colectivo.

Conclusiones

Existe una preocupación por ampliar el foco de fundamentación de los derechos humanos más allá de la reflexión filosófica. En las últimas décadas, los estudios cercanos a las ciencias sociales han aportado al acrecentamiento de sus márgenes. La teoría de las representaciones sociales se ha convertido en un punto de atención que posibilita su problematización, a partir de los conocimientos, afectividades, valores y creencias que establecen las personas en su vida cotidiana. Esto implica reconocer que en las organizaciones sociales las luchas, resistencias y reivindicaciones de los pueblos en contra del abuso del poder han movilizado la institucionalización y abordaje de los derechos humanos como objeto de estudio. De ahí que las transformaciones sociohistóricas enmarcadas en el proyecto moderno han gestado el horizonte discursivo de los derechos humanos, ya sea como mecanismos jurídicos que dan forma al poder hegemónico del Estado o como ideas afectantes favorecedoras de la instauración de prácticas instituyentes que dislocan el orden establecido.

Los procesos desarrollados por las organizaciones dentro de sus territorios promueven la comprensión de los derechos humanos, al recurrir a iniciativas propias del saber práctico, en acciones como cuidado de la vida y la naturaleza; deporte y recreación; arte y literatura; economía solidaria; liderazgo social; empoderamiento femenino; desarrollo integral de la infancia; educación popular y para la paz. Todas ellas se constituyen en modos con los que circulan en el campo de las representaciones.

La triada vida, territorio y participación conforma el núcleo figurativo de las representaciones sociales sobre derechos humanos y cultura política, en las organizaciones sociales de base estudiadas. La indagación permitió reconocer que los derechos humanos se conforman como ideas afectantes que atraviesan las prácticas sociales y colectivas desarrolladas por los colectivos, más allá de lo instituido; de ahí que favorecen el agenciamiento de procesos inscritos en la acción política que logran dislocarlo.

La posibilidad de abordar los derechos humanos desde los contextos populares se convierte en un punto de partida para profundizar en los diversos modos con los cuales son materializados en el universo simbólico de los sujetos. Las organizaciones sociales se instauran como un espacio de aprendizaje y reivindicación, ya que en ellas confluyen las interacciones y tensiones que se tejen y destejen entre individuo y sociedad, entre la vida personal y colectiva, entre ciudadanía y Estado. Las iniciativas desplegadas en aras de potenciar la fuerza instituyente de la vida incrementan la posibilidad de participación social y política, a la vez que amalgaman en el territorio una red de sentidos y significados. Estos últimos se entrelazan entre historias de vida personales y colectivas que dejan tras de sí la ampliación comprensiva de los derechos, mediante vivencias instituyentes, favorecidas por el uso público de la razón, el pensamiento crítico y el reconocimiento de las emociones políticas, como sendas orientadas a la construcción de una libertad basada en la solidaridad.

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