Entre recogimientos, vacunas e imprentas: el gobierno de Torivio Montes y las formas de ejercer el poder en un contexto posrevolucionario (Quito, 1812-1817)

Between Recogimientos, Vaccinations and Printing Presses: The Government of Toribio Montes and the Ways of Exercising Power in a Post-Revolutionary Context (Quito, 1812-1817)

Entre lembranças, vacinas e tipografias: o governo de Torivio Montes e as formas de exercício do poder num contexto pós-revolucionário (Quito, 1812-1817)

Heidi Yazmín Naranjo Robles*

Resumen

El presente artículo constituye un acercamiento inicial al gobierno de Torivio Montes como presidente de la Audiencia de Quito. Aquí se consideran ciertas formas en las que Montes ejerció el poder tras un proceso insurgente —la Revolución de Quito de 1809 a 1812—. Así como en otros oficiales regios, Montes participó de cierto ideal que se había desarrollado en la monarquía española durante el siglo XVIII: gobernar suponía, sobre todo, garantizar el orden —la correcta disposición de los hechos y situaciones— en el reino. Para examinar de qué maneras Montes trató de llevar a la práctica aquel ideal, se realizan dos análisis: por un lado, una relectura de investigaciones sobre este oficial real y sobre el proceso independentista quiteño; por otro, una revisión de los documentos producidos por este y por algunos de sus colaboradores.

Palabras claves: historia; gobierno; oficiales reales; poder; Ecuador.

Abstract

This article constitutes an initial approach to the government of Torivio Montes as president of the Audiencia of Quito. What is considered here are certain ways in which Montes exercised power in the aftermath of an insurgent process—the Quito Revolution from 1809 to 1812. Like other royal officials, Montes participated in a certain ideal which had developed in the Spanish Monarchy during the 18th century: that governing meant above all guaranteeing order—the proper arrangement of things—in the kingdom. To examine the ways in which Montes tried to put that ideal into practice, two things are carried out: on the one hand, a rereading of research on this royal official and the independence process of Quito; on the other hand, a review of documentation produced by him and certain collaborators of his.

Keywords: history; government; royal officials; power; Ecuador.

Resumo

Este artigo é uma primeira abordagem ao governo de Torivio Montes enquanto presidente da Audiência de Quito. Considera certas formas de exercício do poder por parte de Montes na sequência de um processo insurrecional - a Revolução de Quito de 1809-1812. Tal como outros funcionários régios, Montes participou num certo ideal que se desenvolveu na monarquia espanhola durante o século XVIII: governar significava, acima de tudo, assegurar a ordem - a disposição correcta dos acontecimentos e das situações - no reino. Para examinar as formas como Montes tentou pôr em prática este ideal, são efectuadas duas análises: por um lado, uma releitura das investigações sobre este funcionário real e sobre o processo de independência de Quito; por outro, uma revisão dos documentos produzidos por Montes e por alguns dos seus colaboradores.

Palavras-chave: história; governo; funcionários reais; poder; Equador.

Introducción

El presente artículo trata sobre el papel del General Torivio Montes como oficial regio en los territorios americanos. Específicamente, se analiza su gobierno como presidente de la Audiencia de Quito en el periodo comprendido entre 1812 y 1817. El arribo de Montes a dicha Audiencia se produjo casi al final de la denominada Revolución de Quito, la cual se desarrolló en el período 1809-1812, un proceso insurgente que había desconocido el gobierno de las autoridades reales hasta entonces instituidas y había establecido nuevos gobiernos que reconocían como soberano a Fernando VII. Una vez consumado el fracaso de este proceso insurgente, Montes no se preocupó tanto por castigar severamente a los insurgentes, sino de garantizar el perdón e instituir condiciones que legitimaran su autoridad. Esta actitud conciliatoria y benévola resultó fundamental, pues contribuyó a su mandato.

Tanto en Puerto Rico y Perú como en Quito, Torivio Montes procuró no solo impartir justicia, sino también liderar otras reformas de profundo calado para resguardar, cuidar y regir adecuadamente a los individuos, en particular, y a la población, en general. En este análisis se trata de que, al ejercer el poder como oficial real, Montes procuró llevar a la práctica cierto ideal: que el orden —el arreglo en los asuntos del reino gracias a una gestión adecuada— constituía una expresión, un síntoma del poder, de la bondad y de la justicia del rey. Este ideal de orden se relaciona con dos nociones analizadas por Michel Foucault y Giorgio Agamben, respectivamente: la de gobierno, la cual consiste en «la conducción de las conductas para enderezarlas a un fin determinado y la disposición adecuada de las cosas que se toman a cargo para conducirlas al fin que les es propio»; y la de oikonomía, que se relaciona con «una praxis gestional que gobierna el curso de las cosas».1

En su condición de oficial regio, Torivio Montes se convirtió en vicario de la voluntad real. Su ejercicio del poder en Puerto Rico y en Quito estuvo en consonancia con un ideal de orden. Para examinar esto, se realizarán dos análisis: una revisión de investigaciones sobre Montes y el proceso independentista quiteño, y un análisis de fuentes selectas, las cuales permiten elaborar una aproximación al rol de dicho oficial regio en el gobierno de la Audiencia que presidía.

Como se ha sugerido en líneas anteriores, el presente texto dialoga con dos grupos de investigaciones. El primero se enfoca específicamente en Toribio Montes, al ofrecer una panorámica de su trayectoria en América2 y exponer los aspectos más destacados de su labor en Puerto Rico3 y en Quito.4 El segundo arroja luz sobre diferentes cuestiones relacionadas con el proceso independentista de la Audiencia de Quito: el marco revolucionario inaugurado con la crisis de la monarquía española, el desarrollo de la Revolución de Quito de 1809-1812; las prácticas de los actores sociales que intervinieron antes, durante y después del contexto revolucionario; la proclamación y jura de la Constitución de Cádiz de 1812; el impacto de este texto constitucional en la circulación y el uso de categorías fundamentales —ciudadanía, representación y soberanía—, la incorporación de nuevos actores en la participación política, la reconfiguración del poder local ligado principalmente a los cabildos, la organización de elecciones constitucionales, etc.5

El presente trabajo recoge los aportes hechos por estos grupos de investigaciones para comprender la actividad de Montes en el contexto posrevolucionario quiteño. En términos generales, la experiencia de este oficial regio en América configuró una praxis del poder, la cual se manifestó en dos momentos fundamentales. El primero fue la pacificación de la Audiencia de Quito inmediatamente después de la derrota insurgente, recurriendo a la represión y, sobre todo, a la conciliación. El segundo se refiere a la transformación política iniciada con la Constitución gaditana, la cual promovió la promulgación y jura del texto constitucional, organizando el censo y estableciendo un plan de elecciones.

Ahora bien, para complementar lo anterior, es necesario también examinar el rol de Montes en el gobierno, es decir, la implementación de prácticas que intervenían en diversos aspectos de lo individual y lo colectivo para garantizar un orden dimanado de la voluntad real con el objetivo de optimizar la vida, la salud, la riqueza y la seguridad de la población.6

Como una primera aproximación al estudio de este tema,7 se analizará aquí las misivas, comunicaciones y disposiciones de Montes, así como de uno de sus principales colaboradores: José Javier Ascázubi, corregidor de Otavalo. Esta documentación sobre varios asuntos relacionados, en última instancia, con la administración de la vida y de los bienes en el contexto quiteño.

El presente artículo se halla dividido en algunas partes. En el primer acápite se examinará las transformaciones en la monarquía española que llevaron al surgimiento del gobierno como una forma de poder específica: la preocupación de los monarcas borbónicos por formar una élite a cargo del gobierno, al desarrollo de un ideal de orden que dicha élite debía llevar a la práctica.

En el segundo acápite se hará una breve reseña de la labor de Torivio Montes en territorios americanos y de los turbulentos sucesos acaecidos en la monarquía española y en la Audiencia de Quito entre 1809 y 1812. En el tercer acápite se analizará cómo Torivio Montes actuó para hacer valer su autoridad y, de esa manera, poder gobernar Quito. En los siguientes acápites se estudiará las prácticas gubernamentales a través de las cuales Montes trató de garantizar el orden, poniendo así de relieve la bondad y la justicia de la figura del rey.

La emergencia del Gobierno, la profesionalización de los oficiales reales y el ideal de orden en la monarquía española en el siglo XVIII

A partir de los siglos XVII y XVIII se produjeron importantes cambios en el ejercicio del poder dentro de las monarquías modernas. Fue entonces cuando el rey se convirtió en un símbolo encargado de dar unidad a la comunidad política, al mismo tiempo que estaba separado de esta.8 Para lograr el olvido de este artificio, fue necesaria una separación entre el ser y la praxis del poder, entre la soberanía y el Gobierno.9 Lo anterior le permitió al rey quedar protegido de los vaivenes políticos, pero también dio lugar a una problemática sobre la forma de manifestar su voluntad.

La problemática anterior se relaciona con la oikonomía —la correcta disposición de las cosas— y concernía al Gobierno. De ahí que la emergencia del Gobierno como principio de administración de poder distinto de la soberanía estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo e institucionalización de grupos sociales encargados de la administración. En otras palabras, la configuración y articulación de las prácticas gubernamentales en las monarquías modernas se apoyó en una burocracia de oficios y oficiales.10

En el caso de la monarquía española, estas transformaciones en torno al ejercicio del poder adquirieron particular relevancia a partir del siglo XVIII. La guerra de sucesión española, que estalló a inicios del siglo, dio pie a que llegara al trono la dinastía de los Borbones. Una vez en el poder, esta dinastía buscó recuperar el poderío y prestigio perdidos ante Francia e Inglaterra y hacer más efectiva la acumulación y recaudación. Lo anterior llevó a que se delinearan algunas tareas fundamentales: centralizar el poder, ampliar la administración estatal y debilitar los poderes locales. Para llevar a cabo estas tareas relacionadas con el gobierno, la creación de una nueva élite fue vista como una tarea fundamental. En consecuencia, la dinastía de los Borbones propició el surgimiento de una nueva burocracia acorde a sus propósitos: «Los hombres recién empoderados por los Borbones eran en su mayoría nobles provinciales, que eran relativamente independientes de los antiguos círculos de los Habsburgo».11

Para la formación de esta nueva élite, se dio pie a reformas en la educación y en el ejército. Las primeras fueron limitadas por la resistencia de las autoridades tradicionales, pero las reformas militares resultaron exitosas por la falta de fuerzas militares organizadas.12 El objetivo de la reforma militar consistió en formar un cuerpo militar centralizado y profesional bajo el comando real. Por un lado, las Ordenanzas de 1768 y el Reglamento de Cuba de 1769 dieron pie a que los oficiales del ejército se convirtieran en soldados del rey.13 A cambio de convertirse en sujetos altamente leales al rey, los oficiales pasaron a gozar de privilegios y exenciones.

Por otro lado, el mérito, el honor, la lealtad y la igualdad profesional se constituyeron en valores fundamentales al interior de la institución militar.14 Todo esto contribuyó a que el ejército se transformara en una institución meritocrática, semiprofesional y altamente centralizada. Así, los oficiales se convirtieron en agentes clave de las reformas y ocuparon cargos importantes en la administración imperial, siguiendo la política borbónica de nombrar oficiales regios por experiencia profesional y lealtad.

Asimismo, para esta emergente élite que provenía sobre todo del ejército, sus oficiales estaban asociados a ciertos ideales. Uno de los más fundamentales era el del orden. Como responsables del gobierno, de la oikonomía, los oficiales reales debían asegurar el buen manejo de los asuntos del reino, atender a las necesidades y el bienestar de la población. Garantizar el orden a través del Gobierno suponía hacer manifiesta la voluntad real. Siguiendo a Ana María Carrillo, se puede decir «que el soberano está encargado del orden como expresión de su existencia, o que el Reino en general es prueba de su existencia siempre y cuando lleve implícito las marcas de su poder, su bondad, su justicia».15

Lo descrito anteriormente en torno al surgimiento de una élite administrativa —los oficiales reales— y a la emergencia de un ideal de orden parece encajar con el paradigma del surgimiento de una «ética del funcionariado». Este paradigma, elaborado a partir de los aportes de Max Weber, se basa en dos principios: que la burocracia va surgiendo a través de un proceso de deshumanización, de despojo de aspectos personales; y que los miembros de la burocracia, al interiorizar sus obligaciones, van encarnando un ethos de su oficio.16 Ahora bien, el principal problema con este paradigma es que, al hacer hincapié en el paulatino surgimiento de una élite funcional y neutral, se refuerza también la noción del desarrollo teleológico del Estado moderno.17 Por todo lo señalado, el paradigma del surgimiento de una «ética del funcionariado» no debe ser tomado como una explicación definitiva, sino que debe ser contrastado con la praxis de los oficiales.

Estas consideraciones resultan fundamentales para acercarse al estudio de Torivio Montes y su ejercicio del poder como oficial real. Es posible afirmar que Montes participó del proceso de profesionalización del oficiado real. Ahora bien, lejos de dar por hecho las abstracciones sobre un ethos de dicho cuerpo o sobre el avance del Estado, se debe analizar cuáles prácticas se esperaban de Montes y cómo el ejercicio del poder fue moldeando una identidad y un comportamiento propios de este oficial real. Lo anterior supone ver, por un lado, de qué maneras Montes trató de llevar a la práctica el ideal de orden asociado a su oficio real y, por otro, cómo sus comportamientos trataron de acomodarse a diversas exigencias.

La trayectoria administrativa de Torivio Montes en el marco de la crisis de la monarquía española y la Revolución de Quito

Torivio Montes Caloca y Pérez forjó su carrera como militar, adquiriendo méritos que le garantizaron su ingreso en la administración imperial. Nacido en 1749 en el seno de una familia hidalga de un pequeño pueblo cántabro, Montes fue el segundo hijo. Este hecho dio pie a que ingresara al ejército siendo todavía un adolescente para buscarse un futuro.18 Como parte de esta institución intervino en acciones como «la expedición contra Argel (1775), el bloqueo de Gibraltar (1779), la reconquista de Menorca (1781) y las guerras contra la república francesa (1793) y Portugal (1801)»,19 las cuales le proporcionaron una considerable experiencia militar.

En 1789 fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago y en 1802 alcanzó el rango de Mariscal de Campo. Pese a que «aparentaba ser de carácter volátil y fácil a los exabruptos verbales», Montes dio muestras incuestionables de estar «comprometido con su obligación para con la Corona».20 La disciplina adquirida durante varios años de educación militar forjó su carácter parco, recio, austero, autoritario y escueto. En sus opiniones y decisiones Montes era directo, rechazaba por completo la insubordinación.

Al parecer fueron precisamente estas cualidades perfiladas a lo largo de su carrera militar las que fueron consideradas al designar a Montes como capitán general de Puerto Rico en 1804. Llegó a la isla con un grupo de hombres para servir a la Corona.21 El propósito fundamental del flamante gobernador y capitán general en la isla era hacer todo lo requerido para salvaguardar los intereses reales: obtener información en favor de la corona, datos sobre contribuciones, provisiones para las guarniciones, mantenimiento de soldados, así como donativos voluntarios y cuentas de las transacciones mercantiles.

En un documento de 1808, Torivio Montes certificó que, como emisario de la Corona, su misión en Puerto Rico «era velar por los intereses del rey, proveer remedios o provisiones para sostener la guarnición y empleados, la continuación de obras de fortificación para la defensa de la plaza y buscar de algún modo provisión para las demás ramas».22

Ahora bien, Montes se enfrentó a una situación compleja. La falta de recursos lo obligó a buscar soluciones para pagar a la tropa, impulsar la economía y aprovechar el comercio de los barcos que llegaban.23 Para empezar, permitió el comercio de neutrales, con esto se esperaba obtener circulante de los buques que cargasen en la isla. Asimismo, mantuvo relación estrecha con las regiones americanas para buscar solventar las urgentes necesidades de la isla. Si bien Puerto Rico requería del situado mexicano, las constantes solicitudes para que este fuera enviado generalmente terminaron siendo ignoradas. Tal inatención coadyuvó a que, en más de una ocasión, se recurriese a la solicitud de préstamos a créditos a otros territorios.

Montes mantuvo correspondencia con Antonio Amar y Borbón, virrey de Nueva Granada, para gestionar recursos. A partir de esta constante solicitud de fondos se entabló una relación epistolar entre el gobernador de Puerto Rico y el virrey de Nueva Granada, la cual dio lugar a un intercambio de noticias, entre ambos, principalmente relacionadas con el aprovisionamiento económico y el comercio americano y peninsular.24 Con todo, las solicitudes de préstamos y envíos de dinero no fueron satisfactorias. La única solicitud atendida fue la de la apertura para embarcaciones amigas.

Además de todo esto, en ese momento una serie de eventos amenazaron seriamente a Puerto Rico. Para empezar, como resultado de la guerra anglo-española (1804-1809), conflicto derivado de las guerras napoleónicas, había el riesgo de que San Juan fuese asediada por la armada británica.25 Asimismo, entre 1805 y 1806, la isla fue azotada por huracanes, los cuales fueron seguidos de sequías que destrozaron los sembradíos de arroz, maíz y verduras; esto trajo como resultado el inevitable desplome del comercio, que suscitó o agudizó problemas tales como la escasez de víveres, la falta de circulante y la difícil situación de las cajas de caudales de Real Hacienda. Para mitigar en algo el drama que vivían la población del sur de la isla, la zona más afectada, Montes ordenó el envío de arroz y harina.26

Durante su estancia en Puerto Rico, Montes tuvo noticia de la crisis de la Monarquía española. Tras la entrada de las tropas francesas en 1808, estalló un motín en Aranjuez, lo que llevó a la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. Aprovechando la situación, Napoleón Bonaparte hizo nombrar rey de España a José Bonaparte, su hermano. El rechazo al rey impuesto suscitó una revolución política en el mundo hispánico.27 En las ciudades de la península surgieron juntas de gobierno, las cuales dieron paso en septiembre de 1808 a la creación de la Junta Suprema Central y Gubernativa del reino, organismo creado para gobernar temporalmente en ausencia y a nombre del rey depuesto Fernando VII. En América, el rechazo a José Bonaparte fue acompañado de interés y preocupación por lo que ocurría en la metrópoli. De ahí que, cuando ciertos sucesos relacionados con la Junta Suprema —el limitado alcance de la representación americana, el traslado de Madrid a Sevilla— parecieron presagiar un futuro incierto para la monarquía española, algunos americanos consideraron que había que hacer lo necesario para mantener la autonomía frente a los franceses.

Tal fue la coyuntura que posibilitó que en varias ciudades americanas surgieran juntas de gobierno a semejanza de aquellas de la península. Así ocurrió también en Quito, dando origen a la insurgencia: entre el 9 y 10 agosto de 1809, un grupo de criollos no solo depusieron al presidente de la Audiencia, Manuel Ruíz Urriés de Castilla, y al resto de autoridades reales, sino que instauraron una junta de gobierno propia. Los miembros de la flamante Junta quiteña buscaban ejercer el poder en ausencia del rey sobre un «área marginal» de las posesiones americanas de la monarquía española. Con esto esperaban rearticular el territorio de la Audiencia de Quito, evitando que esta quedase cada vez más subordinada a los virreinatos de Perú y de Nueva Granada.

Al respecto, Jorge Núñez puntualiza que

… la transformación de agosto no fue un grito desesperado de protesta o una acción política motivada por el temor al ´afrancesamiento´ de las autoridades y su eventual obediencia al gobierno usurpador instalado en la península, sino una acción planificada, con la que culminaba el progresivo control político que la clase criolla había ido adquiriendo sobre su propio país, a la sombra del mismo sistema colonial, pero ciertamente a pesar de éste.28

La Junta quiteña terminó siendo un fracaso. Por un lado, las provincias colindantes a Quito rechazaron el proceder de los juntistas. Esto resultó particularmente notorio en Guayaquil y Cuenca. Las élites de estas dos ciudades, al constatar que sus intereses se veían amenazados por los poderes que la Junta de Quito se había atribuido para sí, decidieron mantener su lealtad a las autoridades reales. Por otro lado, el pueblo quiteño, si bien no se opuso a los sucesos de agosto de 1809, tampoco

… sentía como propia la causa de los insurgentes, ni estaba dispuesto a arriesgarse demasiado por ella. Tal posición tenía su propia lógica, pues el golpe había sido planeado por un grupo relativamente reducido de nobles, clérigos e intelectuales, sin participación popular. Además, el movimiento promovía los intereses de la clase dominante, por más que sus dirigentes, seguramente con sinceridad, los presentasen como el bien de la Nación y la Patria.29

Los juntistas finalmente decidieron negociar con Ruiz de Castilla, llegando ambas partes a un compromiso: el antiguo presidente de la Audiencia sería restituido en el mando y los miembros de la junta serían absueltos de cualquier cargo futuro. Sin embargo, el compromiso no fue cumplido. La contrainsurgencia se impuso con la llegada de tropas limeñas. Así pues, los miembros y colaboradores de la Junta terminaron siendo perseguidos y apresados. En agosto de 1810, un grupo de personas trató de liberar a los prisioneros. Esto dio paso a que las tropas limeñas perpetraran una matanza. Concluyó así la primera fase de la revolución quiteña.

El grueso de lo ocurrido en Quito llegó al conocimiento de Montes gracias a las comunicaciones de este con el virrey Amar y Borbón. En 1810, Montes fue nombrado gobernador de la Plaza del Callao con la subinspección general de las tropas veteranas de milicias y caballería en Perú. Al tiempo que Montes desempeñaba estas nuevas funciones, la segunda fase de la Revolución de Quito se fue desarrollando. La llegada de Carlos Montúfar como comisionado regio dio pie a la creación de una nueva junta de gobierno en Quito en 1810, subordinada al Consejo Supremo de la Regencia, organismo que había reemplazado la disuelta Junta Suprema Central.

Pese a reconocer formalmente los derechos de las provincias colindantes a Quito, la Junta volvió a ser rechazada en buena parte de la Audiencia. Esto último, junto con el nombramiento del general Joaquín Molina como presidente de la Audiencia, suscitó varias tensiones que desembocaron en enfrentamientos armados entre la insurgencia juntista de Quito y la contrainsurgencia realista del sur y del norte de la Audiencia.

A finales de 1811, mientras la Junta quiteña trataba, en medio de un creciente faccionalismo, de organizar un congreso para dictar una constitución, Montes fue designado como presidente de la Audiencia de Quito. En julio de 1812, Montes llegó a Guayaquil, desde donde dirigió una expedición que, apoyada por José Fernando de Abascal, virrey de Perú, tenía como objetivo poner fin al movimiento insurgente quiteño. Así pues, Montes emprendió su avance, derrotando a los ejércitos de la insurgencia quiteña en la batalla de Mocha. Tras esta victoria, Montes siguió avanzando hacia Quito. Allí, los insurgentes no solo rechazaron la propuesta de rendición, sino que trataron de fortificar la ciudad y colocaron sus huestes en un cerro cercano, llamado el Panecillo. Las fuerzas insurgentes no pudieron defender su posición y escaparon. Tras esto, la ciudad de Quito fue tomada por Montes y sus tropas.30 Poco después, las restantes fuerzas militares de la insurgencia quiteñas fueron derrotadas en San Antonio por las tropas realistas dirigidas por Juan de Sámano. Así, la revolución quiteña llegó a su fin.

La consolidación y legitimación de la autoridad de Montes como presidente de la Audiencia de Quito

La cuestión primordial en la Audiencia de Quito al momento de la llegada de Montes era legitimar su autoridad. Durante la Revolución de Quito, la insurgencia había establecido dos gobiernos. El gobierno erigido con la Junta quiteña de 1809 a nombre de Fernando VII había tratado de fundar su legitimidad en un par de nociones: primero, que, ante la ausencia del rey, el pueblo había reasumido el derecho de establecer la forma de gobierno que considerasen conveniente; segundo, que las autoridades reales no pudiesen ejercer el gobierno, pues su pasividad las había vuelto cómplices del invasor francés.31

Posteriormente, con la Junta de 1810 había surgido un nuevo gobierno que alegaba contar tanto con el aval del pueblo como con la autorización del rey.32 En un inicio subordinado al Consejo de Regencia, este Gobierno terminó por proclamar la independencia para reconocer sujeción tan solo al rey. Los gobiernos instaurados por las juntas quiteñas habían sido rechazados por la contrainsurgencia sobre la base de varios argumentos: que la soberanía no había regresado al pueblo porque Fernando VII vivía; que el pueblo español era uno solo; que la Junta Suprema y, posteriormente, el Consejo de Regencia eran las entidades que gobernaban en nombre del rey.33 Por todo esto, la lealtad de los contrainsurgentes se mantuvo con las autoridades reales correspondientes: el virrey José Fernando de Abascal, el presidente Joaquín Molina, los gobernadores Bartolomé Cucalón en Guayaquil y Melchor Aymerich en Cuenca.

En esta coyuntura, al asumir la presidencia de la Real Audiencia de Quito, Montes se enfrentó a un serio desafío: hacer valer su autoridad como presidente para buscar entonces conciliar intereses divergentes, como la sed de venganza de los realistas fieles y la necesidad de una conciliación para alcanzar cierta normalidad.34

Si bien una posibilidad para el cese de hostilidades fue la capitulación de los insurgentes, el asunto quedó zanjado, como quedó señalado previamente, con la victoria alcanzada por el coronel realista Juan Sámano en los campos de San Antonio. Tan solo entonces pudo el Mariscal Montes comenzar a actuar con miras a la pacificación de la Audiencia.

Lo anterior supuso, en primer lugar, dirigir su atención hacia la antigua insurgencia para erigirse en administrador de justicia, haciendo uso de una de las facultades primordiales del poder soberano: el derecho sobre la vida y la muerte. El 19 de noviembre Montes hizo pública la «Lista de los insurgentes que merecen ser decapitados». Allí aparecían los nombres de hombres y mujeres entre quienes se contaban civiles, militares, religiosos, hacendados y notables de la ciudad, fabricantes de pertrechos de guerra. María Antonieta Vázquez señala los nombres de los notables acusados, entre los cuales figuraban los nombres de varias mujeres, que merecen destacarse: doña María Ontaneda y Larraín, doña Antonia Salinas, doña Josefa Ferroña, La Costalona, María de la Cruz Vieyra Monja, doña Rosa Zárate, mujer de don Nicolás de la Peña.35 Estos nombres resultaban significativos en cuanto a su presencia y su actividad.

Ahora bien, esta facultad del poder soberano fue finalmente ejercida de diversas maneras. Como lo ha señalado Alexandra Sevilla,36 Montes dividió de manera tácita a los insurgentes en grupos. Ciertos insurgentes asociados a la continuación de acciones violentas —Rosa Zárate y Nicolás de la Peña, por ejemplo— fueron ejecutados, sirviendo así de corderos propiciatorios. Ahora bien, fuera de estos insurgentes, los demás lograron conservar la vida. Aquellos considerados como un peligro potencial para el orden fueron retirados del espacio político o desterrados. Otros recibieron sentencias que, posiblemente gracias a pagos, fueron conmutadas. Unos tantos recibieron el perdón y luego pasaron a colaborar con el gobierno de Montes.

Resulta claro que, entre la posibilidad de hacer morir y dejar vivir, Montes prefirió la última. Aún más, la política de «mano dura» fue aplicada de manera limitada y principalmente a comienzos de su presidencia. Aparte de las contadas ejecuciones, otras medidas tomadas fueron las órdenes de prisión, la confiscación de bienes, los destierros. También se implementó una estrategia militar para infundir temor, la cual comprendía medidas como toques de queda, retirada de armas y patrullas en los barrios y entradas de la ciudad.37 Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede decir que, a lo largo de su presidencia, Montes prefirió adoptar una actitud conciliadora con el fin de mantener la unidad y desterrar la sedición.38 De ahí que no faltaron medidas tales como los indultos, las permutas de ejecuciones y destierros, la implementación de penas pecuniarias.

A manera de ejemplo, considérese el siguiente caso. En una comunicación del 7 de diciembre de 1812 remitida al secretario de Estado y del Despacho de la Real Hacienda de España e Indias, Montes informaba sobre dos decisiones que había tomado respecto a un insurgente y un contrainsurgente:

… el Tesorero de estas Reales Caxas Don Juan Bernardino Delgado que há servido con el mayor esmero a los Insurgentes segun los informes que he tomado, se halla ciego y en edad muy abanzada sin poder desempeñar las obligaciones de su empleo, por cuya razón le he concedido el retiro con la mitad del sueldo en atención a cincuenta y dos años que lleva de servicio, y con calidad que después que verifique su formal entrega pase a la Plaza de Guayaquil, y hé nombrado en su lugar a Don Atanacio Larios que há venido con este Excelentísimo de Comisario de Guerra y Tesorero, pues á mas de ser acreedor, excusará la Real Hacienda el pago de sueldo que disfrutava como contador de la Renta extinguida de Aguardientes en aquella Ciudad, cuya determinación espero será de la Real aprovación por ser conforme a lo prevenido en Real Orden de seis de Abril del presente año.39

Aquí se puede ver cómo Montes trataba de actuar pragmáticamente, balanceando diferentes intereses y demandas. En el informe de 1813 elaborado por el contrainsurgente procurador síndico Ramón Núñez del Arco, Delgado es acusado de servir «con esmero mandando fabricar armas, municiones Nc. Cobrando exactamente las deudas, y en una palabra á entera satisfacción de los sediciosos».40 Al castigar a Delgado por su cercanía a la insurgencia, Montes mostraba su autoridad, pero procuraba evitar la severidad extrema con motivo de los años de servicio y la situación de ceguera y vejez de Delgado. En cambio, al nombrar a Larios como nuevo tesorero, Montes recurría a una medida de gracia, justificándola no solo por la lealtad de Larios y los servicios prestados por este, sino también por criterios fiscales —el ahorro de sueldos en beneficio de la real hacienda—.

Montes no solo llevó a cabo medidas conciliatorias y represoras orientadas a la pacificación, sino que también intervino en la transformación política inaugurada por la Constitución Política de la nación española promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias en 1812. De hecho, la proclamación y jura de dicho texto constitucional en 181341 fueron tareas que pusieron a prueba su pericia para hacer valer su autoridad y consolidar la pacificación en la Audiencia. Resulta notable el éxito especialmente en el caso de Quito, si se considera el poco tiempo que había transcurrido desde la derrota insurgente. Esto se debió, en buena medida, a que Montes tuvo cuidado de que en las ceremonias de proclamación y jura de la Constitución se reafirmara la unión de los quiteños entre sí y como parte de la nación española,42 recurriendo a elementos más característicos del antiguo régimen —la manifestación de lealtad al rey y los rituales religiosos—.43 Asimismo, en concordancia con la Constitución de Cádiz, Toribio Montes hizo las disposiciones y los nombramientos correspondientes para dos aspectos: por un lado, organizar el censo que determinaría los ayuntamientos que debían establecerse; por otro lado, diseñar un plan de elecciones para los tres niveles representativos: el ayuntamiento constitucional, la diputación provincial y las Cortes.44

Ahora bien, el texto constitucional gaditano inauguró una nueva política, la cual incidía en cuestiones como el ejercicio de la ciudadanía, la representación política y la reconfiguración del poder local de los cabildos, reconvertidos en ayuntamientos.45 Montes buscó adaptarse a esta novedosa situación, en la cual su margen de acción en varios aspectos estaba condicionado por la autonomía reconocida a los cabildos, devenidos ayuntamientos.46 Esto se puede ver en una de las actas del Concejo de Quito de 1813. Allí el cabildo, si bien reconocía que Montes había dado su anuencia para que se decretaran los artículos relativos a las elecciones populares, también procuraba reafirmar su rol en lo tocante a la publicación de la Constitución:

… pero tomando en cuenta hallarse prevenido por el Real Decreto dado en Cádiz á Dos de Mayo de mil ochocientos doze por el capítulo segundo relativo a la publicación de la Constitución política de la Monarquía Española tocase su publicación a los Jueces y Ayuntamiento y contar al mismo tiempo la buena disposición que manifestaban los Capitulares en guardar tan grata Resolución, como que se constituyen intérpretes de las sabias sublimes ideas que se encierran en tan admirable código: para su cumplimiento se determinó dirigir el correspondiente oficio al Exmo. Señor Comandante Gral Gefe político, cuya copia se incertaría, como que no lleva otras miras que velar por el buen orden, obiar qualquier conmocion é inquietud popular; y así mismo el dar á conocer que hallandose enteramente sometido a la Nacion, desea prevenir toda interpretación siniestra a la acertadas determinaciones que puntualisa, con lo qual la firmaron, de que igualmente doy fe.47

Nótese cierta ambigüedad de las relaciones entre Montes y el cabildo de Quito, suscitada por el hecho de que ambos trataban de equilibrar el respeto a la Constitución al reafirmar sus competencias. El presidente de la Audiencia había promovido el texto constitucional, impulsando su complimiento en diferentes aspectos, lo que se evidencia en su reconocimiento amplio de la ciudadanía,48 y su anuencia para que se decretaran los artículos relativos a las elecciones populares.49 Al reconocer esto, el Cabildo quiteño mostraba su adhesión al nuevo régimen constitucional y se ofrecía como garante del orden público y de la fidelidad a la nación española con un objetivo claro: reforzar su autonomía y su influencia política, definiendo su rol en la publicación de la Constitución.

Para que Montes pudiese llevar adelante su forma práctica de gobernar, debió hacerse mucho más que vencer militarmente a los insurgentes e implementar castigos y escarmientos. Fue necesario, además, intervenir sobre el gobierno mismo, restableciendo su legitimidad y reorganizando su funcionamiento. Montes adoptó una actitud conciliadora, evitó los castigos severos y, posteriormente, trató de propiciar la unidad en la provincia de Quito y de facilitar las reformas estipuladas en la nueva constitución, valiéndose para ello de símbolos y rituales reconocibles. Es importante destacar, con todo, que la trasformación de la cultura política suscitada por la Constitución gaditana supuso varios desafíos para Montes, los cuales estuvieron relacionados principalmente con su margen de acción en correspondencia con la reconfiguración del poder de grandes cabildos como el de Quito.

Montes, el ideal del buen gobierno como expresión de la voluntad real y la preocupación por la ciudadanía

El gobierno de Torivio Montes en la Audiencia de Quito destacó por su carácter prudente y práctico, orientándose sobre todo hacia la solución de problemas, la realización de obras, y la disposición de medidas consideradas convenientes para la población. Montes procuró que su poder como vicario real luciese benévolo. Esto último no era simplemente una expresión de la idiosincrasia de Montes, sino, más bien, una manera de entender y llevar a la práctica el ideal de orden en el reino, cuidando, protegiendo y rigiendo a los individuos y a la población.

El ideal de un reino ordenado dependía del papel del rey como protector de sus vasallos. En palabras de Ana María Carrillo, la función de cuidado era «una de las características de la autoridad real cuyo esfuerzo se enfoca en lograr y auspiciar, como administrador doméstico y como rector del régimen político, “el justo medio”». Así, la noción de cuidado dio cabida a prácticas de protección, vigilancia y prevención, las cuales pondrían de manifiesto la preocupación del rey por sus súbditos. Las prácticas de cuidado, fundadas sobre bases de carácter moral, estuvieron dirigidas primordial, aunque no exclusivamente, hacia aquellos grupos poblacionales sin los medios para sobrevivir por su cuenta: viudas, huérfanos, ancianos, etc. La figura del rey como padre que velaba por su «hijos» había sido un elemento característico de la monarquía española.50 Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando se desarrolló una suerte de política social, que «reordenaba las prácticas de asistencia y cuidado de aquellos que necesitaban atención: pobres, enfermos y desvalidos».51

Una de las poblaciones hacia la que se dirigió esa política social fue la de los familiares cercanos de los soldados caídos. Desde el siglo XVIII y como parte de la preocupación social surgida con el reformismo ilustrado de Carlos III, se comenzaron a pensar y desarrollar mecanismos para garantizar el bienestar de ciertos familiares en particular: las viudas.52 En efecto, en dicho siglo había aumentado el número de miembros del ejército no pertenecientes a la nobleza, quienes, al caer en combate, dejaban viudas y huérfanos, así como otros familiares cercanos sin capacidad de sustentarse por sí mismos. Ante este problema, se comenzaron a pensar mecanismos para no dejarlos desamparados.53

En concordancia con estas transformaciones, Torivio Montes había procurado dejar en claro que la voluntad real se expresaba también en el apoyo a las cónyuges y otros familiares próximos de los soldados caídos. Como gobernador de Puerto Rico, había subrayado que el rey se preocupaba de cuidar «a las viudas cuando estas reclamaron el derecho a sus pensiones».54 De manera similar, como presidente de la Real Audiencia de Quito, mandó en 1816 a publicar la Real Orden en la que se manifiesta que el Rey concedió «el que los padres pobres de oficiales muertos en acción de guerra gocen la pensión correspondiente al empleo de sus hijos, y de la misma manera los de sargentos, cabos y tambores».55

Además de los familiares de los soldados caídos, otro grupo poblacional al cual Montes trató de brindar asistencia fue el de los huérfanos. En una carta suscrita el 17 de julio de 1816, el corregidor José Javier Ascázubi informó al presidente Montes que había mandado a:

… publicar, circular, y archivar el Bando impreso en el que consta que V.E. se ha dignado beneficiar a esta Provincia erigiendo en el Real Hospicio un recogimiento de crianza y educación para niños huérfanos. Establecimiento digno de la grandeza de V.E., y por el que de mi parte doy a V. E. las más debidas gracias.56

Al manifestar su reconocimiento y gratitud, Ascázubi hace hincapié en que la medida de Montes constituía un beneficio y una muestra de grandeza hacia una población a la que se consideraba en necesidad de atención. A través de esta obra, Montes seguía la idea de que, como vicario real, debía cuidar, proteger y regir a los individuos y a la población, especialmente a los más vulnerables, como parte de su deber moral y político. Su presencia como buen gobernante, preocupado por el bienestar de los súbditos y el orden del reino, quedaba asegurada.

Dicho esto, se debe puntualizar que, en los territorios americanos, el hospicio era una institución que había existido desde el siglo XVI, cumpliendo la función de propiciar el cristianismo a través del recogimiento de los menesterosos. No fue sino a partir de las trasformaciones impulsadas por la dinastía de los Borbones que, al interior de dicha institución, fueron desarrollándose nuevas formas de asistencia, orientadas en poblaciones específicas: huérfanos, pobres y enfermos.57 El Estado, en concreto, pasó a asumir las funciones de una suerte de familia para los huérfanos. En palabras de Sandra Rodríguez, así como la familia pasaba entonces a asumir la tarea de formar a los hijos y proporcionarles educación, el Estado pasaba a «adoptar a todos los huérfanos sociales que sin distinción debían ser corregidos, disciplinados e instruidos en los nuevos principios educativos».58 Se puede intuir, por lo tanto, que la creación del recogimiento para los huérfanos tenía como objetivo propiciar una conducta apropiada para los huérfanos, en una situación de encierro que les evitase caer en la vagancia, el vicio.

Los efectos de la mayor intervención gubernamental se hicieron sentir no solo entre los sujetos desamparados como las viudas o los huérfanos, sino también entre la sociedad en su conjunto. Uno de los espacios decisivos en donde se puso en juego la administración de la población fue la salud. La dinastía de los Borbones, en sintonía con el pensamiento ilustrado, impulsó medidas e ideas sanitarias para mejorar la productividad y garantizar el progreso del imperio. En nombre del bienestar de los súbditos,59 las reformas sanitarias se orientaron principalmente al combate de epidemias como la viruela. Así, se implementaron «una serie de políticas para regular las prácticas terapéuticas, la implementación de diferentes medidas institucionales, la centralización de la práctica sanitaria y la circulación en las colonias de tratados médico-quirúrgicos sobre esta enfermedad».60

Entre las medidas sanitarias implementadas, una de las más célebres fue la creación de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. En 1803, Carlos III aprobó crear dicha expedición, la cual pasaría a los territorios americanos para vacunar a la población, enseñar a preparar la vacuna antivariólica y organizar juntas municipales de vacunación.61 Todo esto coadyuvó no solo a combatir la viruela, sino también a que se afirmase la acción gubernamental.

En el caso de la Audiencia de Quito, la Real Expedición llegó subdividida en dos grupos: por un lado, el de José Salvany y Rafael Lozano; por otro, el de Julián Grajales y Basilio Bolaños. De los dos grupos, el primero resultó particularmente importante. Este llegó a la ciudad de Quito en julio de 1805 tras haber recorrido los Andes desde el norte. Allí, gracias al respaldo del presidente de la Audiencia, el barón de Carondelet, y de otras autoridades civiles y eclesiásticas, permaneció cerca de dos meses, vacunando a la población y organizando la Junta Filantrópica de Quito. De ahí pasó a Cuenca y Loja, cumpliendo su labor y recibiendo muestras de agradecimiento y simpatía.62

Como oficial regio, Montes había llegado a asumir que una de sus tareas era velar por la salud de la población a su cargo. Esto explica que, como gobernador de Puerto Rico, se preocupase por evitar la propagación de enfermedades como «calenturas de costa y tercianas, el pian, la lepra, el pasmo —tétanos— y la sífilis —bubas o búas, conocida en ese momento como el “sarampión de Indias”».63 Cardona señala que la salud pasó a constituir un asunto fundamental tanto en la isla, como en Quito. Allí, Montes encontró principalmente la devastación producida por los estragos de la viruela,64 que había ocasionado gran mortandad durante las epidemias de 1764 y 1785.

Ante esto, Montes mostró interés en la salud y el bienestar de la población; por ende, en la vacunación, llegando a promulgar la propagación, uso y conservación de la vacuna. Ahora bien, esta tarea corría a cargo del cabildo en virtud de formar parte del «gobierno económico», es decir, de entender y practicar el orden social. Por esta razón, el corregidor de Otavalo Javier de Ascázubi, desde Cayambe el 29 de abril de 1815 tuvo que reconocer esta limitación de la autoridad presidencial y sugirió una forma de intervención:

Excelentísimo Señor:

Nada hay más útil a la humanidad para libertarla de los terribles estragos de la viruela que el uso y conservación de la vacuna. Pero hago presente a vuestra excelencia con el debido respeto que este ramo corresponde al Cabildo que tiene el gobierno económico; y mientras subsista este cuerpo no puedo yo formar una compañía de hombres de mi confianza para su conservación. Por tanto suplico a vuestra excelencia me permita dar orden a este Ayuntamiento para que traiga el fluido, propague su uso y lo conserve con responsabilidad; pues de otra suerte lo sería yo, por lo que depende de otras manos.65

Más tarde, las diligencias sugeridas por Ascázubi tuvieron efecto. Así lo expresó en una carta fechada el 16 de mayo de 1815:

El Cabildo de Otavalo envió ya a esa ciudad un diputado a conducir la vacuna, ofreciéndome hacerla propagar y cuidar de ella con el mayor esmero; y dando al mismo tiempo las más debidas gracias a vuestra excelencia por la bondad con que procura vuestra excelencia la felicidad de las provincias de su mando.66

Estas cartas de Ascázubi muestran que la intervención gubernamental a través de la difusión de nuevos conocimientos y prácticas sanitarias no se debió a imposiciones de oficiales reales. Montes, preocupado por la salud de la población, decidió respetar el papel del Cabildo otavaleño en el gobierno económico. Al no poder intervenir directamente, tuvo que adoptar una actitud colaborativa con este agente local sin pretender hacer usurpación de funciones.

Es de resaltar, asimismo, el compromiso del Cabildo otavaleño para propagar y cuidar de la vacuna con el mayor esmero. Esto guarda relación con el hecho de que las políticas y técnicas empleadas para hacer frente a epidemias como la viruela, si bien habían surgido principalmente a partir de conocimientos médicos importados, respondían a los antecedentes, las circunstancias, y las adaptaciones locales.67

En la Audiencia de Quito, antes de que Montes se preocupara por llevar la vacuna a lugares como Otavalo y de que la Expedición Filantrópica difundiese la vacunación en varias ciudades, hubo un personaje intranquilo por desarrollar una política para hacer frente a la viruela: Eugenio Espejo. Con motivo de la epidemia de 1785, Eugenio Espejo había escrito sus Reflexiones sobre la viruela, obra basada en la observación y la experimentación en la que incluía una perspectiva social sobre la medicina.68

La utilidad y la felicidad pública también fueron invocadas para promover acciones gubernamentales orientadas hacia la erradicación de la ignorancia y todos los males que se derivaban de ella. Esto no resulta extraño si se considera que, en el siglo XVIII, el concepto de felicidad adquirió gran popularidad, pues principalmente se le asoció a «un estado de seguridad y prosperidad material que es logrado mediante un programa reformador ilustrado».69 Promover la felicidad podía suponer, entre otros aspectos, promover el comercio, erradicar la flojera, adecentar las costumbres, hacer progresos en las ciencias y las artes, etc.

Todo lo anterior explica la relevancia que fue adquiriendo la imprenta como herramienta clave para llevar las luces a los súbditos. Se esperaba que la imprenta contribuyese a formar súbditos ilustrados, obedientes, conocedores de sus obligaciones. Así, al finalizar el siglo XVIII se fue creando una prensa de carácter ilustrado en la América española. Su objetivo era «formar, educar y, en definitiva, extender entre la sociedad americana los nuevos conocimientos que se estaban desarrollando en Europa».70 En la Audiencia de Quito, el accionar del obispo Joseph Pérez Calama y de Eugenio Espejo a comienzos de la década de 1790 contribuyó a que la imprenta fuese considerada como una herramienta para la causa pública, convirtiéndose en un aporte a la mejora económica y social sobre los ideales ilustrados de la razón, la ciencia y el bien común.71

Con el comienzo de los procesos independentistas en la América española, la imprenta de nuevo adquirió preponderancia tanto en la insurgencia como en la contrainsurgencia. Aunque todavía no hay suficientes estudios sobre el uso de la imprenta durante la Revolución de Quito, es importante destacar el impulso a la imprenta dado por uno de los principales opositores a la insurgencia quiteña: el virrey José Fernando de Abascal, quien promovió una pedagogía política fidelista, no solo al auspiciar la Gaceta del Gobierno, órgano que no solo fue creado para la promoción de un liberalismo moderado y la reivindicación del orden monárquico español, sino también para intervenir directamente en la censura de periódicos insurgentes y la promoción de los contrainsurgentes.72

Considerados todos estos antecedentes, no resulta sorprendente que el general Torivio Montes atribuyese particular importancia a la imprenta. Por esta razón, durante su gestión como gobernador de Puerto Rico, había adquirido una imprenta en 1806, lo que a su vez había permitido la publicación en 1807 de La Gaceta, el primer periódico puertorriqueño.73 Como presidente de la Audiencia de Quito, asimismo, puso de relieve las «unas ventajas de tanta consideración» de la imprenta para la ciudadanía.74 Así, en una carta del 30 de abril de 1813, el presidente afirmó que el establecimiento de una imprenta era

… muy recomendado por el Supremo Gobierno de la Nación, y tan ventajoso a los Pueblos para el adelantamiento y perfección de las artes y de las ciencias; he determinado que sin pérdida de tiempo se concluya la Imprenta que se ha empesado en esta Capital, aplicándose para los gastos precisos el dinero producido por la venta de las obras duplicadas de la Biblioteca Pública, que existe en poder del Doctor Don Tiburcio Peñafiel. Espero, pues que V.S. recaude inmediatamente esta cantidad, y que de ella se vayan haciendo aquellos gastos, para que esta obra no se demore.75

Cuando se escribió esta carta apenas habían pasado unos pocos meses desde su ingreso a Quito. La proclamación y jura de la Constitución no se habían efectuado de manera extendida. Tal coyuntura, al parecer de Montes, justificaba el establecimiento de la imprenta, tecnología a la que atribuía un papel fundamental en la conducción de los sujetos. De ahí la preocupación por recaudar el dinero necesario para la imprenta, con un tono formal pero firme. Asimismo, las invocaciones a las artes y las ciencias dan cuenta de un ideario ilustrado fundado en las nociones de orden, utilidad y felicidad pública.

A la par de los empeños ilustrados por difundir las luces a través de herramientas como la imprenta, hubo también firmeza en combatir ciertas prácticas de la plebe asociadas con la ignorancia, el ocio y el vicio. El orden no solo requería de prácticas para cuidar y formar a los vasallos, sino también de mecanismos capaces de frenar las malas acciones y reorientar las conductas hacia el trabajo. Esto provocó que ciertas prácticas populares fueran objeto de cuestionamientos, bajo la excusa de que iban en contra de la moral y no contribuían al bien público.

A lo largo del siglo XVIII, una de las actividades más impugnadas fue la de las corridas de toros. Por un lado, para el pensamiento ilustrado español las corridas tenían varios efectos negativos: afectaban la economía, provocaban ausentismo laboral y generaban una imagen negativa de España. Por otro, en consonancia con estos cuestionamientos, los monarcas de la dinastía de los Borbones prohibieron en varias ocasiones las corridas.76

En la Audiencia de Quito de finales del siglo XVIII, los desórdenes por las corridas de toros llevaron a que, por solicitud del presidente Luis Muñoz de Guzmán, se expidiese en 1797 una cédula real que prohibía las corridas de toros. Tal disposición, sin embargo, no fue acatada por el barón de Carondelet, el sucesor de Muñoz de Guzmán. Pese a su cercanía con círculos ilustrados, Carondelet decidió no obedecer la disposición, aduciendo que las corridas ofrecían una distracción frente a los males que habían azotado a la Audiencia. Aunque en 1806 se expidió una cédula en la cual se reiteraba la prohibición, la constante era la desobediencia de estas disposiciones.77

En este trasfondo de disposiciones encaminadas a prohibir las corridas y de sus constantes desacatos, Torivio Montes se ocupó del asunto. Así lo evidencia el corregidor Javier de Ascázubi, el 4 de febrero de 1816, cuando señala que:

se ha publicado por Bando y circulado por todos los pueblos de este corregimiento la orden de Vuestra Excelencia del 13 del p prohiviendo las corridas de toros; y fiestas que las motivan a fin de precaver a los naturales, y mas vecinos de los gastos y servicios con que suelen pensionar los curas a sus feligreses con este motivo.78

Resulta interesante ver que años después de posibilitar las corridas de toros durante las celebraciones con motivo de la proclamación y jura de la Constitución gaditana, Montes tratase de prohibir este entretenimiento. La disposición de Montes parece ir acorde con el planteamiento ilustrado de que las corridas de toros y las fiestas populares debían ser erradicadas para fomentar la moral y el bien público.

En consonancia, Ascázubi deja en claro que la prohibición fue impulsada invocando la protección de los indios y la necesidad de frenar las acciones que podían perjudicar a la tributación. En este sentido, la medida concordaba con las iniciativas gubernamentales para reorganizar la vida tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto, en nombre de la utilidad y del bien de la mayoría. Sin embargo, quizás la prohibición obedecía también a preocupaciones políticas relacionadas con el afán de evitar posibles situaciones de desorden y violencia.

Como resultado de la actitud conciliatoria que Montes había adoptado con la mayor parte de los insurgentes, la contrainsurgencia había comenzado a manifestar su descontento. Esto había llevado a algunos incidentes en 1815: un tumulto ocasionado por soldados en Otavalo, el cual se convirtió en un acto insurgente según ciertos realistas fieles;79 el arresto de antiguos insurgentes por parte de ciertos militares descontentos con Montes;80 la cancelación de las corridas de toros con motivo del regreso de Fernando VII debido a un presunto intento de asesinato contra Montes.81 Este último incidente pone de manifiesto que las corridas de toros, como lo demuestra María Antonieta Vásquez en su tesis, eran espacios de sociabilidad en donde se ponían en juego tramas e intereses políticos. No resulta improbable, por lo tanto, que el intento de Montes de prohibir las corridas tuviese como uno de sus objetivos cancelar un espacio en el que podían organizarse acciones contra su gobierno.

Con todo esto se hace evidente que la pacificación de Montes, pese a su relativo éxito, no había impedido el surgimiento de tensiones. El temor de la desestabilización del orden sea por diferentes motivos o actores, siguió siendo una constante en esa época. Esto parece haber llevado a que el presidente Montes tomara medidas con la finalidad de que la plaza de Quito estuviera bien asegurada. Como se ha visto, desde su gestión en Puerto Rico, una de las preocupaciones más importantes de Montes había sido la defensa del territorio, tanto para eventuales ataques como para asegurar los territorios. Tal preocupación parece haber llevado a construir las «Fortificaciones Reales de Quito», para evitar una nueva rebelión local o controlarla si sucedía.82

La finalidad de esta medida no fue solo el aseguramiento de los territorios, sino también el control de la población. Además de lidiar con los problemas de trascendencia política, el presidente Montes se preocupó de disuadir cualquier nuevo intento de insurgencia. Posiblemente, con las Fortificaciones Reales de Quito no se pretendía solo garantizar una infraestructura militar, sino también infundir una sensación de obediencia entre los vasallos. La ubicación de las edificaciones en un cerro con vistas al conjunto de la ciudad contribuía a generar una sensación de constante observación. En virtud de la fisionomía de estas edificaciones, se operaba algo así como una mirada panóptica de claras repercusiones para los vasallos potencialmente observados: con este mecanismo de control no era necesario recurrir a actos explícitos de violencia o de amenaza, pues «el mero sometimiento a un régimen panóptico logra por sí solo que el individuo cumpla las normas y desarrolle los patrones de conducta que se esperan de él».83

Conclusiones

La trayectoria de don Torivio Montes como oficial regio y, específicamente, como presidente de la Real Audiencia de Quito constituye un interesante caso para analizar. Como se ha visto, los alcances de una de las principales reformas impulsadas por la dinastía de los Borbones, a partir del siglo XVIII, fue la de reformar la institución militar, consolidando el control real y fomentando nociones como el mérito, el talento, la destreza y la virtud. Así, el ejército pasó a constituirse en una sólida institución basada en la lealtad al rey, la cual contribuyó en la administración imperial. Fue en el contexto de estas transformaciones en el ejército que Montes desarrolló su carrera militar y obtuvo así los méritos requeridos para ingresar a la administración hispánica.

Torivio Montes fue consciente de que, como oficial regio, era vicario de la voluntad del rey. Esto supuso ir en concordancia con el ideal de orden que establecía una estrecha relación entre el buen funcionamiento del reino y la concreción de la voluntad real a través del Gobierno. Así pues, Montes desarrolló una fórmula de gobierno basada en una actitud práctica, orientada hacia la solución de problemas y la disposición de medidas consideradas propicias para el buen desenvolvimiento de los individuos y de la población. Tal fórmula fue aplicada al ejercer el poder no solo en Puerto Rico y Perú, sino también en Quito.

Ahora bien, dado que Quito se encontraba en una situación posrevolucionaria al momento de su llegada, Montes debió tomar varias medidas previas. En primer lugar, legitimar su autoridad, ganándose la simpatía de la población quiteña a través de una actitud conciliadora. Una vez legitimada su autoridad y la de su gobierno, Montes trató de avanzar con varias reformas impulsadas de una u otra manera por la monarquía desde años atrás en sus posesiones: el cuidado de los sujetos desprotegidos —los familiares cercanos de los soldados fallecidos, los huérfanos—, la intervención en la salud de la población en nombre de la utilidad y el bienestar general, la difusión de las luces a través de la imprenta y la prohibición de las corridas de toros.

Pese a su afán por traducir la voluntad real en un buen gobierno, Montes no fue totalmente exitoso. Por un lado, las medidas gubernamentales impulsadas no fueron impuestas desde arriba, sino que debieron ser negociadas y adaptadas de acuerdo con las circunstancias y antecedentes locales. Por otro lado, su estrategia de pacificación provocó descontento entre otros oficiales reales, lo cual contribuyó a que dejara su cargo como presidente de la Audiencia de Quito y abandonara América. Después de Montes, la presidencia de la Audiencia fue ocupada por otros oficiales regios formados en el ejército: Juan Ramírez y Melchor Aymerich. Si bien reiteraron su lealtad al rey, desdeñaron la actitud más benévola de Montes. El análisis de los gobiernos de Ramírez y Aymerich, sin embargo, escapan al alcance del presente trabajo.

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