Mauricio Ceroni Acosta

Universidad de la República de Uruguay, Uruguay

mauricio.ceroni@cur.edu.uy

https://orcid.org/0000-0001-6086-7325

Emiliano Guedes Bica

Universidad de la República de Uruguay, Uruguay

emilianoguedes@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6444-0548

Walter Oreggioni

Universidad de la República de Uruguay, Uruguay

woreggioni@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-6475-398X

Gerardo Sarachu

Universidad de la República de Uruguay, Uruguay

gsarachu@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-3544-8938

Juan Riet

Universidad de la República de Uruguay, Uruguay

juaneriet@gmail.com

https://orcid.org/0009-0009-1176-9222

http://doi.org/10.15359/prne.22-44.3

Fecha de recepción: 20/12/2023 Fecha de aceptación: 21/03/2024 Fecha de publicación: 13/08/2024

Introducción

El continente latinoamericano y el Uruguay, en particular, se inserta en la división internacional del trabajo como proveedor de mercancías agrarias e impacta, de forma directa, en el conjunto de su economía (Finch, 2005) y, por ende, en las estrategias que desarrollan las organizaciones sociales.

Dichos aspectos refieren a un proceso histórico y estructural, la búsqueda incesante de valorización del valor (Echeverría, 2017), que en la actualidad se traduce en una mayor concentración de capital y de los bienes de la naturaleza primigenia (Fernández, 2016), ocasionando una mayor expulsión de trabajadores y el detrimento de la población del medio rural, como se refleja en América Latina (OIT, 2016).

La configuración actual del capitalismo se expresa en el Uruguay, de forma clara, en un crecimiento del control de la tierra y en la comercialización de las mercancías agrarias por parte de un grupo reducido de capitales (Ceroni y Oyhantçabal, 2023; OCAU, 2022), eliminando así, a una gran cantidad de pequeños productores del campo (Cardeillac y Juncal, 2017). A su vez, este proceso ha contribuido a un aumento en el deterioro de los bienes comunes, tanto por los procesos de intensificación de la producción, como por los cambios en el uso del suelo, los cuales evidencian la disminución de la biodiversidad terrestre (Brazeiro et al., 2020), afectación en la calidad de agua y en la integridad de los sistemas acuáticos (Aubriot et al., 2017).

Frente a dicha coyuntura, es necesario comprender un conjunto de elementos que constituyen el accionar de la práctica política de las organizaciones sociales agrarias en relación con su base material, debido a que los cambios en los territorios existentes han reconfigurado la trama asociativa de las propias organizaciones sociales. Para ello, se desarrolló un proyecto de investigación, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, con el objetivo de caracterizar los procesos de territorialidad asociativa en el Uruguay durante el siglo XXI, con respecto al desarrollo de la política agraria nacional. Ese proyecto, en su primera etapa, dio cuenta de las políticas públicas vinculadas al asociativismo agrario (Sabia et al., 2022) y, en la segunda etapa, procuró analizar la territorialidad asociativa de las organizaciones sociales agrarias. Este artículo se ubica en esa segunda etapa, tendiente a caracterizar y localizar espacialmente los procesos de territorialidad asociativa en el Uruguay durante el siglo XXI, propiciando una mirada panorámica de sus alcances e intensidades.

Si bien existen diversas investigaciones, de carácter relevante, que durante los últimos años ponen foco sobre los sectores sociales más relegados históricamente, como es la agricultura familiar (Florit y Piedracueva, 2013; Rossi, 2010), los trabajadores rurales (Carámbula y Oyhançabal, 2019; Cardeillac et al., 2015), o las mujeres rurales (Florit, 2022; Migliaro y Rodríguez, 2020), es necesario avanzar en la caracterización de las expresiones colectivas de estos sujetos sociales en el contexto actual. En este sentido, existen distintas aproximaciones a la temática que han puesto foco en mapear y caracterizar los procesos asociativos vinculados a la agricultura familiar (Courdin y Sabourin, 2019; Guedes, 2021a; MGAP, 2011), las organizaciones sindicales de trabajadores/as rurales (Carámbula et al., 2013; Macheroni y Riella, 2022), las formas asociativas vinculadas a redes de economía social y solidaria (UEC-UDELAR, 2015) y los procesos colectivos de acceso a tierra (CNFR, 2016; Riet y Sarachu, 2023). Un factor común a todos estos estudios es el identificar un incremento en el número de procesos asociativos, vinculado a la implementación de las políticas públicas desplegadas durante los gobiernos progresistas (2005-2019) (Juncal, 2022). Estos trabajos presentan miradas fragmentadas del asociativismo rural (por sujetos sociales, finalidades o regiones particulares) y ninguno de ellos pone el foco principal en cómo dichos procesos asociativos están relacionados con la territorialidad de las y los sujetos.

Por tanto, el presente texto tiene como finalidad presentar las principales características de las organizaciones sociales agrarias del Uruguay reciente, bajo la perspectiva conceptual de la territorialidad asociativa, debido a que es una perspectiva que permite comprender la relación entre las organizaciones sociales y los cambios en su base material.

Se entiende a la territorialidad asociativa como la práctica política que desarrollan los sujetos, nucleados en este caso en organizaciones sociales, para transformar su base material, mediante el trabajo asociativo cuya finalidad es producir acciones y objetos que satisfagan una necesidad individual y/o colectiva. Por tanto, el territorio y la territorialidad emergen como categorías analíticas que permiten identificar el alcance y accionar de las organizaciones sociales en el espacio agrario del Uruguay, en un contexto de profundización de las relaciones capitalistas de producción.

En este marco, el texto pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las organizaciones sociales agrarias del Uruguay que presentan una territorialidad asociativa? ¿Dónde se localizan y cómo se distribuyen en el espacio agrario del Uruguay? ¿Qué características presentan en su composición y en su intensidad asociativa? Para ello, el texto parte de la hipótesis que, para un análisis profundo del accionar de las organizaciones sociales en el Uruguay contemporáneo, es necesario incorporar en los estudios sociales agrarios la perspectiva del territorio y la territorialidad como categorías analíticas.

Por tanto, para dar cuenta de dichas interrogantes, el texto se organiza en las siguientes partes, la primera, refiere a la descripción de los supuestos metodológicos y a su procedimiento de sistematización y análisis de la información, la segunda, relacionada con el análisis teórico conceptual sobre los procesos asociativos en perspectiva crítica, posteriormente, los principales elementos del proceso asociativo en Uruguay, seguido, de su descripción de la situación contemporánea con su interpretación y análisis de los resultados, y, finalmente, algunas conclusiones de la investigación.

Metodología

Para dar cuenta de los procesos de territorialidad asociativa agraria en el Uruguay contemporáneo fue necesario realizar una serie de procedimientos metodológicos que dieron aviso de los resultados que se muestran en los apartados siguientes.

En primer lugar, es importante mencionar que lo que plantea este texto se enmarca en una investigación de carácter descriptivo e interpretativo con un diseño metodológico de base cualitativo (Sautu, 2005), mediante un marco conceptual que integra elementos del materialismo-histórico, como es la concepción del trabajo y de la materialidad (Echeverría, 2017; Shaw, 1978). A su vez, la integración del equipo de investigación tiene como base la interdisciplina, desde la geografía, la veterinaria y la agronomía, todas dentro de las ciencias sociales agrarias, las cuales sirven para generar un marco de reflexión epistemológico y de debate de los procedimientos metodológicos, así como la interpretación de los resultados, configurando un proceso rico y formativo, el cual se hace indispensable para producir investigaciones interdisciplinarias (Viera y Fernández, 2012).

El procedimiento consistió, en primera instancia, en una revisión amplia y profunda de los estudios referidos a procesos asociativos agrarios en el país, en concordancia que es una de las primeras fases en toda investigación, ya que nos permite conocer en profundidad el campo de estudio y, a partir de ellos, realizar el diseño del marco teórico y establecer las hipótesis adecuadas para el estudio (Medina-López et al., 2010). Aquí encontramos varios textos que provienen de diversas fuentes, como la academia, las instituciones públicas y, también, informes de las propias organizaciones sociales.

En segunda instancia, se sistematizó la información referida a las organizaciones asociativas, de forma tabular, con la definición de ciertas variables que nos permitan poder agrupar y clasificar la información disponible. Las variables fueron, 1) el perfil organizativo referido a la producción de la mercancía, aquí identificamos dos grupos, (a) productores mercantiles, (b) asalariados/as; 2) la ubicación espacial, referida al área de influencia de la organización utilizando, como unidad espacial, a las localidades registradas en el Instituto Nacional de Estadística (INE); 3) dimensiones sociales en las que acciona la organización, vinculada a las esferas productivas y socioculturales, las cuales se agruparon en: (a) entramados socioculturales1, (b) consumo, (c) producción, (d) comercialización; 4) grado de formalización, referido a las organizaciones de primer grado asociado a la existencia o no de una forma jurídica y diferenciando entre los distintos formatos jurídicos existentes en el nivel nacional,2 las cuales se agrupan en; (a) asociaciones y sociedades rurales, (b) cooperativas agrarias, (c) sociedades de fomento rural; (d) organizaciones o gremiales lecheras; y, por último, 5) vinculación con organizaciones de segundo grado, lo que da cuenta de las redes vinculares de las organizaciones de segundo grado, así como su afiliación gremial a distintos grupos de interés, aquí se integran; (a) sindicatos rurales, (b) grupos de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA), (c) grupos de mujeres rurales. Por último, se incluyó una categoría denominada otras formas organizativas que integra organizaciones que no responden a ninguno de los criterios mencionados en el punto 4 y 5.

En tercera instancia, se trabajó en el formato de visualización de la información, ya sea en gráficos y en mapas. Para los gráficos se empleó el software libre office en su versión 6.2.3.2 (x64), mientras que para la elaboración de los mapas se empleó el software philcarto en su versión 6.07 del 16 de julio del año 2018.

Los procesos asociativos agrarios en perspectiva crítica

Las organizaciones colectivas, especialmente las surgidas en la consolidación del capitalismo en el siglo XIX en Europa, se plantean desarrollar la acción de cooperar, como medio para la mayor eficiencia y eficacia, en la consecución de sus fines productivos o consuntivos (Jacob, 1984). En este sentido, se conforman asociaciones y cooperativas que buscan mejorar las condiciones de inserción en el joven capitalismo europeo, atendiendo al incremento de la producción, el abaratamiento en la compra de insumos para el proceso productivo o para los productos de consumo empleados en la reproducción de la vida. A partir de allí, diversas modalidades cooperativas y asociativas se han desarrollado por todo el mundo hasta la actualidad. En general, la idea de cooperación ha estado presente en la mayor parte de las experiencias, lo que, incluso, ha dotado al concepto de una connotación “naturalmente” positiva y transformadora. Marx (1975, p. 395) comprende la cooperación como: “La forma del trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en equipo, trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero conexos…”. Entiende, además, que se genera una potencia social, una sinergia en el uso de la fuerza de trabajo, que supera la simple sumatoria de las fuerzas individuales. Sin embargo, sus objetivos y organización son diferentes en función de quién comanda dicho proceso productivo. En este sentido, la cooperación también hace parte de la lógica de funcionamiento de la empresa capitalista, en tanto proceso sinérgico que magnifica la valorización, reduciendo además el peso relativo del capital constante por la generación de economías de escala. La cooperación, en este escenario, es el dispositivo para la división del trabajo, la explotación y la alienación de las y los trabajadores.

En la búsqueda de alternativas ante las crisis recurrentes del sistema, que afectan en forma dramática a la clase trabajadora, se han ensayado reiteradamente formas organizativas que asumen la organización y dirección del proceso productivo, con la dimensión del trabajo como organizador principal. En este sentido, se observa un abanico de experiencias en relación con la radicalidad de su propuesta. Se han establecido, entonces, emprendimientos cooperativos y asociativos que, partiendo de la necesidad de recuperar y mantener la fuente de trabajo (el ejemplo más paradigmático de las últimas tres décadas es el de las empresas recuperadas por sus trabajadores, especialmente en Argentina, a partir de la crisis de 2001), se sostuvieron como espacios de sobrevivencia, mientras otros han desatado procesos que los trascienden y se constituyen en experiencias autogestivas, que se proponen una praxis transformadora en términos, económicos, sociales y políticos (Rieiro, 2010; Sarachu, 2012).

Un conjunto de experiencias asociativas y organizaciones en movimiento han caracterizado las primeras dos décadas del siglo XXI, dando lugar a la conformación de grupalidades en redes como nuevas formas organizativas. Varios trabajos plantean la emergencia de estas nuevas formas asociativas y caracterizan sus estrategias y objetivos como transformadores, siendo ejemplo de ello las redes de grupos de mujeres rurales (Florit y Piedracueva, 2015), y las redes vinculadas a la agroecología (Guedes, 2021a; Rieiro y Karageuzián, 2020) para el caso del Uruguay.

LOS PROCESOS ASOCIATIVOS AGRARIOS EN EL URUGUAY

El correlato de este escenario en los procesos asociativos agrarios en Uruguay es analizado a la luz de diversas experiencias, que van desde el cooperativismo agrario más tradicional y el sistema de fomento rural (ambas surgidas a finales del siglo XIX y principios del XX), hasta las experiencias más recientes en el tiempo, que ensayaron diferentes modelos de autogestión.

Las experiencias asociativas se dan en el marco de un largo proceso de un siglo y medio de avance del modo de producción capitalista en el campo. Proceso desarrollado, por un lado, por la temprana inserción del país en la división internacional del trabajo como proveedor de materias primas de origen agropecuario para los países centrales, y, por otro lado, por la acción sustancial del Estado uruguayo en la conformación de la infraestructura, los servicios y de una subjetividad ciudadana en torno al ideal de progreso, con base en el trabajo y la producción rural, mediante una especie de “acuerdo social” no exento de conflictos. En el marco de los antagonismos de clase, el proceso ha estado jalonado, por una parte, por la acción de las gremiales agropecuarias representantes de la burguesía agraria (la más longeva, Asociación Rural del Uruguay, fundada en 1871), y, por otra, por las organizaciones representativas de la agricultura familiar (principalmente las sociedades de fomento rural y algunas cooperativas agrarias) surgidas a principios del siglo XX, en buena medida, bajo el cobijo material, intelectual y político del batllismo, y matrizadas por el intenso aporte migratorio en el campo y la ciudad (Jacob, 1984; Terra, 1986; Isola, 2012).

La primera mitad del siglo XX, en el cual se constituyó el Estado batllista,3 fue una etapa floreciente para la agricultura familiar, diseminada por todo el territorio, con fuerte presencia en la huerta y la granja, pero relevante, sin duda, en la agricultura cerealera y en la producción ganadera, más allá de la hegemonía de las élites. En consecuencia, se consolida y expande en todo el país el sistema de fomento rural (conglomeradas en la Comisión Nacional de Fomento Rural, creada en 1915), así como una importante diversidad de cooperativas agrarias, en relación con rubros, localizaciones y dimensiones. A esta configuración debe sumarse, a partir de la década del treinta, la creación de las primeras experiencias de sindicalización de los asalariados rurales, cuya persistente existencia, a pesar de las condiciones sumamente difíciles de organización y lucha, las constituye como un sujeto político insoslayable en el conflicto entre trabajo y capital (González, 1994).

Al agotamiento del modelo batllista, a mediados de los cincuenta, debido a debilidades y falencias propias del modo de producción como a las nuevas condiciones internacionales de la posguerra, se corresponde una nueva etapa del asociativismo rural. El dilema puede ser resumido en “adaptación o transformación”, y, en este aspecto, una buena parte del cooperativismo tradicional genera las modificaciones necesarias para enfrentar condiciones de mayor apertura y flexibilización económica, apostando por modernizar sus infraestructuras y estrategias productivas y comerciales, incrementar las capacidades físicas de almacenamiento y distribución, y la fusión de organizaciones, desde una mentalidad más empresarial. Por otro lado, algunas experiencias vinculadas a concepciones marxistas, anarquistas o cristianas (surgen o toman fuerza en este período, experiencias como la Unidad Cooperaria N.º 1 Cololó y la trunca N.º 2 en Flores, así como la Comunidad del Sur de inspiración libertaria), la lucha de los sindicatos rurales (con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, como el exponente más notable), apostaron por promover transformaciones radicales de las relaciones de producción en el campo, así como por generar nuevas referencias de identidad política e ideológica como forma de superar la lógica del capital.

Este proceso, que en buena medida se saldó a favor del capital en los años setenta, con la dictadura y la consolidación del modelo neoliberal se extendió fuertemente en las dos décadas siguientes y puso a la agricultura familiar, los asalariados y sus colectivos en una especie de retirada. O, en todo caso, en la búsqueda de refugio en algunos espacios de resistencia de un modelo y un discurso hegemónico que se insinuaba como definitivo y al cual había que adaptarse o abandonar la posibilidad de supervivencia en el medio rural.

Posteriormente, la etapa pautada por el ascenso del Frente Amplio al Gobierno nacional, a partir de 2005, presenta un proceso contradictorio. Por un lado, la trasnacionalización de la economía agraria del país, con fuerte expansión de la producción de mercancías agrarias (commodities), disparando el precio y compra de la tierra, beneficiando a los medios y grandes productores (Ceroni, 2017). Por otro lado, generando medidas e instrumentos de política que intentan fortalecer la agricultura familiar y los asalariados rurales, específicamente con base en el apuntalamiento de sus organizaciones más representativas (sistema de fomento rural, pequeñas cooperativas y emprendimientos asociativos, así como sindicatos rurales) (Piñeiro y Cardeillac, 2017). Asimismo, la política colonizadora toma nuevo impulso con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización (INC). Es así que, además del incremento presupuestal que le permite al organismo adquirir nuevas tierras, se establece un criterio que prioriza la entrega de estas a colectivos rurales, dando paso a uno de los períodos más fructíferos de la acción colonizadora en el país (Juncal, 2022).

Este periodo tuvo un alto impacto en el mapa de organizaciones rurales en Uruguay, que mediante el desarrollo de políticas públicas de promoción del asociativismo, genera, en cierto modo, procesos de consolidación de nuevos colectivos, así como de reactivación o reapertura de formas jurídicas (principalmente SFR) que habían cesado sus actividades durante el desarrollo del modelo neoliberal. Este escenario favorable a los procesos asociativos de la agricultura familiar, asalariados rurales y otros sujetos sociales agrarios logran superar, en magnitud, los procesos fundacionales que se habían dado al inicio del siglo XX (Guedes, 2021b).

Por último, asistimos a un proceso de reorientación en la política nacional, con el cambio de Gobierno, a partir de marzo de 2020. Dicho cambio implicó el retorno a la perspectiva neoliberal en la conducción política y, en consecuencia, modificaciones en las políticas agrarias. Dos de los principales ámbitos de la estructura del Estado que impulsaron y promovieron los procesos asociativos rurales en el período progresista, como fueron la Dirección General de Desarrollo Rural y el INC, sufrieron significativos recortes presupuestales, así como en sus alcances y competencias (OCAU, 2022). Esos recortes se concretaron a través de disposiciones en la ley de presupuesto quinquenal, así como en la aprobación de un conjunto de disposiciones contenidas en la Ley de Urgente Consideración N.° 198894, que, en definitiva, redujeron la acción del Estado en estas cuestiones, lo que afecta principalmente a las organizaciones más representativas de la agricultura familiar y, por ende, al desarrollo de la territorialidad asociativa.

En esta nueva encrucijada se ubican actualmente los procesos asociativos rurales, ante el desafío de dar respuestas a la embestida del capital, desde nuevas perspectivas que incluyen diversos entramados solidarios, como las propuestas agroecológicas, las organizaciones de consumidores politizadas y solidarias, y los movimientos por la soberanía alimentaria, así como nuevas configuraciones de los vínculos entre lo rural – urbano, lo agrícola – industrial y la producción, la distribución y el consumo.

LA TERRITORIALIDAD AGRARIA ASOCIATIVA

El territorio refiere a un concepto de naturaleza epistemológica de tipo polisémico definido y debatido a lo largo de las ciencias sociales y humanas. Lo que sí es importante precisar es su contenido conceptual y su definición, para comprender, de forma más acabada, la realidad a la cual queremos intervenir (Ceroni, 2022).

En este sentido, para la presente investigación tomaremos elementos de la corriente crítica, en especial del materialismo-histórico, ya que, en cierta medida, permite comprender el proceso conjunto de la reproducción social capitalista en su concreción histórica. Es decir, en separar los rasgos generales, comunes a toda forma histórica posible, o sea los rasgos transhistóricos, de aquellos que constituyen la singularidad de las formas históricas concretas, sobre todo, en el capitalismo. Por otro lado, su condición material entendida como las propiedades de la naturaleza y cuya manifestación dependerá de la relación que existe entre los sujetos con ella (León y Ceroni, 2020).

Por tanto, dicha relación consiste en la intervención de la base material, mediante el desarrollo de las prácticas políticas que elaboran las y los sujetos, traducidas, en mayor medida, a través de acción del trabajo humano, la cual genera un proceso dialéctico de autotransformación de la materia, que puede ser definida como la territorialidad (Ceroni, 2022). Si la finalidad refiere al trabajo asociativo, o sea la práctica política que ejercen las y los sujetos, que tiene como fundamento la organización del trabajo asociativo, cuya objetivo es producir acciones y objetos que satisfagan una necesidad individual o colectiva, y, por ende, inscritos en un proceso de autotransformación de la materia, nos referimos a la territorialidad asociativa. Debido a que la configuración de las prácticas políticas es heterogénea, por lo cual generan diferencias en el entramado territorial del espacio agrario, se hace necesario diferenciar ciertos grados de territorialidad.

El concepto de territorialidad, vinculado con los procesos asociativos rurales (Riet y Sarachu, 2023), permite visualizar que los mismos no se desarrollan en forma abstracta, sino en contextos determinados. Surgen y se constituyen como formas de resolución colectiva de necesidades en los diversos ámbitos de la vida social. Estas experiencias son parte de movimientos de resistencia y alternativa ante los imperativos procesos de valorización, producción y reproducción de la vida como mercancía y están profundamente condicionadas ante la valorización del valor. Es importante pluralizar el concepto, en clave de caracterizar diversas territorialidades que tienen que ver con la intensidad de las experiencias asociativas.

La intensidad asociativa se relaciona con la participación de todas las personas en el control directo y compartido de los diferentes medios de existencia: el trabajo, la propiedad de los medios de operación, los resultados económicos, la información acerca del funcionamiento y el poder de decisión sobre las cuestiones que hacen a este proceso asociativo, atendiendo a las relaciones de igualdad, solidaridad, que producen en clave territorial (Cruz, 2006).

Considerando a la territorialidad asociativa como las diversas formas de organización social que componen los sujetos a través del trabajo humano, cuya finalidad principal es la reproducción de la vida, proponemos la siguiente clasificación: territorialidad asociativa plena, cuando integra la totalidad de las dimensiones (producción, comercialización, generación de entramados socioculturales y consumo). La territorialidad asociativa media cuando integra, al menos dos dimensiones, primando actividades combinadas orientadas a la inserción subordinada en los sistemas productivos dominantes con otras dirigidas a una mayor autonomía. Y territorialidad asociativa baja cuando integra una sola dimensión. Frente a la diversidad de las prácticas asociativas, se establece una configuración de la multiterritorialidad de los procesos asociativos agrarios del Uruguay contemporáneo.

TERRITORIALIDAD ASOCIATIVA DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL URUGUAY

Con respecto al perfil de las organizaciones, unas 370 pertenecen a la categoría productores agropecuarios y unas 8 vinculadas a asalariados rurales. La mayoría de las organizaciones se concentran en la región centro-sur (departamento de Montevideo, Canelones, San José y Florida) con 111 organizaciones de productores (Figura 1), lo que representa el 30 % del total de los productores, siendo Canelones el departamento con mayor presencia de organizaciones al concentrar el 16 %. El segundo registro lo obtiene Salto con el 8 %, mientras que, dentro de los registros más bajos, se encuentran Rivera, Treinta y Tres, Lavalleja y Flores (Figura 2).

Figura 1
Distribución espacial del perfil de la organización a nivel departamental.

a) Productores agropecuarios; b) Asalariados rurales

Nota. Elaboración propia (2023).

La distribución territorial de las organizaciones es coincidente con que, Canelones es el departamento que concentra la mayor cantidad de productores agropecuarios, según los datos del Registro de producción familiar en Canelones se ubica el 23 % del total de los productores registrados (Guedes, 2021a). En relación con los asalariados, solo se ubican en 9 departamentos, destacando el departamento de Salto con 2 registros.

Figura 2
Organizaciones asociativas agrarias según departamento

Nota. Elaboración propia (2023).

Del relevamiento realizado se identificaron 378 organizaciones, lo cual es coincidente con otros estudios que han identificado entre 370 y 480 colectivos (formales e informales) participantes en las Mesas de Desarrollo Rural (Villalba, 2015). Estas organizaciones fueron agrupadas para la presentación y análisis en 8 categorías, que tomaron como base para su clasificación 3 criterios matrices, las formas jurídicas, la vinculación con organizaciones de segundo grado o afinidad sectorial por rubros y otras formas organizativas, en Tabla 1 se define cada una de ellas.

Tabla 1
Categorías/agrupamiento de organizaciones agrarias en Uruguay

Matriz asociativa	Categoría	Descripción
Forma jurídica	Asociaciones y sociedades rurales	Se agrupan aquí aquellas organizaciones de primer grado que se vinculan formalmente con organizaciones nacionales de carácter gremial, representativas de los intereses de sectores vinculados a la burguesía agraria, principalmente al sector agroexportador ganadero. Aquí encontramos, principalmente, las organizaciones vinculadas a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) o Federación Rural del Uruguay (FRU).
	Cooperativas agrarias	Refiere a aquellas organizaciones que responden a la forma jurídica cooperativa y se vinculan al cooperativismo agrario nacional. En este grupo se identifican cooperativas que vinculan a sectores de la agricultura familiar, así como a medianos y grandes productores. Estas formas jurídicas se asocian con expresiones de segundo grado de carácter gremial como Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
	Sociedades de Fomento Rural	Este grupo nuclea a las organizaciones que integran las Sociedades de Fomento Rural (SFR), el cual se articula en una organización de segundo grado de carácter gremial (Comisión Nacional de Fomento Rural - CNFR). CNFR, fundada en 1915, agrupa a un centenar de SFR dispersas en todo el territorio nacional y que, en su conjunto, reune más de 17 000 productores agropecuarios. En el nivel nacional es la principal organización representativa de la agricultura familiar (Florit y Piedracueva, 2013; Rossi, 2010).
	Organizaciones/ gremiales lecheras	Se concentran aquí organizaciones con especificidad sectorial en la lechería que, en su mayoría, se vinculan a organizaciones gremiales como Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) o la Intergremial de Productores de Leche (IPL). Las expresiones colectivas de la lechería tienen una amplia tradición en el nivel nacional, sobre todo, en el desarrollo de estrategias de apoyo a la producción (Oreggioni, 2011), en un rubro que, por ser altamente demandante en tecnologías y presentar una inserción mucho más dependiente de los mercados, requiere de este tipo de estrategias como algo estructural (Guedes, 2021a).
Vinculación con organizaciones de segundo grado o afinidad sectorial o social	Sindicatos rurales	Las expresiones sindicales rurales refieren a todas aquellas formas organizativas de trabajadores/as asalariados/as que operan en diversos rubros de producción y que mediante la acción gremial colectiva defienden y disputan el cumplimiento de los derechos de los trabajadores/as del sector. En el nivel nacional, el movimiento sindical uruguayo se articula en el Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
	Grupos CREA	Los grupos CREA son asociaciones que se vinculan en torno a una finalidad técnico-productiva, mediante una metodología de asistencia técnica e intercambio de saberes entre productores, basada en la utilización de la información predial de los/as participantes como dinamizadora de los intercambios. En el nivel nacional se nuclean en la asociación civil denominada Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA).
	Grupos de mujeres rurales	En este grupo se incluyen aquellas experiencias asociativas de mujeres rurales que asumen diferentes formatos organizativos (formales o no), pero tienen como principal finalidad ser espacios de trabajo y reivindicación de los derechos de las mujeres rurales. Para este estudio, la mayoría de los grupos analizados se refieren a grupos que se vinculan a la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay.
Otras	Otras formas organizativas	Se incluyen en esta agrupación diversos colectivos y organizaciones, formalizadas o no, que no se encuentran vinculadas a las grandes organizaciones nacionales, formatos jurídicos o grupos sociales y productivos de las anteriores categorías.

Nota. Elaboración propia (2023).

El sector cooperativo y el sistema de fomento rural, sumados, explican más de la mitad de los tipos organizativos rurales. En estudios previos se identificaba que, en el nivel rural y vinculado al sector de la agricultura familiar, estas dos formas jurídicas representaban el 63 % de las formas organizativas, siendo las SFR (41 %) y las cooperativas agrarias un 22 % (Guedes 2021a). En cuanto a los datos analizados en este trabajo, el sector cooperativo cobra mayor relevancia (25,8 %), lo cual puede deberse a una mayor presencia de esta forma organizativa, asociada a las fases de producción y comercialización en sectores de productores medianos. En un segundo nivel se encuentran las sociedades y asociaciones vinculadas a la FRU y la ARU, y los grupos CREA. Un tercer escalón lo componen las gremiales lecheras, los grupos de mujeres rurales y otras asociaciones. Por último, se ubica a los sindicatos rurales (Figura 3).

Figura 3
Distribución de las organizaciones agrarias de Uruguay según categoría

Nota. Elaboración propia (2023).

Es importante resaltar que cuando se realiza el cruce de categorías de las organizaciones por departamento, como se expresan en la Figura 4, se destaca la presencia de Cooperativas en la totalidad de los departamentos, las sociedades de fomento rural con gran presencia en la totalidad del país, salvo en Treinta y Tres y Durazno, luego los grupos CREA, con presencia en todos los departamentos, salvo en Maldonado y Montevideo, concentrando gran cantidad de colectivos en la región suroeste y sur. También, es importante mencionar la gran cantidad de grupos de mujeres rurales concentrados en el departamento de Canelones.

Figura 4
Categorías de organizaciones asociativas agrarias según departamento

Nota. Elaboración propia (2023).

Se hace evidente que hay departamentos con mayor presencia de formas asociativas que muestran, a su vez, una diversidad de expresiones, como es el caso de Canelones que, por su propia composición tiene una extensa red de localidades, y es también el departamento con mayor cantidad de municipios. Se destacan, especialmente, las SFR, que han tenido un papel dinamizador en las Mesas de Desarrollo Rural del departamento, al igual que las cooperativas y los grupos de mujeres rurales y sus articulaciones. En aproximaciones anteriores, a partir del análisis de las políticas públicas de promoción de la territorialidad asociativa también se destaca Canelones, por ser aquel departamento que más políticas nacionales moviliza y que más políticas específicas despliega para promover, consolidar y sostener la asociatividad (Sabia et al., 2022).

En otro tipo de composición y con importante densidad asociativa, se destacan los departamentos de Colonia, Florida y Soriano, por ser departamentos donde existe una amplia trama de organizaciones y por las características productivas de las mismas. Los Grupos CREA, aparecen en forma significativa, siendo el centro de su accionar la socialización de sus prácticas productivas, intercambios de saberes y aportes técnico-metodológicos para abordar los desafíos de la producción en rubros dinámicos.

Se entiende que esta aproximación panorámica de las formas asociativas en los territorios debe ser profundizada en clave de las dimensiones sociales vinculadas a la producción, la comercialización, el consumo y la generación de entramados socio-culturales. Como se muestra en la Figura 5, las cooperativas presentan una mayor presencia de dimensiones asociadas a la producción y la comercialización. Esto ilustra claramente el énfasis de las entidades cooperativas en la generación de economías de escala para la comercialización conjunta y, también, para los procesos de producción, tanto en el sector agrícola, como en las formas colectivas de gestión de campos de recría en el sector ganadero y lechero. Las formas cooperativas, extendidas en los territorios, articulan también las dimensiones del consumo y la generación de entramados socioculturales.

Figura 5
Dimensiones abordadas por las organizaciones asociativas agrarias en función de la categoría

Nota. Elaboración propia (2023).

A su vez, las SFR, por su propia naturaleza, construyen centros de referencia para la generación de tramas socioculturales, ya que articulan las otras dimensiones, al igual que los grupos de mujeres rurales o las entidades gremiales o sectoriales.

Es preciso diferenciar entre lo que pueda ser la característica central del tipo de organización y sus efectivas acciones e impactos en clave territorial. Por más que se identifique con claridad una dimensión central que focaliza el accionar de la organización, las mismas se desarrollan en relación y son partícipes de las transformaciones agrarias, por lo que sus estrategias pueden implicar nuevas composiciones en cuanto a las dimensiones a enfatizar. El caso de los grupos CREA, puede ser expresivo, en tanto que aunque hacen foco en lo productivo, son relevantes sus aportes en contribuir a la generación de entramados entre los productores locales.

Las entidades gremiales que agrupan a productores o a trabajadores y asalariados rurales despliegan una actividad del tipo reivindicativa y sectorial que hace a las demandas de las tramas socio-comunitarias, articulada con intereses sectoriales, aunque, por momentos, puedan integrar en su repertorio de acción otras dimensiones, vinculadas a la producción y la comercialización.

Además, el grupo de mujeres rurales se destaca por su alta dimensión vinculada a las tramas socioculturales, que tejen en los distintos territorios agrarios, ya que ponen en el centro de reivindicación la reproducción de la vida en su sentido más amplio.

Finalmente en este apartado, resulta pertinente dimensionar el grado de intensidad asociativa que presentan las organizaciones sociales, en el sentido en el que fue definida precedentemente la territorialidad asociativa y sus niveles.

Como se observa en la Figura 6, casi tres cuartas partes (73,2 %) de las organizaciones relevadas presentan una intensidad asociativa baja, y, menos de un cuarto una intensidad media (23,5 %), lo que explica la casi totalidad de las organizaciones asociativas rurales. Esto reafirma lo evidenciado por Riet y Sarachu (2023) en relación con que, la mayor parte de las organizaciones tienen una fuerte especialización hacia alguna de las dimensiones, lo que no quiere decir que esta sea exclusiva, sino, que es la que hegemoniza el funcionamiento y la vida de la organización.

Figura 6
Grados de intensidad asociativa en función de las dimensiones abordadas

Nota. Elaboración propia (2023).

En cualquier caso, se entiende que la territorialidad asociativa no se produce por sumatoria de organizaciones en los territorios. Remiten siempre a una peculiar combinación de la base material de los territorios y sus características, las políticas públicas y los modos de intervención estatal, la presencia de las organizaciones sociales, su capacidad de articulación, y las conexiones que estas experiencias asociativas logran componer.

CONCLUSIONES

El texto presentado dio cuenta de las principales características de las organizaciones sociales agrarias del Uruguay reciente, bajo la perspectiva conceptual de la territorialidad asociativa. El análisis realizado evidenció que en el Uruguay actual existe una diversidad de la composición orgánica de las organizaciones sociales asociativas agrarias, lo que se traduce en diversas prácticas políticas, las cuales configuran distintas territorialidades agrarias.

Las prácticas políticas asociativas predominantes en los territorios se constituyen en sociedades de fomento rural y en cooperativas agrarias, sumadas ambas superan el 50 % del total. Aquí el primer elemento a destacar del texto, políticas agrarias antagónicas en muchos momentos de la historia, ejecutadas por los gobiernos de turno durante más de un siglo, no han podido eliminar o reducir al mínimo a las sociedades de fomento y las cooperativas, sino que, por el contrario, se han sostenido y resistido frente a los cambios de modelos económicos, como fue mencionado en el apartado de los procesos asociativos agrarios en el Uruguay. Si lo comparamos con los países del Mercosur podemos afirmar que este fenómeno no es propio del Uruguay, sino que se relaciona a una forma histórica de configuración de los territorios agrarios del Cono Sur (Isola, 2012).

Un segundo elemento, refiere a que las prácticas políticas asociativas predominantes son más frecuentes en la región centro sur del país, con epicentro en el departamento de Canelones. En este sentido, la base material en la cual se insertan las prácticas políticas de las organizaciones agrarias autotransforma la composición de las organizaciones, por tanto, son concomitantemente relacionadas, debido a que la región centro sur presenta la mayor densidad de población y trabajadores/as rurales del país, lo que se traduce en una mayor presencia de organizaciones sociales. A su vez, esa región concentra la mayor ejecución de políticas públicas que incorporan la perspectiva territorial.

Un tercer elemento, se vincula a que las territorialidades asociativas predominantes de las organizaciones agrarias son, en su gran mayoría, de baja intensidad, lo que establece que las prácticas políticas tienen, por finalidad, una sola dimensión, en esa línea, la territorialidad asociativa plena en el Uruguay es muy limitada, lo que evidencia la casi nula presencia de organizaciones que reivindiquen la transformación de las relaciones sociales capitalistas de producción.

Un cuarto elemento, refiere a la incorporación de las perspectivas de análisis del territorio y territorialidad para el estudio de los procesos asociativos rurales, se evidencia como muy significativa, en tanto permite una aproximación panorámica a estos, en clave material. En la aproximación realizada, se pudo visualizar que se trata de contribuciones diferenciadas de las diversas organizaciones a la construcción de territorialidades asociativas. Incluso, dentro de algunas de las formas organizativas analizadas, se producen a lo interno, procesos colectivos de diversa intensidad asociativa.

Finalmente, si bien esta metodología y el objetivo del texto no contempla profundizar el estudio a lo interno de las organizaciones sociales agrarias, si es importante, a futuro, poder abordar en mayor detalle la composición de las diversas formas asociativas para identificar los diversos grados de territorialidad asociativa, ya que las prácticas políticas en el territorio son diferenciales y, por momentos, antagónicas entre ellas. Es preciso reconocer también, que entre las formas organizativas analizadas se producen complementariedades y relacionamientos que desencadenan nuevas tramas organizativas y aportan la sostenibilidad de la vida en los territorios rurales.

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1. 1 Se incluyen en esta dimensión aquellas acciones que se orientan a fortalecer los vínculos internos de las organizaciones o con otras organizaciones, junto con la participación comunitaria y la promoción de iniciativas sociales y culturales

2. 2 Para dicha clasificación utilizamos los estudios referidos a INACOOP (2018) y (2019).

3. 3 Refiere al período de gobiernos colorados iniciados por las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903), que fundaron el Estado moderno uruguayo, trascendiendo su impronta durante buena parte de los gobiernos del siglo XX.

4. 4 Ver la ley en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020