Luis Vidal Bonilla Bonilla

Doctor en Pensamiento Latinoamericano

Universidad Estatal a Distancia

Costa Rica

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5809-9806

Recibido: 19/02/2024 - Aceptado: 30/04/2024

Resumen

El trabajo recupera algunas categorías de las ciencias sociales para hacer un análisis del agua en dos líneas generales: la primera, como una construcción social donde participan varios actores comunales, sociales e institucionales, y que desde una perspectiva histórica se remonta a la etapa liberal de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, trasciende hasta el “desarrollismo” de la posguerra, el cual, en términos de recurso hídrico, se concibe como un servicio público gestionado por municipalidades, comunidades y luego por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA, conocido como AyA), una institución del Estado. En segundo lugar, se estudia la transición del agua como valor de uso (que suple una necesidad) a valor de cambio, utilizando como recurso metodológico la “elasticidad” de la mercancía, una suerte de onda larga expansiva e insertada en un debate político externo de los años sesenta y setenta, que confrontó a movimientos sociales diversos y élites empresariales estadounidenses, pues veían amenazado el concepto de “libre empresa”, el cual deriva en un “liberalismo autoritario” con efectos hasta el presente, al imponerse la lógica del “mercado total”, donde los mercados del agua con sus empresas trasnacionales y las cotizaciones en bolsa decidirán mediante las leyes de la oferta/demanda el reparto de este recurso en el planeta.

Palabras claves: recurso hídrico; valor; elasticidad de la mercancía; mercado total; análisis crítico del discurso.

Abstract

The work revisits certain categories within social sciences to analyze water through two primary lenses. The first lens views water as a social construct, involving various communal, social, and institutional actors. This perspective has historical roots extending back to the liberal era of the early 20th century and continues through the post-war period of ‘developmentalism.’ During this time, water resources were seen as a public service managed by municipalities, communities, and, following the establishment of the Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA, known as AyA) in 1961, by a centralized state institution. Secondly, the study examines the transition of water from a ‘use value’ (satisfying a need) to an ‘exchange value.’ This analysis employs the concept of ‘elasticity’ of the commodity, representing a kind of expansive long wave embedded in the international political debates of the sixties and seventies. These debates involved various social movements and American business elites, who perceived the concept of ‘free enterprise’ as under threat. This resulted in ‘authoritarian liberalism,’ which has had lasting effects. In the present era, a ‘total market’ logic prevails, where water markets, transnational corporations, and stock market pricing determine the distribution of this resource on the planet through supply and demand laws.

Keywords: water resources; value; commodity elasticity; total market; critical discourse analysis.

Resumo

O trabalho recupera algumas categorias das ciências sociais para fazer uma análise da água em duas linhas gerais, a primeira como uma construção social onde participam vários atores, comunais, sociais e institucionais, que, numa perspectiva histórica, remonta à fase liberal da primeira metade do século XX, mas que o transcende até ao “desenvolvimento” do pós-guerra, que, em termos de recursos hídricos, é concebido como um serviço público gerido por municípios, comunidades e depois de criado o Serviço Nacional de Aquedutos e Esgotos -SNAA- (conhecido como Aya) em 1961, também por uma instituição centralizada do Estado. Em segundo lugar, analisa-se a transição da água como valor de uso (que supre uma necessidade) a valor de troca, utilizando-se como recurso metodológico a “elasticidade” da mercadoria, uma espécie de onda longa expansiva e inserida em um debate político externo dos anos sessenta e setenta, que confrontou movimentos sociais diversos e elites empresariais norte-americanos que viam ameaçado o conceito de “livre empresa”, que resulta num “liberalismo autoritário” com efeitos até agora, ao impor-se a lógica do “mercado total” onde os mercados da água com as suas empresas transnacionais e as cotações na bolsa decidirão mediante as leis da oferta/demanda a partilha deste recurso no planeta.

Palavras chaves: recurso hídrico; valor; elasticidade da mercadoria; mercado total; análise crítica do discurso.

Introducción

El artículo forma parte de una investigación realizada desde la Cátedra de Sociología, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); un equipo de investigación de dicha cátedra desarrolló la parte empírica durante el 2018. A este estudio le antecedió una primera etapa que se remonta al 2012, por lo que este trabajo se centrará en la segunda; sin embargo, para efectos de contextualización y una mejor comprensión de los datos y de ciertas nociones conceptuales se retoman algunos contenidos de la primera etapa. No obstante, pese al tiempo trascurrido, hay datos y perspectivas analítico-conceptuales que no han sido abordadas en trabajos anteriores, pero, sobre todo, que no pierden vigencia en el contexto de un problema persistente y cada vez más complejo tanto en Costa Rica como en el mundo.

Con tales propósitos, la investigación inicia con un apartado sobre “imaginarios” políticos, que comportan los sujetos involucrados para encauzar la vida social y escribir la “historia del agua” en Costa Rica. Seguidamente, se aborda con perspectiva sociológica la “construcción social del agua”; pero antes, se discute sobre el concepto de “necesidad” que identificara Marx al analizar la mercancía en el capitalismo, análisis que continúa la filósofa Agnes Heller y que resulta de utilidad para entender el agua como satisfactor de necesidades humanas.

Al combinar aspectos empíricos, analíticos y conceptuales, se explica el proceso de “construcción social” del agua desde una mirada larga e histórica, para recoger la participación social de las comunidades que más tarde decanta en la creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el ente rector que administra el servicio de agua potable y alcantarillados del país. Se incluye un breve subapartado sobre la labor social y comunal de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) como parte de la construcción social descrita, para darle al proceso una cierta idea de totalidad.

Con el título “la elasticidad de la mercancía” se trata de analizar la transición que experimenta el recurso hídrico como mercancía, insertado en los antecedentes generales del denominado “liberalismo autoritario” de los años sesenta y setenta del siglo XX, el cual en América Latina deriva en las llamadas políticas neoliberales y la imposición del “automatismo del mercado” y su correlato el “mercado total” para posicionar al recurso hídrico como una mercancía más.

Por último, “desfetichizar la naturaleza y rehacer el proyecto de vida en la tierra”, se refiere a la importancia actual de desmontar los discursos ideológicos e invertidos (“puestos de cabeza”) que visibiliza, por un lado, aspectos que hacen ver el agua como un objeto de utilidad y apropiación privada; pero, por el otro, invisibiliza al agua como recurso esencial para la vida y, por tanto, como derecho humano concreto para las presentes y futuras generaciones, todo ello promovido por una narrativa neoliberal del capital financiero especulativo capaz de mercantilizar la naturaleza, orientado al reparto del recurso en unas cuantas corporaciones creadoras de los mercados del agua y cotizaciones en bolsa, que prefiguran su saqueo en países de América Latina y el mundo.

El agua y los imaginarios políticos

En la primera parte de la investigación desarrollada sobre el tema de los acueductos rurales, desde una perspectiva histórica y la participación social en Costa Rica, se identificaron algunos antecedentes problemáticos en materia de servicios públicos como el alumbrado eléctrico, las malas condiciones de las calles, la falta de agua en barrios capitalinos, entre otros, que aparecen tempranamente desde la década de los años veinte del siglo pasado y que, en términos de imaginario sociopolítico1, se inscribe en el contexto de la corriente liberal decimonónica de origen europea e inspirada en valores económicos individualistas y centrado en el principio de “dejar hacer y dejar pasar” (Mora, 1992, p. 19).

Se refiere a una corriente liberal desinteresada para intervenir en la economía, menos aún en crear políticas orientadas a la distribución de la riqueza y protección social de las personas más vulnerables en aquella época; por eso, cuando debió intervenir ante algunas contingencias, como ocurrió en momentos críticos desde mediados del siglo XIX hasta la década de los años veinte, los gobernantes lo hicieron para coadyuvar con la iniciativa empresarial y motivados por “razones económicas utilitarias”2 (Arias, 2004, p. 295). Una economía liberal que si bien enuncia el principio de “la máxima felicidad para el mayor número”, es un “criterio de una psicología humana simplificada”, la cual, para Schumpeter (citado en Sunkel y Paz, 1978, pp. 108, 109), se trata de una idea “asociada a la mentalidad de los negocios y a la filosofía de la vida del empresario”.

Esta fue la actitud del Estado liberal cuando por razones de salubridad en las fincas bananeras de la trasnacional United Fruit Company (UFCO) en el caribe costarricense, y, presionado de alguna forma por la Fundación Rockefeller que había realizado una importante labor de higienización con las personas trabajadoras bananeras, instruyó al Estado costarricense para que atendiera las malas condiciones de higienización y problemas de salud, claro está, con el fin eminentemente utilitarista de asegurar la productividad de la empresa (Mora, 1999, pp. 24, 25).

Por eso, con el principio filosófico de laisser faire laisser passer se observa lo que sería la esencia del liberalismo, que trataba de impedir todo tipo de intervención en los asuntos de la vida económica y social, asumiendo un pragmatismo calculador como corriente política para consolidarse en el poder, salvo, se debe reconocer, en el tema de la educación que desde la primera mitad del siglo XIX había intervenido al considerar “la importancia de la educación en el desarrollo social” (Ruíz, s. f., p. 5); por lo demás, no intervenía prácticamente en nada, lo cual sirvió para que el movimiento comunal autónomo de la Juntas Progresistas desarrollara su potencial orgánico como fuerza social beligerante, aunque los gobernantes siempre intentaron deslegitimarlas y controlarlas mediante decretos.

Aquí queda bastante esclarecido, desde una perspectiva ontológica de la realidad, la noción de la corriente liberal cuando se entiende como un imaginario sociopolítico, una vez que “la política se constituye ante los individuos como orden… [y]…las interacciones ocurren en un espacio que no solo es social sino socio-político…[penetrado] por las relaciones de poder” (Falleti, 2008).

Sin embargo, dicho imaginario sociopolítico va a encontrar también la irrupción y resistencia de nuevos sujetos sociales y populares en una época de efervescencia social en América Latina y motivada, al menos, por dos factores o procesos externos, como fueron en primer lugar, la reacción de la llamada generación Arielista latinoamericana, inspirada en el ensayo político Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, publicado en 1900, con su postura antimperialista frente al expansionismo territorial de los Estados Unidos debido a su crecimiento capitalista desde fines del siglo XIX, proclama la Doctrina del destino manifiesto según la cual ese país “decía tener un derecho natural sobre todo el continente americano” (Mondol, 2010, p. 101). El otro proceso fue la revolución de octubre en Rusia (1917) por su impacto político en las clases oprimidas del mundo y con efectos ideológicos inéditos hasta ese momento.

Por tanto, la década de 1920 y siguientes implica, de forma paralela, la organización de sectores populares que estarán influidos por otras ideas e imaginarios políticos en boga y en permanente proceso de debate y construcción, las cuales darán su fruto en la década de 1940 y más allá. Aquí confluyen actores con intereses ideológicos diversos que prefiguran el futuro político del país, van desde los partidos de orientación católica que buscan acumular una fuerza social que hiciera frente a la arremetida liberal contra su poder clerical, como fue el Partido Reformista de Jorge Volio. Asimismo, el pensamiento social cristiano que devino en la figura del Doctor Calderón Guardia y, más simbólico aún, el surgimiento del Partido Comunista en 1931 (Hidalgo, 2003); este último, actor político determinante en la primera huelga bananera costarricense de 1934 que Carlos Luis Fallas, en su novela Mamita Yunai, utilizaría como “recursos estéticos basados en la política y la lucha social” para denunciar, con un “realismo social” la explotación de estos trabajadores por el capital extranjero (representado por UFCO) (Anuario de Estudios Centroamericanos, 2016), dando inicio formalmente a la lucha clases en Costa Rica.

La construcción social del agua

Necesidad social

Antes de adentrarse en el análisis del agua con perspectiva social, se debe partir del hecho de que el agua como tal es un recurso natural abiótico sin vida propia, pero esencial para la vida de los seres vivos. Por eso el agua es un recurso vital para toda forma de vida en la tierra producida por la “madre naturaleza” en un complejo proceso de millones de años.

Al remitirse a la vida del ser humano como ser vivo, el agua se convierte en lo inmediato, en una necesidad igualmente vital para que el organismo biológico funcione y pueda ejecutar las actividades corporales o motrices. En lo mediato, en cambio, aparece como un recurso inherente al proceso de desarrollo de las sociedades históricas; vale decir, como parte de un conjunto de necesidades sociales diversas. Sin embargo, en la sociedad capitalista, el concepto de necesidad ha sido trivializado a veces o mercantilizado en otras, cuando se presenta como necesidades cosas superfluas o banales; de ahí que, es irrelevante si se trata de “necesidades del estómago o de la fantasía” (Heller, 1986, p. 21) y, en esa medida, el termino necesidad ha sido “fetichizado” como concepto de necesidad social; es decir, el agua aparece cosificada asumiendo el carácter de objeto para el intercambio mercantil, lo cual a su vez implica invisibilización de sus cualidades intrínsecas como satisfactor de necesidades vitales y elemento posibilitador de la vida humana. Así, la relación ser humano-agua (por extensión naturaleza) ya no puede ser la apropiación de un objeto, sino que, implica establecer con ella una relación sujeto-sujeto, donde la naturaleza es dotada de una moral, de un “espíritu” parafraseando a Bautista (2015) y, por ende, “conocerla desde el punto de vista del mundo andino-amazónico, es decir, conocerla como Pachamama, como Madre Naturaleza, o sea, como sujeto” (p. 248).

Desde una perspectiva marxista, la palabra “necesidad” adquiere otra connotación analítica, es decir, se entiende como una categoría central para comprender otros conceptos esenciales de la economía política capitalista. Al respecto, Marx en El Capital, considera que “la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso”; luego agrega una nota al pie de página, citando a Locke, en donde indica: “el valor natural (natural worth) [para nosotros valor de uso] de todo objeto consiste en su capacidad para satisfacer necesidades elementales de la vida humana…” (Marx, 1986, T. I., p. 4).

Sin embargo, el agua no es un valor de uso cualquiera, sino de uno especial, aún sabiendo que satisface necesidades humanas específicas o concretas como cualquier otro bien de uso, sea una porción de arroz, carne o leche. En el tanto, el análisis de la mercancía que realiza Marx (el hierro, el trigo, el diamante también satisfacen algún tipo de necesidades; siguiendo a Heller, 1986) se plantea dentro del proceso de producción capitalista que requiere incorporar fuerza de trabajo para trasformar y aprovechar los recursos. No obstante, en el caso del agua, por su condición natural, no requiere intervención humana para convertirla en recurso útil, dadas sus cualidades propias para apagar la sed, para utilizarla en un proceso productivo o posibilitar la vida en la tierra. Si bien, en el proceso productivo el agua debe extraerse de una fuente y requiere de una tubería en red para disponerla en las industrias, no implica un proceso de transformación del recurso como tal.

Desde esta perspectiva metodológica y filosófica se puede ver el agua como un valor de uso especial, desde el cual se teje la trama de la vida. Por ejemplo, los pueblos andinos tienen una particular forma de relacionarse con el agua al considerarla su hermana y parte de su concepto de “comunidad”; así, el vínculo con ella está orientado por un valor afectivo, fraterno y “espiritual”. Por lo tanto, su valor es inconmensurable.

Consolidando el análisis, la filósofa húngara Agnes Heller, quien ha trabajado la categoría “necesidad” desde un enfoque marxista, agrega que

[L]a satisfacción de la necesidad constituye la conditio sine qua non para cualquier mercancía. No existe ningún valor (valor de cambio) sin valor de uso (satisfacción de necesidades), pero pueden existir valores de uso (bienes) sin valor (valor de cambio) si bien satisfacen necesidades (según su definición) (Heller, 1986, p. 21).

Esta segunda connotación de valor es para nuestros propósitos esencial o mejor aún excepcional; como ya se adelantó, el agua como satisfactor de necesidades humanas posee un valor de uso especial (no como cualquier otro) y por esta última condición, es un bien de uso “sin valor”, de lo cual deriva el siguiente juicio: “el agua es por un principio intrínseco a su ser un valor de uso sin valor”.

Para ampliar la comprensión de la categoría sin valor se sigue el análisis de Dussel y su profunda investigación de la obra de Marx, El Capital, no solo de las obras escritas en alemán, sino del Marx inédito, que para el 2013 se habían publicado en ese idioma solo 56 volúmenes de los 114 que constituyen la obra completa del autor (Bautista y Colmenares, en Dussel, 2021).

Para Bautista y Colmenares, Dussel descubre que Marx distingue entre “trabajo vivo” y “trabajo objetivado” al plantear:

Según Marx, el trabajo es la “sustancia” o causa productora de valor. Mas aún, el valor […] no es más que trabajo “vivo” objetivado; es decir, trabajo “hecho objeto” […] Mientras que […] El trabajo vivo es así la “fuente” (más que fundamento) que “crea” (y el concepto de creación debe distinguirse de la mera “producción” desde el “fundamento” del capital) plusvalor […] desde la nada del capital (es decir: desde ningún valor presupuesto) … “desde más allá” (Bautista y Colmenares, en Dussel, 2021, p. 20. Destacado añadido).

Siguiendo a estos autores, este hallazgo pone al descubierto que en el capitalismo el “salario impago” como el “momento de la creación” del “plus” es, al mismo tiempo, el “fundamento de la ganancia”. Cuando Dussel, apoyado en Marx, señala que “el trabajo vivo no tiene valor” está diciendo que el “trabajo vivo” no tiene precio; “es in-apreciable, in-finito, in-calculable, y por eso mismo im-pagable”, no habiendo salario alguno que pueda pagar el trabajo vivo en tanto que este como individuo-sujeto realiza su actividad muscular-corporal como “tiempo de vida transcurrida”, la cual no vuelve a recuperar “en toda su vida” como trabajador concreto; y por eso “no se puede cuantificar, determinar, o sea, cosificar en una cantidad equis llamada salario”. En otras palabras “el trabajo vivo es impagable porque es infinito… presupone no solo la vida del trabajador, sino porque la vida de este presupone la vida de la comunidad y la naturaleza” (Bautista y Colmenares, en Dussel, 2021, p. 21), o sea pues, constituye la praxis ser humano-naturaleza.

Lo cual lleva a confirmar el juicio enunciado más arriba. Desagregando un poco el análisis, se tiene que, el agua apropiada por el ser humano es un bien de uso sin valor, incluso, cuando es reducida a un valor de mercado, porque su cálculo de utilidad desde la “racionalidad medio-fin” (Weber) en la lógica capitalista es igualmente in-medible; por más que se proclame el principio de la “racionalidad (formal)” que juzga sobre “la racionalidad de los medios según un criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo de medios” (Hinkelammert, 2017, p. 191). No obstante, estos fines no son “fines generales” (por ejemplo, proteger el agua de agroquímicos contaminantes utilizados en la producción de piña de la zona norte de Cos Rica), sino más bien, diría nuestro autor, son fines “específicos” que pueden ser realizados por la actividad calculadora del ser humano, o en nuestro ejemplo anterior, por la actividad calculada de capitales individuales de empresas piñeras para generar altas ganancias monetarias; pero esta “racionalidad formal” aplicada es incapaz de calcular e integrar realmente los costos implicados en el proceso productivo de la fruta: contaminación de ríos y nacientes, alto consumo-derroche de agua, destrucción de bosque, suelos y desaparición de la fauna endémica de la zona entre otras, que más bien, dicha lógica los considera como simples externalidades.

Por lo tanto, no hay capacidad para medir la apropiación y derroche del recurso en estos procesos de monocultivos, ya que implica calcular la vida de la naturaleza, incluido el agua, como mediación o “trazabilidad ambiental” para el cálculo de la primera. La economía tradicional hace abstracción de este cálculo al utilizar el concepto de “externalidades”, una suerte de ―valga el símbolo utilizado― “cajón” de la basura a donde se envían los “residuos” no considerados de todos los procesos de trabajo (praxis: ser humano-naturaleza) para esquivar la cuantificación de lo no-cuantificable sobre los costes del agua (naturaleza) implicados, dada su determinación esencial para la vida y, por ende, la del ser humano, siendo esta última una dimensión que en el cálculo de utilidad analizado está lejos de ser considerada. No obstante, la existencia de la naturaleza es la “condición de posibilidad… al interior de la cual es y existe el posible trabajador vivo” (Bautista y Colmenares, 2021).

Construcción social

En ciencias sociales se suele hablar de procesos, los cuales se construyen a partir de ciertos imaginarios,3 sean estos de orden económico, social, político, cultural e ideológico, y que van perfilando una cierta forma de establecer las relaciones sociales entre los grupos, actores o clases y el Estado en determinado tiempo y espacio sociohistórico.

En este estudio, la construcción social del agua se relaciona con el desarrollo de procesos sociales e históricos complejos, atravesados por necesidades cotidianas, contextualizadas en una sociedad capitalista periférica y orientados a acceder al servicio de agua para consumo humano en incipientes comunidades urbanas de la capital (San José) y otros pueblos de Costa Rica, incluye la preocupación por la higienización desde las primeras décadas del siglo XX, más los ideales tempranos para mejorar el nivel de vida a partir de una cierta influencia cultural externa heredada desde el siglo XIX y el desarrollo institucional del Estado liberal.

Sin embargo, la tesis de este trabajo propone que dicho proceso de “construcción social” tiene en su origen y buena parte de su desarrollo, una direccionalidad que va de abajo hacia arriba; es decir, desde las bases de las comunidades organizadas y sectores sociales donde la dinámica es intensa en medio de una construcción social de vida cotidiana y popular, la cual implicó una lucha social, pues, desde su nacimiento formal mediante la constitución de 1871, el Estado liberal no mostraba interés por la “cuestión social” que aquejaba a las comunidades urbanas y rurales (salvo, el lapso del gobierno, no concluido, de Alfredo González Flores),4 con lo cual se demuestra una actitud desinteresada ante el creciente descontento popular desde de la década de los años veinte y aumentada en los años treinta por la crisis capitalista con “la depresión de 1929”, hasta el punto de que en esta década el Estado tomó una serie de políticas intervencionistas5 orientadas, según los estudios críticos, a contener la efervescencia social-popular. No obstante, persistió un clima de insatisfacción que se duró hasta finales de esa década, lo que se va a expresar en una etapa histórica de grandes rupturas y cambios de rumbo en la sociedad costarricense.

En efecto, iniciada la década de 1940, irrumpe otro proceso político que la literatura histórica nacional denomina “intervencionismo del liberalismo tardío” (Hidalgo, 2003), donde precisamente la “cuestión social” se coloca en el centro del escenario político, producto de al menos dos décadas de variados procesos y acumulación de contradicciones y de fuerzas sociales populares confrontadas con las clases dominantes; con esto se buscó un mayor protagonismo en la distribución de la renta nacional y la participación sociopolítica en la toma de decisiones del Gobierno central. Así, una vez iniciada la década de los cuarenta, se perfila un cambio de rumbo estratégico y simbólico, al poner en el centro del debate político la “cuestión social” propia de aquellas décadas de efervescencia popular, que, en contraste, para el liberalismo, significaría el ocaso como proyecto político de largo aliento.

Lo interesante, con fines analíticos para el tema del recurso hídrico, es que las Juntas Progresistas que surgieron ante los problemas de insalubridad ya mencionados, como el arreglo de calles en mal estado, las mejoras en el alumbrado público, el “adelanto” de sus comunidades, entre otras preocupaciones, en los primeros barrios capitalinos como Barrio México (Mora, 1992) fueron parte sustancial de este proceso de construcción social-popular que viene empujando desde abajo la dinámica de la “cuestión social” al modo de un “proyecto hegemónico” (Dussel, 2021) que surge de las entrañas del “pueblo” y se termina expresando en la excepcional coyuntura de los años cuarenta.

En otras palabras, sin la presencia y beligerancia de las Juntas Progresistas, una organización eminentemente comunitaria y autónoma, para encausar múltiples procesos de lucha desde su nacimiento hasta su ocaso en los años ochenta, y con capacidad de articular con otras organizaciones populares como la sindical, la agrícola, el Partido Comunista, entre otras, el resultado o síntesis del proceso no habría sido igual luego de las intervenciones del “liberalismo tardío” del que habla Hidalgo (2003), pues este es producto de las dinámicas del conflicto social de las décadas precedentes; es decir, la reforma social de los años cuarenta no es un fenómeno espontáneo, sino más bien el producto de la maduración de condiciones y contradicciones (dialécticas) entre distintas fuerzas sociales y populares, donde lo social como horizonte se construye con la decisiva participación de un peculiar “sujeto popular” sintetizado en la categoría política del “pueblo”, distinto del concepto de “nación” (toda la población nacida en un territorio que incluye a los grupos dominantes que defienden el statu quo), [porque el “pueblo”] “… que es un sector de la población que Giorgio Agamben, en su sugestiva obra El tiempo que resta, denomina semitamente como “el resto” [es decir…] El “pueblo” que rescatará, redimirá a toda la comunidad…” (Dussel, 2021, p. 477). En este caso, se trata del “pueblo” que luchaba en aquellas décadas, por un proyecto de trasformación social, lo cual tendrá repercusiones en el modelo institucional estatal de posguerra que fue construido en Costa Rica y del que no escapa la institucionalización del servicio de agua potable.

Desde un punto de vista teórico, la “construcción social de la realidad” sigue las premisas básicas de Berger y Lukcmann y, recientemente, de autores como el filósofo canadiense I. Hacking y el francés M. Loriol (Puig, 2006), la “construcción social” tendría una diversidad de usos, pero, dada la similitud en algunas tipologías, se subsumen en tres: 1) cuando la noción se utiliza solo en relación con discursos, representaciones o, en suma, “conocimientos” en el sentido de Berger y Luckmann, pero dejando por fuera la realidad; 2) cuando se estudia el “juego sutil”, la interacción, “entre lo cognitivo y el entorno concreto”; es decir, de un lado se construye lo subjetivo mediante la interacción de actores y, de otro, “la realidad por las interacciones de los mismos guiados y apoyados en su subjetividad”, y 3) “casos de construcción social directa, por la acción o interacción de actores, de situaciones e instituciones reales”, tiene dos modalidades: a) “cuando la situación o institución construida se ajusta a las intenciones de los actores” y b) cuando la situación o institución construida es resultado “del juego de una serie de factores”, de estrategias e interacciones de los actores, “sin que dicho resultado coincida con las intenciones de nadie en particular” (Puig, 2006, p. 2).

En términos específicos, la “construcción social del agua” en el caso costarricense, se puede inscribir dentro de la tercera tipología sociológica, que en su literal a) plantea que se da cuando “la situación o institución construida se ajusta a las intenciones de los actores”, aunque podría matizarse “la situación” en la experiencia costarricense; en tanto que, en el contexto de los años sesenta en adelante, no todos los actores participantes tenían las mismas intenciones ni esperaban los mismos resultados, y más bien se daban posturas encontradas en las dos estructuras comunales paralelas vigentes en esos años. Aun así, se identifica esta tipología de “construcción de la realidad” en lo también denominado el “segundo ciclo y ruptura”, fenómeno que se dio en los años setenta, ciclo caracterizado en la primera etapa de investigación como de la “politización del agua”, que aparece cuando irrumpe con fuerza el trabajo comunal del Estado por medio de las asociaciones de desarrollo comunal y empezó a visualizarse desde los actores estatales y del nuevo ente comunal, que la nueva situación construida se ajustaba a las “intenciones” hegemónicas del trabajo estatal; al mismo tiempo que se daba un notorio reflujo organizacional en el movimiento comunal autónomo de las juntas progresistas que venían accionando desde los años veinte.

La segunda noción o literal “b)”, que en principio parece no tener matices relevantes, presenta algunos elementos importantes a rescatar. Esta construcción de la realidad se da cuando la situación o institución construida es la resultante “del juego de una serie de factores”, de estrategias e interacciones de los actores, “sin que dicho resultado coincida con las intenciones de nadie en particular”.

Tal noción, considera que se está ante un análisis de la realidad situado en un tiempo y espacio histórico; por lo tanto, objetivo y material, con actores sociales y situaciones reales que realizaron un despliegue y “derroche” de energía social mediante estrategias e interacciones que operan en distintos niveles y formas. Por ejemplo, en algunos casos y momentos del proceso, ciertos actores actuaron de forma funcional frente a quien tenía más capacidad de ejercer el poder (poder relacional).

Ahora bien, “la situación” creada entre esos actores fue de relaciones de contradicción, pero sin llegar a un conflicto expreso; a excepción de algunos momentos coyunturales “calientes” causados por la crisis institucional en torno al agua, como los vividos en los años sesenta en varias ciudades del Valle Central durante el período de institucionalización del agua con la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) en 1961.

Se observa como un proceso de “centralización del Estado” que generaba mucha resistencia y conflicto en los años subsiguientes, a lo que se une la demanda por la escasez de agua y el aumento desmedido en las tarifas; un contexto de protestas a la que también se sumó la “huelga pagos” en 1962 debido a los aumentos en los recibos del servicio eléctrico. En una de sus masivas concentraciones reunió a unas 5000 personas, y terminó en enfrentamientos entre la población de Cartago y las fuerzas policiales del Estado, así como con una brutal represión autorizada por el entonces presidente de la República, Francisco Orlich, la cual dejó un saldo de tres muertos, 20 civiles heridos incluidos 19 guardias (Alvarenga, 2005).

No obstante, la síntesis de estos procesos (la institucionalidad construida) en el caso del agua, no fue algo prefigurado en la mente de todos los actores y sujetos participantes, sino producto de una praxis social tensional; pues, lo que está de trasfondo en dicha institucionalidad es que lo político (el Estado), parafraseando a Bob Jessop (2017), es “una relación social” y cuanto haga este aparato “va a depender de lo que le obligue la sociedad”. Se ve como una relación social de lucha donde también el Estado o sus instituciones ceden a la demanda contestataria de las fuerzas sociales que se le oponen.

Por eso, como herramienta de análisis se acuña el concepto de construcción social del agua, para darle un sentido de experiencia colectiva entre actores y de presión hacia arriba y hacia abajo, al constatar que el agua es un servicio público a cargo de entes estatales que con el paso de las décadas ha desarrollado una capacidad organizativa e institucional importante. Antes y después de la creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 1961, la lucha comunitaria y popular por el agua se mantuvo vigente; este dato histórico fue uno de los que sentó las bases para la creación de dicho ente; sin embargo, una vez creado, la participación social devino en una práctica política que combina experiencias de una relativa autonomía de los entes comunales (las denominadas ASADAS), pero limitada por un Convenio de Delegación; en otros casos, con acueductos rurales que no acceden a dicho convenio, donde la dinámica del poder institucional se da mediante las orientaciones o la normativa reglamentaria que el AyA ha creado e impuesto para a ellos; pero donde siempre hay espacio para el disenso, la lucha social o la resistencia.

Acueductos rurales y ASADAS en la construcción social del agua

Producto del entramado complejo que implica este proceso de construcción, de cambio y reacomodo institucional orientando a la funcionalidad a los nuevos tiempos, un dato importante es que a partir de diciembre del año 2000, se promulgó el Reglamento6 de las ASADAS mediante Decreto N.º 29100-S; lo cual significó un “cambio importante en la administración y organización de los acueductos rurales” (CAARS), los cuales estaban regidos por la ley N.º 3859 de Desarrollo de la Comunidad; en cambio, las ASADAS se rigen por la ley de asociaciones N.º 218 (Contraloría General de la República (CGR), 2004).

Este cambio de nombre y la figura jurídica que crea a las ASADAS, se entiende como un cambio formal e institucional de una especie o tipología de organización a otra, la cual se puede interpretar como un intento de ejercer mayor control sobre el nuevo ente creado y donde la participación comunal tendería, en principio, a ser más laxa; esto si se comparar con las experiencias de organización autónoma como las juntas progresistas, incluida la experiencia de los CAARS. Sin embargo, al ser actualmente un tema politizado debido a los intereses que despierta, de debería matizar ciertas apreciaciones considerando el nuevo contexto. Por ejemplo, si bien la CGR (2004) sostiene que el “paraguas” jurídico que rige a las ASADAS es la Ley de Asociaciones; de acuerdo con consultores del CATIE (2009), el Convenio de Delegación que las rige y creado por el ICAA;

establece que las Asadas no pueden solicitar directamente la concesión de aguas al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), si no es por medio del ICAA. El convenio también hace referencia a que la inscripción de las Asadas en el Registro de Asociaciones de Registro Público debe contar con el visto bueno del ICAA (CATIE, 2009, p. 7).

De acuerdo con algunos consultores, opiniones como la de Mauren Ballestero Vargas (2008), directora de la Asociación Mundial por el Agua (GWP) hasta el 2006 (Alpízar, 2014):

… pueden considerarse violatorias de la Ley de Asociaciones (No. 218) y de la Constitución Política de la República (Art. No. 25); revisamos por nuestra cuenta el citado capítulo constitucional el cual dice: “Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie puede ser obligado a tomar parte de asociación alguna” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 1994, p. 7).

En principio, quien lea este argumento puede estar de acuerdo con la tesis de los consultores, cuando señala una eventual violación a la citada ley y, peor aún, si violenta la Constitución. No obstante, aquí surge una polémica: desde la postura de la CGP “no se viola el derecho de libre asociación” porque las ASADAS, al prestar un servicio público, se deben someter al control y la fiscalización, “las mismas deberán estar sometidas a los requisitos y requerimientos que específicamente les exige el ordenamiento jurídico, para el ejercicio de esa especial actividad que involucra la prestación de servicios públicos” (Cerdas, 2011; cita pronunciamiento de la CGR, 2002, pp. 45, 46).

De este modo, parece que la idea de violación constitucional sería más bien una cuestión de interpretación y contextualización, la cual alude a la idea de “libertad” de asociación para “fines lícitos”, pero que, en este caso, podría incluir también los fines e intereses económicos privados de ciertas fuerzas sociales amparadas en la noción de “libertad” que promueven las ideas neoliberales; por ser la orientación que ha tomado el debate actual sobre el recurso hídrico en muchos países. Así, la interpretación de las leyes se torna más dinámica e integral si se asume desde una perspectiva “sociojurídica” donde las ciencias sociales también tienen “algo que decir”.

En línea con esta tesis de la CGR, aparece otro argumento, aunque planteado desde otra preocupación: demoler o desregular la normativa jurídica para que el proyecto de Ley N.º 20.212, sobre el recurso hídrico que estuvo varios años en discusión y actualmente en pausa en la Asamblea Legislativa, allane el camino a la privatización, fin último de algunos grupos económicos interesados. Este es el argumento central del académico ambientalista Fredy Pacheco: “las Asadas actualmente funcionan con contratos de delegación establecidos con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Observa […] que el proyecto (de ley) las trasforma en órganos concesionarios, incorporándolas así en consecuencia, al sector de instituciones privadas”. Similar es el señalamiento de otras voces “que en criterio de activistas del ambiente y la agricultura campesina puede derivar en algunos casos en privatización” (Chacón, 2020).

De las posturas anteriores se puede concluir que la polémica entre algunos actores institucionales y de la sociedad civil en relación con el proyecto de ley es incierta pues este se mantiene en pausa en la corriente legislativa y en espera de retomar el debate que no se pudo concretar en la gestión legislativa del mandato del expresidente Alvarado, porque el país entró en un nuevo ciclo electoral. Aunado a esto, se rumora que otros proyectos de ley coadyuvantes con dicho proyecto, son prioritarios para el actual gobierno y se dirigen en otra dirección. En todo caso, se apruebe o no una ley de aguas, los procesos de concesión-privatización otorgados a las empresas del campo agrícola y otras para la explotación del agua continúa. Este un tema que requiere un tratamiento específico.

Para cerrar el concepto que se ha venido discutiendo en términos más operacionales y con una mirada de proceso, “construcción social” se refiere al conjunto de relaciones sociales en el campus7 específico del recurso hídrico, donde se dan relaciones de trabajo, planificación, gestión, administración, consenso, disenso, conflicto de intereses y lucha social que se urden en torno al agua. Siendo estas relaciones el espacio vital desde donde los sujetos comunales, sociales e institucionales ajustan, reacomodan o moldean el cambio en un horizonte temporal no concluyente, sino abierto a las dinámicas o contingencias que impone la realidad.

Elasticidad de la mercancía y sus mediaciones

Bartra (2008), siguiendo la tesis de Rosa Luxemburgo (1967), plantea que para su funcionamiento el capitalismo requiere estar rodeado de “formas de producción no capitalistas”, por lo que no hay motivo para que los medios de producción y consumo sean elaborados exclusivamente bajo la forma capitalista.

El sistema ha creado las condiciones para que otras formas de producción se integren, siempre y cuando sea de manera subsumida a su lógica de acumulación, lo cual implica, de acuerdo con Camacho (2001), que el “modo de producción” (capitalista) es “el modo como la sociedad se organiza para obtener sus medios de subsistencia… el modo como la sociedad se organiza para producir” (p. 125). En fin, se trata de un concepto abstracto, pues no se expresa en forma pura en ninguna sociedad en particular, porque cada una tiene sus especificidades. Así, este concepto que no se corresponde con un país determinado, sin embargo, es útil para estudiar una sociedad concreta al contener las características generales de aquel (el modo de producción).

Al analizar una sociedad concreta aparece el concepto de “formación social”, el cual, de acuerdo con Camacho (2001), forma parte del “modo de producción” con el que se pueden estudiar las especificidades de una sociedad. Así, en una “formación social” específica como Costa Rica, se imbrican tipos de producción capitalista y no capitalista (por ejemplo, campesina, comunal-indígena o las comúnmente llamadas “pequeñas empresas” o “microempresas”, sean agrícolas, artesanales e industriales, de servicios, pesca artesanal, entre otras) que al ser analizadas desde una perspectiva crítica y según el argumento de Huaylupo (2005) “no son estrictamente [empresas], porque la lógica de sus ´negocios´ no es la reproducción ampliada de capitales, sino la reproducción simple, de una modalidad económica no capitalista…” (p. 4).

Los planteamientos anteriores confirman la posición teórica de Luxemburgo, según la cual el capitalismo se rodea de otros modos de producción dominados por este sistema para asegurar su reproducción, manteniendo una la fuerza de trabajo barata en el contexto de una “estructura social” paralela que ha sido construida de forma comunitaria o inmersa en la “economía popular”; en América Latina esta se vincula a la “informalidad” (por ejemplo, en Costa Rica, el 2022 cerró con una tasa de 43,6 % de empleo informal, de acuerdo con los dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos); se trata de una economía que también valoriza capital y sostiene, en buena parte, las relaciones de producción propiamente capitalistas haciendo posible la rentabilidad de dicho sistema.

Esta suerte de connivencia entre varios “modos de producción” se puede asociar a la idea de un capitalismo “desforme”, sobre todo al consolidarse la tendencia en el nuevo siglo de los “trabajadores por cuenta propia”; esta situación, para Hirsch, citado en Bartra (2008), se da cuando emergen otros trabajadores especializados como diseñadores de programas, procesadores de textos, también llamados “nuevos autónomos” y producto de la “revolución de los servicios”, quienes son “separados de las plantas industriales” para luego subcontratarlos “por fuera” a menor costo; esto ha ocasionado la precarización de los “nuevos autónomos”. Una deriva observada también dentro del capitalismo metropolitano, donde las relaciones de producción típicamente capitalistas ceden a otros tipos de relaciones sociales mucho más desreguladas y que dan cuenta de un cambio involutivo del sistema y de la inserción de prácticas económicas precarias.

Sin embargo, el punto crítico de esta idea del capitalismo “desforme” al convivir con otros sistemas productivos no capitalistas apunta a la posibilidad de prolongación, extensión o “elasticidad” de la mercancía dotada de “valor”, que es el secreto del capitalismo para reinventarse y reproducirse en el tiempo.

Esta idea, aun al reconocer que tiene alcances mucho más complejos que forman parte del sistema productivo como tal, se delimita metodológica y preliminarmente al análisis del recurso hídrico, al tratar de captar algunas “líneas de sentido” propias de las acciones y los discursos activistas de un grupo de presión que defiende los intereses de los sectores corporativos que han incursionado en el negocio hídrico como una mercancía de las más codiciadas del mundo; esto se desarrollará en el trascurso del texto. Lo anterior, teniendo claro que para llegar a esas instancias ocurrieron otros procesos en el seno de las clases capitalistas de origen anglosajón que implicó un furibundo debate político de ideas y enfrentamientos con los “nuevos” movimientos sociales estadounidenses de los años sesenta y setenta del siglo XX.

Para contextualizar, cabe hacer el siguiente paréntesis: la deformación del sistema capitalista, siguiendo la noción de Bartra (2008) y los efectos dominantes del siglo XXI, se dio una vez que dicho sistema perdió su capacidad hegemónica en la segunda posguerra, llevada a los extremos por la corriente liberal (para América Latina neoliberal) cuando el sistema empresarial estadounidense pasó a la “contraofensiva” por medio de un activismo “militante” (del sector dominante) nunca visto contra el movimiento ecologista y de defensa de los consumidores y sindicatos clasistas desde los años sesenta y sobre todo setenta.

En esa época dichos estos movimientos denunciaban con grandes protestas y activismo político los excesos del gran empresariado de ese país centrado en la acumulación, pero que descuidaba el trabajo, la protección del ambiente, el consumo de productos sanos y el respeto por los derechos humanos, incluso, el movimiento pacifista contra la guerra en Vietnam. Así, estos movimientos sociales lograron imponerse como una fuerza política inevitable e

impulsaron una ola inédita de regulaciones gubernamentales: entre 1965 y 1975, se adoptaron más de 25 legislaciones federales en materia de protección de los trabajadores, de los consumidores y del medioambiente… se quintuplicaron los presupuestos correspondientes y se crearon diversos organismos de regulación sanitaria y medioambiental (Chamayou, 2022, p. 271).

Ante semejantes conquistas laborales, sociales y ambientales, expresadas en leyes federales e instituciones regulatorias de la actividad económica, esta clase empresarial se sintió amenazada y aterrorizada de que la “libertad para hacer negocios” (libertad de empresa) en ese país estuviera en peligro. Frases como la siguiente son una muestra patética: “Al ritmo que van las cosas… solo falta poner a la empresa en la lista de especies en vías de extinción” (Silk y Vogel, 1976, citado en Chamayou, 2022, p. 136). Al mismo tiempo, creían que el “movimiento contestatario” estaba compuesto por gente educada, “acomodada”, que formaba parte de la intelligentsia y se daba por el “acceso masivo a la educación” donde el foco de agitación de esta guerra de ideas era la universidad.

De ahí que, una vez trazada la nueva estrategia, después de contratar consultorías millonarias de personas expertas en seguridad, ideólogos y lobistas, en el marco de la retórica discursiva de la guerra fría para derrotar a quienes consideraban “grupos izquierdistas”, “fanáticos” y “peligrosos” que atentaban contra la libertad de empresa (Chamayau, 2022), diseñaron toda una estrategia política contra las universidades y los intelectuales críticos del sistema, para hacer depender a las universidades de los fondos privados, donde el filántropo que dona podría evaluar el “contenido de los programas” antes de dar el aporte económico. La lucha ideológica era tal que

en 1973, David Packard, exsecretario de Estado adjunto encargado de la defensa y dueño de la empresa Hewlett Packard (conocida en el mundo como Hp), ordena así a los directores de empresa que dejen de subvencionar con donaciones a ciegas a las universidades… [al calificarlas como] conglomerado de universitarios hostiles… (p. 139).

En paralelo, había que crear nuevas instituciones para apoyar a los nuevos grupos de intelectuales “que no defendían la igualdad”; por eso, a inicios de los años setenta se organizaron los nuevos think tanks (tanques de pensamiento) para desarrollar la “agenda política conservadora” aplicada a partir de los años ochenta.

Otra estrategia, diseñada para el mundo del trabajo, consistió en crear un sistema de reglas fuertes o “derecho duro” (law hard) para cuestiones estratégicas de rentabilidad empresarial como la “propiedad intelectual” (con efectos perversos en la actualidad mundial) y a veces mezclado con un “derecho suave” o blando (soft law) sobre “derechos sociales” relativos a “códigos de conducta voluntaria” para las personas trabajadoras, donde la blandura significa la “ausencia correspondiente de responsabilidad jurídica” por parte de las empresas para cumplir los derechos sociales o el respeto a las reglas ambientales; por eso, es mejor llamarlo low law (derecho rebajado). Todo con un enfoque empresarial impuesto desde arriba (Chamayou, 2022, p.268, 269).

El liberalismo autoritario fue creado por un empresariado que se convirtió en “militante” y procedente de élites poderosas en Estados Unidos; por ejemplo, ante la Carta de derechos y deberes adoptada por la Asamblea de la ONU en mayo de 1974, que daba soberanía plena a los Estados sobre sus recursos naturales, David Rockefeller escribió en 1975: “La empresa multinacional”, decía, “está siendo asediada por todas partes. Y la batalla apenas ha comenzado…” (Chamayou, 2022, pp. 260, 261). Entonces, pasó de ser un sector que estaba a la defensiva, observando las protestas de los nuevos movimientos sociales, como el de consumidores que boicoteaba a las empresas irresponsables con el ambiente, la producción de desechos y productos dañinos para la salud, o bien las empresas que producían armas y agentes químicos que provocaron las muerte de niños y campesinos en la guerra de EE. UU contra Vietnam; el grupo “militante” pasó a otro momento político y estratégico, el de la ofensiva empresarial contra estos movimientos, desarrollando un trabajo político de gran envergadura al “desarrollar tácticas” para quitarles el apoyo y la “legitimidad” que les daba la gente hasta “[F]isurar el frente adversario a fin de quitarle uno a uno sus “bloques de credibilidad” (Buffe, 1986, citado en Chamayou, 2022)

El mundo experimenta hace varias décadas los efectos del liberalismo autoritario, pero de forma distinta, en diferentes variantes y narrativas políticas conservadoras de derecha, otras incluso, con estilos fascistoides en los países tanto del centro como de la periferia, donde, además, han vuelto a la idea de las formas “precapitalistas” o simplemente no capitalistas de producción. De acuerdo con analistas, se ha llegado o estaría arribando a un punto degradante y crítico de no retorno, al integrar al sistema la “narcoactividad” y el “lavado de dinero” sin que existan regulaciones acordes con las nuevas amenazas ambientales, económicas, laborales, sociales e incluso éticas; ni siquiera aquel dinámico y proactivo activismo político de los movimientos sociales en los países centrales como los Estados Unidos y pueblos agredidos, no han sido capaces de crear una fuerza social orgánica de movimientos sociales diversos con capacidad y con iniciativa política clara para aportar ideas, encaminada a destruir las narrativas del liberalismo autoritario heredado y los ámbitos de legitimidad que este le arrebató a los movimientos sociales de los sesenta y setenta, e incluso el prestigio social de la academia que también fue erosionada, puesta en duda y deslegitimada de forma creciente por dicho sistema hasta la actualidad.

Hasta acá la digresión

Retomando la idea de “elasticidad”8 de la mercancía jalonada e impuesta hasta el día de hoy, que se entroniza con fuerza en las sociedades una vez que emergió en los años 80 una nueva orientación político-ideológica (pero emparentada con el “liberalismo autoritario”) que se trasformó en “política pública” con el ascenso del neoliberalismo en la región, promovido por el gobierno de Ronald Reagan en EE. UU. y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Luego, este se expande, primero por América Latina y después al resto del mundo como una ideología que no estaba pensando en reformar el “Estado de bienestar”, surgido en la posguerra, sino en “destruirlo” (Hinkelammert, 2001, p. 75).

Siguiendo al autor, es importante destacar que el Estado de bienestar se trató “de un esfuerzo de alcance internacional por imponer límites externos al mercado total autorregulado en aras de salvaguardar la vida en el planeta… de un intento por darle al capitalismo un “rostro humano” o de civilizar su lógica desenfrenada” [como este intento fracasó en aquellos años], se impuso el “mercado total” (Hinkelammert y Mora, 2009, pp. 412, 413. Destacado añadido).

De acuerdo con Hinkelammert y Mora (2009), el mercado total, que se expresa como “globalización neoliberal” con sus procesos de liberalización y desregulación indiscriminada de los mercados y una “drástica mutilación” de las funciones económicas y sociales por parte de los Estados, prácticas que fueron puestas en marcha mediante “programas de estabilización” y “ajustes estructurales” en América Latina; así como la “flexibilización” de los mercados laborales, se complementa con la “lucha contra la inflación” impulsada por el FMI desde finales de los años setenta y ochenta, que sin decirlo, buscaba modificar las condiciones del nuevo patrón de acumulación capitalista y sus corporaciones trasnacionales.

Se está así, ante la “inaudita pretensión” de convertir la vida del ser humano no solo en trabajo, sino más bien en “capital humano”, mecanismo mediante el cual la “educación universitaria” se reduce a “un proceso de producción de capital humano”, donde el trabajo intelectual” y el “trabajador de conocimiento” son considerados factores de producción “altamente especializado” (Mora, 2009, cita a Saxe Fernández, 2001). Lo anterior va unido, al principio dentro de esta nueva estrategia expansiva de la mercancía, y que en palabras de estos autores sería convertir la naturaleza no “simplemente en tierra, recurso o medio de producción”, sino más bien en “capital natural”. No interesa en esta lógica la naturaleza o tierra como “factor de producción”, sino como “hogar, recreación, paisaje, belleza, biodiversidad, fijación de carbono, regulación del clima, protección contra los rayos ultravioleta” (p. 416). La idea de fondo aquí es que el neoliberalismo hace una “lectura nueva y dogmática” del “automatismo del mercado” como algo “perfecto” (un Dios), donde ese mercado “ya no se corrige en nombre de la realidad y del mundo de satisfacción de las necesidades, sino que se debe ahora adaptar la realidad a las necesidades del mercado” (Hinkelammert, 1987, p. 188. Destacado añadido).

Por ejemplo, el homicidio de Berta Cáceres, lideresa de pueblos originarios en Honduras en el año 2016, quien defendía el acceso y cuido del agua y de los bosques como una “necesidad humana” para las presentes y futuras generaciones de esos pueblos, se puede interpretar dentro de la lógica del “automatismo del mercado” al trasformar y allanar con la muerte de la emblemática lideresa, la realidad para las comunidades afectadas que han quedado a expensas del poder tiránico del mercado para continuar con la explotación de los recursos naturales. Por esto, la solución del neoliberalismo ante las crisis económicas y de necesidades humanas en países como Honduras y del resto de Centroamérica, parafraseando a nuestro autor, es “imponer” más mercado “en términos totales y perfectos” (Hinkelammert 1987, p. 188).

Así, se complementa y condensa la idea de “totalización del mercado” al quedar encerrados dentro de su lógica interna los dos factores esenciales (trabajo humano y naturaleza), los cuales hacen posible la generación de riqueza en el capitalismo (Marx), y dan cuenta de un rasgo bastante peculiar de este sistema, como es su afán de reproducción ampliada y constante, para esto dotando a la mercancía de una especie de “elasticidad”, estirándola o expandiéndola hasta lo inimaginable, convirtiendo tanto, la capacidad creadora psíquico-cerebral del ser humano como la misma naturaleza y sus elementos que complementan: la relación ser humano-naturaleza (relación “sujeto-sujeto”), bióticos y abióticos (como el agua, el oxígeno), elementos tangibles o intangibles, en simples mercancías transables en el mercado.

Des fetichizar la naturaleza y rehacer el proyecto de vida en la tierra

Para Holloway (2004), la dominación capitalista es “la lucha por fetichizar” y las luchas del sujeto son por “desfetichizar” las relaciones sociales cosificadas, discusión que deriva de la crítica de Marx a la mercancía capitalista. Por su parte, la naturaleza expresada en sus distintas composiciones bioquímicas y formas corpóreas, incluida el agua, aun sin ser una mercancía, es tratada en las relaciones sociales del capitalismo existente como si lo fuera; es decir, y como se analizó en apartados anteriores, concibe el agua como valor.

Para que esto sea posible, primero hubo un posicionamiento desde hace unas décadas en la economía de servicios, luego con los tratados de libre comercio firmados en todas partes muchos bienes y servicios fueron incorporados dentro de las nuevas tendencias de negocios; apareció así un discurso, una narrativa cultural e ideológica elaborada desde los centros del poder mediático y sus múltiples agencias de publicidad por el mundo, para posicionar al recurso hídrico en el intervalo de los negocios más rentables. Al punto que, el 9 de diciembre del 2020 trasciende una noticia impactante: “¿Por qué el agua debe entrar al mercado como el petróleo?”.

No hay producto más central para la actividad humana que el que representa el 60 % de nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué el agua no es un elemento fijo de los mercados financieros como lo son el oro, el crudo, el cobre y la soja?.. CMG Group Inc. está pensando en la misma línea, lanzando contratos futuros esta semana vinculados al mercado del agua de US$ 1.100 millones de California. Es tentador creer que tal medida podría convertir al H2O en un producto tan importante para los mercados financieros como el petróleo, el metal y los productos agrícolas… (Fickling, 2020).

La noticia genera expectación para quienes valoran el agua como un bien esencial o como un derecho humano que no debe pasar por la lógica del mercado; en todo caso, la nota está fundamentada en la opinión de eso que hoy con mucha retórica llaman “expertos”; no queda duda de que los capitalistas accionarios que dominan los mercados financieros, es decir, los grandes especuladores, ya están lanzando su conocida estrategia de vender contratos futuros, esta vez, sobre la explotación del agua para así repartirse el planeta.

Si para esta clase improductiva se debe planificar nuevas guerras se harán, como se ha visto con el petróleo; aunque también las guerras del agua, aun de “baja intensidad” ya están en marcha. En el caso de la apertura de los nuevos mercados financieros del agua, se viene realizando un seguimiento de las reservas hídricas disponibles o de la escasez en ciertos lugares del planeta; es decir, estimando la oferta para una demanda creciente de este nuevo mercado. Al parecer, esos estudios con imágenes satelitales ya se tienen; por ejemplo, en el 2019 trascendió la noticia sobre la “Exploración y Evaluación de las Aguas Subterráneas en la República de Costa Rica”, financiado con el Canon por Aprovechamiento de Agua y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Según el ministro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de ese momento, Manuel Rodríguez, este mapeo hídrico permitió tomar decisiones ante el problema del cambio climático.

Se supone que esto se hace en otras partes del planeta, con esa base de datos ya se puede contrastar la demanda potencial en los mercados de consumidores; así como se hizo con la planificación estratégica del petróleo para proceder a los procesos de explotación y apropiación del recurso en el mundo. Los cálculos de utilidad de los grupos accionistas cada vez en alza son la fórmula invariable de esta economía especulativa e improductiva, pero que llena los bolsillos de la clase “burguesa” parasitaria que vive de la productividad que genera la humanidad trabajadora y del “plusvalor”, que dicha clase se dedica a repartírselo (Vargas, 2008).

Cuando se habla de “desfetichizar la naturaleza” también significa, siguiendo el análisis de Hinkelammert (1981), la importancia de develar el “espíritu” que contienen los discursos de las instituciones de la sociedad capitalista, el individualismo/egoísmo, el consumo, el “mercado” como “deidad” omnipotente, las empresas trasnacionales como expresión tangible; y a partir de ellas, traslucir y analizar las formas en que estas son “percibidas y vividas” por la sociedad. Discurso como el citado sobre el agua y por el ala financiera del capitalismo, contiene un “espíritu”, un “fetiche” inherente a esas instituciones capitalistas mencionadas para visibilizar, por un lado, lo que les conviene como estrategia de negocio orientada a crear relaciones sociales de “mercado” entre empresas del agua y las personas consumidoras; e invisibilizar/ocultar, por el otro, lo que no conviene ante la opinión pública, creando una suerte de envoltura ideológica y opaca para hacer invisible los efectos adversos de la nueva relación mercantil creada y someter a sus designios tanto a la ciudadanía como a los Estados de países débiles donde están las reservas hídricas; aunque este acto traiga como consecuencia que las “fuerzas compulsivas del mercado” van a acaparar, monopolizar y mercantilizar el agua del planeta en unas cuantas corporaciones.

Dicho discurso, emitido desde una instancia del poder financiero global, es paralelo a otras estrategias que se vienen desarrollando en muchos países desde hace décadas atrás, por lobistas y asesores de grandes empresas y accionistas del agua como el caso de René Coulomb de la trasnacional francesa Suez (que junto a Vivendi hace un par de décadas eran las dos empresas de agua más grandes del mundo), que asesoraba a una organización civil como la Global Water Partnership (GWP), la cual cuenta con una sede en Costa Rica para representar a Centroamérica, pero vinculada con organismos que promueven la privatización del agua como el FMI, BM y BID. Otro representante de la empresa Suez Ivan Cheret, del consejo consultivo, declaraba hace un tiempo que la GWP

tiene por principio que el agua es una mercancía económica que tiene un valor económico en todos sus usos competitivos, y sirve para asentar las bases de la prioridad que concede GWP a la privatización de los servicios de abastecimiento de este recurso (Durán, 2003, p. 43).

A estos esfuerzos privatizadores se agregan después investigaciones con recursos tecnológicos sofisticados, orientados a brindar información estratégica del estado del agua y su mercantilización a gran escala; de lo cual surge un discurso, incluso teñido de cientificidad, pero atravesado por intereses geopolíticos, económicos e ideológicos desde el poder financiero-neoliberal, y que se puede analizar también con el recurso de la “ciencia crítica” que Van Dijk (1986), citado en Wodak (2003), asume como metodología para aplicar el Análisis Crítico del Discurso (ACD), donde el término “crítica” del programa de investigación del autor destaca el talante “crítico que la academia encarna”, siguiendo la tradición de la Escuela de Fránkfort y autores contemporáneos al considerar que el “lenguaje [discurso] es también un medio de dominación y una fuerza social” útil “para legitimar las relaciones de poder” (Wodak, 2003, pp. 18,19).

En términos conceptuales, “critica” como inherente al “programa” del ACD en este trabajo, “ha de entenderse como el resultado de tomar cierta distancia respecto de los datos, enmarcarlos estos en lo social, [y] adoptar explícitamente una postura, política” (Wodak, 2003, p. 29). De acuerdo con Wodak, para el ACD, si bien el lenguaje (discurso) como tal “carece de poder propio, obtiene su poder por el uso que las personas hacen de él”; esto explica, sostiene la autora, por qué la Lingüística Crítica (LC) elige con frecuencia “la perspectiva de quienes sufren” (p. 30).

El poder del discurso aplicado al agua en el negocio de las “bolsas” está sustentado en el uso que hace de él una instancia, o mejor, una minoría del poder financiero y global asentado en Wall Street, como lugar común y referencia simbólica de los capitales especulativos todopoderosos del mundo, más otras instancias sometidas que actúan como resortes de ese poder; el cual elabora y difunde otro discurso con poder de influencia, al sostener que, los consumidores o las sociedades (en este siglo XXI) solo pueden valorar y cuidar el agua si esta tiene un precio de mercado; es decir, un valor. En consecuencia, que salga del dominio del Estado para privatizarla y evitar así su derroche. Un discurso conveniente desde un enfoque empresarial neoliberal, pero no desde una lectura de acceso democrático a dicho recurso por parte de la ciudadanía y de las personas vulnerables del mundo, que cada vez se suman a los millones de seres humanos que actualmente no tienen acceso digno al agua potable para consumo humano y para la producción de alimentos, tan necesarios para la seguridad alimentaria de estas comunidades esparcidas en el Sur global, debido al acaparamiento del agua por el agronegocio capitalista y los altos precios que se le asignan y sus leyes intrínsecas del mercado.

Solo desde el pensamiento y análisis crítico se puede cuestionar y derrotar la narrativa que, el traslado de la gestión y administración del recurso hídrico a manos del mercado es lo que evitará el derroche y escasez del agua. Al contrario, ceder la gestión del agua al mercado sería dar un recurso vital para la vida a unos cuantos especuladores y mercaderes, que con su avaricia son capaces de someter a la humanidad a un “saqueo hídrico” de enormes proporciones, a grandes sequías, a la pérdida de producción de alimentos en los países pobres del Sur global, a violentar aún más el derecho humano del acceso al agua potable, a conflictos de mayor envergadura y, al final, todo este sombrío panorama pondrá en riesgo inminente el proyecto de vida en el planeta tierra, ¡nuestro hogar común!

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1. 1 Una aproximación al concepto sostiene: “Lo que interesa en el espacio socio-político es el pasaje y la constitución de los actores del orden social al político (Bobes, 2000). En la medida en que la política se constituye ante los individuos como orden, mecanismo vinculante o principio de relación, las interacciones ocurren en un espacio que no solo es social sino socio-político…[penetrado] por las relaciones de poder, en la cual se produce una trama con múltiples interacciones de lealtades y resistencias”. Véase: Falleti, Valeria. Reflexión teórica sobre el proceso sociopolítico y la subpolítica. Un estudio de caso: el “cacerolazo” y las asambleas barriales. , V.70 no.2 Mexico abr/jun., 2008.

2. 2 Para Arias (2004), algunos ejemplos, aunque “de poca significación social” fueron: la prohibición de trabajar la noche en los trapiches (Decreto IV del 27 de enero de 1841), para disminuir accidentes de trabajo; Ley N.° 6 de 1886 (Ley de Pensiones para Maestros Titulados); Ley N°. 37 de 1918 (Ley de Pensiones para Empleados de Telégrafo y Teléfonos; Ley N.° 53 de enero de 1925 (Accidentes de Trabajo), entre otras, p. 295.

3. 3 Una noción básica de imaginario social se entiende como “el conjunto de representaciones compartidas a modo de ideales comunes a un grupo social; es la elaboración tomada del caudal simbólico social de la sociedad que corresponde a las representaciones que cada sujeto tiene de sí mismo y de los demás, percibe las divisiones, las legitima, instaura el poder”. Véase: Matos, J. El problema de la sociología y el imaginario social en el pensamiento clásico y contemporáneo. Centro Universitario de Imías, Guantánamo, 2012. Tomado de: Los imaginarios sociopolíticos sobre liderazgo, autonomía y fronteras de pensamiento recreados por las asociaciones de desarrollo costarricenses y los consejos comunales venezolanos: una aproximación desde el pensamiento socio-político latinoamericano. Periodo de estudio 2010-2014. Tesis doctoral inédita, presentada por Alexis Chinchilla Jiménez, Doctorado de Estudios Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica, 2015, Costa Rica.

4. 4 Una primera muestra de intervención estatal a inicios del siglo XX fue la del presidente Alfredo González Flores, al crear “una reforma tributaria, fundación del banco del Estado, así como la regulación de las empresas extranjeras”; sin embargo, la reacción de los grupos dominantes fue violenta: se impuso la “dictadura de los Tinoco”, y el presidente Flores no pudo concluir su mandato constitucional. Véase: Ruiz, Ángel (s. f.). Una perspectiva de desarrollo para Costa Rica (p. 6). Disponible en formato digital.

5. 5 Durante el gobierno de Ricardo Jiménez (1932-1936) se crean: el Instituto para la Defensa del Café; la Ley de Abastos, que fijó precios para productos básicos; Ley para del Salario Mínimo para Trabajadores Agrícolas; reformas bancarias para el control estatal de la oferta monetaria. Y el resto de la década mostró un aumento de las obras públicas. Véase: Ruiz, Ángel (s. f.). Una perspectiva de desarrollo para Costa Rica (p. 6). Disponible en formato digital.

6. 6 Sin embargo, dicho Reglamento perdió vigencia, con el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, creado por el Decreto N.° 32529 del 2 de febrero del 2005, el cual está vigente hasta la fecha (las negritas no son del original). Nótese la diferencia de este reglamento con respecto al del año 2000, que agrega el término: “Comunales”. Véase: Manual para las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Costa Rica, CEDARENA, 2013, p. 12.

7. 7 Campus es una categoría compleja acuñada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu para hacer análisis sociológico, aquí se utiliza con un sentido más instrumental, entendida como “sistema específico de relaciones objetivas” que tienen lugar dentro del “campo” institucional del recurso hídrico. Entonces, el campus está constituido por “instituciones”, “conjuntos o subconjuntos de ellas” donde tienen lugar las actuaciones de los individuos y grupos que le imprimen la connotación social (Mondol, 2010, p. 82, cita a Bourdieu, 1990).

8. 8 Aquí el concepto de “elasticidad”, propuesto de forma más elaborada por Alfred Marshall, no tiene la connotación matemática o geométrica que le dio este autor en su libro “Principios de economía” (1957); pero quizás se acerque más a algunas teorizaciones contemporáneas seguidas por economistas que han ampliado la discusión del concepto a otros campos de esta ciencia social, incluido el tema del comercio internacional, donde se habla por ejemplo de “la elasticidad de la demanda de importaciones…”; en el tanto, se le da a la “elasticidad de la mercancía” una orientación más de época, e instrumental, donde el recurso hídrico ha pasado a formar parte de las nuevas tendencias del mercado capitalista, ampliando, por decirlo de un modo, la oferta de nuevas mercancías que otrora solo tenían un sentido restringido de servicio público o valor de uso. Véase: Elba Bañuelos Bárcena (Coordinadora de investigación), (1993). Estudio de la elasticidad y sus aplicaciones al campo del comercio internacional. UNAM.