Desafíos políticos de la transformación territorial para la “extensión universitaria” centroamericana

Political Challenges of Territorial Transformation for Central American “University Extension”

Desafios políticos da transformação territorial para a “extensão universitária” centro-americana

Hernán Alvarado Ugarte

Catedrático jubilado

https://ror.org/01t466c14

hernanalvaradougarte@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-5517-7952

Resumen

Si las universidades públicas pretenden participar, de manera legítima y pertinente, en la transformación democrática de los territorios centroamericanos, tendrán que hacer frente a una serie de cambios atinentes a la oferta académica en su conjunto y a su organización regional. Al mismo tiempo, los académicos tendrán que reconsiderar la función que cumplen como intelectuales en la compleja coyuntura que atraviesan los actores territoriales, hoy enfrentados a múltiples amenazas de orden social, jurídico, económico y ambiental. Esos desafíos son en esencia políticos, pero en un sentido que no es el tradicional y dominante; sino el de una política de verdad, que comienza por determinar quién debe decidir, en qué condiciones y para qué el carácter de las transformaciones territoriales en curso. El artículo consta de dos partes complementarias, la primera se refiere a los desafíos estratégicos que apuntan al qué hacer, la segunda a los desafíos tácticos, que aportan a cómo debieran hacerse los cambios priorizados.

Palabras clave: Cambio organizacional –Ciencia y sociedad – Participación social –Región de prioridad educativa.

Abstract

If public universities intend to participate in a legitimate and pertinent manner in the democratic transformation of Central American territories, they will need to confront a series of changes related to the overall academic offerings and their regional organization. Simultaneously, academics will need to reevaluate the role they play as intellectuals within the intricate circumstances that territorial actors currently navigate. These challenges are inherently political, albeit not in the traditional and prevailing sense. Instead, they relate to the politics of truth, which involves determining who should make decisions, under what conditions, and what the nature of the current progress in territorial transformations are. The article consists of two complementary parts. The first refers to strategic challenges, which address what needs to be done. The second pertains to tactical challenges, which contribute to how the prioritized changes should be implemented.

Keywords: Organizational change – Science and Society – Social Participation – Educational Priority Areas

Resumo

Se as universidades públicas pretenderem participar, de forma legítima e relevante, na transformação democrática dos territórios centro-americanos, terão que enfrentar uma série de mudanças relacionadas com a oferta acadêmica como um todo e com a sua organização regional. Ao mesmo tempo, os académicos terão de reconsiderar o papel que desempenham como intelectuais na situação complexa que atravessam os actores territoriais, hoje confrontados com múltiplas ameaças sociais, jurídicas, económicas e ambientais. Estes desafios são essencialmente políticos, mas num sentido que não é o tradicional e dominante; mas a de uma verdadeira política, que começa por determinar quem deve decidir, em que condições e com que finalidade o carácter das transformações territoriais em curso. O artigo é composto por duas partes complementares, a primeira refere-se aos desafios estratégicos que apontam para o que fazer, a segunda aos desafios táticos, que contribuem para a forma como as mudanças priorizadas devem ser feitas.

Palavras-chave: Mudança organizacional –Ciência e sociedade –Participação social –Região de prioridade educacional.

Introducción

La presente prospectiva política busca influenciar las decisiones que las universidades públicas deberán tomar para contribuir, desde la “extensión universitaria”, a la transformación democrática de los territorios centroamericanos.1 Para que los universitarios centroamericanos participen en esos procesos históricos mediante una praxis legítima, crítica y transformadora, deberán impulsar paralelamente una serie de cambios institucionales, algunos de ellos largamente postergados. Aunque el futuro parezca tan ineludible como esquivo, y el pasado inequívoco, en realidad son temporalidades que cambian continuamente, pues el pasado no es tan cierto y estable como se presenta, ni el futuro tan incierto e ingobernable como suele creerse; en tanto que el presente será siempre la mejor oportunidad para renovar esperanzas y mantenerse en la lucha.

Se parte ahora de que la acción política es la única que forja seres humanos libres porque implica su aparición en la escena pública para decidir entre opciones que constriñen, colectivamente, la fuerza imperiosa y recurrente de la necesidad. Gracias a la praxis política, el ser humano se eleva sobre sus condiciones objetivas y subjetivas para hacer su historia, aunque nunca sea individual ni arbitrariamente. En cuanto político es que el animal humano, de por sí social, se convierte en ser histórico, es decir, transformador. Esto “Significa reconhecer que somos seres condicionados mas nâo determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e nâo de determinismo, que o futuro... é problemático e nâo inexoravel” (Freire, 2021, p.19).

En la actual coyuntura crítica centroamericana, en la que algunos políticos y gobernantes apuestan por el autoritarismo, mientras los actores ilícitos por la más cruda violencia, aprovechando la creciente desigualdad social, entre otras características, urge que las personas asuman su rol de actores políticos para incidir en las decisiones sobre asuntos públicos, con conciencia de las necesidades y demandas de los actores territoriales más vulnerados en sus derechos. Pero eso reclama una mediación educativa y dialógica que reconstruya tejido social y fortalezca la gobernanza participativa. Por tanto, el eje de la extensión debe ser sin ambages político, para apoyar a una amplia gama de organizaciones sociales, al modo de un “bloque histórico” (Portelli, 1990) o alianza de base territorial.

Se recalca así la responsabilidad de los universitarios, porque un “educador-político”, lo mismo que un “político-educador” (Freire, P., Faundez, A., 2018, p. 68), nunca puede ser “neutral” (p.84). De hecho, tiene que enseñar a obedecer tanto como a desobedecer, esto es a disentir crítica, responsable y creativamente, lo que es indispensable para tomar mejores decisiones, tanto como a seguir instrucciones, consecuente y disciplinadamente, a la hora de ejecutarlas. Enseñar a discernir cuándo corresponde una cosa y cuando la otra es su principal mandato ético, dialécticamente relativo a la liberación y cohesión de la sociedad para la que trabaja.

PRIMERA PARTE: DESAFÍOS ESTRATÉGICOS

• Fortalecer a los actores territoriales

El Estado es una ficción jurídica de eficacia restringida a las fronteras que circunscriben su legitimidad. Estas delimitan la fracción del planeta donde un pueblo ejerce su soberanía, incluyendo la cuestión más delicada que es el monopolio de la violencia. Esa trascendental entidad implica territorio y nación, en el sentido de pueblo. Así que estado, nación, pueblo y territorio hacen parte de una misma narrativa. Por eso, cada territorio, en cuanto fragmento del Estado, refiere a una geografía dada donde una comunidad humana ejerce su derecho a decidir sobre los asuntos de interés común, y nunca sin obstáculos ni conflictos. Corresponde a un campo que obliga a leer las “geometrías del poder” a múltiples escalas, en diferentes territorialidades (Morales, C., Pérez, R., Riffo, L., Williner, A., 2020, p .27).

Ahora bien, múltiples grupos sociales se encuentran ahí procurando hacer prevalecer su interés particular, de suyo contrapuesto al de otros, generalmente relacionado con opciones de gestión de una dotación bio física dada. Tales interacciones sociales configuran a la postre una particular tradición cultural que distingue a unos territorios de otros. De modo que cada territorio es un constructo histórico en constante transformación, un resultado imprevisto de luchas sociales inacabables. De ahí que varios autores vienen analizando la territorialidad en términos multidimensionales, considerando sus relaciones con la extensión universitaria y los movimientos sociales (Erreguerena, F.L., 2020; Haesbaert, R., 2013; Mançano, B., 2005).

Además, conviene contemplar que hoy la gran mayoría de los territorios rurales se hallan interconectados, de modo complejo, con otros de carácter urbano, integración propiciada por el consuetudinario intercambio de mercancías. De modo desigual, se trata de una complejidad incremental de comunicaciones bidireccionales entre factores sociales y culturales que corresponden a situaciones económicas diversas y perfilan realidades particulares, determinantes de lo rural y lo urbano, junto con sus simbióticas relaciones, más visibles en las llamadas ciudades intermedias o de menor tamaño.

Sin embargo, desde hace más de cuarenta años, las políticas globales del pensamiento único, correspondientes al Consenso de Washington, pusieron en crisis el concepto de soberanía nacional y, con ello, el de autonomía territorial, posiblemente para facilitar el hiper crecimiento de las transnacionales. Consenso que Ronald Reagan (1911-2004) resumió diciendo que el Estado es el problema, no la solución. El Estado es el problema significa que el mercado es la solución, un mercado desregulado, “salvaje”, donde bien parece que el pez grande se coma al pequeño y se salve solo el que pueda. Por eso se ha llamado “Darwinismo social” a esa ideología (Bauman, Z., Donskis, L., 2019, p. 210).2 Pero el problema no parece ser solo el Estado, inclusive la arquitectura republicana, específicamente la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El ejemplo conspicuo es la captura parcial del Poder judicial por parte de intereses extrajudiciales, sean electorales, fiscales, comerciales o fácticos, como ha ocurrido en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, entre otros países, donde dichos poderes parecen alinearse en temas clave, en vez de regularse los unos a los otros.3

Hasta que, finalmente, se reconoció que el enriquecimiento sin límite era dificultado por la forma de gobierno y que, por tanto, la dictadura era la mejor solución de la ingobernabilidad democrática. En ese marco se ha favorecido la elección de gobernantes dedicados a conculcar la Constitución que juraron defender, hundiendo al resto de los pobladores, excepto a su grupo cercano, en la más temible inseguridad jurídica. Lo que obliga a preguntarse si un Estado instrumentalizado así para beneficio de una élite super enriquecida, que a su vez sostiene a sus líderes autoritarios, configura algo más que un Estado fallido, tal como se percibe directamente desde los territorios más remotos. El problema se ha deslizado, entonces, hacia el Estado social de derecho como tal, y según PRISMA (2022):

El actual contexto de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho no solo amenaza derechos civiles y políticos ganados en las décadas anteriores, también tensiona y golpea a las comunidades locales, pueblos originarios y afrodescendientes que se encuentran en “primera línea” defendiendo alternativas de convivencia que resultan fundamentales para mantener la esperanza en un futuro más democrático, inclusivo y sustentable (p. 7).

Esas amenazas son acicateadas por las dinámicas de inversión en los diferentes territorios centroamericanos. El siguiente mapa (figura 1) elaborado por PRISMA (2022, p. 13), muestra las industrias extractivas (en concesión y en proyecto) y los desarrollos de plataforma logística (en operación, proyecto y propuesta). Destacan ahí, las actividades ilícitas que han desatado una alarmante violencia para asegurar el tráfico de drogas y el lavado de dinero mediante “narco deforestación” y “narco ganadería” (PRISMA, 2022, p. 47).

Figura 1
Centroamérica: Industrias extractivas, plataforma logística y corredores ilícitos del narcotráfico

Nota: Elaborado por PRISMA según Geocomunes (2018) y Ventura (2014) https://vaventura.com/divulgación/geografia/camino-la-droga

Por lo visto, se ha venido intensificando lo que PRISMA ya había caracterizado como “…patrones de exclusión y degradación ambiental” (PRISMA, 2022, p. 47), algo particularmente preocupante cuando se refiere a las etnias ancestrales y pueblos afrodescendientes, que defienden sus territorios desamparados por gobiernos nacionales y locales indolentes, corruptos y racistas. Incluso a pesar de derechos adquiridos, como cuando se tolera actividades productivas en áreas protegidas. Por eso es urgente comprender que “En efecto, los desafíos que imponen estas dinámicas en la región son de tal magnitud y complejidad, que ningún actor territorial, comunidad rural o autoridad indígena puede enfrentarlas sola” (PRISMA, 2022, p. 8).4

Panorama al que cabe agregar, al menos: a) la mezcla babilónica de las ideologías, al punto de que ya no se sabe dónde comienza y termina el liberalismo, el socialismo y el fascismo; tres ideologías de la modernidad que no cesan de mezclarse y disfrazarse; b) el ascenso de discursos retrógrados, basados en la profusa difusión de mentiras políticas y jurídicas, a través de redes sociales; c) la crisis de los partidos políticos, que ya se habían convertido en meras maquinarias electorales cuando comenzaron a perder elecciones contra partidos “taxi” o “de alquiler”, con mayor riesgo de degradación de la sociedad política; d) la fragmentación de la sociedad civil, cuyas organizaciones han sido divididas y aisladas, mediante estrategias corporativistas, gremialistas y clientelistas, a veces hasta con complicidad de sus líderes; e) el desarrollo de redes cleptocráticas tan sofisticadas como la llamada ingeniería fiscal de los grandes evasores, que se traduce en un endeudamiento público excesivo; f) los impactos recurrentes de amenazas “naturales” en zonas vulnerables, incrementadas por el cambio climático.

En esa situación, en la que siguen imponiéndose, pendularmente y no sin resistencia, propuestas de corte totalitario, capaces de detener la progresividad en derechos humanos, cabe proponerse la construcción de un “bloque histórico” de base territorial, que junte los liderazgos democráticos del campo y la ciudad bajo una agenda mínima común.5 Solo esa amplia alianza podrá resistir el avance del autoritarismo, el asalto plutocrático del gobierno y la ruina fiscal en desmedro del gasto social, a favor de los beneficiados con la deuda pública, sin que se pueda descartar que varios no sean los mismos evasores. Tal movimiento debiera ser capaz de restaurar el tejido social generando nuevas sinergias y resiliencias, mediante la difusión de narrativas esperanzadoras, con base en praxis ejemplares.

Dos temas prioritarios podrían servir como puntos de partida para la construcción de esa nueva alianza de organizaciones sociales: a) La defensa de la libertad política de los actores territoriales, bajo el entendido de que “La gobernanza territorial, para que sea democrática, inclusiva y sustentable, requiere de actores territoriales fortalecidos en sus derechos políticos y civiles, así como en sus derechos socioeconómicos, culturales, territoriales y de libre determinación” (PRISMA, 2022, p. 48); y b) El aumento de la inversión pública a escala territorial y regional, indispensable para revertir las brechas territoriales de desarrollo, específicamente, de la inversión en educación superior que remueve a mediano plazo, en los territorios más relegados, el principal obstáculo para la inversión pública y privada, cual es la falta de oferta de trabajo calificado.6

En este sentido, cabría contribuir también con las respuestas de los actores territoriales de “primera línea”, al menos en tres direcciones principales, de acuerdo con PRISMA: a) el reconocimiento y la legitimación de los liderazgos territoriales de parte del resto de la sociedad civil; b) la gestión independiente de la producción de medios de vida mediante articulaciones productivas y comerciales locales; y c) el apoyo a modos de consumo sostenibles y saludables, que supone un uso ecológicamente responsable de la naturaleza para prevenir y mitigar el cambio climático, cual servicio ecosistémico que los territorios rurales proveen a ciudades congestionadas y contaminantes.

En suma, ante la crisis de la democracia (representativa) la respuesta ha de ser más y más democracia (participativa). Jamás la dictadura puede ser una solución a las dificultades de la democracia. Ese argumento es tan aporético, es decir, tan carente de lógica, como afirmar que el objetivo de la guerra es la paz, como si ella no fuera, en sí misma, el fin de cualquier convivencia pacífica. Más que derecha o izquierda el dilema de hoy es democracia versus totalitarismo.

• Facilitar el apoderamiento de los excluidos

Si la extensión caracteriza específicamente a la universidad latinoamericana, ese modelo se puede fechar con la revolución estudiantil de 1918, acontecida en la Universidad de Córdoba, Argentina. Dos hechos marcarán inequívocamente el sentido de esa nueva acción sustantiva. En primer lugar, que los estudiantes se transformaron a sí mismos, dejando de ser pasivos y diciplinados receptáculos del conocimiento docente, para presentarse como actores políticos con una voz ineludible. Una juventud “cansada de soportar a los tiranos” desencadena un movimiento que “exige” reconocer su derecho “a exteriorizar” un “pensamiento propio”, realizar una “revolución en las conciencias” y mostrar su “capacidad para intervenir en el gobierno de su propia casa”, a través de sus “representantes”, según lo publicaran en su famoso Manifiesto de 1918 (córdoba (udistrital.edu.co). La irrupción de este nuevo actor en la escena histórica, desde el epicentro del proceso educativo, causó una implosión institucional justo donde la tarea es gestar conocimientos. No obstante, lo importante aquí es que, como toda acción política que dignifica a los participantes, ellos mismos se erigieron como sujetos de discurso, emergiendo como personas decididas a emprender una acción transformadora.

En segundo lugar, aquel chispazo revolucionario rompió, desde adentro, los muros del “claustro universitario”, al proclamar que “Nada más alejado para un estudiante reformista que el apoliticismo o el academicismo, entendidos como variantes que rechazan la vinculación del movimiento estudiantil con la lucha política y social.” (Ídem). Derrumbando antiguos muros, aquellos estudiantes visionarios pusieron en evidencia el clasismo y elitismo que prevalecía en la educación superior. Bajo el alero de esa acción política a favor de los excluidos de la educación superior y de la sociedad, comenzó a crecer el tercer pilar de la educación superior latinoamericana, junto a los dos tradicionales, que eran docencia e investigación.7 Eso incidió sobre “los propósitos históricos contenidos en su misión”, pues las universidades públicas tuvieron que pasar a conjugar “las funciones de preservación y desarrollo de la cultura (docencia e investigación)” con las que corresponden a “la promoción de la cultura”, propia de la extensión; proceso disruptivo que involucra al menos “…intercambios académicos sustantivos entre las comunidades externas al campus y la comunidad universitaria, para la construcción de saberes” (Monge, C., González, M., Méndez, N., 2020, p. 40). Desde entonces, la característica distintiva de la universidad latinoamericana radica en ese compromiso político con la transformación de las condiciones de opresión y explotación del pueblo que la sustenta.

Sin embargo, no era cosa de sumar una función más, sino aquella que interpelaba a los modos tradicionales de hacer docencia e investigación. Por eso, la integración de la extensión dentro del modelo universitario nunca ha sido, ni será, una tarea fácil, porque ella subvierte la ideología dominante sobre la naturaleza del conocimiento y del poder en la educación y la sociedad. En pocas palabras, semejante integración obliga a rediseñar la estrategia educativa en su conjunto, porque la acción política de aquellos estudiantes latinoamericanos desencadenó una revolución epistemológica y metodológica de trascendental envergadura.8

Por tanto, el sentido de la extensión universitaria consiste, desde el principio, en apoderar a los políticamente excluidos; pues quien no goza del derecho a la palabra y no cuenta con un discurso que lo represente, ha perdido hasta el derecho a tener derechos. La exclusión política es la peor de las violencias simbólicas, la peor de las privaciones, la más oprobiosa e indignante, y la que acarrea las más catastróficas consecuencias para el desarrollo social, porque no solo atenta contra la dignidad humana, sino también contra la cooperación del socius y la cohesión social, porque desaparece al otro como aliado, reapareciéndolo como enemigo.

La cuestión es que, sin sentido político, la extensión deviene una acción altruista, asistencialista o paternalista, es decir, caritativa o sobreprotectora, que remienda en vez de subvertir las condiciones de la sumisión. La solución de un problema, por importante que sea, sin capacitar a las personas que lo sufren, será siempre una falsa solución, un paliativo incompleto, transitorio e insostenible.9

En conclusión, el sentido de la extensión universitaria consiste en facilitar el apoderamiento de las poblaciones excluidas, colaborando con la edificación de un poder social y popular construido conjuntamente, que se construye a partir de una pluralidad de voces que concuerdan para constituir una voluntad organizada; la reconocida unidad en la diversidad, o sea, unidad de acción basada en decisiones dialogadas. Esto supone una inteligencia integradora capaz de definir, por consentimiento, una estrategia de transformación territorial justa y viable; que debe ser justa para ganar el apoyo de la mayoría de la gente, a través de un pacto social territorial de raigambre comunitaria. Paralelamente deberán correr los procesos de reforma de la política pública que afiancen los derechos humanos, con respecto a los cuales las universidades deben asumir su responsabilidad histórica.

La extensión se propone, en síntesis, como la praxis política específicamente universitaria. En ese sentido, su finalidad última debería ser contribuir con la construcción de la democracia participativa, tal como figura en la Constitución de la República de Colombia de 1991, y en la de Costa Rica desde el 2003, año en que se reformó el artículo 9. Reforma que amerita ser completada, comunicada e implantada, pero además territorializada.10

• Superar la ilusión desarrollista

Desde que Gunder Frank (1929-2005) acuñara la fórmula “desarrollo del subdesarrollo”, hace más de 50 años, quedó notificado que el desarrollo capitalista no sería más que una ilusión para los países subdesarrollados, porque los países más avanzados lo habrían logrado con los recursos de estos, gracias a un mercado que es, desde su origen, un único sistema en proceso de globalización.

El desarrollo ulterior estaría relativamente vedado para el capitalismo periférico, debido al intercambio desigual tan propio del mercado internacional, que siempre favorece al capital más concentrado. En particular, las diferencias de precio entre lo que se exporta e importa garantizan que los excedentes de valor fluyan hacia las economías más productivas y a las empresas más rentables, desde los países y las ramas tecnológicamente más atrasados. Tal sistema de incentivos significa que el mercado no es un mecanismo neutro, sino que es un juego de cartas marcadas que ganan los mismos de siempre. Así como distribuye los productos a quienes les necesitan y pueden comprarlos, concentra los ingresos monetarios cada vez en menos manos.

En ese sistema mundial, cuanto más se desarrollan los países del primer mundo, más se mal desarrollan y endeudan los del tercero. El hecho incontrovertible es que ninguno de los países que se llamaron “en vías de desarrollo” alcanzó la meta prometida. A decir verdad, ha ocurrido así desde que aquellas economías fueran colonizadas y puestas en función de las imperiales. De ahí la pertinencia de la pregunta que formula y se responde Thomas Piketty: “¿Cómo han conseguido Europa y Estados Unidos alcanzar su posición de dominio mundial? Sin que sea la única explicación, la esclavitud y el colonialismo han desempeñado un papel central en el enriquecimiento de Occidente. La distribución de la riqueza tanto entre países como en el interior de cada uno todavía conserva la huella profunda de ese legado” (Piketty, 2022, p. 62).

En el caso de América Latina, la extracción de su excedente económico se fue convirtiendo, al pasar los años, en una deuda externa cada vez más impagable (Hinkelammert, 1990), mediante un círculo vicioso que acelera el pago de intereses sobre intereses (el usurero y liquidador interés compuesto). A través de esa deuda creciente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial condicionaron su apoyo financiero a muchos países, en las últimas cuatro décadas, logrando implantar las políticas neoliberales del Consenso de Washington. El resultado de ese macabro experimento de política económica mundial ha sido, como se esperaba, el aumento de la brecha económica entre países, así como entre territorios y clases sociales al interior de cada uno de ellos. América Latina presentó una tendencia particularmente acentuada, que la consolidó como una de las regiones más desiguales del mundo. En nombre de sus víctimas, Hinkelammert llegó a afirmar, en comunicación personal del año 2015, que se trataba de una política genocida.

Por su parte, Estados Unidos, la economía más grande desde 1871, llegó en el 2022, según datos del FMI, a un PIB de 25,29 billones de euros, mayor que el de 170 países juntos. Solo la compañía Apple genera más riqueza, medida en dinero, que todo el continente africano. Asimismo, el PIB combinado de los países de mayor crecimiento (Estados Unidos, China, Japón y Alemania) supera ya la mitad de la producción mundial (Sanchis, 2022). Dicha brecha de desarrollo entre países se ha reflejado, a partir de la década de los 80, en una desigualdad social y territorial cada vez más acentuada y conflictiva, al interior de cada uno de ellos e independientemente de las diferentes ideologías gobernantes.

Por lo demás, los países más desarrollados han estado generando señales alarmantes de hipertrofia, como son la infelicidad en medio de la abundancia y las alarmas ecológicas prendidas por su excesivo crecimiento. Al menos tres autores han apuntalado la primera paradoja. Zigmunt Bauman (1927-2017) señala, por ejemplo, que “Todos los datos empíricos disponibles sugieren que entre las poblaciones de las sociedades desarrolladas puede no existir una relación entre una riqueza cada vez mayor, que se considera el principal vehículo hacia una vida feliz, y un mayor nivel de felicidad” (Bauman, 2009, p. 11). En el mismo sentido, Daniel Kahneman afirmó recientemente que después de considerar 450,000 respuestas de los estadunidenses, a la pregunta más frecuente sobre bienestar de la Gallup-Healthways, “La conclusión es que ser pobre resulta deprimente y que ser rico puede mejorar el grado de satisfacción con la propia vida, pero no mejora (según la media) el bienestar experimentado” (Kahneman, 2022, p. 515).11 No obstante, MacGilchrist había ido más allá al afirmar que en los últimos veinte y cinco años, de enorme crecimiento de la prosperidad, ha habido “…a significant inverse relationship between economic grouth and happiness…” en Estados Unidos (MacGilchrist, 2018, p. 463); o sea que él también había detectado una relación inversa entre crecimiento y felicidad, una vez satisfechas las necesidades básicas.

En ese contexto resulta significativo que, en el 2022, Estados Unidos alcanzó la más alta tasa de suicidios por 100,000 habitantes de su historia (2022 fue el año con más suicidios en la historia de Estados Unidos (yahoo.com)). El número total de suicidios fue en ese año de 45, 500 personas, más hombres que mujeres. Un indicador que ha venido creciendo, año con año, salvo excepciones.12 Otro indicador de malestar en la cultura norteamericana, además del alarmante incremento de la obesidad, convertida hoy en la más patética y peligrosa epidemia de la abundancia consumista, son los francotiradores recurrentes en establecimientos escolares, que se han venido repitiendo desde aquella horrible masacre de 1999, en la secundaria de Columbine. Y también es obligado mencionar la tragedia frecuente de los inmigrantes, atraídos fatalmente hacia allá por la tendencia mundial a la concentración del crecimiento. Hinkelammert ya había advertido, en comunicación personal, antes del 2015, que los países del primer mundo necesitaban los recursos del tercero, pero no a su población. Todo junto se parece más a la pesadilla de una sociedad enferma que a un “sueño americano”.

Además, las economías desarrolladas no son eficientes en términos ecológicos ni energéticos, por lo que tendrán que hacer cambios masivos y radicales para disminuir su huella ecológica y reducir su excedido aporte al calentamiento global. “Desde este punto de vista, conviene recordar que los países del norte, a pesar de su escasa población (Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y Japón juntos suman alrededor del 15 por ciento de la población mundial), son responsables de casi el 80 por ciento de las emisiones de carbono acumuladas desde el inicio de la era industrial” (Piketty, 2022, p. 274). En pocas palabras, su nivel de consumo jamás podrá generalizarse, porque la humanidad tendría que destruir, para ello, varios planetas más, porque, al decir de José Luis Sampedro (1917-2013), no es razonable esperar un crecimiento infinito en un planeta materialmente finito.

Hoy se sabe, a ciencia cierta, que esos desarrollos no podrán ser imitados, por lo que ya no se pueden publicitar como modelos para los demás países. También está claro que la economía capitalista mundial es una sola y el papel de los países subdesarrollados sigue siendo suministrar recursos para que los más desarrollados continúen aumentando su consumismo insostenible, sin que los países “perdedores” sean siquiera compensados, puesto que los “ganadores” incumplen hasta con los fondos de “cooperación”, aunque solo sean una porción de la riqueza que extraen. Tampoco consideran el daño causado por la dependencia que su dominación reproduce, generación tras generación, y que en resumidas cuentas consiste en estructuras económicas atrofiadas, desarticuladas, pletóricas de contradicciones y explosivamente desiguales.

Según Jeffry Sachs, esos fondos para el desarrollo permitirían acabar con la pobreza en el mundo (Sachs, 2007). Pero antes que cederlos, los gobiernos de los países favorecidos prefieren gastarlos en armas cada vez más costosas y letales, en función de sus mezquinas luchas por la dominación mundial.13 Así que es obligado reconocer que el discurso desarrollista colapsó. En realidad, nunca fue mucho más que una promesa hueca, una pieza teatral de la “guerra fría”. En aquel mundo, capitalismo y socialismo competían por la primacía tecnológica, como si el sistema más eficiente fuera a ser adoptado progresivamente por los demás países, dirimiéndose así la pugna ideológica; como si el crecimiento no tuviese límite y la cuestión se redujera a una u otra mecánica económica. Al final de aquel frío oscurantismo, la idea de un “modelo de desarrollo”, como aspiración o etapa superior, se derrumbó aparatosamente, aunque no tan espectacularmente como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Hoy se ha verificado que el desarrollo solo ha sido un eufemismo o subterfugio para disimular que la acumulación capitalista implica un crecimiento caótico y entrópico, centralizado y concentrado, en el que la riqueza se produce socialmente entre todos, pero se apropia privadamente por unos pocos.14 Por eso Oxfam (2016) reconoce que “Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta”. Un problema tan ostentoso no se puede disimular, menos arreglar, agregándole un adjetivo a la palabra desarrollo, sea sostenible, integral, inclusivo o territorial, ni con cualquier otro, porque el problema radica fatídicamente en el sustantivo. Lamentablemente, “Cuando hoy se produce el infierno para la mayoría de la humanidad, hay otros que creen vivir en el cielo” (Hinkelammert, 1998, p. 8).

Por tanto, abordar la extensión universitaria como parte de una estrategia de transformación territorial, supone comenzar por cuestionar radicalmente ese desarrollismo, cuya raíz es algo peor: un rampante economicismo, de por si reduccionista, determinista y fatalista. Argumento que conviene objetar al menos por las siguientes razones. Primera, porque la política es una esfera relativamente autónoma de la praxis social que implica el ejercicio de una libertad sostenida entre todos, para vislumbrar y viabilizar nuevas construcciones sociales. La política corresponde al “reino de la libertad” y no, como la economía, al “reino de la necesidad”, según dos célebres ocurrencias marxianas. Reducir la política a la política económica o a la economía política la empobrece y deja escapar la única oportunidad que tiene la humanidad de experimentar su añorada liberación. Y, segunda, porque ningún sujeto social se puede convertir en actor político sin ejercer su derecho soberano a decidir sobre el carácter particular de la transformación que considera factible en su entorno más cercano. En consecuencia, un primer paso de la emancipación consiste en resistirse a que la política sea subsumida en la economía. La política debe concentrarse en los asuntos públicos y comunes, es decir, convertirse en el espacio irrestricto, igualitario y potencialmente infinito del discurso, que versa sobre la acción colectiva que pueden emprender juntos los seres humanos, que es algo de lo más sublime y trascendente para toda la vida en este planeta. La economía es la que debe subordinarse a la política, no a la inversa.

A propósito, Michel Foucault (1926-1984) ya había observado, en su “Microfísica del poder”, que los “movimientos populares” son presentados tradicionalmente como si fueran motivados por el “hambre”, el “desempleo” o los “impuestos”; como si fueran movidos, exclusivamente, por el interés económico. En consecuencia, los movimientos sociales no suelen ser presentados como una “…lucha de poder, como si las masas pudieran soñar con comer bien, pero no con ejercer el poder. La historia de las luchas por el poder sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello: eso no debe saberse” (https://www.forbes.com.mx/10-frases-de-michel-foucault-sobre-el-poder/). Las cosas se presentan, entonces, como si la gente no se diera cuenta de que, más allá de la necesidad económica, tiene derecho a gozar de libertad política. Esto es libertad de movilizarse, reunirse, conversar, discernir y decidir, con el fin de incidir en el futuro de su comunidad y sociedad. En cuanto ser de palabra, como lo viera Hannah Arendt (1906-1975), nadie puede llegar a ser enteramente humano sin participar plenamente en política. Antaño, el actor político apareció en la plaza pública. Fue allá, en el ágora griega, de acuerdo con la tradición occidental, que se calzó su máscara y se expresó sonoramente. Fue aquella una participación restringida a los patricios, excluyente de mujeres y esclavos, es decir, de las clases productivas, además de los extranjeros. Pero, aunque fuera tan limitada, el sujeto social se presentó ahí como un actor político y el individuo como persona. Recuérdese que la palabra persona significa, desde los romanos, sujeto de derecho.

SEGUNDA PARTE: DESAFÍOS TÁCTICOS

• Re alfabetizarnos políticamente

Ahora bien, reivindicar la profunda democratización del conocimiento que promete la extensión universitaria, pasa por redefinir la política, porque la principal traba para llevarla a la práctica es un prejuicio antipolítico, alojado antiguamente entre los académicos, como un cáncer silente y endémico. Prejuicio que mantiene a los intelectuales alejados de la acción política, como si el conocimiento pudiese y debiese ser “apolítico”; aquello que tumbaron, en 1918, los estudiantes argentinos.

La fuente principal de ese nefasto prejuicio corresponde a la tradición filosófica europea que supuso que la contemplación del mundo implicaba alejarse de él y, por tanto, retirarse a cierta distancia de los acontecimientos mundanos. Eso admite la siguiente precisión: “La hostilidad entre filosofía y política, apenas disimulada por una filosofía de la política, ha sido el azote del arte de gobierno de Occidente, así como de la tradición filosófica desde que los hombres de acción se separaron de los hombres de pensamiento, es decir, desde la muerte de Sócrates” (Arendt, 1988, p. 360).

La política tradicional predominante refuerza ese prejuicio antipolítico, enturbiándolo todo, confundiendo poder y fuerza, autoridad y violencia, república y estado; igual que nación, pueblo, multitud y masa; hasta extraviar la diferencia entre gobernar y gerenciar, pese a que son lógicas tan distintas como que se gobierna para todos mientras que se gerencia para unos cuantos. La consigna parece haber sido, entonces, confundir para dividir y dividir para gobernar arbitraria y corruptamente.15 De ahí que el poder se entienda, tradicionalmente, como el arte de someter a muchos a la voluntad de pocos; por ende, como el despliegue de una fuerza ejercida sobre el prójimo, cual imposición vertical y violenta de quienes mandan sobre los obligados a obedecer. Recuérdese que esa política tradicional (patriarcal, belicista, clasista, racista y colonialista) se comprende a sí misma como la guerra por otros medios y, por eso, percibe el contradictor como un enemigo por destruir.16 Se comprende enseguida que para esa política la tiranía sea siempre una opción, mientras que asegure la rentabilidad de los negocios, aunque resulte criminal o retrógrada y, a la postre, inviable e inestable.

Semejantes prejuicios antipolíticos deben ser denunciados sin ambages. Primero, porque no hay conocimiento que no provenga de la práctica, y su utilidad depende en última instancia de su aplicabilidad, para beneficio de la humanidad entera. Por eso, Edgar Morin (1994) insiste en que el conocimiento no es un lujo, sino una necesidad de sobrevivencia para el individuo y, por tanto, para la especie; en particular, ante una naturaleza hostil y una sociedad excluyente. Ese prejuicio epistemológico fue desmontado elegantemente por Kurt Lewin (1890-1947) cuando acuñó que “No hay nada más práctico que una buena teoría.” (Citado por Pichón-Rivière, 2003, p. 215). El concepto de praxis implica por sí mismo que el conocimiento emerge donde la práctica es reflexionada y la reflexión es puesta en práctica. Freire ya había establecido que la praxis educativa es un proceso de reflexión y acción para transformar el mundo, sin lo cual no es posible superar “la contradicción opresor-oprimido” (Freire, 2013, p. 35); porque es la lucha lo que permite al oprimido cobrar conciencia de lo que le impide ser dignamente humano, como bien argumenta Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo. Recuérdese que para este filósofo alemán solo el esclavo puede acceder, gracias al trabajo, al nivel de la conciencia autónoma (Kojéve, 1982).

Como si no fuera suficiente, en tanto que el acto político implica un acto de palabra y consiste concretamente en articular un discurso, siempre hay que presuponer procedimientos de interlocución, deliberación, diálogo y decisión, que son actividades inseparables del pensamiento. Así que la acción política no puede distinguirse nítidamente de la ideación o generación ideológica. En otras palabras, en la esfera política la separación entre idea y acto es confusa, improcedente, inclusive contraproducente, pues el discurso, sea escrito o pronunciado, es ya política en acción, pensamiento inseparable de la acción. En este sentido, Hannah Arendt releva que aquel viejo prejuicio contra la política terminó con el ascenso de la filosofía clásica alemana, desde la famosa onceava tesis sobre Feuerbach de Karl Marx (1818-1883), según la cual se trata de transformar el mundo más que de interpretarlo.

La consecuencia que Marx sacó de la filosofía de la historia de Hegel (y la entera obra filosófica de Hegel, incluida la Lógica, tiene un único tópico: la historia) fue que la acción, contrariamente a la tradición filosófica, estaba tan lejos de ser lo opuesto del pensamiento que ella era su verdadero vehículo, es decir, su vehículo real, y que la política, lejos de estar infinitamente por debajo de la dignidad de la filosofía, era la única actividad inherentemente filosófica. (Arendt, 2007, p. 66).

Por lo demás, ella misma trajo a la palestra los elementos necesarios para sostener que la política emergió históricamente como alternativa a la guerra, justo cuando el enemigo dejó de ser un objeto por destruir y comenzó a aparecer como un medio a explotar, como un “instrumento parlante”, al decir de Aristóteles (384-322 a.C); o incluso como un aliado con el cual negociar, como hicieron los romanos. Algo confirmado en el tránsito de las guerras de exterminio a las “guerras productivas”, como las llamó Morris (2017, p. 93). Desde ese momento se comenzó a cuestionar el ejército como paradigma de organización social; precisamente, para aprovechar mejor la pluralidad del mundo; pues no hay verdad posible en el pensamiento único, ni progreso alguno en el dogma y la eliminación del contradictor; como tampoco tiene mayor futuro la imposición vertical de las decisiones, de arriba hacia abajo, salvo en las urgencias ejecutivas de la guerra.17

La verdad en general, pero en particular la política, solo puede surgir a partir de una determinada conjugación de puntos de vista diversos, con sus contrastes y contradicciones. O sea, que surge del debate y la discusión, emerge donde parece viable algún acuerdo entre quienes contrastan ideas alternativas. Para la política de verdad, que es inclusiva, participativa, dialógica y basada en la justicia, el poder no se construye sobre, sino con los demás; porque el prójimo es una alteridad absoluta, irreductible, que siempre se resistirá a ser completamente sometido. Pero, más aún, porque es el portador de lo que le falta al pensamiento de uno para aproximarse a la verdad de los hechos. Así se comprende que la confrontación de ideas sea indispensable para toda praxis política. Y también que los autoritarios y violentos sean los enemigos sempiternos del pensamiento. Ellos son los que reivindican sobre todo a los “hombres de acción”, siendo los primeros en gritar que “¡Muera la inteligencia!”, según la estridente frase de Milán Astray (1879-1954).

En otras palabras, toda verdad “…da paradójicamente fe indirecta de su pluralidad”, porque siempre parte de una “…pluralidad de mentalidades, puntos de vista, opiniones y creencias”. Por tanto, “Que algo sea verdad o que alguien ‘tenga razón’ es (y no puede más que ser) una apuesta por una versión dentro de la rivalidad entre pluralidades de afirmaciones inconciliables (o que se niegan a ser conciliadas). Dicha pluralidad es una consecuencia ineludible –y, como tal, más que probablemente imposible de erradicar- de la diversidad de modos humanos de ser-en-el-mundo (también imposible de erradicar, amén de irreparable, creo yo)” (Bauman, Z., Donskins, L., 2019, p. 152). De hecho, el ser humano no está bien dotado para conocer individualmente la verdad y mucho menos la verdad política, dado que es un ser limitado e inacabado, sujeto a propensiones yoicas de distinta ralea e intensidad, como el egoísmo, la megalomanía, el narcisismo y la paranoia. Por tanto “Puede ser que los hombres, aunque poseen una noción, una idea, de verdad para regular sus procesos mentales, no sean capaces, en tanto que seres finitos, de la verdad.” (Arendt citada por González, 2019, p. 116).

En síntesis, el poder político es, en realidad, la capacidad de encausar la acción colectiva partiendo de la exposición de ideas contrapuestas y es, por tanto, contrario a la fuerza, que es capacidad de reducir o fundir, como el fuego, toda diferencia y otredad. Precisamente, el terror simbólico de la “maldad líquida” nace de “…un mundo sin alternativas” (Bauman, Z., Donskins, L., 2019, p. 240). Por eso, “Cabría decir que el poder es siempre potencial y no una intercambiable, mensurable y confiable entidad como la fuerza. Mientras que esta es la cualidad natural de un individuo desde el aislamiento, el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan” (Arendt, 2005, p. 226).

La violencia es una cualidad física, corporal, incluso brutal, de la acción; mientras que el poder es una cualidad social que nace de enlazar discursos, o sea, de una capacidad sutil para vincular a las personas por medio de la eficacia organizadora y socio génica de las palabras. En ese sentido, el poder es un término sociológico que se refiere a la cohesión estable de una convivencia duradera, basada en el respeto del bien común, entre quienes comparten un destino que es, en última instancia, la muerte universal. Bajo esa premisa, dada la vulnerabilidad del ser mortal, el otro representa para cada uno, material y espiritualmente, tanto la posibilidad de existir, como de conocer y trascender en tanto que reconocido.

Por tanto, la famosa frase “El poder nace del cañón de un fusil”, emitida por Mao Zedong (1893-1976), el 7 de agosto de 1927, al inicio de la guerra civil en China, puede que haya sido coyunturalmente adecuada y movilizadora, pero hoy es conceptualmente equivocada y paralizante. De esa boca solo nace la violencia que engendra violencia, el silencio letal que destruye, que quema, el tejido social. Por eso no hay guerra que no devaste a la sociedad, tanto a la que ofende como a la ofendida. La guerra es un mal mayor que se vende como si fuera un mal menor, no es más que una estafa, cuando no una extorsión. En síntesis, “El poder y la violencia se oponen el uno a la otra; allá donde uno domina, la otra está ausente… La violencia puede destruir el poder, pero es totalmente incapaz de crearlo” (Arendt, 2018, p. 75). Bajo esa premisa la finalidad del verdadero poder es la paz, en cuanto hija primogénita de la justicia, la que los iguales se ofrecen unos a otros cuando buscan pasar de la discordia a la concordia.

En consecuencia, retomar el sentido político de la extensión, en términos de la transformación de los sujetos sociales en actores políticos territoriales, obliga a reconsiderar el papel de los intelectuales, ellas y ellos, como trabajadores de la palabra que son. No pocos debieran redefinir su papel social, inseparable de la función ética y política que se reconoce a la educación y al conocimiento científico. El dilema de los intelectuales, ellas y ellos, consiste en cumplir con su función tradicional, en tanto reproductores de las relaciones de dominación, con todo y sus posturas autoritarias; o facilitar estratégica, metodológica y organizativamente una transformación territorial alternativa, contra hegemónica, próxima a quienes son más vulnerados en sus derechos políticos y siempre desde una postura democrática. Ello implica facilitar a los oprimidos y excluidos, como hacen hoy muchos extensionistas, su participación social y política independiente. Cumpliendo tal función emancipadora, se convierten en lo que Antonio Gramsci (1891-1937) llamó “intelectuales orgánicos”.18

• Cuestionar el significante “extensión”

Si el sentido de la extensión universitaria es político y consiste en facilitar que tengan voz los que no la tienen, colaborando así con la construcción de un poder autónomo de los oprimidos y excluidos, el camino a seguir, dentro y fuera de la universidad, no es otro que el diálogo. Diálogo con los semejantes, con los opositores, hasta con los enemigos (Kahane, 2017). Bajo el entendido de que la verdadera política crece en un campo fértil de puntos de vista plurales, concurrentes, divergentes y convergentes. El diálogo es, de acuerdo con su etimología, un método a través del cual se halla una verdad consentida, mediante la confrontación y conjugación de discursos diversos y antagónicos, considerados razonamientos válidos o inválidos por los mismos dialogantes. Al punto de que “El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro” (Carmona, et al., 2004, p. 169).

El diálogo es, por ende, un recurso epistemológico, tal como lo retomó Edgar Morin. Para él, la “dialógica”, que es uno de los pilares de su método interdisciplinario, junto a la holística y la recursividad, se puede concebir como la “Unidad compleja entre dos lógicas, entidades o instancias complementarias, concurrentes y antagonistas que se alimentan la una a la otra, se complementan, pero también se oponen y combaten. A distinguir de la dialéctica hegeliana. En Hegel las contradicciones encuentran solución, se superan y suprimen en una unidad superior. En la dialógica, los antagonismos permanecen y son constitutivos de entidades o fenómenos complejos” (Morin, 1994, p. 22).

Pero el diálogo no es solo una pedagogía de la pregunta que permite sonsacar (to elicit) el conocimiento del aprendiz, facilitando el surgimiento de una conciencia de sí, como lo intuyera Sócrates; sino que, para Freire, es también un proceso ontogénico, que corresponde a la formación de seres dialógicos, criados por quienes representan el mundo con su incesante proliferación de palabras. “El diálogo es el encuentro amoroso de los seres humanos que, mediatizados por el mundo, lo ‘pronuncian’, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos” (Freire, 1979, p. 46).

El diálogo es, además, una praxis que apodera en tanto presupone la dignidad humana de los participantes. Dialogando, los interlocutores se reconocen unos a otros como seres iguales, fortaleciéndose recíprocamente. Por eso, ha de considerarse el motor del grupo y la asociación, máxime donde el grupo se concibe como un dispositivo generador de conocimiento. En contraste, en las relaciones asimétricas no se dialoga, solo se manda y obedece. Esto quiere decir que un sujeto social se afirma como actor político lidiando y dialogando con todos los demás. De ahí que para la extensión universitaria el diálogo interdisciplinario y de saberes se haya vuelto tan indispensable.

Sin embargo, el término extensión fue difundido inicialmente por agrónomos contratados como difusores de tecnologías empacadas, que se encargaban de presentar como soluciones técnicas a problemas concretos, como recetas a aplicar siguiendo instrucciones. Desde 1979, esa extensión agronómica fue contundentemente rebatida por Freire, porque la educación no se puede extender, porque es un proceso compartido, bidireccional, una confluencia entre el que enseña y aprende, de lo contrario ni uno ni otro logran su cometido. Según el educador brasileño, el que enseña debe comenzar por aprender, como el que aprende debe comenzar por enseñar. Al final nadie educa a nadie, sino que todos aprendemos de todos. “Por esto mismo, la expresión extensión educativa sólo tiene sentido si se toma la educación como práctica de la domesticación. Educar y educarse, en la práctica de la libertad, no es extender algo desde la sede del saber hasta la sede de la ignorancia, para salvar, con este saber, a los que habitan en aquella” (Freire, 1979, p. 25).

Pero, a pesar de tanta lucidez, se siguió usando el término extensión, como si esta incongruencia careciera de consecuencia.19 Por eso, se debe repetir constantemente que la extensión universitaria no es extensión educativa. El punto es que hace rato ese término no representa ni el sentido, ni la intención, ni el tipo de relación, ni el método, de esta tercera acción sustantiva de la universidad latinoamericana.20 Conforme el enfoque alternativo de la extensión “universitaria” fue precisando su concepto, hoy bajo el alero de lo que se denomina extensión crítica, el bautismo inicial se fue volviendo cada vez más inadecuado y problemático. Hoy no solo contradice, sino que niega directamente el sentido de un proceso que procura ser dialógico, porque la idea de extender conocimiento es irreparablemente invasiva, no educativa. El problema es que una acción crítica y transformadora jamás podrá llamarse bien “extensión”, como tampoco lo sería llamarla difusión, transmisión o transferencia.21 Y tampoco se puede negar que las palabras tienen un efecto performativo, pues inducen a la acción, tanto como a determinado tipo de comportamiento, causando los “efectos operativos” que ya había denunciado Freire. La cuestión es, parafraseando a Freud (1856-1939), que se comienza cediendo en las palabras y se termina cediendo en los hechos.

De ahí que el término sustituto que propuesto por Freire había sido comunicación, entendida como el proceso que hace comunidad, que podía cambiarse con ventaja por la palabra extensión. Hoy son opciones válidas: acción comunicativa, comunicación social o política, o comunicación crítica. Hasta podría usarse una expresión posterior de Paulo: “comunicación dialógica” (Freire, 2021, p. 124).22 También se podría ensayar “Diálogo social”, término que ha sido más usado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no cuenta todavía con un significado generalmente aceptado, es decir, que su sentido y sus consecuencias metodológicas siguen en discusión. La OIT lo ha promovido como una alternativa de negociación tripartita entre trabajadores, patronos y Estado. La expresión contiene seminalmente la idea de que las decisiones no se deben tomar sin la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de cambio y, en particular, en una negociación conflictiva (Ishikawa, 2004). Al centrarse en el modo de tomar decisiones, el término podría responder bien al sentido político que se ha querido reivindicar.23

• Regionalizar la innovación universitaria

Los universitarios serán más pertinentes y confiables para la transformación territorial democrática cuando superen, entre otras cosas, sus prejuicios anti políticos, sus sesgos economicistas y sus inconsecuencias ideológicas. Además, cada vez será más ineludible continuar con la reforma universitaria, la cual debiera concentrarse en las sedes regionales.24 Por tanto, la oferta académica de las sedes regionales deberá reorganizarse integralmente, con el concurso de todas las unidades académicas, a través de un plan progresivo y holístico, elaborado y evaluado de manera transparente y participativa, con el fin de que la educación superior responda mejor a las demandas y necesidades territoriales. Algunos otros lineamientos serían indispensables para orientar ese plan:

1. Más allá de la “curricularización”, la integración institucional de la extensión, tiene su mejor oportunidad para articular las tres acciones sustantivas (docencia, investigación y extensión), a escala de sede regional, reconociendo el aporte específico de esta última a la generación de conocimiento y a la educación de las personas, dentro y fuera de la institución. En ese sentido, habrá que tener especial cuidado de no desdibujar sus características específicas en ese intento; puesto que “curricularizar” podría llevar, por ejemplo, a subsumir la extensión en la docencia o a desfigurar la extensión forzándola a calzar en un molde típicamente docente.25

2. La interdisciplinariedad que requiere la extensión se puede desarrollar más fácilmente integrando distintas disciplinas científicas a la solución de los problemas concretos de la transformación territorial. Asimismo, el conocimiento académico será cada vez más pertinente conforme más dialogue sistemáticamente con los saberes ancestrales y populares.

3. Para participar legítimamente en la transformación democrática de los territorios más rezagados, y superar el “proyectismo” disperso y discontinuo, se requiere de una presencia constante, cotidiana y comprometida. De ahí que las sedes sean la mejor opción para una reforma universitaria pertinente que apunte a promover programas con enfoque territorial, cada vez menos burocráticos.

4. Para que los universitarios lleguen a tener una influencia significativa en las decisiones que toman los actores in situ, sobre el curso de la transformación territorial, deberán admitir y asumir primero, por simple reciprocidad, la participación de estos en el desarrollo de la universidad.26

A modo de conclusión, cabe subscribir en el marco de estas reflexiones, el artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional que reza: “Deben redefinirse las estrategias y la praxis universitaria, de manera tal que el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, la interculturalidad y el pensamiento crítico promuevan los cambios para el desarrollo autónomo de la universidad misma, así como de las comunidades con las que interactúa.”

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Declaración de autoría CRediT

Hernán Alvarado Ugarte: conceptualización, reflexión de experiencia, análisis de coyuntura, prospectiva política estratégica y táctica. Validación con grupo de expertos y en congreso internacional (2023).

Información del autor

Hernán Alvarado Ugarte. Catedrático jubilado (2017) y ex Vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional (2015-2017). Consultor internacional.

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