“¡Salga, es la policía!” … “Esta mañana se encontró el cuerpo de un joven, padre de familia, asesinado por ajuste de cuentas” … “Según el INEC, en 2023 se registró un aumento del 142% en la cantidad de adolescentes de entre 15 y 17 años fuera del sistema educativo”. Al encender el televisor o abrir redes sociales, estas son las noticas que despiertan a los costarricenses.

La información constante sobre la descomposición social que enfrenta el país insensibiliza a la población ante la inseguridad ciudadana, la crisis de la educación y del seguro social. Al parecer, los ticos se acostumbran a vivir en una nueva Costa Rica, donde la prioridad del presupuesto nacional no son los escolares y ni sus familias, si no el pago de la deuda externa.

Leiner Vargas, economistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), explicó en el programa de televisión UNA Mirada, que al recortar la inversión social y priorizar el pago de la deuda, se provoca un retroceso social muy importante que conlleva consecuencias negativas para la población en el corto y mediano plazo, lo cual impacta a toda la población.

El académico indicó que la apuesta del gobierno por reducir la deuda financiera de hoy, a partir de crear una mayor deuda social a mediano y largo plazo es una estrategia poco inteligente. “Hay otras formas de mejorar la situación fiscal, como cobrar adecuadamente los impuestos, evitar la elusión y la evasión fiscal”, sostuvo Vargas.

Ante esta situación, y en el marco del II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica, del Cinpe, se abrió el debate sobre este tema, junto a Marco Otoya, director e investigador del Cinpe, y Paulina Ramírez, diputada de la República por el Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

La inversión social es la asignación de recursos financieros y no financieros para solucionar problemas sociales, ambientales o económicos. Así el Estado costarricense invierte en programas para atender grupos vulnerables o aquellos que promueven la inserción de la población a los sistemas; por ejemplo, educación, seguridad social y salud.

El II Informe Proyecciones Macroeconómicas reveló que, en 2020, el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 24.2%, para el 2021 sufrió una reducción hasta llegar al 23.4% y en el 2022, bajó aún más (21.2%). “En el estudio que hicimos el año pasado notábamos que el gasto en inversión social está similar a los niveles que teníamos en el 2010; como porcentaje del PIB anda en alrededor de un 21%. Ese es casi el mismo monto que tuvimos a inicios de la década pasada”, aseguró.

“Quiero hacer una observación: este gobierno, al tener una política muy fiscalista, por cumplir con esos indicadores, está abandonando ese contrato social que hemos tenido históricamente”, advirtió Ramírez.

Urge un balance

La legisladora lamentó los altos índices de criminalidad, narcotráfico y crimen organizado, y el debilitamiento de la inversión en educación para que los jóvenes, niños y niñas tengan más oportunidades. “Si no hacemos un equilibrio entre lo fiscal y lo social, el país se nos va a salir de las manos”, señaló Ramírez.

Desde su experiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada detalló que el gobierno aceleró el cumplimiento de indicadores. El Fondo Monetario estableció metas para dos o tres años, las cuales, según Ramírez, ya se están cumpliendo. Eso conlleva una buena calificación internacional, pero el país lo paga con la disminución en el gasto social. “Los que más lo van a sufrir son las personas más vulnerables, y nos puede llevar a una descomposición social”, comentó.

El economista Vargas apoya la postura de Ramírez y califica la decisión del Ministerio de Hacienda y la presidencia de la República como un disparo en el pie. “En materia de inversión social no se vale apostar a medias, porque si un niño se sale de la escuela o del colegio, si una persona cae en una situación de exclusión social y es presa de la criminalidad, es imposible recuperarlo; más bien, se convierten en costos para la sociedad”, previno. Según indicadores, una persona privada de libertad le cuesta más al país que una beca estudiantil.

Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, comentó que en los últimos tres años el sector de educación ha sido el más afectado con los recortes en inversión social y esto tiene consecuencias en todos los niveles, desde la primaria hasta la educación universitaria.

La investigadora explicó que además de la inversión social, los hogares obtienen ingresos a través del mercado de trabajo, y este tampoco genera suficientes oportunidades, por lo que es indispensable complementar los ingresos con el apoyo que obtienen de los programas sociales del estado, como becas y subsidios, rubros de la inversión social afectados por los recortes.

El informe del Cinpe reveló que en los dos últimos años (2022 y 2023) se comprobó una caída significativa del financiamiento de los programas relacionados con la protección social pública, que el año anterior representó el 14.50% del PIB, el más bajo desde 2015. Así, Costa Rica se ubica muy por debajo de la recomendación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual establece que la inversión debería ser de al menos el 22.6% del PIB.

Pérdida de competitividad

Los especialistas coinciden en que el deterioro en inversión social y el incremento de la delincuencia y la inseguridad impactan directamente la competitividad del país. Otoya ejemplificó que al convertirse el país en un destino peligroso, los empresarios deben invertir en seguridad y esto incrementa los costos de los servicios. Además, la llegada de visitantes extranjeros puede decaer.

Aseguran que la inversión en educación es motor de movilidad social y formación de mano de obra capacitada, base para la competitividad y el cierre de brechas. “Urge una política pública de educación para sacarnos del estancamiento en el que estamos, al igual que en salud y en seguridad ciudadana, sin descuidar la reactivación económica interna de la economía local” concluyó Otoya.

Cuando se dan recortes en la inversión social y se prioriza el pago de la deuda, se provoca un retroceso social muy importante que conlleva consecuencias negativas para toda la población en el corto y mediano plazo. Foto con fines ilustrativos Roberta Hernández

Los expertos ven poco probable que un partido obtenga una mayoría de 38 a 40 diputados en las próximas elecciones. Ilustración Jeisson Sibaja Campos

“Se necesitan al menos 38 o 40 diputados para cambiar el Poder Judicial”, dijo el presidente Rodrigo Chaves en una conferencia de prensa el 16 de enero anterior.

Cuarenta se ha convertido en un número predilecto del mandatario y de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quienes, a menos de un año de las elecciones nacionales, lanzan señales a la población de cómo debería conformarse la Asamblea Legislativa en el cuatrienio 2026-2030.

Pero ¿es realista que un partido político, en la coyuntura actual, obtenga una mayoría calificada de mínimo 38 diputados? Y de ser así, ¿qué ventajas le daría a una fracción en la gestión legislativa? Con Edel Rosales, gerente de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, y José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), se profundizó en ambos temas.

En la historia política del país son muy pocas las ocasiones en que un partido ha tenido esa mayoría. Habría que remontarse a 1953, cerca de la fundación de la Segunda República, cuando Liberación Nacional obtuvo 40 de 45 escaños de aquel momento y luego al periodo 1986-1990, en el primer gobierno de Oscar Arias. En aquella oportunidad, la fracción oficialista alcanzó 29 diputados, que significa una mayoría simple y que le permitía aprobar proyectos de ley sin necesidad de sumar votos de otras agrupaciones.

Sin embargo, con la caída del bipartidismo (Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana) y la irrupción en el ajedrez político del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 2002, el tablero se resquebrajó. El fraccionamiento en la composición legislativa fue la tónica, con grupos políticos minoritarios que requirieron un mayor esfuerzo político y de negociación de todas las agrupaciones, para sacar adelante la agenda de proyectos de ley.

Entonces, para cualquier gobierno, contar con una mayoría parlamentaria sería un anhelo innegable. “Las grandes mayorías favorecen mucho el tema de la legislación”, apuntó Edel Rosales. Esto podría reflejarse, por ejemplo, en la posibilidad de aprobar vías rápidas para el trámite de proyectos, lo cual evitaría que el texto pase por una comisión legislativa (donde se votan mociones de fondo, se llama en audiencia a las partes y se dictamina a favor o en contra de una iniciativa) y que el texto pase de manera directa al Plenario.

Otra ventaja de obtener una mayoría calificada es que facilitaría la elección del Directorio Legislativo, cada 1º de mayo, donde, entre otros puestos, se elige a quien ocupe la presidencia del Asamblea Legislativa. Con ello, permitiría a esa fracción influir sobre la conformación de las comisiones legislativas que, aunque deben tener representatividad de todos los partidos, le daría a una sola fracción una amplia mayoría para dominar el debate.

“Podría, incluso, promover reformas en el reglamento de la Asamblea Legislativa, sin necesidad de negociar”, agregó José Andrés Díaz. A esta mezcla de prerrogativas se suma una que ha sido de alto interés para el actual Poder Ejecutivo: las reformas a la Constitución Política, las cuales deben seguir un procedimiento especial.

La forma en que operan instituciones como la Contraloría General de la República o el Poder Judicial han estado en la mira del presidente Chaves y solo se podrían hacer mediante reformas constitucionales. De acuerdo con Edel Rosales, estas iniciativas se deben presentar en periodos de sesiones ordinarias, darse tres lecturas del proyecto en el Plenario, discutir y votar su admisibilidad y, de resultar favorable, enviarse a una comisión especial que lo dictaminará sin posibilidad de hacerle reformas. Todos estos procesos pueden aligerarse con una mayoría parlamentaria.

Siempre habrá que negociar

A pesar de lo anterior, ambos expertos no ven como garantía absoluta de agilización parlamentaria que una fracción obtenga mayoría calificada. Siguiendo con el ejemplo de la reforma constitucional, Rosales indicó que el texto deberá pasar luego al Plenario donde los diputados pueden ejercer su derecho de enmienda.

“Usted podrá tener una gran mayoría, pero va a llegar el momento en que tendrá que negociar porque cada diputado podrá incluir mociones y por cada una de ellas tener derecho de hablar hasta por 10 minutos. Y podrá proponer mociones de fondo, de orden, de consulta y un montón de instrumentos jurídicos que son parte del derecho parlamentario y que puedan atrasar el proceso”, indicó Rosales.

Además, en un escenario hipotético de que el grupo afín al presidente obtenga esa mayoría, será necesario tener una ideología partidaria clara de la que 38 o 40 diputados sean parte, según explicó José Andrés Díaz. “Históricamente, en Costa Rica eso no ha pasado porque tenemos una cultura de partidos políticos muy débil. Es muy fácil encontrar ejemplos de diputados que se declaran independientes, aún en agrupaciones como el PLN o el PUSC o en otras emergentes, como el PAC o el Frente Amplio”, indicó el politólogo del Idespo.

Ni siquiera el supuesto de que Rodrigo Chaves renuncie a la presidencia, opte por una curul, y sea presidente del congreso, le ofrece una garantía de unidad. “A diferencia del mandatario, que puede remover de manera libre a sus ministros, un jefe de fracción o presidente legislativo no puede quitar a un diputado porque vote un proyecto de otra manera o piense distinto. Entonces, los juegos por el equilibrio del poder aumentan”, agregó Díaz.

En el fondo, contar con una mayoría de esta magnitud y en el contexto político actual, representa un riesgo para la democracia, advirtió José Andrés Díaz. “Los sistemas democráticos se construyen de pesos y contrapesos para evitar una concentración del poder. Para eso tenemos tres poderes separados y con independencia, donde todos tienen diversas voces y sin que se dé cabida a la imposición”.

Panorama difícil

Ambos expertos ven poco probable que un partido obtenga una mayoría de tal magnitud en las próximas elecciones. “La identidad partidaria, como se veía antes con el bipartidismo, es muy complicado retomarla y lo que se ha generado ahora es una ‘municipalización’ de los diputados. La gente vota a lo seguro, por tener a un legislador que represente mi región y me pueda defender y eso lo ve uno fuera de la gran área metropolitana”, manifestó Rosales.

Otro factor tiene relación con la forma en que se eligen a los diputados con un sistema de cociente y subcociente. El primero se obtiene al dividir el total de votos válidos obtenidos en la elección entre la cantidad de curules (57) y el segundo al dividir en dos el cociente. El partido que no alcance esa cifra mínima no tendrá derecho a participar en la distribución de los escaños, lo que genera una barrera a los partidos políticos participantes.

De acuerdo con el informe de la OCDE para Costa Rica la participación femenina en el mercado laboral supera apenas el 50%, mientras que el promedio de los países de la OCDE se sitúa por encima del 70%. Foto Freepik

Cada una de las variables analizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Costa Rica, en el informe 2025, refleja elementos positivos y negativos, en cuanto al comportamiento de la economía y sus principales componentes.

En temas fiscales, el académico Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), destacó que el país avanzó hacia una corrección en materia de ingresos y gastos, que permitió, el año anterior, reducir la relación de la deuda pública con respecto a la producción por debajo del 60%. Esto abre posibilidades para que en el presupuesto de la República de 2026 haya más opción de invertir en rubros afectados, como el campo social.

Sin embargo, Fernando Rodríguez, académico y coordinador del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, apuntó que es visible el agotamiento de la reforma fiscal aprobada en 2018 y que trajo consigo la introducción del impuesto al valor agregado (IVA) y la regla fiscal, entre otros aspectos.

“La reforma fiscal del 2018 es de un alcance muy limitado y ese espacio ya se agotó. Más bien hemos abusado de él, realizando ajustes en materia de gastos y ya hemos visto las consecuencias de eso. Ahora tenemos una fuerte presión por aumentar los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la educación, a la infraestructura y a la inversión social”, indicó Rodríguez.

El académico de la Escuela de Economía manifestó que es ineludible la discusión nacional acerca de cómo se van a financiar esas necesidades sociales. “No podemos engañarnos en que la reforma es algo que se hace excepcionalmente, ya hicimos una y nos podemos olvidar de ese (tema) durante dos o tres décadas. Eso no es así en realidad”, advirtió.

En concordancia con este panorama, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó que en enero se presentó una desaceleración en lo recaudado por el impuesto de renta a personas y empresas, con una caída del 4,7%; este mismo comportamiento se refleja en el caso del IVA.

A pesar de esta coyuntura, Vargas mostró oposición a un eventual aumento del impuesto del IVA a la salud privada—hoy tasada en un 4%—y a la educación privada, actualmente exonerada. Para el economista del Cinpe, una subida en esa dirección significaría un crecimiento en los costos entre una importante gama de la población nacional, sobre todo, la de clase media.

Otro factor que le preocupa al especialista es el incremento en el pago de intereses de la deuda pública, que casi se equipara con la inversión en educación. Entre los países de la OCDE, Costa Rica es el cuarto que más recursos destina al pago de intereses de deuda. Mientras que el promedio de países miembros de esta organización se sitúa casi en el 2% respecto al producto interno bruto (PIB), Costa Rica se acerca a un 5%.

Para Vargas, “el crecimiento sofocante de la deuda con respecto al PIB está aniquilando los superávits primarios entre ingresos y gastos. Es decir, la gestión de la deuda se convierte en una de esas sombras que el gobierno debe atender de manera urgente”. El informe de la OCDE retrata que en el 2022 el superávit fue de 2,1%, luego se achicó a un 1,6% en el 2023, hasta caer a un 1,1% el año anterior.

Fernando Rodríguez estima que el informe no establece una estrategia para la reducción del costo de la deuda, lo cual considera fundamental. De hecho, este tema ha sido parte de los más recientes análisis de coyuntura fiscal presentados por el Observatorio Económico y Social de la UNA.

Otros componentes

Leiner Vargas considera que el informe de la OCDE destaca el crecimiento en la producción del país. Sin embargo, acusa la desigualdad persistente en el acceso laboral de las mujeres y de las personas jóvenes. En este ámbito, Costa Rica es, entre las naciones de la organización, la segunda con la tasa más alta de exclusión en educación, empleo y formación; solo por encima de Turquía.

La disparidad de género se visualiza tanto en la tasa de pobreza, que afecta más a las mujeres, como en la informalidad en el empleo. “Las ganancias potenciales de aumentar la participación femenina en el mercado laboral de Costa Rica son significativas. Cerrar la brecha de género para el 2060, así como también el número de horas laboradas anualmente, incrementaría el PIB en 0.5 puntos porcentuales al año”, indica el informe.

Por otra parte, en materia de política monetaria, el informe aboga por una mayor transparencia y libertad en la gestión del Banco Central de Costa Rica en cuanto a la fluctuación del precio del dólar, sin que exista una necesaria protección de un valor mínimo. El aspecto negativo en este sentido, según Vargas, es la poca competitividad del mercado financiero y las distorsiones que presenta. Entonces, persiste una lentitud en la reducción de las tasas activas (las que, por ejemplo, pagan los deudores a los bancos) en proporción con la baja en el costo del dinero.

El papel que ha jugado Costa Rica en la atracción de inversiones y en aprovechar la estrategia del nearshoring para atraer empresas, de las áreas de las tecnologías y los servicios, es visto como un factor relevante. El panorama deja de ser alentador si se toman en cuenta dos elementos: la falta de suficiente recurso humano con las competencias adecuadas para absorber la demanda empresarial, y la situación geopolítica en el mundo con asomos de una guerra comercial.

“El informe tiene carencias e inconsistencias en algunos campos. Sigue teniendo un enfoque cortoplacista y focalizado en temas puntuales. En general, recopila verdades ya dichas y también es omiso en temas sustantivos del modelo de desarrollo del país”, agregó Vargas. De acuerdo con Rodríguez, “es importante tomar nota de las observaciones porque, al menos en materia fiscal, abren una discusión sobre temas que nos vamos a topar en algún momento en los próximos años”.

El comercio mundial vive bajo el péndulo de la inestabilidad: un día rigen unas reglas, al otro se vierte una amenaza disfrazada de aranceles y al siguiente, las cosas vuelven a su estado original y nada pasó.

Esa es la realidad que se viste de incertidumbre y donde hay un actor protagónico: Estados Unidos, que, tras el regreso al poder de Donald Trump, vio en el comercio una moneda de cambio a la conquista de sus pretensiones políticas, amparadas en su estrategia del Make America Great Again (MAGA).

Al estar cerca de cumplir los tres primeros meses de su segundo mandato, Trump se han caracterizado por la rivalidad con aliados históricos como Canadá, México, otras naciones del continente, entre ellas Colombia, y un enfriamiento con la Unión Europea, en medio de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El tema de la situación actual imperante en el comercio entre naciones fue tratado en una entrevista con el académico Greivin Rodríguez, miembro de la cátedra OMC de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).

Uno de los aspectos que el experto resaltó es que no se puede hablar aún de una guerra comercial como tal o incluso de una nueva guerra fría, como la vivida en la segunda mitad del siglo XX. “Las condiciones de aquel momento son muy distintas a las de ahora. Incluso tenemos a una China que tiene un poderío económico relevante, y lo que vemos más bien es una lucha de bandos”, señaló.

Empleó una analogía para describir la forma en que se han desarrollado los acontecimientos en las últimas semanas: “Duramos 40 años en crear las condiciones comerciales hacia un modelo más justo y accesible, pero nos ha tomado 40 días para pasar de esto a un estado de incertidumbre”.

La zanahoria y el garrote

Existe evidencia sustentada de la utilización del comercio como herramienta de canje hacia la conquista de logros políticos y de interés para la administración estadounidense.

El 4 de febrero, México desplegó un contingente de 10 mil soldados a la frontera con Estados Unidos, como medida para ampliar las estrategias de control policial que evite el tráfico de fentanilo. Esta directriz la aplicó el gobierno de Claudia Sheimbaum en respuesta a una amenaza anterior de la administración Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas.

Apenas tres días después, y luego de una serie de mensajes públicos que hacían ver el interés de EE.UU. por retomar el control del Canal de Panamá, y tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en una gira por los países de Centroamérica, el gobierno de José Raúl Mulino dio marcha atrás con la adhesión en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que impulsa China.

De trasfondo, es un logro político en la lucha del gobierno norteamericano por disminuir la influencia china en la región. “Es aplicar un concepto de ‘no me voy con las manos vacías’ y es parte de la estrategia de la ‘zanahoria y el garrote’, donde yo te doy algo, pero al mismo tiempo ejerzo mi poder de influencia”, manifestó Rodríguez.

El caso más reciente es el relacionado con la crisis en Ucrania. Detrás de los esfuerzos estadounidenses en procura de un acuerdo de paz entre este país y Rusia, luego de tres años de conflicto militar, existe un interés notorio de Donald Trump por firmar un entendimiento con los ucranianos, para acceder a minerales como el litio, el escanio, el samario o el lantano. Todos ellos clasifican en la categoría de “tierras raras”, utilizadas para la producción de componentes electrónicos e incluso para administrar centrales nucleares en territorio ucraniano.

Rodríguez manifestó que detrás de ese esfuerzo está el interés del gobierno republicano por crear las condiciones de cara a un desarrollo masivo de tecnologías en EE.UU. y no depender de lo producido en otras naciones, como China. “Entonces, existe una desviación del comercio al decir qué van a producir allí. Y no digo que no sean capaces de hacerlo, pero esto requiere tiempo y mientras ocurre, puede ser el consumidor y la propia economía la que se desacelere”, amplió el miembro de la cátedra OMC.

En el fondo, Rodríguez no ve conveniente el uso del comercio como herramienta política, pues las decisiones en esta materia deben partir de análisis técnicos. A la larga, el estado de incertidumbre que generan las amenazas de aranceles tiene una afectación directa en la inversión extranjera y en los propios países: “Si yo soy un productor de flores y follajes y exporto, me va a dar temor invertir en invernaderos, en ampliar instalaciones, acceder a tecnología, si luego, de la noche a la mañana, me van a cambiar las condiciones de operación”, ejemplificó Rodríguez.

Respuesta a la estrategia

Frente a este estilo pragmático de las relaciones comerciales de EE.UU. están los países o bloques que salen a contrarrestar medidas anunciadas, aunque alguna de ellas no se concretan.

Por ejemplo, ante el anuncio que hiciera EE.UU. de aplicar aranceles del 25% a la importación de aluminio y acero, Canadá respondió con un porcentaje similar a los productos provenientes del país vecino y que abarcan, además, computadoras, equipos deportivos y productos a base de hierro fundido.

En el caso de la Unión Europea, la situación se mantiene en el aire, con el llamado de algunos de los líderes del bloque por alcanzar un estado de mayor independencia de la situación estadounidense, que abarque no solo el ámbito del comercio, sino también de la seguridad.

Sin embargo, el camino más viable, de acuerdo con Rodríguez, es generar un acuerdo suprarregional, facilitador de un contrapeso a las decisiones comerciales de la potencia norteamericana. “Lo más recomendable es redoblar esfuerzos hacia un comercio más justo, que se centre en la reglobalización. Es eso, o avanzar hacia una guerra comercial de bloques”, sentenció el académico.

La entrevista completa con el académico Greivin Rodríguez está disponible en el siguiente código QR.

Del 25 al 27 de abril, el Teatro Atahualpa del Cioppo abre sus puertas a la temporada de grupos independientes con la obra La Perrera, del grupo argentino Rosa Mosqueta. Esta es una adaptación de Historia del hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún, donde dos juglares, Baru y Pelusa, recorren pueblos recolectando fábulas para contar.

En esta ocasión, les invitan a sumergirse en La Perrera, la historia de un poeta que se convirtió en perro. Con una combinación de canciones, personajes grotescos y un lenguaje visual vibrante, la obra nos transporta a un mundo de rutinas, absurdos y sueños por perseguir.

Abril Beato y Bruno Vega, protagonistas de la obra, trabajan juntos desde 2013 en diversos proyectos escénicos en la provincia de Río Negro, Argentina. Actualmente, junto con otros integrantes, conforman el grupo Rosa Mosqueta Teatro. Con más de 60 funciones, La Perrera se ha convertido en un referente del teatro en la comarca andina del paralelo 42. La obra fusiona el clown, la comedia del arte y la murga uruguaya para dar vida a un clásico del teatro argentino.

La Temporada de grupos independientes a cargo del proyecto Teatro en el Campus y UNA Producción Escénica de la Escuela de Arte Escénico, se consolida como un espacio de intercambio artístico y de aprendizaje, que permite la conexión entre artistas nacionales e internacionales con la comunidad universitaria y el público herediano.

“La temporada de grupos independientes representa una oportunidad para que los grupos nacionales e internacionales compartan su trabajo con la población herediana y con las y los estudiantes de la Universidad Nacional, especialmente de las carreras artísticas. Además, es un espacio para que las personas estudiantes del Proyecto Teatro en el Campus apliquen los conocimientos adquiridos en las áreas técnicas de iluminación, sonido y video”, comentó Reinaldo Amién, coordinador del Teatro Atahualpa del Cioppo.

Por su parte, Adriana Cuéllar, coordinadora de UNA Producción Escénica, destaca que “la Escuela de Arte Escénico hace un esfuerzo por conectar con la comunidad nacional e internacional a través de estas actividades. Además, se busca ofrecer una experiencia integral a los grupos participantes, brindándoles una infraestructura adecuada y mejorada, con todos los elementos técnicos y humanos necesarios para garantizar una presentación satisfactoria para el grupo, el público y la comunidad de la Escuela”.

La Perrera se presentará viernes y sábado a las 7 p.m., y domingo a las 5 p.m. en el Teatro Atahualpa del Cioppo. La entrada tiene un valor de 3.500 colones para estudiantes y adultos mayores y 6.000 colones para público general. Para información y reservas escriba al WhatsApp 2277-3531 o visite las redes sociales:

Instagram: @eaeuna

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Abril Beato y Bruno Vega, protagonistas de La Perrera, actúan juntos desde 2013 en diversos proyectos escénicos en Río Negro, Argentina. Foto Grupo Rosa Mosqueta

La Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (EAE-UNA) renovó su plan de estudios para responder a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas del país, así como a las demandas del medio artístico. Para ello ofrece un proceso de formación alineado con los requisitos del ámbito laboral y profesional, así como con las necesidades del Estado y las comunidades de diversas regiones del país.

De acuerdo con Paula Rojas, directora de la EAE-UNA, la formación integral que ofrece la Universidad no solo capacita a las personas estudiantes en las técnicas clásicas de las artes escénicas, sino que también le da las herramientas necesarias para adaptarse y liderar, en un entorno artístico en constante transformación, todo esto con un plan de estudio que reúne sensibilidad humana y ética profesional. Al integrar las tecnologías emergentes en el currículo académico, quienes egresan estarán en una posición privilegiada para influir en el futuro de las artes escénicas y llevar sus creaciones más allá de los límites tradicionales.

Entre las transformaciones que destacó Rojas están la puesta a disposición del primer laboratorio LED en el país, radio CIDEA, un taller de vestuario y escenografía, así como la articulación de cuatro proyectos de teatro aplicado, un taller de dramaturgia, un taller de gestión y producción, y un proyecto de producción audiovisual. “Queremos invitar a muchas personas jóvenes del país a explorar esta carrera como una opción viable de empleo, desde las posibilidades que da el arte en transformación social, sensibilidad humana y ética”, afirmó Rojas.

Actividades como el teatro no solo enriquecen la identidad cultural de un país, sino que también crean empleo, impulsan el turismo, contribuyen a la transformación social y fomentan la reflexión crítica, a través de la producción y distribución de contenido artístico y transformador. Los espectáculos en vivo, festivales y eventos culturales generan espacios de segregación, encuentro, dinamizan la comunidad, y atraen tanto a públicos locales como internacionales, lo que genera un circuito económico que beneficia a diversas industrias como la del entretenimiento, la hotelería, el transporte y la gastronomía. Además, la integración de tecnologías innovadoras en las artes escénicas abre nuevas oportunidades de expansión y comercialización, pues lleva la creatividad a un nivel global y posiciona a las personas artistas como actoras clave en el crecimiento de la economía creativa. Además, aporta a procesos educativos de salud, y de sensibilización entre muchos otros.

Conozca más sobre el quehacer de la EAE-UNA a través de sus redes sociales:
Instagram: @eaeuna

Facebook: Escuela de Arte Escénico Universidad Nacional

El teatro no solo enriquece la identidad cultural de un país, sino que también crea empleo, impulsa el turismo, contribuyen a la transformación social y fomentan la reflexión crítica. Foto Reinaldo Amién.

La Universidad Nacional (UNA) implementa estrategias grupales para estudiantes de primer ingreso con beca Luis Felipe, con el objetivo de reducir la deserción, fortalecer la adaptación universitaria y promover el bienestar estudiantil.

Desde hace siete años, el programa no solo atiende a cientos de estudiantes sino que favorece su rendimiento académico y permanencia en la institución. Como parte del proceso, los beneficiarios deben participar en tres encuentros anuales.

• Primer encuentro: se realizó en el mes de marzo
• Segundo encuentro: del 12 al 16 de mayo
• Tercer encuentro: del 11 al 15 de agosto

Las inscripciones para las actividades se tramitan en el sitio web www.sibeuna.ac.cr, donde los estudiantes deben registrarse y consultar las fechas y horarios de cada encuentro.

Los temas que se abordarán en 2025 incluyen organización del tiempo y finanzas saludables, herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad, habilidades para la vida y gestión de emociones, entre otros. “Estas actividades permiten a los estudiantes desarrollar herramientas clave para su bienestar académico y personal. Nuestro objetivo es brindarles acompañamiento integral para afrontar los desafíos universitarios con confianza”, señaló Bárbara Álvarez Castro, encargada de los encuentros.

Se espera la participación de aproximadamente 900 estudiantes durante el año, como parte del compromiso institucional con el bienestar y el éxito académico de la población becada de primer ingreso. En ediciones anteriores, más del 85% de los estudiantes reportaron mejoras en su organización académica y gestión del estrés, lo que contribuyó a una mayor permanencia estudiantil y mejor desempeño académico.

Estudiantes de primer ingreso con beca Luis Felipe deben participar en encuentros anuales. Foto Natalia Salas