Serpientes, tortugas, aves, anfibios, erizos y emús son de las especies más cotizadas en el tráfico de vida silvestre. En Costa Rica es un tema que cada vez gana más relevancia por su impacto en la biodiversidad y la vida silvestre. A pesar de la rica biodiversidad que caracteriza al país, existen presiones que fomentan la extracción y comercialización ilegal de especies animales y vegetales.

En un foro realizado el pasado 30 de setiembre, en el marco de la celebración del 40 aniversario de la fundación del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), se discutió el tráfico ilegal de vida silvestre con los especialistas Shirley Ramírez, representante de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad; Alejandro Fernández, jefe de la Unidad de Investigación de la sección especializada en delitos medioambientales y de bienestar animal; e Isabel Hagnauer, veterinaria del Rescate Wildlife Rescue Center.

De acuerdo con Ramírez, aunque Costa Rica cuenta con un marco normativo sólido, que incluye la Ley de Biodiversidad y convenios internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), gran parte de esta normativa queda en el papel y no se implementa de manera efectiva. “Esto genera un ambiente propicio para que continúe el tráfico ilícito”, comentó.

El problema se agrava, según la experta, debido a varios factores: fronteras permeables, una creciente demanda de especies tanto a nivel nacional como internacional, corrupción dentro de algunas entidades gubernamentales, y la falta de priorización de esta problemática en la agenda pública. “Estos factores permiten que el tráfico de especies no solo prospere, sino que se estructure como parte de redes de crimen organizado”, agregó Ramírez.

Cifras alarmantes

Según estimaciones internacionales, el comercio ilegal de vida silvestre genera ingresos de aproximadamente 23.000 millones de dólares anuales, y se posiciona entre los negocios ilícitos más rentables del mundo, tanto que supera el tráfico de armas ligeras.

En Costa Rica se han reportado casos de decomiso de animales emblemáticos, como un jaguar encontrado en una vivienda en Goicoechea. Las actividades humanas, como el urbanismo y la expansión agrícola, cita la especialista, también juegan un papel fundamental en la pérdida de biodiversidad y el incremento del tráfico de vida silvestre. Según la experta, “algunas especies, como los mapaches y ardillas, han comenzado a adaptarse a los entornos urbanos, lo que facilita su captura y posterior venta como mascotas. Del mismo modo, el conflicto entre la fauna silvestre y las actividades agropecuarias, especialmente en el caso de los grandes felinos, contribuye a que más animales ingresen al comercio ilegal”.

De acuerdo con Ramírez, el sector turismo también se ha convertido en un canal clave para el tráfico de fauna y flora. En los aeropuertos, especialmente en el Juan Santamaría, se han generado reportes casi diarios de productos y subproductos de vida silvestre que intentan ser sacados del país, ya sea como souvenirs o como animales vivos para su venta en el extranjero.

Limitaciones

El criminólogo Alejandro Fernández Martínez, especializado en delitos ambientales y bienestar animal desde 2011 en el OIJ, precisó que el tráfico de especies silvestres es una actividad criminal significativa en Costa Rica, y detalló cómo el crimen organizado se beneficia del tráfico de especies: se han decomisado serpientes vendidas por más de 500.000 colones y la corrupción dentro de algunas instituciones facilita estos crímenes, aseguró. También expuso como ejemplo el decomiso de mariposas, cuyo valor en el mercado negro puede llegar a 12 o 15 dólares por unidad, lo que evidencia un comercio lucrativo de fauna silvestre.

En cuanto al marco legal, Fernández criticó las leyes costarricenses, muchas de las cuales son obsoletas. “Esta falta de actualización y la baja penalización por delitos ambientales dificultan los esfuerzos de las autoridades para combatir el tráfico de vida silvestre”; sin embargo, destacó los avances que se están realizando, como la identificación de especies mediante ADN no humano, que estará disponible en 2025, y que permitirá a los investigadores forenses determinar con mayor precisión la procedencia de muestras animales.

Las redes sociales se convierten, según Fernández, en aliadas para el comercio de especies, pues los vendedores utilizan términos clave para no ser detectados fácilmente. “Este comercio en línea va en aumento, y debido a la falta de herramientas legislativas, el OIJ se encuentra limitado para intervenir en estos casos. A través de redes sociales, los traficantes pueden vender desde pequeñas especies, como escarabajos, hasta grandes reptiles, como anacondas”, dijo.

La extracción de especies, de acuerdo con el investigador, genera un gran perjuicio al ecosistema. “Por lo general, en algún punto los dueños intentan deshacerse de los animales, sea porque crecieron o no pueden cuidarlos más y los liberan, lo que pone en peligro la cadena trófica”.

El criminólogo enfatizó en la importancia de las denuncias, por parte de las personas, para facilitar la labor del OIJ, ya que sin estas, muchos de los casos de tráfico quedarían ocultos. Además, destacó la colaboración con centros de rescate certificados, aunque admitió que no todos los existentes en el país son confiables.

Isabel Hagnauer, es médica veterinaria y trabaja en el centro de rescate más grande de Centroamérica, el cual recibe alrededor de 3.000 animales por año, muchos provenientes de decomisos policiales o entregados por particulares.

Dicho centro, detalla Hagnauer, se encarga de rehabilitar las especies silvestres traficadas y acoger especies no nativas como pitones y dragones barbudos. “En el 2024 hemos recibido 45 especies no nativas y 22 animales silvestres, como titís, pericos y lapas, involucrados en el tráfico. La mayoría de estos animales son aves, que históricamente han sido las más afectadas, aunque los primates y reptiles también forman una parte significativa de los decomisos”. La especialista mencionó un caso de 15 monos titís capturados en Orotina, mientras eran transportados en condiciones deplorables.

Según el OIJ, se estima que este año cierre con alrededor de 120 casos de animales incautados, lo que representaría un considerable aumento con respecto al 2023, cuando se presentaron 88. Foto OIJ.

Hasta 1960, en Costa Rica, así como en el resto del mundo, se cazaban cocodrilos, pero la Ley de Conservación de Vida Silvestre, los declaró—en 1992—como especie en peligro de extinción, y por lo tanto esta práctica es ilegal.

En Costa Rica existen dos tipos de cocodrilos: el Caimán crocodilus y el Crocodylus acutus o cocodrilo americano. “Nosotros tenemos caimanes que pueden llegar a medir hasta 3 metros, pero lo más común es hallarlos de entre 80 cm a 1,50 metros. En el caso de los cocodrilos, su tamaño puede llegar hasta los 6 m, pero es muy difícil encontrarlos porque los matan” explicó Iván Sandoval Hernández, académico de la Escuela de Ciencias Biológicas (ECB-UNA).

De acuerdo con el investigador, los cocodrilos desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas, al actuar como depredadores topes que ayudan a regular las poblaciones de otras especies. “Esto significa que su conservación es vital no solo para su supervivencia, sino también para la salud de los ecosistemas en los que habitan”.

A pesar de su importancia, la percepción pública a menudo se ve influenciada por noticias sensacionalistas que generan miedo y desinformación sobre su presencia en áreas cercanas a las comunidades.

La recuperación paulatina de las poblaciones de cocodrilos, el auge inmobiliario cerca de ríos y costas y una mayor disponibilidad de alimento para la especie, generan conflictos de convivencia. Para Sandoval, el criterio de que hay una sobrepoblación de cocodrilos es meramente humano, ya que no hay datos técnicos o científicos sobre el tamaño de las poblaciones. “Proponer que haya una temporada de caza implicaría saber cuántos hay, en qué sitios están y hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos de cacería. Además, la cacería es prohibida en el país, quien lo hace se expone a multas o pena de cárcel, y solo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación puede aprobar un plan de manejo que involucre esta práctica”.

Asimismo, el investigador detalló el porqué no se debe consumir carne de cocodrilos en estado silvestre. “La carne de cocodrilo se puede comer si se produce en un zoocriadero, donde se conozca su trazabilidad. Se sabe que el cocodrilo puede vivir en los ríos más contaminados, prueba de ello es que están en el Tárcoles. Además, este animal tiene la capacidad de bioacumular tóxicos, que llegan al tejido graso y su carne: eso es lo que estaría comiendo la gente”.

“Los estudios que se han desarrollado desde la Escuela de Ciencias Biológicas, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), nos dan tamaños poblacionales que no rondan los datos de la sobrepoblación. Para que hubiese una sobrepoblación deberían darse indicativos ecológicos como animales en baja condición física, bajo peso, y no es lo que estamos viendo”, detalló Sandoval.

Conflicto

La conservación de cocodrilos sigue siendo un tema crítico que requiere atención y educación para asegurar su coexistencia con las comunidades humanas. “Los conflictos humanos-cocodrilos siempre se han dado, pero en los últimos años lo que queda de manifiesto es que tenemos una recuperación de poblaciones de cocodrilos en zonas en las que también tenemos poblaciones humanas, y, muchas personas están dispuestas a asumir el riesgo de ingresar a las áreas donde saben que hay cocodrilos”, dijo Sandoval.

Si bien existen espacios donde la presencia de cocodrilos es notable, esto no significa que haya sobrepoblación. Para el experto, una gestión adecuada de las poblaciones contemplaría la conservación de la especie y la seguridad de las personas.

De acuerdo con el especialista, es necesario que se impulse un plan de manejo que incluya acciones como:

• Educación y sensibilización: implementar programas de educación para informar sobre la biología de los cocodrilos, su comportamiento y su importancia ecológica; esto ayuda a reducir el miedo y la desinformación.
• Monitoreo de poblaciones: realizar estudios y monitoreos regulares para evaluar la densidad y distribución de las poblaciones de cocodrilos en diferentes áreas y su tamaño.
• Identificación de áreas de riesgo: mapear e identificar áreas como playas y ríos, donde los cocodrilos son más propensos a entrar en contacto con humanos. Esto permitirá implementar medidas de seguridad específicas.
• Intervenciones controladas: cuando se identifiquen cocodrilos que representen un riesgo para la seguridad pública, se pueden hacer intervenciones controladas, como la captura y reubicación de estos animales en áreas menos pobladas.
• Colaboración: trabajar en conjunto con las autoridades locales y organizaciones de conservación para implementar políticas que aborden la conservación de los cocodrilos y la seguridad de las comunidades.
• Protocolos de emergencia: crear protocolos claros para situaciones de emergencia relacionadas con cocodrilos, que incluyan cómo actuar en caso de encuentros cercanos o ataques, y capacitar a los servicios de emergencia y a la comunidad en estos protocolos.
• Investigación y desarrollo: fomentar la investigación sobre la ecología de los cocodrilos y su interacción con los humanos para mejorar las estrategias de manejo y conservación.
• Hábitats saludables: trabajar en la restauración y conservación de hábitats naturales que beneficien tanto a los cocodrilos como a otras especies, para asegurar un ecosistema equilibrado.

En una charla sobre el estado de las poblaciones de cocodrilos en Costa Rica, en el Parque Marino del Pacífico el pasado 10 de octubre, Sandoval también mencionó otras herramientas que se pueden utilizar para conocer más sobre la presencia de cocodrilos, pero su implementación depende del presupuesto. Mencionó el uso de cámaras trampa, marcas de seguimiento, encuestas visuales, análisis de hábitats, uso de modelos estadísticos de distribución, y desarrollo de sistemas de alerta temprana, entre otros.

Hoy, el 2 % de la población costarricenses perteneces a una población indígena; en total, son 104000 personas, aproximadamente. La mayoría, vive en los 24 territorios existentes en el país y todos pertenecen a uno de los ocho pueblos originarios. Sus luchas se mantienen invisibilizadas para el común de la población y siguen marginados por la presión sobre sus territorios y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

“Tenemos el desafío de que somos un 2% y buscamos estar o tener ciertas condiciones igual que el resto de la población. Cuestiones como el derecho, principalmente el derecho a que se nos reconozca como población, como personas que tenemos condiciones y conocimientos; que reconozcan realmente el valor de los pueblos indígenas”. Así resumió sus luchas Elides Rivera Navas, líder de la Organización de Mujeres Mano de Tigre del Pueblo Bröran de Buenos Aires de Puntarenas, en el programa de televisión de la Universidad Nacional UNA Mirada, dedicado a exponer la problemática indígena actual. Este episodio se estrenó en octubre.

Rivera reconoció que cada uno de los pueblos y territorios trabajan por reconquistar sus rasgos culturales: el idioma, sus costumbres, su medicina y alimentación, por ejemplo. La imposición de las personas no indígenas en todos estos aspectos erosionó las bases de sus tradiciones para implantar el español, la fe católica o cristiana y las costumbres globalizadas en cuanto a la alimentación y vestimenta.

Desde hace más de 500 años, las personas indígenas sufren el atropello de sus raíces, y pese a de ello aún logran mantener la esencia de su cosmogonía. Juan Gómez Torres, académico de la División de Educología del Centro de Investigación en Docencia y Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), recordó la Controversia de Valladolid y como aún permanecen en la sociedad vestigios e ideas de esa discusión, donde se planteaba el prejuicio de ser inferior.

La Junta de Valladolid (1550-1551) fue el primer debate histórico sobre los derechos y el trato de los pueblos indígenas por parte de los colonizadores europeos, de ahí deviene la necesidad de protegerlos y a su vez limitar su autodeterminación. “Somos una sociedad de hombres y mujeres que cometemos errores y que no tenemos alma, dicen, según la iglesia católica. Eso es lo que nos sigue diciendo”, denunció Rivera.

Gómez ejemplificó que esta conceptualización permea las mismas políticas públicas vigentes, “cuando no escuchan, cuando no son los pueblos los que deciden lo que sucede en sus comunidades, cuando no les permiten la autonomía, la autodeterminación, sino que se les impone categorías y estructuras como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y las asociaciones de desarrollo, que son externas, occidentales y que están viciadas con todos los errores y prejuicios de occidente”.

Sigue la imposición

En el panel se evidenció la falta de gobernanza y autonomía de los pueblos indígenas. La representante mencionó que ni siquiera en la legislación indígena vigente se protege la autonomía de los pueblos, ni se propone que cada territorio se rija por sus propias costumbres o políticas; todo lo contario, se imponen las asociaciones de desarrollo como modelos de gobernanza.

Rivera explicó que su forma tradicional de gobierno es el Consejo de Mayores, pero “le seguimos el juego al Estado” por conveniencia, pues requieren recibir los apoyos del mismo. “Nos dan por un lado, pero por el otro nos dicen cómo nos tenemos que regir, cómo tenemos que caminar, qué tenemos que comer”, comentó. Asegura que luchan por ser autónomos y ejercer la gobernanza propia según su cosmovisión.

En pleno siglo XXI, y con la cultura de la inclusión por delante, aún se deben realizar esfuerzos para integrar los saberes ancestrales a los más occidentales, para dejar de limitar el patrimonio indígena a un cuadro en un libro de Estudios Sociales, donde se les ubica un territorio, un grupo y se describen sus costumbres, únicamente.

“Lo relevante es, no sólo aceptarlos, si no hacer lo pertinente como sociedad costarricense, para que aprenden ese conjunto de hábitos, costumbres culturales y cosmovisión, y potenciar que estos grupos se desarrollen bajo sus propias características”, señaló Martin Parada, vicerrector de Extensión UNA.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) declaró el 2024 como el año de las “Universidades Públicas con los pueblos originarios”, dado el trabajo que realizan todas ellas junto a los territorios indígenas. La UNA, por ejemplo, desde la creación, en 1989 de la División de Educación Rural (DER), perteneciente al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cidea), inició un vínculo con los grupos humanos que habitan las zonas donde residen los pueblos originarios de Costa Rica. Así, por medio de proyectos, programa y cursos de diferentes carreras, a cargo de múltiples unidades académicas, las universidades públicas aprendieron a caminar junto con estas comunidades.

Patricia Vásquez Hernández, académica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la UNA, reconoció que desde que se trabaja en comunidades indígenas “se han cometido muchos errores”, pues en un inicio la universidad planteaba las soluciones, pero “al conversar con los Awapa (médicos y líder indígena) de las zonas, les pareció mejor idea hacer algo en conjunto y ellos nos ofrecieron qué hacer”. Es así como la UNA se vincula actualmente con estos territorios. “A partir de escucharlos y de hablar con ellos, la universidad hace su aporte. Ahora todo proyecto tiene que nacer de allí, escuchando, y que sea la misma comunidad la que diga qué quieren y qué no”, explicó Vásquez.

A esto se suma los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En cuando a la política ambiental, el informe recoge la contradicción entre las promesas del gobierno de Rodrigo Chaves y las acciones que pone en práctica. En términos generales, acusa la ausencia de una política ambiental, las situaciones de contaminación de agua que ha afectado a comunidades enteras y el uso de plaguicidas y pesticidas en cultivos.

Asimismo, se resaltó el interés del Poder Ejecutivo por debatir acerca de la minería a cielo abierto y la pérdida de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras del proyecto Orosi II, que solucionaría problemas de abastecimiento de agua en la Gran Área Metropolitana. “El país se encuentra en una situación crítica que refleja la negligencia y el desinterés de las instituciones nacionales de proteger el medio ambiente y gestionar los recursos naturales”, indica el análisis.

La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses, muestra indicadores preocupantes, con 406 asesinatos que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con la muerte de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.

Para este análisis, los académicos de la UNA hicieron una evaluación de la situación actual de las personas adultas mayores. Al respecto, se destaca que el acelerado proceso de envejecimiento al que se enfrenta el país se produce por el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución en la fecundidad. En ese entorno, persiste la violencia contra adultos mayores en sus diferentes manifestaciones y la necesidad de asegurar el acceso a una pensión digna en favor de esta población.

Además, se hace una llamada de atención para que el Estado no descuide la atención de la niñez y adolescencia, a la luz de la política nacional que rige la materia. Particularmente, se hace énfasis en la exclusión de esta población en los territorios indígenas.

En cuanto a temas de infraestructura, el informe reconoce que ha existido continuidad en el impulso de algunas obras, pese al cambio en la jerarquía del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, insta a que se avance de manera más decidida en proyectos clave como la carretera a San Carlos, por ejemplo.

El 7 de octubre de 2023 el mundo vio expectante la incursión de miembros del grupo terrorista Hamás sobre territorio israelí, que dejó una estela de 1.215 personas fallecidas (de las cuales 815 eran civiles), además de 251 secuestrados.

La respuesta del ejército de Israel no se hizo esperar. De inmediato inició un ataque militar sobre la Franja de Gaza, controlada por Hamás desde el 2007, con el objetivo inicial de destruir a esta organización y liberar a los rehenes. A la fecha, medios internacionales reportan que 104 permanecen cautivos, mientras que 34 fueron confirmados como fallecidos.

Mientras la situación en Medio Oriente tiende a agravarse, las actualizaciones informativas son diarias y nuevos sucesos se van acumulando a una historia que ha llenado de terror y destrucción a los territorios en disputa.

Los datos oficiales indican que 43.020 personas han perdido la vida en Gaza (corte al 28 de octubre), aunque una reciente publicación del medio británico The Lancet, calculaba esa cifra hasta en 186 mil.

“Doce meses después de iniciada la acción militar israelí en el territorio de Gaza es un total y absoluto fracaso en la medida en que los dos objetivos establecidos, que son aniquilar a Hamás y recuperar a los rehenes, no se han cumplido”, manifestó Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para Luis Diego Segura Ramírez, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), el fracaso es en realidad para las facciones políticas que a lo interno del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu optan por un camino más democrático. “Es un fallo para Israel, que tiene una visión más centrista de la situación y de la relación con los palestinos y sus vecinos árabes. Pero ha sido un éxito para esas visiones extremas de Israel, de esa derecha radical que le permitió a Netanyahu asumir el poder”, agregó Segura.

Boeglin considera que la extensión del conflicto a lo largo de este año ha sido una estrategia de supervivencia política y judicial de Netanyahu, asediado por una presión de la comunidad internacional que condena los ataques indiscriminados que arrasaron también con escuelas y centros hospitalarios, al sur de Gaza.

Esta situación le ha valido al primer ministro israelí una solicitud de orden de arresto por crímenes de guerra y lesa humanidad por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), desde el 20 de mayo de 2024. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que exigió el fin de la ocupación palestina.

Para el académico de la UCR el hecho de que el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU iniciara el 24 de setiembre explica el ataque acaecido días antes (el 17 de setiembre) con beepers y walkie talkies en el Líbano, en un intento de desviar la atención del mundo sobre Gaza, por parte de Israel. “Netanyahu necesita una guerra para mantenerse políticamente en vida. Este señor sabe que en el momento en que se depongan las armas será capturado y llevado ante los tribunales”, sentenció Boeglin.

Pacificación sin avances

Frente a ello, los esfuerzos de paz y de cesación del fuego, liderados por Catar, Estados Unidos y Egipto no han mostrado avances significativos. “Todo el proceso de mediación que ha impulsado Catar no ha generado los resultados esperados porque el gobierno de Netanyahu no le interesa negociar y no está en sus objetivos políticos inmediatos. Se han dado huelgas y marchas que están envalentonando a la oposición, aunque no están dadas aún las condiciones para forzar a unas elecciones adelantadas”, expresó Luis Diego Segura.

El cese al fuego no se vislumbra, menos aun cuando la escalada de violencia ha dejado de ser Gaza y se ha extendido a la frontera con el Líbano, e incluso en territorios de Siria, por parte de Israel.

El ataque de la organización Hezbolá (apoyada por Irán) contra Israel, en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallá, su máximo líder, hace prever una escalada del conflicto que supone una amenaza recurrente de un conflicto a nivel regional.

De momento, un actor fundamental en este conflicto es Estados Unidos; sin embargo, “el gobierno no se encuentra en condiciones de frenar lo que está haciendo Israel. Y no lo puede hacer por la campaña electoral y entonces la lectura que hace Netanyahu es que tiene carta blanca para proceder como lo sigue haciendo”, detalló Segura.

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, Israel tomaría previsiones de cautela si Estados Unidos decide no apoyar con recursos, equipos o estrategias.

¿Qué puede ocurrir?

La incertidumbre rodea la situación político-militar en esta zona. “Lo que puedo ver en el corto plazo es un incremento en el conflicto, a la espera de lo que ocurra en Estados Unidos”, indicó Luis Diego Segura.

Para Nicolás Boeglin resulta llamativo el hecho de que para el mundo occidental persisten dos conflictos, el de Oriente Medio y el de Rusia y Ucrania; sin embargo, la atención se ha centrado en este último caso.

Mientras Europa centra su mirada en la guerra de Rusia y Ucrania, otros países árabes como Bahréin, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Marruecos ven con buenos ojos la aniquilación de Hamás y apoyan la causa israelí. “Entonces usted ve a los palestinos muy solos en el mundo árabe porque a estos países les conviene, por intereses comerciales y de seguridad, beneficiarse de la ayuda que Israel les proporciona en materia de inteligencia e interceptación de llamadas”, indicó Boeglin.

Con la participación de más actores, con el ajedrez político en su máximo punto de ebullición, a la espera de los acontecimientos electorales venideros y una dolorosa cuantía de pérdidas humanas, así recibe el mundo el primer aniversario de este conflicto en Medio Oriente, que tiende a perpetuarse.

Del 5 al 8 de octubre, el proyecto Iniciativas Interdisciplinarias convocó a estudiantes, egresados, graduados y académicos del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), así como a artistas de la comunidad universitaria y nacional, para participar en CulPlot-Performance: poéticas, políticas e intervenciones de espacio. Se trató de un encuentro que se dividió en un taller de trabajo colaborativo, dirigido por la académica y coordinadora del proyecto Erika Mata, y una experiencia creativa facilitada por Elia Arce, artista performer, y Alejandro Méndez, artista y activista con amplia trayectoria en la defensa del presupuesto y las necesidades del sector cultural.

En celebración de los 50 años de la fundación de las carreras de arte en la UNA, esta es una de las actividades complementarias del proyecto Tejidos Colaborativos: Ruta para el fomento de proyectos artísticos interdisciplinarios Cidea, cuyo objetivo es promover la profundización en la multi, inter y transdisciplinariedad, no solo desde la teoría, sino también desde dinámicas y prácticas vivas que favorezcan el diálogo, la apertura y la construcción de procesos más colaborativos. Estos procesos enriquecen la investigación, la docencia, la extensión y la producción en el Cidea-UNA, y abordan temas relacionados con el sector artístico-cultural.

Además, el evento contó con alianzas estratégicas con la Federación de Estudiantes de la UNA, la agrupación artística La Santa Chochera, el espacio cultural Casa Luarma, en Escalante y el realizador audiovisual Diego Montealegre.

Como parte de la experiencia, los participantes realizaron una intervención durante la comparecencia de Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura, ante la Asamblea Legislativa, el pasado 8 de octubre, donde fue convocado para justificar los recortes presupuestarios a su cartera. El performance incluyó acciones pacíficas en rechazo a la reducción del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Sin embargo, solo unos días después, se aprobó la moción 75 del presupuesto de cultura y juventud, que revierte la reducción inicial planteada por el ministro.

“Existe un evidente aumento de la violencia en la sociedad, por lo que consideramos fundamental mantener programas que fomenten el arte y la cultura como herramientas de transformación social, para mitigar la violencia y promover una cultura de paz. Además, el sector artístico-cultural es una población productiva que ha sido desatendida por mucho tiempo, pero la visión colectiva y el valor simbólico transformador de los pueblos nos impulsa a seguir adelante, ya sea desde lo independiente o desde lo estatal, aunque sea en condiciones deplorables”, expresó Mata.

Pie de foto: Los artistas tomaron la barra de prensa en la Asamblea Legislativa para hacer ver la importancia del arte en el desarrollo de la sociedad. Foto: Juan Carlos Tercero.

Pie de foto: Durante el encuentro, estudiantes, académicos y administrativos reflexionaron, a partir de preguntas generadoras, sobre la acción sustantiva, el vínculo con la sociedad y cómo nos organizamos para lograr el funcionamiento de las sedes y sección regional. Foto Víctor Barrantes

Integrantes de los estamentos académico, estudiantil y administrativos de las diferentes sedes regionales y de la sección regional de la Universidad Nacional (UNA), se congregaron en el Campus Nicoya, el pasado 17 y 18 de octubre, con el propósito de reflexionar cómo se ejecuta la acción sustantiva y la gobernanza en cada una de estas instancias, en un evento que marcó el inicio del diálogo que conducirá al V Congreso Universitario, cuya etapa plenaria está prevista para marzo de 2026.

Del análisis y puesta en común de las diferencias y similitudes, se expusieron viejos reclamos y nuevas aspiraciones para el ajuste del modelo académico y de gobernanza de la UNA. Entre las debilidades en gobernanza reaparecieron reclamos como la centralización de procesos, que ata a las sedes regionales a las decisiones que se toman “en Heredia”. También hubo consenso en lo mucho que la burocracia y los reglamentos entraban los diferentes procedimientos, tanto de acción sustantiva, como de gobernanza, así como en la necesidad de lograr una distribución equitativa de los recursos y una mayor trazabilidad de los procesos.

Pero no todo fueron debilidades. Entre las fortalezas, se destacó, la flexibilidad que tiene el modelo de gobernanza de la UNA, que le permite vincularse con la sociedad a través de diferentes acciones. “La capacidad de posicionarnos en ese entorno con las diferentes estructuras de gobernanza nos ha permitido dar respuesta no solo a la demanda, sino a identificar necesidades que debemos responder a ese territorio. Eso ha sido fundamental, nos caracteriza y nos permite capacidad de convocatoria, liderazgo y legitimidad en la sociedad”, comentó Sandra Lezcano Calderón, académica de la Sede Regional Chorotega.

Marco Román, secretario general de la Federación de Estudiantes (Feuna), planteó, por parte de la representación estudiantil, la necesidad de contar con una diversidad de modelos de gobernanza que se adapten a las necesidades de cada sede y que estén asociados con el quehacer de la acción sustantiva.

En acción sustantiva, se insistió en la necesidad de una mayor articulación en los tres estamentos universitarios, en salir a buscar y afianzar los vínculos que la Institución ha logrado con comunidades, gobiernos locales, comisiones regionales y organizaciones, a través de la docencia y la extensión. Pero también se plantearon, entre otros, temas novedosos como aplicar auditorías académicas para medir la idoneidad de las capacidades de los docentes, integrar la Sede Interuniversitaria en la estructura formal de la Universidad y revisar la oferta académica que, aunque es pertinente, resulta insuficiente.

Según comentó Isabel Cristina Bolaños, coordinadora de la subcomisión de enlace de la sección y las sedes regionales, este primer encuentro de discusión se inscribe dentro del eje de Desarrollo regional, uno de los cuatro que se han planteado para reflexión del V Congreso Universitario (los otros son Vinculación universidad-sociedad, Perspectiva de género y Transformación digital). En esta primera cita participaron más de 50 personas, entre funcionarios y estudiantes de las sedes Brunca, Chorotega, Interuniversitaria de Alajuela y de la Sección Región Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí.

Génesis Chavarría e Isabel Carvajal, estudiantes de la Escuela de Química de la Universidad Nacional (UNA), son ejemplos de cómo las oportunidades académicas en el extranjero, como congresos y estancias de investigación, impulsan sus carreras en áreas clave como la fitoquímica y los biomateriales, contribuyendo al avance del conocimiento y la innovación en Costa Rica. Ambas forman parte de un semillero de talento científico, que destacan tanto a nivel local como internacional.

Génesis Chavarría Montero, de 23 años, es estudiante de Química Industrial y Gestión Ambiental en la Universidad Nacional (UNA). Desde el colegio, las ciencias captaron su interés, y una de sus experiencias más enriquecedoras fue participar en el Many Flavors of Chemistry Congress, que se realizó a inicios de año. Trabajar en el proyecto LAFIT-LAPRONEB le permitió formar parte de un equipo, asistir a charlas y actividades que afinaron su percepción sobre la Química Industrial, y fue reconocida en el congreso, lo que le llenó de orgullo.

Esta experiencia también mejoró su confianza en el uso del inglés y le dio herramientas para comunicarse mejor en el ámbito académico internacional. Además, la dimensión social del evento le permitió conocer estudiantes de otras nacionalidades y ampliar su perspectiva. “Toda la experiencia que fui capaz de vivir se la debo a mis profesores, a quienes no tengo forma de agradecer la semillita que sembraron en mí y me dieron la oportunidad de madurar”.

Apasionada por la fitoquímica, Génesis aspira a realizar una pasantía en el extranjero y especializarse en productos naturales, mientras continúa con su segunda carrera: Gestión ambiental. Su visión incluye completar una maestría y seguir participando en congresos internacionales. Y aunque sus metas aún están en desarrollo, confía en que está en el camino correcto para convertirse en científica.

Isabel Carvajal Johnson, estudiante de Licenciatura en Química Industrial de la UNA, realizó una estancia de investigación de cuatro meses en la Universidad de British Columbia (UBC), gracias a una beca del gobierno de Canadá y al apoyo del Fondos Especial para la Educación Superior (FEES).

Durante su estancia, desarrolló parte de su trabajo final de graduación sobre biomateriales a partir de residuos agrícolas, para lo que utillizó bioimpresión 3D, bajo la dirección de académica Marianelly Esquivel de la Escuela de Química.

Carvajal destacó la importancia de su experiencia en UBC, donde tuvo acceso a tecnología y expertos que no siempre están disponibles en Costa Rica. Agradeció la colaboración al profesor Orlando Rojas, quien la integró a su equipo de investigación en biomateriales y materiales biobasados.

“Los materiales biobasados han tenido mayor interés en Costa Rica y globalmente gracias a las crecientes problemáticas ambientales causados por el desecho de los plásticos sintéticos. Los biomateriales, por su lado, han tenido un boom gracias a la gran cantidad de empresas biomédicas y farmacéuticas multinacionales que han entrado a Costa Rica en los últimos 15 años”.

Su investigación tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades en la UNA, con la esperanza de avanzar hacia pruebas preclínicas y colaborar con la industria biomédica. Isabel fue reconocida como estudiante modelo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 2023, y espera que su trabajo contribuya con el desarrollo científico del país.

Génesis Chavarría e Isabel Carvajal