Revista Latinoamericana de Derechos Humanos
URL: http://www.revistas.una.ac.cr/derechoshumanos
Volumen 31 (1), I Semestre 2020
ISSN: 1659-4304 • EISSN: 2215-4221
Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.31-1.4
Recibido: 20-11-2019 • Aceptado: 19-3-2020

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Derechos humanos de las mujeres y migración interna en San Cristóbal de Las Casas: análisis del testimonio de una joven indígena Tzotzil Women’s human rights and internal migration in San Cristóbal de Las Casas: analysis of the testimony of a young indigenous Tzotzil woman. Direitos humanos da mulher e migração interna em San Cristóbal de Las Casas: análise do testemunho de uma jovem indígena Tzotzil. Mariana Castillo Rojas1 Angélica Schenerock2

Resumen Las mujeres que migran internamente en México, en especial aquellas originarias de municipios indígenas, enfrentan situaciones de discriminación y de violencia, producto de la marginación cruzada que reciben por su género, etnia y clase social. Aunado a esto, la falta de información sobre sus derechos humanos y cómo hacerlos efectivos las coloca en una posición de particular vulnerabilidad. En este artículo, esta realidad es examinada a partir del análisis del testimonio de una mujer tzotzil que migró a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo muy joven, para lo cual se realizó una entrevista semiestructurada. La experiencia de vida compartida por la entrevistada evidenció que la violencia estructural que sufren las comunidades indígenas, en cuanto al acceso a servicios públicos de calidad, deriva en una migración forzada que, a su vez, expone a las mujeres a formas de discriminación y exclusión particulares. Dentro de las principales conclusiones de este trabajo se encuentra la relevancia de las redes de apoyo mutuo para contrarrestar la falta de información sobre sus derechos humanos y afrontar de manera conjunta los distintos tipos de violencia de la que son objeto. Palabras clave: migración interna, derechos humanos, discriminación, violencia, mujeres indígenas. Abstract Women who migrate internally in Mexico, especially those from indigenous municipalities, face situations of discrimination and violence, as a result of the cross marginalization they receive due to their gender, ethnicity and social class. Additionally, the lack of information about their human rights and how to make them effective places them in a particularly vulnerable position. In the present article, this reality is examined from the analysis of the testimony of a Tzotzil woman who migrated to San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, when she was very young, for which a semi-structured interview was conducted. The life experience shared by the interviewee evidenced that the structural violence suffered by indigenous communities, in terms of access to quality public services, leads to forced migration, which in turn exposes women to particular forms of discrimination and exclusion. Among the main conclusions of this work is the relevance of mutual support networks to counter the lack of information about their human rights and jointly face the different types of violence to which they are subjected. Keywords: Internal migration; Human rights; Discrimination; Violence; Indigenous women. Resumo As mulheres que migram internamente no México, especialmente as dos municípios indígenas, enfrentam situações de discriminação e violência, como resultado da marginalização cruzada que recebem devido ao gênero, etnia e classe social. Além disso, a falta de informação sobre seus direitos humanos e como torná-los eficazes as colocam em uma posição particularmente vulnerável. Neste artigo, esta realidade é examinada a partir da análise do depoimento de uma mulher tzotzil que migrou para San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quando era muito jovem, para a qual foi realizada uma entrevista semiestruturada. A experiência de vida compartilhada pelo entrevistado mostrou que a violência estrutural sofrida pelas comunidades indígenas, em termos de acesso a serviços públicos de qualidade, leva à migração forçada, que por sua vez, expõe as mulheres a formas de discriminação e exclusão particulares. Entre as principais conclusões deste trabalho, destaca-se a relevância das redes de apoio mútuo para combater a falta de informações sobre seus direitos humanos e enfrentar conjuntamente os diferentes tipos de violência das quais são objeto. Palavras-chave: Migração interna; Direitos humanos; Discriminação; Violência; Mulheres indígenas.

Introducción

En Chiapas, México, la pobreza y la falta de oportunidades en sus municipios de origen provoca una gran movilización de mujeres indígenas hacia centros urbanos como San Cristóbal de Las Casas. Muchas de ellas, como la joven protagonista del testimonio analizado en este artículo, han salido de sus comunidades desde la infancia y, debido a la histórica exclusión social y cultural, a la pobreza y al monolingüismo (hablan solamente la lengua indígena), encuentran en el trabajo informal la única posibilidad de supervivencia en las ciudades. Las necesidades económicas de sus familias, las pocas oportunidades de empleo y la carencia de información tienen como resultado la explotación laboral, entre muchas otras violaciones de sus derechos humanos.

De este modo, es frecuente que, a pesar de que mejore el acceso a servicios públicos y haya una mayor oferta laboral que en sus lugares de origen, las mujeres migrantes indígenas chiapanecas continúen en condiciones de pobreza, con el agravante de la discriminación étnica que sufren en los centros urbanos. Además, esta población es particularmente vulnerable a diversas modalidades de violencia directa, estructural y cultural, debido a la conjugación de factores como raza, género y clase.

En el testimonio que aquí exponemos, se evidencia el hecho de las mujeres indígenas sufren agresiones directas contra su integridad física y psicológica—maltrato corporal, verbal y emocional, abusos sexuales, etc.—, debido al racismo presente en México en general y en Chiapas en particular. Al mismo tiempo, se enfrentan con una violencia estructural que se manifiesta en la sistemática violación de sus derechos laborales y de acceso a la justicia que perpetúan las desigualdades sociales.

Culturalmente, la violencia contra la población indígena radica en la discriminación y la marginación derivadas del racismo, el clasismo y el patriarcado. De esta manera, a pesar de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado mexicano, los derechos humanos de las personas indígenas no son garantizados efectivamente, en especial cuando se trata de mujeres. Considerando lo anterior, pretendemos argumentar que, al migrar internamente, ellas enfrentan problemáticas similares a las encontradas en la migración internacional: son discriminadas por su etnia, por su condición socioeconómica y por su género. No obstante, a pesar de ser extremadamente vulnerables y tener sus derechos violentados, también se organizan y buscan construir espacios y estrategias de crecimiento personal y político sobre su situación.

Esta ha sido la realidad experimentada por Lucía, una mujer tzotzil que migró a San Cristóbal de Las Casas siendo muy joven. En este artículo, analizamos su testimonio, recolectado por medio de una entrevista semiestructurada, a partir de un enfoque crítico e interseccional de los derechos humanos.

Contexto regional de la migración interna indígena

Lucía es una mujer joven indígena tzotzil, originaria del municipio de Huixtán, el cual está localizado en Los Altos de Chiapas. Huixtán (que en náhualt significa “lugar donde abundan las espinas”) es uno de los municipios indígenas con mayor grado de marginación: el 92.5 % de la población percibe 2 salarios mínimos mensuales ($160,00 USD), el 27.7 % no sabe leer ni escribir, el 66.82 % de las viviendas son de piso de tierra, y el 41.64 % no cuenta con excusado ni drenaje (Secretaría de Desarrollo Social, 2013).

Por su parte, Chiapas es el estado de la República Mexicana con mayor cantidad de personas jóvenes: la edad promedio estatal es de 21 años para los varones y 20 para las mujeres. De acuerdo con los tabulados básicos de la última Encuesta Intercensal 2015, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Chiapas cuenta con 5 217 908 habitantes. Las personas jóvenes (15 a 24 años) representan el 19.2 % de ese total. Otro dato importante es que el 49 % de la población es urbana, el 51 % es rural, y 27.9 % es indígena (INEGI, 2016). Además, debe tomarse en cuenta que se trata de uno de los estados más pobres de México:14.6 % de sus residentes no sabe leer ni escribir el 18.1 % recibe hasta un salario mínimo mensual ($80.00 USD) y solo el 29.5 % el doble de esa esa cantidad al mes (INEGI, 2016).

Paradójicamente, Chiapas es también una de las regiones más ricas en diversidad y bienes naturales de la nación. Esto ha dado motivo para que sea blanco del modelo de desarrollo neoliberal extractivista, que ha intensificado la pobreza debido a la destrucción de selvas, bosques, cuerpos de agua, erosión del suelo. Las consecuencias para la población indígena, cuya vida depende de estos recursos, son directas e inhumanas, pues privan a las personas de medios elementales para subsistir.

En este contexto de negación continua de derechos como la alimentación, la educación, el trabajo, la tierra y la salud, las personas jóvenes de las zonas rurales se ven obligadas a movilizarse hacia centros urbanos en búsqueda de sustento. De acuerdo con Robledo (2016), el Consejo Estatal de la Población (COESPO) señala que 65 % de quienes migran en Chiapas son campesinas e indígenas, mayoritariamente jóvenes. Estos desplazamientos juveniles se dan, sobre todo, por falta de oportunidades laborales y educativas en los lugares de origen, y por las problemáticas derivadas de la sobreexplotación de la tierra.

Con la intensificación de ese flujo migratorio, la ciudad San Cristóbal de Las Casas se ha convertido, en los últimos 30 años, en una de las principales receptoras de jóvenes tzotziles y tzeltales oriundos de los municipios alteños. Para estas personas, migrar constituye una de las pocas alternativas que tienen para mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, las dificultades que enfrentan en ese centro urbano las coloca en una nueva posición de vulnerabilidad. La pobreza, la marginación y la exclusión dan paso a diversas manifestaciones de violencia estructural, cultural y directa, entre las que se pueden mencionar la violencia de género y la falta de garantías laborales mínimas y de acceso efectivo a la protección de sus derechos humanos.

El testimonio de Lucía permite comprender este contexto a partir de la historia de una de sus protagonistas. Sus palabras, por tanto, son el punto de partida para este análisis.

1. Yo sí quiero prepararme más y (…) ayudar a mis papás

En mi comunidad, este… pues… estudié ahí la primaria. Pasé toda la primaria, que son 6 años. Pues yo me lo había imaginado San Cristóbal algo bonito, que iba como a salir de muchas cosas. Pensé que no iba yo a sufrir. Entonces cuando estoy en quinto grado, yo sí quería como venir a estudiar acá y venir a trabajar ¿no?

Entonces este… pues… terminando la primaria, pues ya mero un hermano que ya conocía San Cristóbal y todo, entonces ya me dijo que me viniera yo estudiar aquí la secundaria, ¿no? Entonces yo dije que sí, ¿no? Porque también, pues, dije: “está bien”, porque en la comunidad también sólo hay una telesecundaria. Pero también contaban que no era bueno tanto para estudiar, porque la mayor parte de los chicos andaban fuera del salón, ¿no? Entonces dije: “¡pues yo sí quiero prepararme más!” y aparte porque también con el sueño de ayudar a mis papás, porque igual había mucha necesidad, ¿no? en la casa. Se enfermaba mucho mi mamá, un hermano y mi abuelita. Entonces, pues dije: “no quiero ser como dependiente”, ¿no?

A través de su narración, Lucía nos cuenta que su decisión de migrar a San Cristóbal de Las Casas estuvo motivada por el deseo de estudiar y trabajar para no ser dependiente económicamente y poder ayudar a su familia. En su comunidad no tenía acceso a una educación de calidad que le permitiera acceder a mejores condiciones laborales en un futuro. Esto evidencia la violencia estructural que, desde la administración estatal, se ejerce contra la población indígena local.

Diversas investigaciones realizadas sobre las opciones educativas en México concuerdan en que el Estado no está tomando las medidas necesarias para garantizar que el proceso pedagógico sea significativo y de provecho para el estudiantado de zonas rurales. De acuerdo con Teresa Pacheco Méndez (2010), si bien con las telesecundarias se logra brindar educación a amplios sectores de la población, esta modalidad presenta problemas administrativos y técnicos, como la escasa planificación y la deficiente formación profesional del personal docente. Al respecto, la autora afirma que “más que representar una solución a la insuficiencia de cobertura por parte del sistema regular, aparece como un espacio donde su problemática interna rebasa las posibilidades de mejorar el servicio prestado” (Méndez, 2010, p. 205).

Aunado a esto, la marcada división sexual del trabajo y los roles de género en los municipios indígenas provoca que se priorice la educación de los hombres en detrimento de las mujeres (el destino de estas es el matrimonio y la maternidad). La Encuesta Intercensal 2015 arrojó que las estudiantes de 15 años en adelante tienen un promedio de escolaridad de 6.6 años, en contraposición con los estudiantes, que cursan 7.6 (INEGI, 2016). Este escenario refleja claramente la forma en que la variante de género disminuye las posibilidades educativas de las jóvenes y limita sus oportunidades para tener una mejor calidad de vida. De igual forma, el monolingüismo es más común entre ellas, pues, por lo general, son confinadas al espacio doméstico, lo cual reduce su necesidad de aprender otro idioma.

La limitada oferta de servicios básicos, la falta de oportunidades laborales, la violencia estructural y los demás obstáculos presentes en sus comunidades son el resultado tanto de la cultura patriarcal como de la histórica marginación y exclusión que los pueblos originarios han vivido por más de cinco siglos. Por ello, las mujeres indígenas migrantes son particularmente vulnerables a la desigualdad, a la discriminación de género y a la violación sistemática de sus derechos humanos; vulnerabilidad que comparte las características de la migración externa.

En este punto, es necesario señalar que una de las características principales de los procesos migratorios de la última década ha sido la feminización. Por tanto, se observa un aumento en la cantidad de mujeres que emprenden el viaje de forma autónoma, en contraste con la tendencia tradicional a movilizarse para reunirse con los hombres de la familia cuando se han establecido en el lugar destino (Povedano, Monreal y Jiménez, 2011).

2. Entonces como que me fue como bajando la autoestima

Entonces ya vine aquí a estudiar a la secundaria. Pues, igual me costó mucho porque en ese tiempo, pues, no tenía cómo... no sabía hablar bien el español y, pues, era como… o sea, sí entendía algunas cosas, pero no sabía cómo responderlas y cuando participaba en el salón como que se me quedaban viendo raro porque decía una y otra cosa. Entonces como que me fue como bajando la autoestima en ese sentido y pues ya no quería participar, ¿no?

Poco a poco fui aprendiendo un poco, pero también como que ya no quería participar porque tenía miedo de qué dirían o qué pensaban porque la mayor parte eran como ladinos ¿no?, los que estaba en esa secundaria. Entonces, pues no, como que no; no me sentía yo con la confianza de hablar ¿no? Porque realmente sí, como que a veces sí se reían de mí cuando yo hablaba, entonces fue eso. Y pues ya en la prepa, pues ya era un poco diferente. Entonces ahí como que podía hablar más porque había como más alumnos de otras comunidades, ¿no? Entonces como que teníamos como casi el mismo contexto cultural del decir, ¿no?

La búsqueda de un mejor futuro en San Cristóbal de Las Casas, para Lucía y para muchas mujeres como ella, choca con la discriminación y el clasismo imperantes. El municipio alberga una historia reciente extremadamente racista, que fue visibilizada a partir de 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La marginación de las personas indígenas, como forma de violencia estructural, continúa perjudicando sus vidas todavía hoy. Miranda (2016) explica que el estado de Chiapas tiene grandes atrasos sociales desde hace muchos años, incluyendo la “persistencia de la discriminación por la vía de la clase, el género y la etnia, lo que abona a la profundización de la vulnerabilidad social” (p. 54). Esto provoca que sus habitantes vean reducidas las oportunidades de acceder a condiciones mínimas de bienestar.

Se debe tomar en cuenta también que San Cristóbal, desde 2006, fue elevado a la categoría de “Pueblo Mágico”3, lo cual generó un altísimo incremento del turismo nacional e internacional que ha significado una expropiación del territorio urbano. Es importante visibilizar el hecho de que las personas migrantes no indígenas también son discriminadas, pero en menor medida, pues cuentan con capital para habitar y frecuentar zonas privilegiadas. Por su parte, la mayoría la población migrante indígena no tiene acceso a esos espacios y vive en las orillas de la ciudad en colonias marginadas que carecen de servicios básicos. Se encuentran, entonces, en la misma situación que en sus municipios de origen.

Como se puede observar, las mujeres indígenas que migran a las ciudades suelen encontrarse con una dinámica violenta en la que la búsqueda de mejores condiciones de vida se transforma en una lucha por la dignidad humana. La marginación y la exclusión que reciben allí las expone a las mismas privaciones que sufrían en sus comunidades, aunque de manera agravada por la discriminación racial de la que son objeto. Las diferencias culturales, en particular el monolingüismo, se convierten en un pretexto para justificar las diversas violencias que reciben.

En ese respecto, se puede argumentar que la reflexión de Ariadna Estévez sobre la ciudadanía universal aplica también para quienes migran a otras localidades a lo interno de su país. Se trata, efectivamente, de poblaciones que, a pesar de ser ciudadanas y estar protegidas por la constitución, ven violentada una y otra vez su dignidad. En ese sentido, coincidimos con la autora en la necesidad de una reinterpretación de los derechos humanos que tome en cuenta el contexto y las limitantes particulares que enfrentan las personas para acceder en igualdad de condiciones y a los medios que les permitan satisfacer sus necesidades vitales (Estévez, 2016).

3. Toda mi vida he estado trabajando de empleada doméstica

Según el Censo General de Población y Vivienda de 2010, en Chiapas la población económicamente activa es de 1 759 039 personas, de las que 512 809 son mujeres (INEGI, 2010). De estas, más del 13 % trabajan como empleadas domésticas. Norma Cacho explica que, en este estado, dicha ocupación es una de las principales labores a las que se dedican las jóvenes que provienen de zonas rurales. En el caso de San Cristóbal de Las Casas, estas “encuentran en el empleo doméstico una de sus pocas opciones de sobrevivencia. Muchas de ellas han migrado a temprana edad, siendo trabajadoras en casas ajenas desde la infancia, continuando con ese trabajo en su adultez y vejez” (Cacho, 2012, p. 4). La experiencia de Lucía nos ayuda a tener una comprensión más amplia de la complejidad de este contexto laboral.

Y, pues, toda mi vida como que también he estado trabajando de empleada doméstica, ¿no? También en tiempos de vacaciones, sabes, trabajar en hotel, restaurante y, pues la mayor parte he trabajado más como empleada doméstica y hasta que llegué a la universidad también. Y pues, una parte también, pues creo que por eso lo de empleada doméstica pues ha permitido también terminar la escuela, ¿no? Porque también creo que también fue como un empuje para mí, porque hay cosas que me pasaban… Entonces dije: “pues no. Quiero superarme quiero, saber, leer más quiero… este… aprender para saber defenderme”, ¿no?

La gran mayoría de las mujeres indígenas que migran a San Cristóbal de Las Casas encuentran en el trabajo doméstico de planta una de sus primeras opciones laborales al llegar a la ciudad. Es una estrategia muchas veces utilizada por familiares que conocen a alguna persona u hogar que necesita ese servicio. Por lo general, prevalece una perspectiva colonial en la cual quienes emplean a estas mujeres las “ayudan” proporcionándoles vivienda, alimento y vestimenta a cambio de su labor. Cabe destacar que, por lo general, solicitan chamacas, que “pueden ser más fácilmente explotables, pues en la mayoría de los casos les ofrecen salarios miserables o comida y ropa usada como pago; como son jóvenes, se justifica pagarles un menor salario que a las mujeres adultas” (Cacho, 2012, p. 4).

Aunque es cada vez menos común, el trabajo doméstico de planta ha sido considerado por las propias trabajadoras indígenas como una de las modalidades más perversas y violatorias de sus derechos laborales. Esto se debe a que, además de las condiciones de explotación antes mencionadas, no son ellas quienes reciben la remuneración por sus servicios, sino sus familiares (muchas no saben cuánto ganan).

La situación de las niñas y las adolescentes que trabajan como empleadas domésticas, como fue el caso de Lucía, se considera un escenario de vulnerabilidad agravada. Para Macías (2016), no solo están a la merced de sus empleadores, sino que en todo momento se encuentran en peligro por su “condición de ser mujeres, menores de edad, provenientes de un grupo étnico, que sólo hablan su lengua, con cultura diferente, etcétera, lo que da pie a ser, entre otros, explotadas, esclavizadas, discriminadas, abusadas sexualmente, separadas de sus familiares” (p. 215-216). De esta forma, las mujeres indígenas migrantes experimentan, desde muy jóvenes, intensas situaciones de racismo, discriminación, explotación y violencia emocional, derivadas de un discurso paternalista en el que la empleada “es parte de la familia”, pero al mismo tiempo come las sobras, tiene un baño y utensilios (platos, cubiertos) separados y no tiene horario de trabajo.

Es necesario subrayar que estas “condiciones de contratación” dejan a las trabajadoras domésticas completamente desprotegidas ante la ley, pues son arreglos laborales por tiempos indefinidos en los que no media un contrato legal vinculante, sino un acuerdo verbal. Así lo demuestra una investigación realizada por Percastegui (2017) en San Cristóbal, la cual evidenció que “la mayoría de las prestaciones laborales están ausentes4, no reciben aguinaldo, no hay pago por tiempo extra, no hay vacaciones ni día de descanso y mucho menos reciben seguridad social” (p. 19).

Dados los serios problemas de explotación y desprotección que enfrentan quienes se ocupan en este sector laboral, la reflexión que nos comparte Lucía es reveladora. Esas experiencias se convirtieron en la firme determinación de continuar con su formación académica después de la secundaria. En el siguiente apartado, ella nos cuenta cómo su vivencia personal, como indígena migrante que estudia y trabaja, dio paso tanto a una concientización de la grave problemática social que atraviesan mujeres como ella, como a un posicionamiento crítico ante los escenarios de explotación, marginación y violencia presentes en San Cristóbal.

4. Entonces empecé como a problematizar este problema de la empleada doméstica

Cuando estaba yo en secundaria, prepa, pues, no sabía si había derechos laborales de la empleada doméstica y ya fue en la universidad cuando… pues no sabía sobre qué hacer mi investigación de tesis. Pues fue como escribir mi historia de vida y, entonces dije: “pues éste, este es un problema también”. Entonces ya como que fui platicando con unas compañeras, amigas de la comunidad, ¿no? Entonces conversábamos, porque en un principio pensé que solo a mí me pasaba esta situación de que carga de trabajo; o pues que no me pagan bien, que sufría abuso sexual. Pensé que sólo me pasaba a mí, entonces, pues viendo cuando platicamos con Luisa, con una de mis amigas, este… me decía que también le pasaba, que la despedían porque no le hizo caso al chico, el gerente.

La falta de compromiso político, aunada a la desinformación, son algunas de las razones por las cuales persiste la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres indígenas migrantes. Cabe recordar que la existencia de legislación nacional e internacional en esta materia, no garantiza su acceso efectivo a ellos. Con respecto a esto, Percastegui (2017) afirma que las agencias gubernamentales que abordan y trabajan con los derechos de las mujeres “no incluyen entre sus actividades el abogar por los derechos de las empleadas domésticas, [y que] esta situación ha motivado que las empleadas domésticas se organicen en distintos espacios.” (p. 19).

El hecho de que los informes independientes y diversas investigaciones de distintas organizaciones demuestren una y otra vez la perniciosa continuidad de racismo, clasismo y patriarcado reafirma que la sola enunciación de los derechos humanos no asegura el bienestar de toda la población. Por lo tanto, es imperativo que las personas comprendan las causas que originan y perpetúan la desigualdad, la injusticia y la explotación que viven, para que puedan adoptar una postura tanto crítica como transformadora ante estas problemáticas sociales.

La dificultad que tienen los sectores más vulnerables para garantizar el respeto de su dignidad evidencia la gramática en disputa del discurso de los derechos humanos y su función dual dentro de los espacios sociopolíticos. Estévez (2017) asegura que estos “pueden al mismo tiempo constituir una plataforma que articula y argumenta causas progresivas y ser funcionales a los poderes destructivos del capitalismo.” (p. 383). En ese sentido, la decisión de Lucía de visibilizar esta problemática por medio de su investigación de tesis constituye un posicionamiento crítico que se enmarca en la lucha las mujeres trabajadoras domésticas de Chiapas por hacer valer sus derechos humanos.

Específicamente en San Cristóbal, algunas activistas, investigadoras y académicas, como Lucía, participan de forma activa en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos indígenas y los derechos laborales. De esta forma, unen sus fuerzas para organizar talleres, encuentros y espacios de reflexión donde se comparten experiencias, se crean redes de apoyo y se difunde información relacionada con sus derechos humanos y cómo hacerlos valer. (Percastegui, 2017).

Conclusión

La experiencia compartida por Lucía evidencia las complejidades de la migración interna y, particularmente, el vínculo entre la intersección género-etnia- clase y los derechos humanos. Esto permite poner en perspectiva los diferentes aspectos sociales, culturales y económicos que entran en juego a la hora de migrar. Sin duda, marchase del hogar en busca de recursos para salir de la pobreza es una decisión difícil que implica tener que prepararse para afrontar circunstancias muy difíciles, como la discriminación y la marginación.

El testimonio de Lucía nos permite observar que, cuando se conjugan distintos tipos de exclusión social (por género, etnia y clase), las personas son más vulnerables a la violencia cultural, estructural y directa. Esto se debe a que la lógica capitalista, patriarcal y colonial imperante ha normalizado el racismo, el sexismo y la violencia contra las mujeres, más aún si son indígenas y migrantes.

Resaltamos como aspecto fundamental de las conclusiones de este trabajo, la importancia que Lucía, a partir de su experiencia, le otorga a la difusión de conocimiento sobres derechos laborales, como forma de defenderse de los abusos de empleadores o empleadoras. Concordamos con ella en que el desconocer dicha información deja a las mujeres, y a las mujeres migrantes en general, en un estado de mayor vulnerabilidad ante la explotación laboral, la discriminación y la violencia.

Por último, concluimos que la articulación conjunta de actividades que refuercen las redes de apoyo y permitan la difusión los derechos humanos es un elemento indispensable en la lucha contra la violencia en contra de las mujeres migrantes indígenas. Se trata así de un empoderamiento colectivo en el que las fuerzas de todas se unen para enfrentar las dificultades existentes y trabajar de forma conjunta para lograr que se garantice tanto su acceso como su permanencia en trabajos dignos, justamente remunerados y libres de violencia o discriminación.

Referencias

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